Una nueva crisis en el sector azucarero amenaza a los empresarios que controlan los ingenios del país desde hace varias décadas. El problema es que su crisis también afectará a millones de mexicanos que dependen de este sector. Es un hecho: la subsecretaria de Economía, Rocío Ruíz, ha declarado la guerra a aquellos que impugnaron la expropiación de los ingenios durante el gobierno de Vicente Fox. El mensaje parece ser: “Quieren ir solos, pues vayan solos, el gobierno federal no tiene subsidios para ustedes”.

Pero esta no es una decisión unilateral de Rocío Ruiz, sino que las órdenes provienen del Ejecutivo Federal y la estrategia va más allá. Tiene que ver, por supuesto, con los problemas de energía en el país, la falta de diversificación y el potencial de los campos cañeros mexicanos de convertirse en abastecedores de materia prima para la producción de etanol.

La batalla contra los dueños de los ingenios comenzó en diciembre pasado, cuando la Secretaría de Economía publicó el precio controlado para la caña de azúcar. Fijó, de esta manera, el precio a pagar por parte de los propietarios de las moliendas. Por supuesto que la dependencia lo fijó mucho más alto (40 centavos por libra, unos 300 pesos por tonelada) que el costo que se debe cubrir en ingenios de Brasil y en Estados Unidos.

Empresarios como Juan Gallardo Thurlow se han adelantado y por conducto de su sobrino Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), anuncian una crisis sin precedentes en el sector. Han pedido el apoyo de los cañeros para presionar al gobierno; se han amparado contra el precio de referencia y piden, además, que se les permita aumentar el precio en el mercado interno y exportar los excedentes. ¿Algo más? Será por ello que el líder de los cañeros del país, Carlos Blackaller, exlegislador y uno de los promotores de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, mantiene una sana distancia de los empresarios y advierte también sobre el riesgo de que se dañe la economía de los cañeros de manera irreversible. El justo medio es lo que pide Blackaller y, por supuesto, una política de apoyo para los cañeros por parte del gobierno.

En cambio, la Secretaría de Economía, dicen los empresarios, respondió con un incremento en los cupos para importar azúcar. En las aduanas también se presentó un incremento en el contrabando del dulce. Específicamente en la Central de Abasto de la ciudad de Guadalajara, una de las regiones más importantes para la industria mexicana del dulce y farmacéutica, se encontró contrabando de Brasil y de Guatemala. Ante el desorden que domina en la industria azucarera los únicos que han obtenido ganancias son, por supuesto, los intermediarios.

En el sector azucarero y cañero ya trascendió un supuesto conflicto de interés en el que incurre la Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez. Resulta que su hijo Ismael Vargas Ruiz dirigía una de las comercializadoras que se vio beneficiada por la importación de azúcar y, por supuesto, por los cupos que se autorizaron directamente en la oficina de Ruiz Chávez. El episodio recuerda al de la época de la expropiación de los ingenios cuando personajes cercanos al polémico Lino Korrodi, sí aquel que dirigió los mal llamados Amigos de Fox, se presentaron oportunamente a “escoger” qué ingenios les parecían los más atractivos, según el testimonio de empresarias como Teresa Machado.

Nos cuentan que Ruiz Chávez ordenó a su hijo que dejara inmediatamente el puesto que mantenía en la comercializadora, sin embargo el daño estaba hecho.

Decíamos al principio que la política que sigue el gobierno respecto a los dueños de los ingenios tiene que ver con el mercado del etanol. Brasil, en donde recientemente se descubrieron nuevos yacimientos petroleros, desarrolló una poderosa industria para la producción de etanol a partir de la azucarera. En México, los empresarios que controlan los ingenios han buscado la aprobación de legislaciones para contar con las condiciones necesarias e ingresar con utilidades a este negocio. El gobierno esperará a que sólo los más eficientes y dispuestos a invertir en serio sobrevivan para después “rescatar” a aquellos a punto de quebrar y comenzar la reconfiguración para la producción de etanol.

El problema es que en el pasado la administración pública ha demostrado que es incapaz de administrar hasta los recursos destinados al gasto corriente. Más grave: no logró administrar eficientemente a Petróleols Mexicanos y hoy asegura que la participación de la iniciativa privada es la única salida a la crisis, qué nos espera cuando el precio del petróleo baje ante el consumo de energéticos alternativos.

El plan también busca pagar muy barata la caña de azúcar y producir etanal a bajo costo. Los cañeros tendrán que decidir entre venderla al gobierno o entregarla a los ingenios para producir azúcar. Se cumpliría lo que advirtió el comandante cubano Fidel Castro y que poco después se convirtió en máxima de publicaciones de corte liberal como The Economist o Financial Times: “la necesidad de combustible puede matar de hambre al mundo”. En México corremos el riesgo de empezar por el campo cañero. Cuidado con estos neoliberales que para satisfacer su voracidad de acumulación de capital son capaces de matar al mundo de hambre.

CFC vs gaseros

El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta no se amilana. El llamado “Zar Antimonopolios” dirige otra vez sus baterías contra el oligopolio que se ejerce en el mercado del gas licuado del petróleo (LP). Fue hace más de un año cuando los investigadores de la CFC dieron a conocer un estudio en el que se demuestran las prácticas de concentración de mercado y la escasa competencia efectiva en este sector.

Es por eso que la metodología para establecer el precio máximo para el gas licuado toma en cuenta estas circunstancias y mantiene bajo vigilancia el costo para el público.

Mientras las compañías dominantes en este sector no ejerzan una sana competencia, tendrán que ver limitados sus márgenes de ganancia. Será, por lo tanto, en menos de tres meses cuado Pérez Motta y el pleno de la CFC ratifiquen que en este sector no existe competencia y sí control de territorios.

Lo paradójico es que Pérez Motta también tendrá que lidiar con intereses de grandes corporativos que ya ejercen prácticas monopólicas en muchos estados del interior del país y que ahora buscan controlar el mercado de la ciudad de México. No han sido pocas las amenazas y hostilidades que ha recibido Pérez Motta, desde demandas de tipo penal que no han prosperado hasta la presión ejercida desde el Poder Ejecutivo –Procuraduría General de la República – y el Poder Legislativo.

Por ahora sólo vámonos con este comentario sobre los gaseros, pero ya abordaremos el tema con mayor amplitud, pues el tema del monopolio en el gas es una razón muy poderosa para un análisis más profundo.

Actinver, siempre no.

Hace apenas unas semanas, al cerrar lo que se consideraba un trato final para la reestructura de la deuda del ayuntamiento de Guadalajara, fueron pocos quienes quedaron contentos. Los términos bajos los cuales se operó la contratación de un nuevo crédito estuvieron envueltos por sospechas de corrupción.

El hecho de que la regidora Celia Fausto Lizaola se abstuviera de la votación en la que 18 personas buscaban que el Grupo Actinver se quedara con una negocio que involucraba un crédito por 350 millones de pesos y la bursatilización a través de la colocación de deuda en los mercados de valores de los pasivos por al menos mil 133 millones de pesos que mantiene el ayuntamiento.

El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, estimaba que con la operación se generaría un ahorro de al menos 20 millones de pesos mensuales. El problema es que, a pesar de que Actinver no cuenta con un banco y que instituciones como HSBC ofrecieron una tasa de interés más baja, el intenso cabildeo que se operó en Guadalajara hizo que los 18 votos favorecieran a Actinver.

Se dijo que la institución, propiedad de Héctor Madero Rivero, había ofrecido “algunos favores” a los miembros del cabildo. Ante esas acusaciones se rveló que Actinver estaba dispuesta a construir algunas obras municipales a cambio de obtener el contrato. En fin, un pequeño escándalo se generó a raíz de la escasa transparencia con la que se condujo la operación. El crédito por 350 millones de pesos se utilizaría para indemnizar a los propietarios de terrenos en los que se pretende construir la llamada Villa Panamericana.

Ahora resulta que, después del mal sabor de boca que dejó la oscura decisión de seleccionar a Actinver, el crédito nunca llegó y ahora en el Ayuntamiento de Guadalajara se revisan las opciones presentadas por otros bancos para concluir la operación. ¿Qué habrá sucedido? Tal vez al final de la historia a Actinver no le convino cumplir con el “pago de favores”, construir parques y cumplir las funciones de banco. No hay que olvidar, por supuesto, que ante la actual situación del mercado de valores una bursatilización de deuda municipal se hubiera complicado en serio.

Decisiones ilógicas

¿Cuáles son las prioridades del gobierno federal en materia de infraestructura? En San Luis Potosí se esperaba desde hace varios años el presupuesto necesario para ampliar la pista del aeropuerto. Se trata de una terminal aérea que está demostrando con creces que puede contribuir a la movilización de carga del país. Aunque en el plan inicial de infraestructura del gobierno federal se contemplaba a este aeropuerto, ahora resulta que los operadores del Grupo Aeropuerto Centro Norte (OMA) aseguran que aplazarán la ampliación de la pista Así que ni recursos de los privados ni del gobierno para incrementar la operación de un aeropuerto que contribuiría a reducir los costos de operación de las pequeñas y medianas empresas.

Las deudas educativas de Michoacán

¿En serio Michoacán venció al analfabetismo con asesoría de expertos cubanos? Al menos eso es lo que se establece en la publicidad de las últimas semanas que ha enviado el gobierno de ese estado a diferentes medios. Al concluir el gobierno de Lázaro Cárdenas Battel algunos indicadores independientes ponen en tela de juicio tal afirmación y así lo confirman investigaciones de organismo multilaterales, los propios funcionarios de la Secretaría de Desarrollo del gobierno estatal e investigadores del Colegio de Michoacán. La medición de los indicadores de desarrollo humano de Michoacán es preocupante en materia de educación. El gobierno de Cárdenas Battel, unos meses antes de concluir su gestión, se había mostrado muy interesado en establecer un diagnóstico sobre el avance en materia social de su administración. Sin embargo, al parecer, los resultados no convencieron al exgobernador y simplemente recurrió a la técnica de la negación: para Lázaro Cárdenas Battel simplemente no existieron. A grandes rasgos, el informe IDH–Michoacán 2007 revela un gran nivel de deserción en los niveles medio y medio superior, además de bajos niveles de aprovechamiento académico en nivel secundario. Es cierto, tal vez Michoacán venció al analfabetismo, lo que tendría que establecer y reconocer también es que esos estudiantes llegan a la secundaria con grandes deficiencias y muchos de ellos no podrán llegar a educación media o media superior.