Hace 10 años una operación encubierta ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos en territorio mexicano causó conmoción en el sistema financiero y desnudó el servilismo de las autoridades mexicanas responsables de procurar justicia y defender la soberanía nacional. Aquella cuestionada operación se llamó Casablanca y fue utilizada para sobornar a empleados bancarios y convencerlos de lavar dinero sucio. Cuando los trabajadores de las instituciones bancarias aceptaban introducir el dinero en los circuitos financieros eran capturados, lo que servía a Washington para demostrar que México carecía de controles y había llegado el momento de que la banca extranjera se asentara en el país y manejara el destino del dinero de los mexicanos.
Ahora, 10 años después, podría aparecer nuevos datos que revelan cómo la banca que opera en México, casi toda extranjera, tiene la última palabra en el manejo de los recursos que custodia, sin importar si esto es o no legal. La crisis de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos habría sembrado el terreno para que bancos extranjeros con operaciones en México enviaran recursos a sus matrices, pero sin reportarlo a las autoridades mexicanas, con lo cual una vez más violan las leyes en la materia.
Más allá de las sospechas de que en México crecen día a día los delitos de lavado de dinero y narcotráfico y el producto de sus ganancias ingresa a los circuitos financieros, hoy bajo el control de la banca foránea, el nuevo capítulo que podría dar continuidad al expediente Casablanca tendría que ver con la total autonomía con la que los bancos extranjeros toman decisiones sobre sus filiales sin reportarlo a las autoridades mexicanas, por lo que la danza de los millones empieza a ser alarmante.
Sólo para recordar y tener claro el contexto, aquella investigación encubierta que realizaron los departamentos de Aduanas y del Tesoro del gobierno de Estados Unidos y que se dio a conocer en 1998 podría no estar cerrada del todo. En esa ocasión 11 bancos mexicanos, tres venezolanos y uno español fueron acusados de lavar dinero de organizaciones de narcotraficantes. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos giró órdenes administrativas para suspender ciertas actividades en territorio estadounidense de los bancos involucrados, dos de ellos los más importantes en de México: Banamex y BBVA Bancomer, los cuales padecieron estas disposiciones luego de que se confirmó que sus funcionarios de nivel medio y bajo habían participado en transacciones de lavado de capitales, mismas que a pesar de haber sido inducidas los involucrados fueron declarados culpables.
En Estados Unidos el asunto pasó a la historia como una exitosa operación de las autoridades estadounidenses en su lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. Mientras que en México la banca extranjera y mexicana cayeron en la “trampa” de las autoridades estadounidenses –la cual puso en tela de juicio una vez más la soberanía del país–, los directivos prefirieron guardar silencio, contratar un ejército de abogados para defenderse y asumir las sanciones de la Fed.
Como si se tratara de un thriller hollywoodense, la Reserva Federal envió a territorio mexicano a agentes encubiertos para que dijeran representar a los cárteles de Calí y de Juárez, uno colombiano y otro mexicano, para infiltrar “los más altos niveles de las estructuras internacionales dedicadas al lavado de dinero”, según dijo en 1988 el Departamento del Tesoro estadounidense,
¿Legal o ilegal?
Lo que nunca se dijo de la operación Casablanca es que en sus investigaciones y operativos encubiertos, los departamentos de Aduanas y del Tesoro de Estados Unidos habrían encontrado mucho más que la total disposición de empleados y ejecutivos bancarios para blanquear capitales provenientes de las actividades del narcotráfico mexicano y colombiano.
A una década de aquel hecho, la noticia dada a conocer por el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, sobre las transferencias de recursos en dólares de las subsidiarias de bancos extranjeros a sus matrices, hizo recordar a algunos lo que nunca se informó sobre la Operación Casablanca.
En 1998 la banca mexicana no sólo se habría exhibido vulnerable y receptiva para recibir dólares sucios e introducirlos a los circuitos bancarios, también se develó como una excelente maquinaria para realizar operaciones en beneficio de sus accionistas al margen de la Ley de Instituciones de Crédito y sobre todo luego del rescate que pagaron millones de mexicanos para preservar la banca, al final en manos de extranjeros.
Banamex fue uno de los bancos inculpados en la Operación Casablanca. El episodio se presentó antes de que el banco estadounidense Citibank adquiriera la mayoría del capital accionario de Banamex y después de que la fiscal suiza Carla del Ponte demostrara que fue, precisamente, el gigante de la banca estadounidense el que abrió la puerta bancaria, al más alto nivel, a los millones de dólares obtenidos de manera ilícita por Raúl Salinas de Gortari. Desde una cuenta concentradora en Citibak, Salinas transfirió cientos de millones de dólares a cuentas en Estados Unidos y Suiza.
Algunos piensan que Casablanca fue el preámbulo insuperable para allanar el camino al capital estadounidense para entrar con plena libertad a México. ¿Qué mejor pretexto para aprobar la compra fast track de Banamex que evitar que siguiera siendo utilizado para lavar dinero del narcotráfico? De hecho, en esta columna dimos cuenta del operativo encubierto, pero sobre todo de cómo se constituyó en una desesperada respuesta para desviar la atención del escándalo generado por los millones de Raúl Salinas de Gortari en la banca internacional.
Para Carla del Ponte el caso se transformó en un conflicto a resolver casi tan importante como el del dinero de los judíos depositados por los nazis en la banca suiza. Para la fiscal de hierro era imposible dejar sin aclarar cómo y quién ingresó el dinero de Salinas de Gortari a la banca suiza. A punto de ser devueltos a México los millones de Salinas de Gortari, es un asunto que no quedó lo suficientemente aclarado. Del Ponte fue designada a otros temas y el fiscal suizo que la relevó en el caso mexicano nunca puso el mismo empeño en el caso.
El caso es que ahora el tema regresa a la mente de algunos banqueros. Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México y también el hombre que conoce mejor que nadie las entrañas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), reveló que las matrices de bancos extranjeros que operan en México transfirieron recursos fuera del país. Nada extraño, total es su dinero ¿No? Como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debió de haber estado al tanto del hecho. La única razón para la que no tuvieran información sobre los montos, fechas y nombres de los funcionarios que ordenaron tales operaciones habría sido que respetaran los términos de la Ley, lo cual es improbable.
En otro escenario, tal vez se habría repetido el esquema que los investigadores del Departamento de Aduanas de Estados Unidos descubrieron en 1998: la emisión de notas correspondientes a utilidades a favor de accionistas de la banca mexicana y de la banca extranjera. Hasta allí no se había generado ningún problema. El conflicto se tuvo que haber presentado, según algunas fuentes mexicanas que conocieron muy de cerca el caso, debido al hecho de que esas utilidades aún no se generaban, lo que habría representado una grave violación a las leyes mexicanas.
También se transformó en un pretexto inmejorable para que EU buscara y negociara la compra del principal banco mexicano, Banamex, en ese momento dirigido por las familias de Roberto Hernández y Alfredo Harp, pero con intereses de los principales empresarios del país. Era la contraofensiva natural de los estadounidenses para intentar contrarrestar la presencia en México que ya mantenían la banca española, BBVA y la banca inglesa, el HSBC.
Ahora, decíamos al inicio de esta columna, la crisis hipotecaria cambió los escenarios para la banca extranjera. De los días de gloria pasaron a una de sus más profundas crisis. Por eso, la declaración de Ortiz no debe dejar de preocupar a las autoridades. No sólo se demostró que la banca extranjera ejerce ya sus derechos sino que sigue haciendo exactamente lo mismo que censuró en el pasado. El episodio de las utilidades no obtenidas, pero transferidas y pagadas a la banca en 2001, se habría conocido entre los gobiernos de México y Estados Unidos; sin embargo, guardaron silencio, porque en ese momento a nadie le convenía otro escándalo en la banca mexicana después del ominoso rescate a cargo del erario y que llegó a representar el 12 por ciento del Producto Interno Bruto de la Economía (PIB).
En la operación Casablanca se pidió la renuncia de funcionarios como Eduardo Fernández, presidente en ese momento de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV). Ahora, sería interesante conocer la explicación del mismo organismo, pero claro de esto ya nadie se acuerda y ni desea que se investigue.
