El gobierno de Felipe Calderón está dispuesto a proteger a Vicente Fox, a su esposa Marta Sahagún y a sus hijos los hermanos Bribiesca, sin importar el costo que esto ocasione. La semana pasada fue claro el mensaje enviado por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, al revivir una vieja denuncia por el delito de desvío de recursos públicos en Petróleos Mexicanos, en donde acusa al exdirector general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, y amenaza también con citar al exdirector Luis Ramírez Corzo, por entregar una partida presupuestal al sindicato petrolero sin justificación alguna.

Con ello, la PGR y la Secretaría de la Función Pública, esta última a través de su titular Salvador Vega Casillas, envían un claro mensaje para que guarden silencio los dos exdirectores de Pemex que en el sexenio de Vicente Fox fueron presionados desde Los Pinos para otorgar cuantiosos contratos petroleros a empresas privadas que, como es el caso de la naviera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Correa y su hijo Amado Yáñez Osuna, pagaban comisiones a los hijos de Marta Sahagún.

Presionados con un viejo expediente sobre los fondos que anualmente entrega Pemex al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el gobierno calderonista no duda en amenazar con la cárcel a Muñoz Leos y Ramírez Corzo para impedir que éstos hablen y se descubra la red de complicidades y corrupción que se tejió desde la casa presidencial con Petróleos Mexicanos, en beneficio de los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún, encubiertos y protegidos por la esposa del expresidente de la República.

Las extrañas declaraciones (pues nadie se las pidió y además cometen un delito por revelar información sobre expedientes judiciales abiertos) que hicieron la semana pasada el procurador Medina Mora y el secretario Vega Casillas sobre un tema que ni siquiera estaba en la mesa de discusión, buscan también desviar la atención sobre las investigaciones que llevan a cabo las dos comisiones del Congreso que indagan por separado a Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, así como a los hermanos Bribiesca Sahagún.

La preocupación en Los Pinos es que las dos comisiones integradas por legisladores de todos los partidos, sin que los diputados panistas tengan mayoría en ellas, descubran el abuso de poder y el tráfico de influencias utilizado cada sexenio para obtener beneficios económicos a favor de familiares del presidente en turno a cambio de otorgar contratos de obras y servicios públicos. Y aunque esto es sabido por todos los mexicanos que ocurre en cada gobierno, se requiere evidencias sólidas que no dejen lugar a dudas de cómo se enriquece cada sexenio la familia presidencial y sus amigos.

La conexión: Grupo Miguel y los Bribiesca

La amistad y la relación de negocios entre los hijos de Marta Sahagún de Fox y Alfredo Miguel Afif forman parte de un supuesto expediente que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) actualiza constantemente y que fue entregado a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún y a la empresa Construcciones Prácticas, mediante la cual hacían negocios al amparo del poder.

En Idaho, Estados Unidos, The New York Times ubicó a Alfredo Miguel Afif, dueño del Grupo Miguel que hasta antes de su evasión integraba a unas 80 empresas, entre los inversionistas de un millonario complejo turístico e inmobiliario. En México, las autoridades lo consideran prófugo de la justicia por enfrentar cargos de defraudación fiscal, mientras que el Cisen reconstruye su relación de negocios y complicidad con los hijos de Marta Sahagún.

Hace algunas semanas, reportan los investigadores del Cisen en ese informe en poder de la Comisión del Congreso, “se ordenó (sin precisar qué instancia del gobierno federal) llevar a cabo una actualización del expediente de los hermanos Bribiesca Sahagún, anexando incluso algunos asuntos que no han salido a la luz pública con el propósito aparente de preparar ‘un golpe de mano’ en contra de Vicente Fox y su esposa, simplemente para tratar de frenar su creciente activismo y protagonismo en medios, que está ocasionando dificultades al gobierno federal y al PAN (Patido Acción Nacional)”.

A pesar de que Miguel Afif –prófugo en Estados Unidos para eludir el ejercicio de una orden de aprehensión– ha sido protagonista de varios escándalos y fraudes al gobierno federal desde las década de 1990, la relación con los hermanos Bribiesca renovó el seguimiento de sus actividades y nexos políticos tanto en México como en EU.

Al amparo de las relaciones con el poder, Alfredo Miguel, según consta en la información recabada por los investigadores del Cisen, construyó un emporio con participación en el sector textil, del transporte y turístico. El expediente de Alfredo Miguel Afif (actualizado hasta el 17 de octubre y entregado por un funcionario de la Secretaría de Gobernación a la comisión que investiga en la Cámara de Diputados a los Bribiesca) cubre desde la investigación a cargo de legisladores para demostrar que los hermanos Bribiesca Sahagún se vieron beneficiados por la compra de cartera del IPAB, a través de la empresa Construcciones Prácticas, que incluía los activos rescatados a la banca comercial y que pertenecían al Grupo Miguel.

“Se tiene conocimiento de que a últimas fechas el presidente de esta comisión (la Comisión encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública a la empresa Construcciones Prácticas) ha recibido información confidencial de parte de altos funcionarios del gobierno federal, desconociéndose si éstos los han hecho por su cuenta o simplemente acatando instrucciones superiores”, establece el informe del Cisen. Dicha comisión, integrada por 10 diputados federales, cuenta con la participación de cuatro legisladores del PAN; dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD); dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); uno de Convergencia, y uno del Partido del Trabajo (PT). “El PAN –apunta el Cisen– está en desventaja en la integración de dicha comisión”.

El Cisen considera que además del presidente de la comisión, el diputado Elías Cárdenas Márquez, otro de los integrantes que ha mostrado una particular determinación para indagar a fondo sobre las supuestas irregularidades de los hermanos Bibriesca es Humberto Zazueta Aguilar, del PRD, “quien mantiene vínculos con varios grupos radicales y subversivos, sobre todo del estado de Guerrero, en donde es representante”.

El expediente de Miguel Afif recupera la información pública que involucra la actuación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en 2004, durante la venta de cartera a Construcciones Prácticas y que representó a los Bibriesca una ganancia desmedida al pagar sólo 1.5 millones de pesos por un fideicomiso con un valor superior a los 600 millones de pesos.

El Cisen ha seguido a través de sus investigaciones la ruta de la información que confirmaría la protección y favores recibidos por Alfredo Miguel Afif y que, al final, benefició a los Bribiesca. “Recientemente –cita el documento del organismo de inteligencia– el diputado Elías Cárdenas Márquez recibió el documento íntegro que la familia Miguel Afif firmó con Bancrecer el 16 de diciembre de 1998, mismo que como se dijo fue a parar al Fobaproa cuando esa institución fue intervenida y posteriormente en el IPAB”.

En ese documento se consigna “la ayuda que los hermanos Miguel Afif recibieron de Eduardo Fernández y Martin Werner, en esa época titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, contra quienes los diputados Elías Cárdenas y Humberto Zazueta pretenden enfocar parte de estas investigaciones”, asegura el reporte.

Testimonio de amistad y complicidad

En mayo de 2005, Manuel Bibriesca reconoció en entrevista con esta columna su amistad con la familia Miguel Afif. También admitió que intercedió por ellos ante varios secretarios de Estado para tratar de frenar el embate diseñado por Francisco Gil Díaz, entonces titular de la Secretaría de Hacienda, para beneficiar a familiares que buscaban consolidar negocios en el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Aquí un fragmento de aquella conversación.

–Es injusto lo que hace contra ellos (Alfredo Miguel Afif y familia) Gil Díaz, quien primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción.

–¿Qué relación tienes con ese Grupo?

–Son mis amigos, solamente…

–Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones.

–No, sólo son amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.

–Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos…

–Yo lo que sé es que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto…

–¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?

–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas, tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratarle estos asuntos…

–¿Entonces has buscado a Gil Díaz…

–No, con él no. No hablo con él.

-¿Alguien más?

-Martín Huerta (exsecretario de Seguridad Pública que falleció en un accidente de helicóptero).

-Y qué pasó?

-Lo alerté del fraude se estaba cometiendo al rentar a la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.

-¿Qué ocurrió allí?

-Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, quien es presidente del Grupo y tuvo que huir del país para evitar ser detenido…

-Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.

-Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el perdón fiscal, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.

-¿Qué le pediste a al secretario de Seguridad Pública?

-Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.

-¿Y qué hizo el secretario?

-Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.

-¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?

-Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, es decir fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SCASA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.

R- ¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?

-Primero que están en litigio, por lo tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; y el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino Alfonso Díaz. Fue un robo.