A dos años de gobierno, Felipe Calderón Hinojosa acaba de descubrir que hay corrupción en el gobierno federal. Por ello, este fin de semana el presidente se reunió en Palacio Nacional con unos mil burócratas que ganan los mejores salarios, para simular llamarles la atención y exigirles transparencia y honestidad. Y algo debe saber Calderón porque durante el encuentro de más de cinco horas también les pidió terminar con influyentismos, amiguismos y evitar compras “amañadas” en el sector público. Aunque los diarios que relatan la reunión no dan cuenta de que haya habido algún señalamiento específico sobre las áreas gubernamentales más vulnerables a la corrupción, al mandatario seguramente le pasaba por la mente la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, en donde nadie ha podido frenar las irregularidades en licitaciones y asignación de contratos, así como en la colusión de servidores públicos con empresarios corruptos.

Lo que sorprende del discurso calderonista, es que se refiera a hechos ilícitos que en la opinión pública son muy conocidos, mientras que en Los Pinos y en las áreas de procuración de justicia no se actúa para evitar sancionar a los responsables. Para hacer creíbles sus palabras, el presidente debería permitir, e inclusive incentivar, una acuciosa investigación sobre las actividades de dos de sus hombres más cercanos, César Nava y Juan Camilo Mouriño, y las relaciones de negocios que éstos establecieron con la paraestatal Pemex. Cuando esto suceda, una parte de los mexicanos podrá empezar a creer en él y en su repentino interés para combatir a la corrupción gubernametal, pues lo único que se percibe ahora es que desde la casa presidencial se apoya incondicionalmente a miembros corruptos del gabinete y en contrario se ordena frenar las denuncias en su contra.

En un caso más de referencia sobre hechos presuntamente irregulares, vuelve aparecer el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien a partir de convertirse en funcionario federal, las empresas del Grupo Energético del Sureste fueron beneficiadas con múltiples subsidios de la Secretaría de Economía, a cuenta de fideicomisos públicos, algunos de los cuales están actualmente bajo investigación judicial.

Este amplio reporte es parte de una acuciosa investigación periodística de la reportera de Contralínea, Ana Lilia Pérez, quien con base en documentos oficiales revela cómo a partir de que Mouriño se convirtiera en servidor público en el sexenio de Vicente Fox y con Felipe Calderón como su jefe inmediato en la Secretaría de Energía, las empresas de GES ingresaron como beneficiarias de diversos programas de gobierno destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas, y en donde algunas de sus compañías fueron creadas ex profeso para recibir subsidios.

La reportera encontró una relación directamente proporcional del ascenso que obtenía Mouriño Terrazo en cargos públicos hasta convertirse en titular de la Secretaría de Gobernación, con el incremento de los montos en convenios y contratos que Pemex Refinación otorgó por adjudicación directa a Ivancar, empresa de la familia Mouriño, así como un incremento en los subsidios proporcionados a dichas empresas por el gobierno federal panista. Esta fue la manera como GES prosperó hasta convertirse en uno de los consorcios con más poder económico y político en la región del sureste del país, con giros tan diversos como la venta de gasolina o la construcción de torres eólicas.

El mismo año en que el ahora secretario ingresó a la Sener, el dinero público llegó a la familia Mouriño proveniente de diversos fideicomisos para la instalación y remodelación de locales; habilitación, equipamiento y remodelación de naves industriales; adquisición de maquinaria y equipo; capacitación, asesoría empresarial, desempeño ambiental, planeación financiera y promoción en ferias regionales. Así cualquier empresa se vuelve exitosa, aunque el problema es que esta ayuda llega básicamente a empresas de servidores públicos.

De acuerdo con facturas, recibos y vouchers cobrados por Carlos Mouriño Terrazo (hermano de Juan Camilo) y Jorge Alberto Hernández Villanueva, director ejecutivo del GES, a la Secretaría de Economía entre 2004 y 2006, los montos obtenidos se derivan de programas “de carácter público, no patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes”.

Lo anterior supone violaciones a los artículos 47 fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP); 8 fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 220 y 221 del Código Penal Federal al estar impedidos, por su relación con un funcionario, a recibir beneficios económicos, en especie o de cualquier tipo, de dependencia alguna del gobierno federal.

Los artículos 2, 7, 8, 15 y 47 de la LFRSP prohíben a todo funcionario tener relaciones contractuales, convenios o cualquier asunto con el gobierno federal del que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

La misma ley impide a los funcionarios públicos y sus familiares tener beneficios económicos de cualquier programa de gobierno, pues significaría conflicto de intereses. El artículo 15 establece que procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la LFRSP se produzcan beneficios o lucro, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Nuevo acuerdo académico entre SSP-UNAM

La semana pasada comentamos que hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública Federal decidió capacitar jurídicamente a varios de sus elementos, para lo cual su titular Genaro García Luna había elegido, junto con su equipo cercano, que fuera la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la Facultad de Derecho, la responsable de impartir los cursos.

Pero extrañamente el director de esta Facultad, doctor Ruperto Patiño, y el jefe de la División de Educación Continua, doctor Guillermo Teutli Otero,  decidieron que este esfuerzo académico se desviara hacia la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia Asociación Civil, con lo cual el beneficio económico no sería para la UNAM y se quedaría en manos privadas.

Se trata de 16 cursos en materia jurídica que se impartirían a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, por lo cual se pagaría cerca de un millón de pesos.

Pero cuando le informaron a la SSP que no sería directamente la UNAM la que cobraría dicho servicio académico, los funcionarios de Seguridad Pública dieron marcha atrás al convenio y exigieron que fuera la Universidad Nacional la responsable de la coordinación del curso jurídico, por lo cual le solicitaron al director de la Facultad de Derecho reencausar la petición y hacer a un lado las pretensiones privatizadoras, por lo que el doctor Ruperto Patiño tuvo que acatar la solicitud y a manera de desquite sólo alcanzó a comentar que allá ellos en esa Secretaría porque la organización de los 16 cursos en materia jurídica tardarían algún tiempo.

Como comentamos, dicha asociación civil fue fundada a finales de 1994 en la ciudad de México y en su acta constitutiva aparece como presidente honorario el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y como testigo de honor en la protocolización de dicha fundación participó el entonces rector de la máxima casa de estudios doctor José Sarukhan Kermez. Los integrantes del Comité Ejecutivo son: presidente Máximo Carvajal Contreras, secretario Andrés Cruz Mejia, tesorero Josué Zavaleta Barragán y vocales Fernando Castellanos Tena e Ignacio Galindo Garfias.

En el registro de dicha constitución ante notario público destaca entre sus objetivos que “no será de carácter preponderantemente económico, ni perseguirá lucro alguno, manteniéndose siempre al margen de cualquier asunto religioso o de política militante”. De ser así, para quién seria el millón de pesos que habían pactado pagaría la Secretaría de Seguridad Pública, pues aunque no es una suma escandalosa, porqué entonces habían dejado de lado los intereses de la Universidad Nacional para beneficiar a una fundación privada, aun con todo y su presidente honorario Miguel de la Madrid.

El centro de operaciones de esta fundación privada de doctos en Derecho es el edificio de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, perteneciente a la Universidad Nacional, pero ésta le cedió el inmueble en comodato para evitar pagar alguna renta y a cambio esa asociación civil debe mantener y conservar el inmueble.

Inquietud por licitaciones del ISSSTE

El otro tema que seguimos investigando y que relatamos aquí la semana pasada, está relacionado con dudosas, por decir lo menos, licitaciones de contratos para servicios médicos en el ISSSTE, que dirige el priísta y ahora panista Miguel Angel Yunes, uno de los principales asesores de la maestra Elba Esther Gordillo.

Concretamente son materiales y equipo para operaciones de ortopedia y laparoscopía, en donde ha sido constantemente beneficiada con los multimillonarios contratos la empresa regiomontana Selecciones Médicas, propiedad de Francisco Pérez Fayad y su hijo José Antonio Pérez Pérez, quienes en su página de Internet presumen que su empresa “se dedica a la venta de material de curación de alta especialidad y equipo médico”, además dicen que son “líderes en el mercado privado como gobierno”.

Pues de este tema hay un escrito en poder del jefe de Servicio de Medicina Especializada y Hospitalización, doctor Héctor Hurtado Reyna, del Hospital Regional General Zaragoza, firmada el 20 de mayo de 2008 por cinco doctores cirujanos y neurocirujanos en donde dan cuenta de algunas irregularidades.

El texto dice lo siguiente:

“Los que suscriben Dr. Sergio Hernández Martínez y Dr. Fernando Cueva del Castillo Mendoza, especialistas en Ortopedia con subespecialidad en cirugía de columna vertebral, a nuestro real y saber entender, nos dirigimos para solicitar se continúe con el abasto de las diferentes partidas de la licitación pública nacional No. 00637056-006-07 de cirugías de columna vertebral; esto en relación a que se inició el programa de la licitación pública nacional No. 00637173-005-08, la cual fue mal elaborada en los requerimientos de las partidas 13 a la 18, estando éstas incompletas en implantes e insumos quirúrgicos (injertos óseos, sustitutos de dura, selladores de fibrinógeno); siendo una licitación para el manejo integral de las diversas patologías de columna vertebral, consideramos de vital importancia el contar con dichos insumos.

“Se han tenido diversas juntas con la representante de Selecciones Médicas, empresa que se adjudicó dichas partidas de la licitación para que otorguen el servicio integral que se requiere para nuestros derechohabientes, estando aún pendientes de corroborarnos las peticiones expresadas. Por lo anterior solicitamos se nos permita, como hasta la fecha, continuar realizando los procedimientos quirúrgicos con la licitación presidida a su digno cargo”.

Es decir, según estos doctores especialistas en columna vertebral, hubo doble licitaciones para favorecer a la regiomontana Selecciones Médicas, lo cual tendría que ser investigado por el Órgano Interno de Control del ISSSTE, además de que esta empresa no ha cumplido cabalmente con el servicio acordado. Y, por si fuera poco lo anterior, al interior del ISSSTE se sabe que esa empresa privada vende el mismo servicio y los productos médicos a menor precio al IMSS, lo cual significaría que alguien en el ISSSTE está haciendo un negocio propio con recursos públicos. Ya veremos qué pasa.