Una reciente investigación de la reportera Ana Lilia Pérez, la misma periodista que descubrió los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño para beneficiarse económicamente con dinero público al mismo tiempo que se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía, ha puesto en la mira al senador panista Juan Bueno Torio por una supuesta triangulación de recursos petroleros para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa cuando aquel se desempeñaba como director general de Pemex Refinación.

En expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de la Función Pública se afirma que el dinero desviado para la campaña presidencial ascendería a unos 200 millones de pesos y provendría de adjudicaciones para el transporte de hidrocarburos, área bajo control del ahora senador panista Bueno Torio.

De acuerdo con el trabajo periodístico de Ana Lilia Pérez, desde hace dos años la PGR abrió la investigación contra el senador Bueno Torio por abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso indebido de funciones, coalición de servidores públicos y enriquecimiento ilícito, al autorizar adjudicaciones directas por 10 mil 300 millones de pesos en contratos para servicios de transporte de hidrocarburos, sin embargo la indagatoria está estancada y archivada por la complicidad entre la Procuraduría con servidores públicos de filiación panista, además del fuero que a Bueno Torio le da impunidad por ser senador de la República.

El expediente (integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/2006) radicado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, contiene un diagrama que detalla cómo se operó la adjudicación de los contratos, de los cuales, cita el texto, el 4 por ciento del monto autorizado, es decir, unos 400 millones de pesos, se destinaron de la siguiente manera: 200 millones “a la campaña de Felipe Calderón; 70 millones (a la campaña para la gubernatura de Veracruz) de Juan Bueno Torio, y el resto entre otros funcionarios que participaron en la operación”, entre ellos Rosendo Villarreal Dávila, José Antonio Gómez Urquiza, Pedro Carlos Gómez Flores, Laura Chong Gutiérrez y Oswaldo Machado Martínez.

Investiga el gobierno a Bueno Torio

En medio de esos expedientes abiertos en la PGR, que no avanzan por tratarse de funcionarios del gabinete panista, en oficinas gubernamentales se elaboró un documento, hasta ahora confidencial y en poder de esta columna, en donde se detallan los pasos del senador Bueno Torio en la política, en el gobierno foxista, en las bancadas del PAN en el Congreso, su participación accionaria en 12 empresas privadas con ganancias y utilidades, los beneficios recibidos por familiares (incluida su esposa María Dolores Ros Romero de Bueno Torio) con contratos petroleros y las múltiples irregularidades en las que ha incurrido en sus responsabilidades públicas. Sin embargo, aún con las evidencias en su contra y a pesar de que en el sexenio anterior tuvo de enemigo al entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, Bueno Torio ha logrado evadir todas las acusaciones en su contra gracias a la buena e interesada relación que ha tenido con los presidentes Vicente Fox (léase Marta Sahagún) y Felipe Calderón Hinojosa, quienes lo han protegido hasta ahora.

En la primera parte del expediente gubernamental se da cuenta de cómo Juan Bueno Torio coordinó en el año 2000 en Veracruz, su tierra natal, la campaña de Vicente Fox. De enero de 2003 a diciembre de 2005 ocupó la Dirección General de Pemex Refinación, desde donde se sirvió para beneficiarse él y su familia, y también le sirvió a la familia de Los Pinos. Actualmente es senador electo por el principio de mayoría relativa por el PAN en Córdoba, Veracruz.

El documento añade que diversos señalamientos y acusaciones revelan que había conflicto de intereses de Juan Bueno Torio cuando se desempeñaba como director general de Pemex Refinación. Por ejemplo en 2003 se investigó a José Antonio Beltrán Mata, amigo íntimo de Bueno Torio, y se confirmó que había tráfico de influencias y conflicto de intereses porque se habían hecho contratos con Pemex Refinación que beneficiaban a familiares de Bueno Torio; se comprobó la intervención directa de Beltrán Mata en asuntos internos de Pemex Refinación, lo que le permitió utilizar información privilegiada en beneficio propio, ya que Beltrán tenía un juicio en contra de Pemex Refinación; se encontraron documentos elaborados por Beltrán Mata para que Bueno Torio los utilizara en asuntos internos de la paraestatal, con clara tendencia a beneficiar sus propios intereses.

En el expediente gubernamental se explica cómo Bueno Torio tuvo que comparecer ante la Secretaría de la Función Pública para defenderse de las imputaciones sobre sus acciones y conductas ilícitas como servidor público. En la investigación contra Bueno Torio se identificaron 28 empresas presuntamente relacionadas con el ahora senador, de las cuales en 12 él es accionista (en siete de ellas junto con su esposa María Dolores Ros Romero) y en otras siete sólo su esposa es la accionista.

Un cuadro sobre los ingresos netos declarados por Bueno Torio, refleja que en los últimos ocho años, entre 2000 y 2007, el senador obtuvo 13 millones 994 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera: año 2000, 800 mil pesos; 2001, 1 millón 581 mil pesos; 2002, 1 millón 874 mil pesos; 2003, 1 millón 898 mil pesos; 2004, 1 millón 988 mil pesos; 2005, 2 millones 61 mil pesos; 2006, 1 millón 890 mil pesos, y 2007, 1 millón 902 mil pesos.

Los ingresos de su esposa María Dolores Ros Romero en siete años, entre 2001 y 2007, ascendieron a 3 millones 195 mil pesos, siendo el año pasado en de mayor monto al recibir 862 mil pesos.

Una de las empresas que intrigan a las autoridades gubernamentales se llama Aquapress, en donde aparecen como únicos accionistas Guadalupe Velásquez Jiménez, con 475 acciones, y Jorge Daniel Salas, con 25 acciones. Sin embargo, de acuerdo con las indagatorias éstos son prestanombres de Bueno Torio, quien como director general de Pemex Refinación le asignó el contrato SDSE–OPU81–174/2004, el cual se liquidó y se extinguió el mismo 31 de mayo de 2005, con lo cual no se obligó a la empresa a presentar garantías para el cumplimiento de sus obligaciones. En dicho contrato Aquapress se obligaba a limpiar el derrame petrolero ocurrido el 22 de diciembre de 2004 en Veracruz, pero nunca se concluyó el trabajo y la contaminación afectó la región. Otros cinco contratos fueron asignados por Bueno Torio a la empresa por casi 230 millones de pesos, a pesar de que las investigaciones hacendarias habían descubierto que el Registro Federal de Causantes de Aquapress estaba alterado y era una empresa evasora de impuestos.

Otra interrogante para las autoridades fiscales es que sus dos únicos accionistas, Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas, aparecen con una extraña situación económica en los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como “no tienen ingresos”, lo cual es incongruente con los antecedentes de Aquapress, pues con las adjudicaciones obtenidas por la empresa en tan pocos años de su creación en Pemex Refinación, hace presumir al fisco que hay graves irregularidades, pero una vez más la protección presidencial vuelve a dar impunidad a un destacado miembro panista, al más puro estilo de lo que también hace Felipe Calderón con Juan Camilo Mouriño. Y la ética y moral del PAN, mejor ni hablar.

Liberan a “El Chapito”

La Procuraduría General de la República anda mal y de malas. A las constantes pifias de su titular Eduardo Medina Mora para procurar justicia de manera imparcial como lo exige la Constitución, por ejemplo las denuncias penales que la oposición ha presentado en esa Procuraduría en contra de funcionarios federales simplemente son archivadas sin la menor investigación, hay que sumar ahora la decisión de un tribunal federal que ordenó la liberación inmediata de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, conocido como “El Chapito” e hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.

La semana pasada el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal determinó que Archivaldo Iván es inocente del delito de “lavado” de dinero que durante el gobierno de Vicente Fox le imputó la PGR, cuando José Luis Santiago Vasconcelos era el titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada. Incluso, dijo el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, la PGR no pudo acreditar que “El Chapito” esté vinculado con el tráfico de drogas, por lo que no sólo por ser hijo de uno de los narcotraficantes más buscados en México deba pagar las culpas de su padre.

Y esta sentencia tiene dedicatoria directa para el actual sobprocurador Jurídico de la PGR, Santiago Vasconcelos, quien hace poco más de tres años cuando dirigía la SIEDO, se le ocurrió consignar por delito de lavado de dinero al hijo de “El Chapo Guzmán”, un junior que disfrutaba del dinero producto del narcotráfico que su padre había acumulado a lo largo de su carrera delictiva, pero que esto de acuerdo con nuestras leyes tampoco es motivo suficiente para que un juez lo pueda procesar por blanqueo de dinero, delito que hasta es muy difícil de probar.

Esa acusación en contra de “El Chapito”, orquestada por Santiago Vasconcelos, permitió recluirlo primero en una prisión local del Distrito Federal y después en una penal de máxima seguridad. Sólo tres días después de que fue internado en 2005 en el penal de La Palma, el principal policía responsable de combatir a la delincuencia organizada, el subprocurador Santiago Vasconcelos, fue invitado a Los Pinos para aprovechar mediáticamente el momento y dar un mensaje al país. En esa ocasión Vasconcelos dijo que el jefe del cártel de Sinaloa era inteligente, de extraordinaria capacidad de reacción, a quien la gente ve como un héroe, un redentor y un paladín de los pobres.

En aquel año, las pruebas que decía tener el subprocurador para acusar a Archivaldo Iván por el delito de blanqueo de capitales, es que éste poseía un vehículo BMW, tipo 330 CIA Cabrio, modelo 2001, con número de serie o chasis WBABS1091EH32064, cuya factura estaba a nombre de su prima Claudia Elenes Salazar, pero quien tenía la posesión del automóvil era “El Chapito”, hasta que le fue robado y la aseguradora ABA entregó el 5 de septiembre de 2002 el cheque número 0019690 a favor de Claudia Adriana Elenes Salazar, por la cantidad de 523 mil 218 pesos, de la cual la procesada dispuso de 522 mil 822 pesos para transferirlos a través de un cheque de caja a su primo Archivaldo Iván Guzmán Salazar.

Con las pruebas de esa transferencia de dinero, la PGR presumía que el acusado había utilizado el sistema financiero para blanquear dinero producto de actividades del narcotráfico de su padre “El Chapo” Guzmán. El proceso penal abierto era el número 53/2005.

Pero en aquel año de 2005, en entrevista con Santiago Vasconcelos en sus oficinas de la SIEDO, éste policía reconoció que la acusación y captura del hijo de “El Chapo” era para presionar a su padre y que éste cometiera algún error para recapturarlo. Obviamente eso no ha ocurrido y el acusador no sólo violó las leyes fabricando delitos, sino que ha principios de año denunció que había una conspiración del narcotráfico en su contra para asesinarlo.

Pero aún con las evidencias en su contra, la PGR no acepta la decisión del Tribunal y salió a declarar ante los medios que sí había acreditado los elementos para inculpar a “El Chapito” por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de narcotráfico, y “lavado” de dinero. Sólo una pifia más de las que nos tiene acostumbrados Medina Mora y su grupo en lo que debería de ser una institución respetable y respetuosa de las leyes. Y pensar que este procurador es un fuerte candidato de Felipe Calderón para sustituir a Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación. Qué país o, mejor dicho, qué gobierno.