Las cámaras de Diputados y de Senadores fueron desalojadas este fin de semana por legisladores de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, y ahora vendrá una larga discusión y análisis sobre las reformas energéticas que buscan el gobierno federal y los empresarios para privatizar esta industria que ha significado un gran esfuerzo y ha dado muchos recursos y beneficios a este país, e incluso ha servido a funcionarios y empresarios corruptos que en complicidad han amasado cuantiosas fortunas con los recursos petroleros.

Después de varios días que legisladores del Frente Amplio Progresista mantuvieron ocupados los recintos de las cámaras de Diputados y de Senadores, este fin de semana alcanzaron un acuerdo con el PAN y el PRI para que se discuta ampliamente la reforma energética propuesta por el Ejecutivo, que busca privatizar parte de la cadena productiva y comercial que hasta ahora la Constitución sólo permite realizar a Petróleos Mexicanos.

Esta discusión plural que tiene un plazo de 71 días, está enmarcada por los intereses económicos de la mayoría de los dueños de medios de comunicación y de sus empleados que han puesto micrófonos y primeras planas de diarios y revistas al servicio del presidente Felipe Calderón y de su cuestionado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quienes pretenden beneficiarse con su esquema privatizador. Ante ello, entre la población hay inquietud y rechazo por la decisión gubernamental de permitir la inversión privada en la paraestatal petrolera, aun cuando opinadores, comentaristas, locutores, analistas, promotores, neófitos y hasta chantajistas y uno que otro periodista pretenden que así sea. Pero lo más extraño es porqué quieren privatizar la industria petrolera si así como está se han servido de ella burócratas y políticos, empresarios y líderes sindicales charros.

De todos es conocido que Pemex es la empresa del Estado en donde la corrupción tiene su más alta manifestación y en donde algunos directivos y exempleados mantienen todavía negocios irregulares para beneficiarse con recursos públicos. Entonces para qué privatizar, si así le funciona muy bien al gobierno, como una gran caja registradora en donde por décadas se han despachados funcionarios gubernamentales en complicidad con empresarios estafadores, quienes sin recato han saqueado los recursos petroleros y sólo muy pocos han tenido que rendir cuentas ante la ley.

Ahora el gobierno federal nos amenaza con una supuesta urgencia de que o privatizamos Pemex y aceptamos la salvación de la inversión privada nacional y extranjera, o en pocos años se acabará el petróleo que ha servido de pilar a la economía nacional. Pero la falta de inversión en las áreas de producción, refinación y distribución, sumada al estrangulamiento fiscal ordenado desde Los Pinos y a la corrupción institucional (si alguien lo duda que le pregunte al bisoño secretario Mouriño y su empresa Ivancar) orquestada por las pésimas administraciones de la empresa petrolera del Estado, son las responsables de la crisis en ese sector que, como primer punto, pretende soltarle al capital privado el sistema de refinación, en donde de entrada los inversionistas tendrán asegurada la materia prima y un enorme mercado cautivo que somos los consumidores de combustible, es decir todos los mexicanos.

Juan Camilo exonerado por Vega Casillas

Y ya que mencionamos al joven Juan Camilo, inocente secretario de Gobernación que lo único que hizo cuando firmó los contratos como representante de su empresa Ivancar con Pemex Refinación, fue pretender ayudar como ciudadano ejemplar en su doble dualidad de burócrata y empresario para salvar a Pemex, ha sido exonerado por el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien ante un grupo de legisladores a modo, encabezados por priístas y panistas, no le quedó más remedio al subalterno funcionario que salvar el honor de su segundo jefe en el gabinete, el secretario de Gobernación, de quien dijo no haber encontrado algún indicio de malos manejos o violaciones legales por los contratos entre Ivancar y Pemex. Sabedores de la complicidad gubernamental histórica, nadie en este país esperaba algo distinto de esta burocracia corrupta.

Sin embargo a Juan Camilo no le han salido todas las cosas como el quisiera. Resulta que al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles (quien por cierto antes de llegar a Pemex era empleado del grotesco gobernador veracruzano Fidel Herrera, a quien asesoraba en sus aspiraciones presidenciales), no le es muy de su agrado los negocios que el ahora titular de Gobernación ha realizado en la paraestatal, lo que ha significado un duro enfrentamiento al interior de la empresa entre los grupos que ambos funcionarios representan.

Esa disputa con Juan Camilo ha llevado a Reyes Heroles a renunciar por lo menos tres veces a la Dirección General, pero hasta ahora el presidente de la República no lo ha aceptado, pues éste piensa que más adelante quien tendrá que salir del gabinete es el propio secretario de Gobernación, por el costo político que le representa, más allá de las necedades que caracteriza al mismo Felipe Calderón.

La última vez que renunció el director general de Pemex lo hizo en abril, durante una reunión social que con Calderón y en compañía de sus señoras esposas sostuvieron en la residencia particular de Reyes Heroles. Allí, este funcionario le dijo al presidente que lo mejor era renunciar a su puesto para dejar que Juan Camilo pudiera operar con libertad, pues las presiones que ejercía en su contra el secretario de Gobernación iban en aumento. Pero sorpresivamente el mandatario federal le contestó que no y una vez más lo ratificó en el cargo.

Después de que Contralínea y su reportera investigadora Ana Lilia Pérez dieron a conocer los contratos firmados por Mouriño con Pemex Refinación, Juan Camilo ha endurecido las presiones contra Reyes Heroles y su grupo, a quienes culpa de haber filtrado a la prensa dichos contratos y convenios que lo exhibieron como lo que es, y lo que pretende es que éste renuncie a la Dirección General de Permex y así hacerse del control de la paraestatal, lo que le significaría un negocio redondo al secretario conociendo sus habilidades para firmar contratos con empresas del Estado.

Pero el fondo de estas diferencias entre Mouriño y Reyes Heroles no es en realidad por los negocios sucios que se hacen en Pemex, sino por los intereses trasnacionales que representa cada uno, pues mientras el primero pugna porque sean inversionistas españolas los que vengan a “salvar” a la industria petrolera nacional, el segundo está más interesado en que sean empresas texanas las beneficiadas con la privatización de Pemex.

Entre las primeras cabezas que ya se mencionan rodarán en la paraestatal, hay que anotar la del director corporativo de Administración, Rosendo Villareal, a quien nadie le hace caso y ya se volvió un funcionario inservible, por lo que podría ser sustituido por Roberto Ortega Lomelí, principal asesor de Jesús Reyes Heroles, aunque Juan Camilo no está muy de acuerdo y ya promueve a Yolanda Valladares, gerente corporativa de Desarrollo Social.

Una inquietud legítima que hay en la Secretaría de Gobernación, es el contrato que firmó Pemex con una empresa de Israel para la seguridad y vigilancia vía satélite de los ductos petroleros, en donde el representante de los israelíes en México es ni más ni menos que el exsubdirector de Servicios en Pemex, Roberto Andrade, a quien se le vio muy activo negociando con funcionarios para lograr el contrato. Pero según denuncia de trabajadores petroleros, hay que investigar si hubo “moche” en esta operación y quien sería el destinatario de 8 millones de dólares que dicen andan bailando. Por lo pronto en Gobernación tienen interés en conocer a detalle esta operación que, al parecer, ha resultado buen negocio para algunos.

Ante sus diferencias con el secretario de Gobernación, Reyes Heroles ha recurrido con humildad a pedir asesoría de todo aquel que sepa cómo funciona la empresa. Entre otros se ha reunido en varias ocasiones con su antecesor, el ingeniero Luis Ramírez Corzo. El último encuentro fue en agosto del año pasado, en el restaurante francés Champs Elysees, en donde según algún comensal el director general de Pemex en funciones se bebió varias botellas de Petrus, lo que explica la larga reunión que empezó como a las 14 horas y terminó la madrugada de un día después. Pero lo importante fue la charla, en donde Reyes Heroles se quejó amargamente de Juan Camilo y con humildad preguntó a su interlocutor cómo hacer para que las cosas funcionen en la empresa petrolera, incluso llevó una lista de los puntos centrales en donde tiene dudas, dicen que llevó una sábana. Conocedor del tema, Ramírez Corzo habló largo y tendido sobre los negocios en Pemex y sus beneficiarios, y explicó cómo debe ser la privatización de la industria nacional, algo en lo que todos estos panistas neoliberales coinciden. Más detalles de esta larga, muy larga guarapeta, perdón reunión, daremos la próxima semana.

Blue Marine y F. Tapias, negocio millonario

El millonario negocio relacionado con la licitación pública internacional 18576018-022-07 de Pemex Refinación, para el arrendamiento con opción a compra de cinco buquetanques, queda en manos de dos empresas: Blue Marine Shipping, SA de CV, y F. Tapias México, SA de CV.

La primera, supuestamente ligada a los hijos de Marta Sahagún, presentó propuestas para tres barcos, lo cual implica 2 mil 805 millones de pesos. Y es que por cada barco, la paraestatal pagará alrededor de 935 millones (85 millones de dólares).

Los contratos podrían ser asignados el próximo 15 de mayo, a pesar de que Blue Marine es investigada por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación respecto de una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre altos funcionarios y exdirectivos de Pemex –como el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel– y Antonio Juan Marcos Issa, presidente de la empresa y exasesor de director generales en Pemex.

Más aún, como lo ha documentado esta columna, el vínculo entre el ahora empresario y los servidores públicos data del sexenio de Ernesto Zedillo y continúa en la gestión de Vicente Fox: Juan Marcos Issa se desempeñó como coordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. De acuerdo con información de la paraestatal, la percepción mensual del exfuncionario ascendía a 172 mil 226 pesos al mes.

Por su parte, F Tapias presentó propuestas de dos buquetanques, cuyo costo total será de aproximadamente 1 mil 870 millones de pesos. El 50 por ciento de ésta es propiedad de Fernando Fernández Tapias, empresario de Vigo, España, y el otro 50 del grupo naviero Teekay Shipping.

A inicios de julio del año pasado, el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reunió con navieros de Vigo –de donde es originario su padre Carlos Mouriño Atanez– para ofrecerles millonarios negocios. En su edición del 18 de julio de 2007, el diario La Voz de Galicia cita: “El hijo del actual presidente del Celta, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio de negociaciones a corto plazo. Aunque el proyecto se ciñe, de momento, a una declaración de intenciones, el ejecutivo de Calderón prepara una visita oficial a México del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y de empresarios gallegos, antes de final de año”.

Agrega que “Mouriño Terrazo declaró que su gobierno está ‘muy interesado’ en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego, situado entre los mejores del mundo. ‘Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversores gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector’, dijo tras reconocer que la construcción naval ha sido ‘maltratada’ en su país los últimos seis años”.

Ahora, F. Tapias podría agenciarse dos de los cinco contratos que involucran en total alrededor de 4 mil 675 millones de pesos. Esto, pese a que el concurso, que concluirá el próximo 15 de mayo, ha sido muy cuestionado. Como lo ha informado esta columna, empresarios que vieron frustrada su participación denunciaron a principios de año que la paraestatal incumplió con las reuniones de transparencia, previas al lanzamiento de la convocatoria.