Contralínea es una revista que hacen los lectores. En la crítica de quienes acuden a esta publicación para encontrar información, opinión y criterios editoriales serios, se ha encontrado el apoyo y el impulso que permiten la publicación ininterrumpida de 100 números durante seis años. El lector de Contralínea no es un simple consumidor de información, es un compañero más en la redacción de la revista. Cuando hemos hecho del conocimiento público la información que importa a las decisiones fundamentales de nuestro tiempo (léase la última investigación sobre los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos), no hemos estado al margen de los riesgos ni hemos rehuido el compromiso. Nos sabemos a salvo porque el lector es un camarada que no se ausenta nunca.

El Estado mexicano, por razones históricas, políticas y económicas, se ha transformado para aspirar una vez más a la modernidad. Desde hace más de dos décadas se ha intentado la construcción de nuevas estructuras sociales y gubernamentales para atender las promesas de la clase política. Pero la sociedad queda en medio de una trama complicada. Su sustento ideológico descansa, en realidad, sobre fenómenos económicos y financieros que dan lugar a ajustes fiscales de manera permanente. La oferta de la nueva comunidad exige que la vida diaria de cada uno se desarrolle en cumplimiento de los principios fundamentales de igualdad y libertad. Pero el destino final del actual proyecto político y económico panista anima una sociedad injusta y desigual.

En el territorio nacional, los mexicanos llevan a cabo su vida cotidiana con orientaciones políticas diferentes. Hay regiones gobernadas por políticos de viejo cuño, que siguen convencidos del nacionalismo institucional y revolucionario que sólo ha generado grandes concentraciones de riqueza. En otras zonas, como el Distrito Federal, gobernada por una “izquierda” confundida y dispersa, se deja ver con frecuencia la intolerancia y el castigo. Como ejemplo están el creciente número de procedimientos legales, penales y civiles, en contra de periodistas y medios de comunicación. O bien, desde las plazas públicas se vierten intentos de censura o reproches que contradicen la vocación auténtica de la izquierda por los derechos del hombre. Más grave aún es que por un designio infortunado de la “democracia”, en el momento más exigente del cambio histórico para la modernidad, el destino de la nación es ahora conducido por los gobernantes más conservadores que no han podido prescindir de su pasado oscurantista y de los apetitos de ambiciones económicas que los hace cómplices de la corrupción.

En la política como en el gobierno no parecen contar con las manos prudentes y firmes que puedan conducir a los mexicanos por los caminos ásperos y riesgosos del siglo XXI.

En ese difícil contexto para el país, Contralínea es el resultado de una inquietud solidaria de un grupo de reporteros que nos reunimos para dignificar el ejercicio de nuestra actividad y escapar así de las presiones empresariales que no creaban condiciones para el libre pensamiento, la libertad de expresión y remuneraciones decorosas; tampoco el respeto por la investigación periodística y mucho menos la aplicación de la cláusula de conciencia.

La solidaridad inicial fue también una respuesta política ante las autoridades negligentes o indiferentes que preferían congraciarse con los dueños y los directores de los medios informativos, antes que preocuparse de la situación profesional de los reporteros. En estos seis años, Contralínea ha sido fiel a sus principios. Ha vivido periodos muy  difíciles en el aspecto económico y periodístico; pero la solidaridad gremial y la presencia de los lectores nos han conducido a la conservación consistente de la revista como fuente de trabajo y, sobre todo, como un medio de expresión de la libertad de conciencia.

En este orden de ideas, una de las mejores experiencias que Contralínea puede aportar a la comunidad periodística, es que, sin necesidad de los empresarios y los políticos, los reporteros y los trabajadores periodísticos podemos crear y organizar nuestras fuentes de trabajo y medios de comunicación respetables para los lectores. Contralínea nació y se ha desarrollado propiciando nuestra madurez y el reconocimiento social en un tiempo histórico en el que han gobernado los políticos más conservadores del país, lo que en sí mismo es una condición objetiva y adversa para un esfuerzo como el de nuestra revista.

Es cierto que el mundo asiste a la presencia mayoritaria de los gobiernos de derecha y a la excitación agitada, sobre todo en América Latina, de los gobiernos de izquierda. Las contradicciones naturales de las fuerzas políticas en la búsqueda del ejercicio del poder, dan lugar a condiciones ominosas y de riesgo para el periodismo, porque la prensa ciudadaniza a los hombres y democratiza a las sociedades.

En México la libertad de conciencia tiene un pasado ilustre y un presente lleno de adversidades que dialécticamente la fortalece. Así se entienden en Contralínea las relaciones con el poder político hacia el futuro: cumplir con los imperativos de dignidad, valor y entereza de este viejo oficio de los reporteros.

Mouriño, exoneración anticipada

Como se preveía, la comisión creada el pasado 26 de marzo en la Cámara de Diputados para investigar los posibles delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, da visos de complicidad para ejecutar una exoneración anticipada.

Como parte de los trabajos de dicha comisión, creada a partir de que la reportera Ana Lilia Pérez publicara en la revista Contralínea los convenios y contratos para el transporte de hidrocarburos que Juan Camilo suscribió con Pemex Refinación, acudieron a San Lázaro el director general de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, y el abogado general de la petrolera, José Néstor García Reza, para explicar el proceso de adjudicación de convenios y contratos a Transportes Especializados Ivancar, empresa propiedad de la familia Mouriño Terrazo.

Allí, los legisladores Obdulio Ávila, Antonio Valladolid, Raúl Cervantes, Miguel Ángel Jiménez, Armando García y Xavier López Adame, de los partidos PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa, cumplieron el guión previamente armado para exonerar al bisoño secretario y centraron sus preguntas en los alcances jurídicos del convenio de Pemex Refinación con Canacar, sin entrar al fondo del asunto que es la violación a las leyes Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LFAASSP)  y Federal de Responsabilidades del Sector Público (LFRSP).

En su artículo 8, la LFRSP obliga a cualquier dependencia del gobierno federal a abstenerse “de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

Así, el pasado jueves, al mismo tiempo que en la “sede alterna” del Congreso, legisladores del PRI y PAN aprobaban las reformas a la LAASSP, que flexibiliza la contratación discrecional, pese a que los mismos diputados que aprobaron las reformas aseguraron que es el rubro que registra la mayor incidencia de actos de corrupción, en un edificio contiguo, en el salón de Protocolo, en una reunión que se prolongó durante más de tres horas, Ceballos Soberanis defendía la legalidad de los contratos otorgados a Ivancar. Con esto se institucionaliza la corrupción y se da rienda suelta a los servidores públicos para que hagan negocios al amparo del poder público.

“Quiero aclarar que yo no era director de Refinación cuando Mouriño firmó los contratos, pero puedo asegurar que son legales”, sentenció Ceballos ante diputados, cumpliendo así las instrucciones presidenciales para salvar a Mouriño y darle un pase a la impunidad. Flanqueado por José Néstor García Reza, abogado general de Pemex, quien aseguró también que los convenios y contratos que firmó Juan Camilo Mouriño son legales y que fueron en su momento avalados por la Oficina del Abogado General (OAG), entonces a cargo de José César Nava Vázquez, actual secretario privado de Felipe Calderón. Todo quedó en familia, como en los mejores tiempos de la corrupción priísta, partido que defiende a Mouriño con la esperanza de volver al poder y dejar la puerta abierta de la corrupción.

El espaldarazo de García Reza para Ivancar tiene intereses particulares, primero porque al defender la legalidad de dichos contratos defiende a Nava, a quien le debe no sólo su ingreso al jurídico de Pemex, sino su recomendación para convertirse en abogado general.

En marzo pasado la revista Contralínea publicó que el último beneficio que Pemex dio a Ivancar –con el visto bueno de la OAG– fue un incremento del 20 por  ciento al monto del contrato GTT–00142–CM/2005–2008, adjudicado originalmente por 39 millones 646 mil 477.27 pesos y con el aumento asciende a 7 millones 929 mil 295 pesos, otorgado el 7 de enero de 2008, una semana antes de que Calderón designara a Mouriño secretario de Gobernación, mediante el convenio modificatorio CTT–00142–CM–M/2005–2008.

En la comparecencia, Ceballos admitió que la adjudicación directa de los contratos con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga es más costosa que la licitación pública, pero defendió que la participación de Ivancar es “apenas del 0.5 por ciento, así que los contratos que recibió la empresa no son representativos”, según él.

“Para que no quede duda” de que “no hubo trato preferencial para el secretario de Gobernación”, insistió en reiteradas ocasiones el diputado priista Raúl Cervantes, “díganos ingeniero si Mouriño les habló por teléfono para pedirles el contrato”. Sobre esta forma de gobernar algún ilustre priista decía: “los acuso de rateros, no de pendejos”.

–De ninguna manera, nunca habló por teléfono–, respondió de inmediato Ceballos Soberanis, como si no fuese de por si cuestionable que sin que se verifique su capacidad técnica ni económica, con una flotilla de apenas cinco pipas para el servicio de Refinación, Ivancar ha recibido convenios y contratos por más de 100 millones de pesos sin haber participado en una sola licitación pública.

La defensa de la transportista por parte de Cervantes tiene una doble intención, pues el diputado priista es asesor de la Canacar, además de ser abogado de cabecera de Salvador Sánchez Alcántara, propietario de Estrella Blanca y benefactor de la fundación Vamos México, de Marta Sahagún. En la lista de quienes acudirán a declarar en torno al caso Mouriño está  precisamente Tirso Martínez Angheben, presidente de Canacar, asociación que agremia a las empresas Transportes Especializados Isabel y Autotanques de México, ambas propiedad de familiares del senador panista Juan Bueno Torio, y beneficiadas con contratos para servicios de transporte de hidrocarburos.

Para seguir con la farsa legislativa, este jueves 24 de abril toca el turno al secretario de la Función Pública, Salvador Vega, otro empleado al servicio del Ejecutivo, quien deberá presentar en San Lázaro los documentos que haya en esa dependencia sobre el caso Mouriño. Sin embargo podemos adelantar que Vega declarará que los contratos y convenios de Ivancar no violan la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que Mouriño es un buen funcionario.

La SFP deberá aclarar las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del secretario de Gobernación, quien desde su llegada como funcionario del gobierno federal no ha incluido los ingresos obtenidos como accionista de TEISA, de los servicios de transporte de hidrocarburos contratados por Pemex y que, según facturas expedidas por el Grupo Energético del Sureste y TEISA a Pemex –publicadas por Contralínea el pasado 1 de abril–, han ingresado a las arcas de la familia Mouriño más de 100 millones de pesos en los últimos 8 años.

La última comparecencia que tiene programada la Comisión es la de Tirso Martínez, para el jueves 29. Cabe señalar que, según lo acordado en San Lázaro, la Comisión Mouriño estará vigente hasta el 24 de mayo próximo.