La noche del viernes 26 de octubre, en Los Pinos, se tomó una decisión importante que, sin duda, modificará las relaciones de complicidad y encubrimiento que hasta ahora mantenía Felipe Calderón con su antecesor Vicente Fox. En reunión privada con una comisión de legisladores panistas, el presidente de la República fue enfático cuando afirmó que ya estaba “hasta la madre” de los escándalos y exabruptos que Vicente Fox y su esposa Marta han desatado desde que dejaron la casa presidencial, hace poco menos de un año, y de las corruptelas de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijitos de la pareja expresidencial, por lo que ordenaría a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República que integraran los expedientes respectivos para proceder.

Aún más, dijo el titular del Ejecutivo, promoverá que se entregue toda la información que soliciten los legisladores que integran las dos comisiones en el Congreso para investigar las corruptelas de Vicente Fox y Marta, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, el tío Guillermo Sahagún (hermano de Marta) y algunos de los hermanos de Fox. Es decir, toda la familia y a ver qué ocurre.

Y como por arte de magia, desde ese día han empezado a caminar las cosas en la Secretaría de la Función Pública y en la Procuraduría General de la República, en donde ya se integran sendos expedientes en contra de Manuel y Jorge Bribiesca, así como su tío Guillermo, por el delito de tráfico de influencias en Petróleos Mexicanos, empresa petrolera utilizada por la familia de la esposa del expresidente para negociar contratos petroleros en favor de empresas privadas, como se ha documentado aquí el caso de la naviera Oceanografía, a cambio de que ésta proporcionara cuantiosas comisiones.

En el encuentro privado un legislador le dijo incluso al presidente Calderón que era el momento de dar un manotazo en la mesa para que Fox se tranquilizara y lo dejara gobernar, pues el país estaba en medio, porque lo único que buscaba el exmandatario presidencial era de hacerse publicidad para evitar cualquier investigación en su contra.

Con esa nueva dirección que han tomado las investigaciones gubernamentales, las comisiones especiales integradas en la Cámara de Diputados para investigar los bienes del expresidente Vicente Fox y la legalidad de los contratos de obra pública otorgados a la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca, han retomado con fuerza su trabajo y según el presidente de una de ellas, el diputado Elías Cárdenas Márquez, ya tiene pruebas suficientes de dos operaciones en donde se favoreció desde el IPAB a los hermanos Bribiesca Sahagún, pues considera que debe ser contundente la evidencia para evitar que cuestiones técnicas jurídicas impidan procesar a estos delincuentes de cuello blanco.

Para la otra comisión que indaga las corruptelas de Fox, su diputado presidente Víctor Valencia sostuvo la semana pasada que las pesquisas en contra del exmandatario se extenderán hasta la Fundación Vamos México, aquel ente privado que creó Marta Sahagún para disponer de recursos públicos mediante donativos sin control alguno.

Habrá que esperar las conclusiones de estas investigaciones que desde esta semana arrancan con fuerza con la autorización de Calderón, lo cual facilitará que en unos cuantos meses los Bribiesca enfrenten sin el apoyo presidencial a la justicia federal

Responde Keoseyán a Amado Yáñez

La semana pasada informé sobre una denuncia que empleados de la naviera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, quien es investigado junto con su padre del mismo nombre, por el gobierno federal por sus vínculos con la familia Bribiesca Sahagún, relación que utilizó para obtener contratos petroleros por miles de millones de pesos en Pemex, interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el delito de fraude, cometido supuestamente por la empresa RK Consultores, vinculada con Roberto Keoseyán Arakelian, Carlos Demetrio Olivas Cruz y Valentín ángeles Dino, a quienes acusó Oceanografía de intentar cobrar un millón de dólares con un pagaré apócrifo.

Sin embargo, esta información proporcionada por uno de los abogados de Amado Yáñez no fue del todo precisa, ya que esa denuncia fue resuelta cuando la empresa Oceanografía reconoció el adeudo con RK Consultores, lo pagó y otorgó el perdón de la querella que había interpuesto, como lo explica Roberto Keoseyán, exapoderado legal de Oceanografía, en una amplia carta enviada a esta columna y que por el interés que tiene esta naviera en el actual gobierno federal reproducimos a continuación:

“El día de hoy leí la publicación de la columna Oficio de papel en Internet, en donde se hace mención de una denuncia penal que presentó Oceanografía en contra del suscrito y de Carlos D. Olivas Cruz y Valentin Ángeles Dino, por una supuesta falsificación de la firma en un pagaré, a ese respecto y con el objeto de defender la verdad, hago las siguientes preescisiones:

“El 6 de octubre del 2006 el abogado José Horacio Gómez Mendieta demandó en juicio ejecutivo mercantil de Oceanografía el pago de la cantidad de USD 1,000,000.00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), más el pago de intereses ordinarios y moratorios causados, así como el pago de gastos y costas, con base en un pagaré de fecha 18 de mayo de 2004, mismo que le fue endosado en propiedad por RK Consultores, S.A. de C.V.

“Que la demanda señalada en el inciso que antecede fue radicada en el Juzgado Trigésimo Cuarto Civil de esta ciudad de México, bajo el número de expediente 815/2006.

“Que con fecha 18 de mayo de 2004, Oceanografía, S.A. de C.V. celebró convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago con la sociedad mercantil denominada RK Consultores, S.A. de C.V., por la cantidad de USD 1,000,000.00 (un millón de dólares), con el objeto de establecer los términos y condiciones bajo los cuales, Oceanografía, S.A. de C.V., realizaría el pago de dicha cantidad a favor de RK Consultores, S.A. de C.V., derivado de honorarios generados por la prestación de servicios de hospedaje y alimentación con apoyo de una embarcación habitacional para el personal de construcción, requerido en los trabajos de rehabilitación y construcción del proyecto de modernización y optimización del Campo Cantarell en la Sonda de Campeche.

“Conforme a dicho convenio, Oceanografía liquidó a RK Consultores el millón de dólares referido, mediante tres cheques, mismos que fueron ya liquidados y el remanente mediante la compensación de un adeudo de la empresa Corporación Mexicana de Servicios Navieros con Oceanografía.

“Asimismo y de acuerdo con dicho convenio, Oceanografía se obligó a otorgar el perdón en la querella que formuló a través de la apertura de la averiguación previa número FCH/CUH–5/T1/00378/07–02, presentado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

“Como podrás observar, ésta fue una controversia entre RK Consultores y Oceanografia, provocada por el incumplimiento de una obligación de pago de honorarios, pactados entre Oceanografía y RK Consultores, S.A. de C.V., y que fue zanjada mediante el convenio judicial respectivo y los pagos que de él se derivaban.

“Por ello, es importante señalar que si hubiese sido falsa la firma de ese pagaré o este no estuviese debidamente sustentado, en la realidad de un adeudo existente de Oceanografía con RK Consultores, Oceanografía no lo hubiese pagado, ni tampoco hubiese otorgado el perdón respectivo.

“Respecto a la denuncia a la que se refiera la columna, debo hacer las siguientes preescisiones:

“Esta denuncia fue presentada por el Sr. Hermilo Escobedo Obrador en su carácter de (sic) Director Comercial de Oceanografía, con domicilio en Insurgentes Sur Nº 300–1406 y con instrucción de licenciatura.

“Este señor Escobedo mintió ante la autoridad al haber señalado que tenía instrucción de licenciatura, toda vez que la Dirección General de Profesiones señaló en oficio que no existen en los archivos de esa dependencia registró alguno que acredite a Hermilo Escobedo Obrador con estudios de licenciatura.

“Asimismo, el señor Escobedo señaló un domicilio de Oceanografía que no existe, hecho que ha sido constatado por los propios reporteros de Contralínea en sus investigaciones previas de Oceanografía, hecho que ha constado en columnas anteriores.

“Estoy enviando copia de esta comunicación al ministerio publico para que se hagan constar estos hechos y se determinen si las actuaciones del señor Escobedo, son o no constitutivas de delito.

“En resumen debo puntualizar lo siguiente: Oceanografía reconoció que debía un millón de dólares a RK Consultores. Oceanografía liquidó el adeudo a RK Consultores. Oceanografía otorgó el más amplio perdón que en derecho proceda en dicha denuncia a favor de Roberto Keoseyan y Carlos D. Olivas Cruz.

“Te agradeceré tomar nota de lo aquí expuesto para que se hagan las aclaraciones pertinentes, basado todo en la defensa de la verdad, aclarando que obran en poder nuestro y están a su disposición todos los documentos que sustentan lo dicho”.

Esta carta le fue enviada oportunamente al bogado de Amado Yáñez por si querían responder, pero éste decidió no hacerlo y él bien sabe porqué. A cambio, Roberto Keoseyán reta a Amado Yáñez a un debate público para que el dueño de Oceanografía demuestre la legalidad de los contratos petroleros que obtuvo de Pemex, pues de acuerdo con el abogado éstos no resisten una auditoría imparcial, por lo que propone que sea alguna institución académica pública, como la Universidad Nacional o el Instituto Politécnico, la responsable de revisar las decenas de contratos que funcionarios de Pemex otorgaron a Oceanografía.

Nuevo negocio de los Mouriño

El Diario de Yucatán publicó la semana pasada una relevante información sobre la familia Mouriño y su expansión territorial, al adquirir 20 hectáreas cerca de la carretera Mérida–Pogreso, propiedad de la Cousey. El adquiriente, Carlos Mouriño Terrazo, hermano de Juan Camilo, jefe de la Presidencia de la República y amigo cercano y protector del empresario Amado Yáñez, beneficiado por Pemex con millonarios contratos petroleros que son investigados por el Congreso.

Según informó ese diario yucateco, fue el gobierno de Patricio Patrón Laviada el que tres días antes de terminar su gestión promovió la venta del terreno, el cual formaba parte de una extensión mayor de 352 hectáreas en donde el gobierno anterior planeaba desarrollar una zona de actividades logísticas con la empresa extranjera Prointec. Pero el gobierno de Patrón Laviada no concretó la operación con esa compañía y sí lo hizo con los Mouriño, familia española radica en Campeche y dedicada al negocio de la gasolina a través del Grupo Energético del Sureste (GES), según consta en el Registro Público de la Propiedad.

Habrá que seguirle la pista a esta familia Mouriño en el actual gobierno, pues es común que familiares de servidores públicos terminan brutalmente enriquecidos al final del sexenio y al parecer esta no será la excepción.