A finales del gobierno de Vicente Fox se había agudizado en Petróleos Mexicanos (Pemex) el robo de combustibles a gran escala y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales. Era tal el problema que en las investigaciones participaban los órganos de seguridad nacional del Estado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Inteligencia Militar).

Sin embargo, aún con la intervención de los tres principales centros de investigación nacional, nada frenaba la sustracción ilegal de gasolinas, por lo cual el entonces presidente de la República ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de aquel polémico vocero presidencial, Rubén Aguilar, lo que permitía a Vicente Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación.

Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparecieron misteriosamente, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito.

Ahora nos enteramos que en esos archivos aparecían como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército Mexicano que muy bien organizados eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.

Al iniciar hace dos años el nuevo gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que enfrentaba por los dudosos resultados electorales, el presidente se atrincheró con las fuerzas armadas y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna de combatir al crimen organizado, aunque en el fondo lo que hacía era protegerse de cualquier protesta social generalizada. Esto haría imposible que este nuevo gobierno intentara siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro del Ejército Mexicano en el delito de robo de combustibles a Pemex.

Según cálculos del exdirector general de Pemex Refinación y actual senador panista, Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues el robo de combustibles se estima en unos 50 mil millones de pesos cada año, sin que nadie en el gobierno panista de Calderón haga algo para controlarlo.

Las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox Quesada.

Más aún, hay datos precisos de que en 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras, cuando el director corporativo de Administración era Aguilar Valenzuela, el único exfuncionario que fue exonerado totalmente del segundo Pemexgate.

No obstante, las evidencias han sido desaparecidas por Pemex, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SFP y por la Policía Federal Preventiva. Y es que en este sexenio el Ejército se ha vuelto intocable, por ser el principal instrumento de poder del gobierno de Felipe Calderón, quien ha militarizado el país para hacer su “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Una vez más se demuestra que los dos grandes problemas de México son la corrupción y la impunidad, pues parece que nadie juzgará estos graves actos bien documentados por personal de Petróleos Mexicanos. Y una muestra de la impunidad y encubrimiento lo oficializa el área de la Dirección General de Comunicación Social de Pemex, según la cual en los informes de la empresa petrolera “en la historia de los ilícitos reportados por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física nunca se ha visto involucrado personal militar y no se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya señalado a personal militar en sus investigaciones”.

Lo que omite la paraestatal es que los expedientes existen en la Dirección Corporativa de Administración y que los casos con nombres y apellidos fueron informados no sólo a las autoridades competentes (Sedena, SFP y PGR), sino también al actual director corporativo de Administración, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila, quien conoce a detalle quiénes son los responsables del robo combustibles.

Se trata de un acto de protocolo –el acta de entrega–recepción, signada el 17 de enero de 2005 por Villarreal Dávila y su antecesor, Aguilar Valenzuela– que obliga al titular de Administración a dar seguimiento y atención a los hechos. El acta contiene, entre otras cosas, el anexo 10 donde se detalla el “estado que guardan 33 observaciones pendientes de atender”.

Las complicidades del robo de combustibles

Los expedientes generados por la Dirección Corporativa de Administración dan cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal que piden omitir sus nombres por miedo a represalias, explican que esto no se da a conocer a la sociedad porque no es conveniente, se trata supuestamente de asuntos de seguridad nacional y, además, hay gente del Ejército y de Petróleos Mexicanos involucrada.

Por ello, indican, todos los informes han sido clasificados como confidenciales por instrucciones del Órgano Interno de Control en Pemex y de algunos servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos. Al anexo 10 del acta de entrega–recepción de Aguilar Valenzuela, por ejemplo, se le han censurado 65 líneas sin explicación justificada, por lo que se cree que es allí en donde se involucra a los militares.

De acuerdo con los funcionarios consultados, son las complicidades las que posibilitan el robo de combustibles, pues en la actualidad Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que pueden identificar en dónde hay robo de combustibles por baja de presión: rápidamente se puede saber dónde hay un problema, pero es lógico que sólo miembros del Ejército que tienen a su cargo la vigilancia de los ductos y las estaciones, así como algunos trabajadores petroleros son quienes intervienen en este ordeñar de ductos. Dicen que la detección se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

Se trata del centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional. Ahí se le da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por GPS. Respecto de las zonas más vulnerables para el robo de combustibles, sobresale el sur del país: Tabasco, Campeche, Veracruz.

Sin estándares de seguridad

Los funcionarios petroleros que proporcionaron la información aseguran que el robo de combustibles es una pequeña parte de la amenaza para la petrolera mexicana: refieren que el máximo problema es que los estándares de seguridad en las instalaciones estratégicas, como Cantarell, sobre todo relativas a cuestiones antiterroristas, son muy débiles.

Pemex gasta muy pocos recursos en resguardar sus instalaciones y lo poco que invierte lo destina a la Sedena, dicen. Un ejemplo de la vulnerabilidad fueron los bombazos del Ejército Popular Revolucionario, ocurridos en julio de 2007. Un atentado a las instalaciones estratégicas puede ser muy peligroso, porque Pemex no está preparado para enfrentarlo, detallan.

Además, explican que la falta de estándares de seguridad también ha posibilitado que a lo largo de los 20 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que posee la paraestatal se asienten comunidades enteras. Se trata de lugares sumamente riesgosos, como Salamanca, Guanajuato, donde el centro de la ciudad es una refinería; y Tula, Hidalgo, donde las casas están más cerca de las instalaciones petroleras que en el caso de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en donde aún se recuerdan los estragos de aquella explosión que causó muchas víctimas.

Al respecto, la Dirección de Comunicación Social de Pemex dice que “para preservar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales contra riesgos, amenazas y daños intencionales provenientes del interior o exterior de las instalaciones, la institución cuenta con una Gerencia de Servicios de Seguridad Física”.

Agrega que “cuando se tiene conocimiento de algún ilícito se presenta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es la autoridad encargada de realizar las investigaciones y en su caso fincar responsabilidades”. Es todo lo que reporta esa área de supuesta información.