Los expertos en manejo de crisis tienen una recomendación clara sobre información comprometedora que subyace en la vida de un político, una empresa o un gobierno. Revelarla lo antes posible. Esto fue, precisamente, lo que hizo Petróleos Mexicanos en su más reciente informe anual respecto al conflicto de interés del secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape, quien también es miembro del Consejo de Administración de Pemex desde febrero de 2007, y cuyos familiares son propietarios de una franquicia de la paraestatal.

Resulta que varios miembros de la familia en primer nivel del secretario de Economía, incluida su esposa, son accionistas de la empresa Servicio Grupsa, ubicada en León, Guanajuato, y actualmente opera, por lo que se ha dicho hasta ahora, una franquicia para vender y adquirir gasolina y otros productos, así como participar en actividades relacionadas con este negocio.

“El señor Máximo Santos Sánchez, el suegro del señor Sojo, su cuñado Nestor Santos Aranda y Lourdes Santos Aranda, la esposa del secretario de Economía, son dueños en 58 por ciento, 24 por ciento y 18 por ciento, respectivamente, de las acciones de Servicio Grupsa”, dice Pemex a los inversionistas del mercado de valores. Pero aclara que el acuerdo de franquicia con Grupsa forma parte de los formatos de franquicias estándar que firma la paraestatal y que constituyen monopolios para la venta de combustibles. Se trata, en pocas palabras, de una concesión, de un negocio con ventas y utilidades aseguradas.

¿Deja esta declaración de culpa a salvo del conflicto de interés a Eduardo Sojo? ¿Cómo miembro del Consejo de Administración de Pemex no cuenta acaso con información privilegiada sobre la operación de la paraestatal? ¿Puede el secretario de Economía del gobierno federal expresarse libremente sobre temas como los subsidios a los energéticos?

Al parecer Sojo ha tenido mucho cuidado en no hablar sobre el controversial tema de los subsidios a las gasolinas. Sobre él han hablado la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel; el secretario de Hacienda, Agustín Carstens; el subsecretario de la misma dependencia, Alejandro Werner. Pero no lo ha hecho el titular de la Secretaría de Economía y cuya responsabilidad es el mercado interno y el impacto que podrían tener estos subsidios en cadenas de precios e industrias.

El dato ya ha sido retomado por algunos medios de comunicacion; la paraestatal emitió un comunicado con la única defensa posible: la franquicia se otorgó en los términos que se hace para cualquier mexicano, pero el problema sigue estando allí, porque se trata de la familia de un secretario de Estado haciendo negocios con el gobierno federal, tal y como lo hizo en su momento Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación, y sus negocios en Pemex.

No es suficiente la explicación. Mientras que la Ley Federal Responsabilidades de Servidores Públicos es anulada por el mismo gobierno para evitar se sancione este tipo de negocios tan cuestionables como los de aquellos funcionarios públicos que se han enriquecido como contratistas de Pemex. Esta es la razón por la que algunos analistas observan que los conflictos de interés entre grupos políticos y empresariales frenarán cualquier intento de reforma energética.

Negocios de los hijos de Rosendo Villareal

Pero el de Sojo no es el único caso. Qué tan rentable debe ser el negocio de la comercialización de gasolina que Rosendo Villarreal Dávila, director corporativo de Administración de Pemex, también enfrenta un conflicto de interés similar, con la única diferencia más no atenuante que Villarreal Dávila no participa en las reuniones del Consejo de Administración de Pemex. Sin embargo, aunque el gobierno federal se las arregla para evitar sancionar a sus servidores públicos que se enriquecen con contratos gubernamentales, moralmente han sido juzgados por la sociedad que los ha encontrado culpables.

Rosendo Villarreal Berlanga, David Villarreal Berlanga y Gabriela Villarreal Berlanga, hijos del director corporativo de administración de Pemex, son propietarios en un 50 por ciento de las acciones de la compañía Servicios Sierra de Arteaga S.A. de C.V., una compañía localizada en Arteaga, Coahuila. En octubre de 2007, Servicios Sierra de Arteaga S.A. de C.V. alcanzó un acuerdo con Pemex Refinación para operar una franquicia dedicada a la venta de gasolina y otros productos.

Al parecer el caso de Villarreal Dávila puede tener muchas más aristas que la desenfadada declaración de conflicto de interés hecha por Pemex en el caso de Eduardo Sojo.

Como lo ha publicado la revista Contralínea y la reportera Ana Lilia Pérez lo ha documentado en varias investigaciones, Rosendo Villarreal Dávila es el funcionario involucrado en un caso de prevaricato y corrupción en el pago de 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos por concepto de impuestos en el traslado de dominio de las filiales de Cosoleacaque y Pajaritos, de acuerdo con una auditoría del Órgano Interno de Control de Pemex–Petroquímica.

De acuerdo con la investigación de Ana Lilia Pérez, fueron los 12 funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna de la SFP en PP que reportaron el prevaricato (cuando un abogado incurre en la simulación de una controversia para engañar a la autoridad y manipula la actuación de las dos partes en conflicto) y por ello fueron acosados por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para archivar el expediente y, como se negaron, el titular del OIC en Pemex–Petroquímica, Felipe Barragán Alvidrez, les pidió la renuncia con el argumento de que “no cubrían” el perfil de la institución.

Los exauditores aseguran que por órdenes de Rosendo Villarreal Dávila, el director de Investigaciones de la SFP, Orlando García Viesca, boletinó a quienes participaron en la fiscalización del proceso que comprobó el prevaricato en el millonario pago.

En agosto de 2003, los auditores al mando de Marco Antonio Díaz, titular de la Unidad de Auditoria, notificaron los resultados de sus investigaciones al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, al subsecretario Rosendo Villareal y a Felipe Barragán.

En el oficio NI–017/03 dirigido a Barragán Alvidrez, los auditores estiman daño patrimonial del convenio celebrado por personal de la oficina del abogado general de Pemex. Destaca también que se violó la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales derivado de los argumentos que utilizó el abogado César Nava al negociar el pago.

Los exauditores aseguran que antes de que remitieran sus conclusiones sobre el caso, la SFP les ordenó “archivar” el asunto. Así, dicen, fue la SFP la que “enturbió” el caso en lugar de requerir las aclaraciones necesarias o aplicar medidas correctivas.

”Desde el contralor Felipe Barragán, hasta la subsecretaria de Auditoria, María Guadalupe Chequer, y el mismo secretario de la Función Pública, convirtieron el asunto en un proceso potencialmente conflictivo. Había mecanismos legales para desahogar el caso de manera transparente, sin las responsabilidades y el sesgo que le dieron”, señaló uno de los auditores.

Al continuar con la indagatoria, Felipe Barragán junto con otro funcionario del OIC, de nombre Juan Carlos Ramos Garibay –quien además estaba sujeto a un proceso de investigación por la misma Unidad de Auditoria–, contrataron a las pasantes de derecho e informática Ariadna Islas Sarabia y María Isabel Ek Hernández para que fabricaran denuncias contra el auditor responsable de la fiscalización, Marco Antonio Díaz, acusándolo de “acoso sexual”. Con este argumento, Barragán lo despidió.

Ante el ministerio público ambas mujeres reconocieron posteriormente que Ramos Garibay las instó a presentar la denuncia. Finalmente la autoridad determinó falsedad de declaraciones de éstas y exoneró a Marco Antonio Díaz, pero Felipe Barragán ya había logrado sacarlo de la Contraloría y Romero Ramos cerró y clasificó como “confidencial” el expediente.

Los documentos confirmaron que Díaz denunció dichas irregularidades así como la remoción indebida del personal ante Romero Ramos en diversas ocasiones, y pese a que Romero se comprometió a “investigar personalmente el caso”, omitió la indagatoria y también evadió la justicia.

Los exauditores acusan a los exsecretarios Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos de su corresponsabilidad al cerrar la auditoría y clasificarla como “confidencial”, en lugar de instruir al área de Responsabilidades a que abriera las investigaciones correspondientes.

El mismo funcionario que despidió a los auditores, Felipe Barragán Alvidrez, exoneró a los abogados tras determinar que “no había elementos” para fincar responsabilidades.

Al paso de los años, los principales protagonistas del supuesto fraude ascendieron como funcionarios públicos: César Nava Vásquez es el secretario privado del presidente Felipe Calderón; el titular de la Unidad Jurídica de PP, Juan Agustín López Huesca, es gerente general de Franquicias de Pemex Refinación, y Rafael Beverido Lomelín, quien avaló el pago irregular, fue ratificado en la Dirección de PPQ.

Ahora, sin más ni más, Pemex reconoce la propiedad de una franquicia por parte de la familia de Rosendo Villarreal Dávila; sin embargo, no hace referencia a la compañía Trasportes Villarreal Berlanga, que también ha recibido contratos de la paraestatal. Además, periodistas locales han documentado una serie de irregularidades en la gestión de Villarreal Dávila en su natal Saltillo, en donde fue alcalde panista de la capital del estado de Coahuila en 1990. De extracción empresarial, antes de llegar a la política trabajó en el Grupo Industrial Saltillo y también fue senador y contralor interno de la Secodam con Francisco Barrio Terrazas.

Petróleo mexicano atado al 2013

En los mercados financieros de Estados Unidos un rumor insistente forma parte de las pláticas de analistas y corredores. De esta versión da cuenta Juan Francisco González Iñigo en sus ya famosas Lupas. Aparentemente en los mercados estadounidenses se asegura que México habría comprometido su venta de crudo hasta el 2013, a través de contratos a futuro a un precio fijo de 135 dólares por barril.

Esta sería, entre otras, la principal razón por la cual en los últimos días el precio del barril del petróleo se está cotizando a la baja luego de una escalada histórica que lo llevó a acercarse a niveles de 150 dólares. Esta ha sido, de hecho, la mayor burbuja que hasta la fecha se ha registrado y por la cual se temía seriamente.

La decisión de México habría constituido un parte aguas. Para las finanzas públicas de México habría representado una estrategia inteligente, hasta cierto punto, al colocar el precio de su petróleo al margen de los efectos catastróficos generados al reventarse la burbuja petrolera. Sin embargo, también se teje una serie de cuestionamientos en torno a la soberanía petrolera –pues el comprador lógico de estas reservas no puede ser otro que el gobierno de EU– y los problemas de producción a raíz del declive de Cantarell, el principal pozo con el que cuenta ahora México.