La fusión entre Aeroméxico y Mexicana, las dos aerolíneas que el gobierno federal vendió en menos de 400 millones de dólares, parece inminente. Al parecer el destino de México es contar con una estructura oligopólica en materia de transportación aérea y ahora  el incremento en el precio de la turbosina se convirtió en el pretexto perfecto para impulsar la integración de las aerolíneas que, alguna vez, logró administrar Gerardo De Prevoisin, aquel empresario que fue acusado y perseguido por el delito de administración fraudulenta durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con quien mantenía una rivalidad en amores y, según personas cercanas al proceso, ganarle una novia al expresidente fue el verdadero motivo de su encarcelamiento.

El poder que concentró De Prevoisin, hasta entonces un prominente empresario del sector asegurador, provocó que se iniciara en su contra una intensa campaña de desprestigio; un escrutinio de la administración que ejerció en ambas aerolíneas que, al final, sustentó las acusaciones por administración fraudulenta.
Gerardo De Prevoisin estuvo preso en Suiza y en el Reclusorio Sur de la ciudad de México. El empresario de origen francés y quien fue capturado cuando abandonó París para viajar a otro país europeo, padeció el desprecio de los banqueros que se sintieron ofendidos por su particular estilo de gestionar y administrar Aeroméxico y Mexicana.
Ahora, lo que está por definirse no es si se otorga o no subsidio a la turbosina, sino quienes serán los hombres que detenten ese poder. Porque lo que es un hecho es que la aviación comercial es un negocio complicado; en donde las utilidades son marginales. Lo relevante ha sido, sin duda, la influencia política para apoderarse de las principales aerolíneas.
Precisamente en estos días Luis Téllez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y persona cercana a Carlos Salinas de Gortari, se reúne con los dueños de Aeroméxico. Las visitas del director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, y de José Luis Barraza, el principal propietario, podrían deberse a la insistente propuesta que ha lanzado el propio funcionario de que, ante la crisis de las aerolíneas es necesario impulsar una fusión de empresas lo suficientemente sólida para resistir este nuevo embate.
Lo interesante es que el nuevo discurso del gobierno federal, obviamente justificado por las condiciones adversas del mercado, se contrapone con la necesidad de generar mayor competencia en el sector para beneficiar al usuario. De esta forma, se podría pensar en la aviación comercial como una opción no sólo para las clases privilegiadas del país sino para incentivar la movilidad social.

En fin, el caso es que ahora el secretario Téllez –por cierto otro economista neoliberal y pensamiento de libre mercado instruido en la Universidad de Chicago– asegura que la única salida es la fusión de aerolíneas. Esa frase la repite una y otra vez mientras asegura que no habrá subsidios para la turbosina y que las aerolíneas que se hicieron llamar de bajo costo tendrán que pagar, sin excusa, los adeudos de los últimos dos años.
De concretarse esta fusión que en el pasado reciente estuvo prohibida bajo el argumento de que las dos principales aerolíneas formarían un monopolio del mercado, lo que motivo una privatización a bajo precio en perjuicio de las arcas públicas, ahora estaría muy cerca y los principales afectados serán los usuarios, pues las tarifas se elevarán de inmediato y sólo unos cuantos podrán utilizar es servicio que se convertirá en un lujo.

Dichos adeudos de las aerolíneas rebasan los 800 millones de pesos y fueron generados a partir de los servicios para la navegación aérea que administra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La SCT, sin embargo, ha tenido un papel determinante, por primera vez, en prohibir que aerolíneas como Aviacsa y Avolar sigan ofreciendo sus servicios como si nada pasara.
El problema es que los dueños de Aviacsa y Avolar han obtenido amparos de jueces locales para evadir la disposición de la SCT y siguen vendiendo boletos de avión. Por ello, Esa dependencia federal ha iniciado una campaña en la que advierte a los usuarios de estos servicios sobre las consecuencias de seguir comprando boletos de avión a dichas empresas.
Las suspicacias no se han hecho esperar y los empresarios que se sienten atacados por las autoridades no sólo interponen recursos de suspensión con la esperanza de obtener amparos definitivos, sino que deslizan la sospecha de que el gobierno de Felipe Calderón está buscando beneficiar a ciertas líneas aéreas y a algunos empresarios que en su momento apoyaron con recursos la campaña calderonista a la Presidencia de la República. En este caso hablan de Aeroméxico, perteneciente al grupo de Roberto Hernández y Alfredo Harp; Mexicana, de Gastón Azcárraga; Internet, de Miguel Alemán Magnani, y Volaris, de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, y Emilio Azcárraga, dueño de Televisa.
Con esos nombres por delante, dicen los dueños de Aviacsa y AVolar, no resulta extraño que las autoridades quieran reordenar el sector privilegiando a la oligarquía empresarial del país. Y aunque no dirían lo mismo si ellos estuvieran incluidos en dicha lista, lo que si es sorprendente es que el doctor Téllez privilegie a unos cuantos sobre el interés de las mayorías.
En aerolíneas siempre pierden gobierno y sociedad

Si se pudiera establecer un marcador en torno a la batalla de la última década para las aerolíneas del país, éste podría ser demoledor: visitante 2000 y local 0. Así de dispareja o nula ha sido la ganancia para el erario federal cuando se analizan las pérdidas en el caso Aeroméxico y Mexicana.

Fue en 2001 cuando la Junta de Gobierno del IPAB analizó el caso de Cintra y la posibilidad, como lo manda la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario de maximizar los resultados de la venta de Aeroméxico y Mexicana. El problema se presentó ante las evidencias que demostraban que ambas empresas ejercían un monopolio en perjuicio del usuario y que, de venderse juntas, el gobierno federal prácticamente estaría trasladando ese gran negocio a los privados.

Ernesto Martens intentó vender en 500 millones de dólares el 30 por ciento de las acciones de Cintra, pero las sospechas de un control monopólico impidieron la colocación en bolsa de la controladora. El gobierno federal fue incapaz de establecer candados adecuados para vender a una sola administración los activos de ambas aerolíneas. Se declaró incompetente para hacerlo y la respuesta fue que sólo se venderían por separados.
Así pasaron dos años y bajo la administración de Andrés Conesa ambas siguieron ejerciendo un control total de la industria de la aviación comercial, hasta que en la recta final del gobierno de Vicente Fox se autorizó a varios grupos la operación de las llamadas Aerolíneas de Bajo Costo (ABC´s).

Así el precio de Aeroméxico y Mexicana comenzó a disminuir de manera acelerada. El 16 de diciembre de 2005, el presidente del Grupo Posadas se convirtió en propietario de Mexicana, en una operación que resultó ampliamente cuestionada. Resulta que aunque se argumentó que la operación se cerró en mil 456 millones de dólares, el monto real que obtuvo el gobierno federal no superó los 165.5 millones de dólares.
Con Aeroméxico sucedió algo parecido, no más de 200 millones de dólares. Los optimistas argumentaron que la venta había sido todo un éxito, sobre todo tomando en cuenta que la competencia en el sector haría imposible una venta más rentable. Aunque esto es poco probable, tuvieron el beneficio de la duda. Pero, definitivamente, lo que no tomaron en cuenta es que apenas hace siete años Mexicana y Aeroméxico pudieron haberse vendido, juntas, en 2 mil millones de dólares, y el gobierno federal hubiera sido el beneficiado.
Ahora, Luis Téllez invita a los empresarios a que se fusionen, sin aquel temor que había apenas hace algunos años, y estos se dan el lujo de poner condiciones al gobierno. La fusión no les costó prácticamente nada y el único perdedor es el erario público, mientras los usuarios tendrán que conformarse con la explicación del secretario de Comunicaciones y Transportes: se acabó la época de boletos baratos y muchos mexicanos tendrán que regresar al camión.

Seguro médico privado a burócratas
Por supuesto que otorgar un servicio médico de calidad a los burócratas es necesario, pero cuando nos dicen que se trata de un seguro de gastos médicos sólo para mandos medios y superiores de la administración pública federal, y que dicho servicio nos ha costado a los mexicanos más de mil 415 millones de pesos en los últimos tres años (2005 a 2007), parece un verdadero abuso, sobre todo porque se trata de una burocracia floja, corrupta e ineficiente.
Un amplio reportaje de Paulina Monroy, publicado en la revista Contralínea, da cuenta de un contrato LPNEC 00006004–06/2006 del seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció partidas máximas por 319 millones 843 mil 750 pesos para 2006 y 959 millones 531 mil 250 pesos para 2007.
El 25 de agosto de 2006, MetLife firmó el contrato con la SHCP, vigente de septiembre de 2006 a diciembre de 2007, por un total de 722 millones 909 mil 614 pesos para mandos superiores y medios de 22 dependencias, 72 órganos desconcentrados y 28 entidades paraestatales.
“El servicio solicitado –estipula el contrato– deberá amparar servicios médicos por accidentes o enfermedades que pueda sufrir el personal de mando, homólogos y de enlace, así como sus dependientes económicos”. Agrega que se otorgará el servicio a través de hospitales y sanatorios privados en el país y en el extranjero.
De acuerdo con la licitación pública nacional LPNEC 00006004–006/2006 –obtenida por la reportera mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, en total son 80 las pólizas de MetLife en la administración pública federal. El universo de asegurados hasta 2006 incluía a 235 mil 269 titulares, cónyuges, hijos y ascendientes. Los servidores públicos suman 86 mil 289.
MetLife cotizó que la prima total a pagar por su Plan Institucional Básico sumara los 180 millones 727 mil 404 pesos de septiembre a diciembre de 2006. Para el periodo entre enero y diciembre de 2007, el importe creció en 542 millones 182 mil 211 pesos.
Por secretario de Estado y familiar, la cantidad asegurada es de 525 mil 374 pesos; 465 mil 421 pesos por cada nivel de subsecretario, oficial mayor y jefe de unidad; 1 millón 50 mil 747 pesos en total para director general, adjunto y de área; por subdirector, 175 mil 124 pesos, y por empleado de enlace, 116 mil 749 pesos. En su proposición para participar en la licitación, MetLife establece primas quinquenales de 133 pesos por secretario, a 94 pesos por cada miembro del personal de enlace.
Denominada entonces Seguros Génesis, MetLife adquirió la paraestatal Aseguradora Hidalgo (Ahisa) el 23 de abril de 2003. La compra por 9 mil 200 millones de pesos equivalía, según se reportó en la prensa, a menos de la mitad del valor de la empresa. La desincorporación de Ahisa, líder entonces en el mercado, se realizó bajo el argumento de que con la administración de particulares ofrecería mejores productos de seguros a los trabajadores al servicio del Estado. Hasta diciembre de 2002, la SHCP requirió los servicios de Ahisa. A partir de esa fecha y hasta marzo de 2008 los contratos han sido otorgados a MetLife.