Ulrich Richter Morales, el “personero” del empresario campechano Amado Yáñez y de su compañía Oceanografía, aprovechó el espacio radiofónico que tenía la periodista Carmen Aristegui y su presencia allí tuvo consecuencias previstas y otras que se salieron de control. Ante los micrófonos de la W, Richter cumplía así su papel como táctico del grupo de empresarios y políticos de Campeche: advertía, amenazaba, difamaba y señalaba con suspicacia el trabajo periodístico de investigación que Contralínea realiza en relación con los contratos que Petróleos Mexicanos celebra con ese grupo empresarial y político. Al mismo tiempo colocaba una sombra más sobre el destino periodístico de Carmen Aristegui, quien representa un malestar permanente para ciertos funcionarios de la casa presidencial.

La participación de Richter Morales se da precisamente en los últimos programas que la periodista Aristegui estuvo en la W. Es decir, cumplía con los propósitos establecidos tácticamente desde la cúpula del poder para tratar de desactivar la información que hasta ese momento se había producido en torno a la empresa Oceanografía y sus vínculos con funcionarios de alto nivel, algunos de los cuales se desempeñan en Los Pinos, en Gobernación y en Pemex, lo cual se acercaba peligrosamente a sus relaciones comerciales y de negocios con la paraestatal petrolera.

Como siempre, la periodista Aristegui actuó con el mejor sentido ético y veraz de la información: equilibró sus contenidos dándole intervención a las partes interesadas en la información que ya anunciaba una tormenta para contratistas y funcionarios del gobierno federal. En el curso de la plática con el reportero, quedó claro el valor del periodista como testigo y narrador de la historia, así como la importancia de su credibilidad cuando requirió pruebas sobre la veracidad de lo informado y se le explicó –situación que sin dudar admitió la periodista– que de acuerdo con la mejor tradición del medio impreso y su reportero, se emplea como único instrumento de trabajo la memoria, la libreta y la pluma. Que son en realidad los medios que expresan la confianza de la opinión pública en ejercicio de su derecho a la información sobre el periodismo escrito.

Pero a Richter le pareció “oscuro” el que se invocara una libreta y una pluma en el trabajo del periodista como vehículos informativos. Incluso se mofó públicamente de ello y de la ironía pasó al reto. El desafío del abogado al periodista fue ante millones de escuchas bien ganados por Aristegui en todo el país, gracias a su credibilidad.

En el dicho de Richter había un aliento empresarial con un tufillo de fondo político. El “personero”, convencido de que sus palabras tenían el aval de aquellos a quienes sirve profesionalmente, usó un argumento lamentable para descalificar lo publicado sobre las actividades de Oceanografía, dijo que la información era falsa y difamatoria, a lo cual siguió el reto: ¡prueben su dicho!

Aquí empezó la historia y esa fue la causa directa e inmediata que provocó que la investigación periodística sobre los vínculos del grupo Campeche, que cada día que pasa deja ver a sus integrantes, al grado de que ahora han sido identificados. Sus mandantes pensaron que le habían dado una misión a un bombero para apagar un incendio, cuando en realidad mandaron a un incendiario que acostumbra arrojar combustible al fuego. Así fue, Ulrich Richter Morales y su patrón Amado Yáñez Osuna han sido los provocadores del escándalo que hoy envuelve al bisoño secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien en medio del vendaval no da muestras de madurez y habilidad política para atender el problema que ocasionó el “personero” del derecho.

Las palabras de reproche sobre la información relacionada con Oceanografía se acercaron peligrosamente a la censura. Pero las cosas no han quedado ahí. Richter Morales piensa que el Senado de la República y la Cámara de Diputados son una especie de subdirección legislativa que depende del secretario de Gobernación. Allí en ambas cámaras el “personero” insiste en lanzarle lumbre al fuego y reclama airadamente a los legisladores su intervención por investigar lo que ya parece infrenable. Sus llamadas y acosos no solamente han sido molestos y ofensivos a diputados y senadores, sino que confirman que él forma parte de una estrategia para apaciguar las aguas en relación con uno de los campos más importantes en la vida de la empresa petrolera del país: la contratación de bienes y servicios a cargo de particulares nacionales o extranjeros.

Asfixiante cerco a Pemex

El cerco histórico sobre Pemex es asfixiante: su régimen fiscal, la declinación productiva, las dificultades para explotar nuevos yacimientos en aguas profundas, la corrupción sindical, la administrativa –uno de los últimos directores, Raúl Muñoz Leos, ha sido sancionado para pagar 940 millones de pesos por su incompetencia profesional–, los créditos mal adquiridos y pagados, poslitigios que pierde la paraestatal en el extranjero y en el país, la desmedida ambición de sus proveedores de toda clase de servicios y bienes. Es cierto que el petróleo y la empresa son uno de los mejores patrimonios de la nación. Por esta razón, el debate actual y su destino histórico resultan de interés inevitable para los mexicanos.

Es sólo en esta línea de trabajo de investigación en donde cobra importancia la información periodística y se puede apreciar de mejor manera las prácticas, las tácticas y las estrategias de los grupos que tienen intereses de toda clase en relación con Pemex. Su importancia política es de primer orden. Tan es así que el caso Oceanografía y sus repercusiones fue una de las últimas informaciones que sirvieron como razón y pretexto para fustigar hasta el despido de Carmen Aristegui en su programa de radio.

Pero en el concierto de políticos, empresarios y profesionales de la ley, alguien se equivocó en la táctica que acabó cercando al bisoño secretario Juan Camilo Mouriño, como si se hubiera lanzado un búmeran que hoy parece nada lo detiene.

La tormenta desencadenada por Richter y Amado Yánez al reprobar la práctica periodística y al mismo tiempo despreciar la función social y política de la prensa, ha permitido entender con claridad que en una sociedad democrática moderna el escándalo es un medio de control social para contener la corrupción pública y privada.

La información de un medio mexicano sobre un hecho específico, es decir las relaciones comerciales de Oceanografía con Pemex, fue tildada de sospechosa y falsa. Ante esto el medio de comunicación (Contralínea) hizo lo que cualquier periodista haría, ahondó la investigación y a su paso fue encontrando elementos objetivos e irreprochables sobre hechos (ya confesos en el caso de Mouriño) que dan lugar a considerar que el juego de intereses se da más allá de las disposiciones legales que regulan con severidad la actividad de la administración pública y la moralidad que exige un sistema que se basa en el equilibrio, la honestidad y la transparencia.

Como ha sucedido en los últimos seis años de existencia de la revista Contralínea, la realidad confirmó que la información de esta publicación es veraz. Si los involucrados, como el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, resuelven o no sus conflictos legal y moral, dependerá de su capacidad ética y política. Pero en todo caso la sociedad ha ganado, porque se confirma que uno de los mejores instrumentos de la libertad de expresión siguen siendo la libreta y la pluma del reportero, en los cuales aún puede confiar la sociedad.

Para los políticos en su quehacer diario, es claro que los abogados no les son confiables. Siempre dudan de que en su ejercicio profesional, que tiene relación con las instituciones de justicia y pleitos muy concretos, tengan la capacidad de comprender las causas, consecuencias y complicaciones de los hechos políticos. Una muestra de ello es lo que viven el secretario de Gobernación y el grupo político al que pertenece, además de los círculos empresariales de los que proviene, en donde se ha confirmado que no siempre el abogado tiene las habilidades para navegar en las aguas siempre procelosas de la política.

Para todos ahora es claro que Mouriño, Yáñez y Richter obtuvieron lo contrario de lo que querían.

Reacción iracunda de Pemex

Y aprovechando que hablamos de Petróleos Mexicanos, es ahí en esta empresa petrolera del Estado y de la cual dicen “es de todos los mexicanos”, en donde se ha dado la primera reacción iracunda como una “respuesta institucional” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para externar su malestar con la revista Contralínea por haberse atrevido a hacer públicos los contratos firmados por el empresario y ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en su calidad de accionista y apoderado legal de la empresa Ivancar, para obtener convenios que le permitan a él y su familia allegarse recursos públicos por proporcionar servicios de transporte a Pemex.

Resulta que el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, se comunicó la semana pasada al área comercial de Contralínea, para aclarar y advertir que ante lo revelado en esa revista sobre las relaciones comerciales de Mouriño con Pemex, “es una decisión institucional no volver a anunciarse ni a dar una sola pauta publicitaria de esta empresa del Estado para la revista Contralínea”.

Ramírez cree que el dinero público que se maneja en una empresa del Estado como Pemex no es de los mexicanos, sino que es propiedad del presidente de la República, del director general de Pemex y hasta de él mismo, por lo cual este bisoño jefe de prensa ha decidido institucionalmente “castigar” a la revista Contralínea y retirarla de su lista de anunciantes como una primer medida del gobierno panista de Calderón para quien se atreva a denunciar hechos de corrupción en los que se envuelve la administración pública federal.