En busca de cobrar más impuestos a los que menos tienen, la Secretaría de Hacienda ha iniciado una costosa fiscalización en contra de microempresas para que éstas paguen lo que evaden los grandes contribuyentes. Así, detrás de la campaña “Boletazo”, que promete millones de pesos en premios a cambio de acelerar el consumo vía tarjetas de crédito y débito, en realidad lo que hace el fisco es aliarse con los banqueros para elevar la recaudación, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya rechazó el aumento de impuestos a los negocios que tributan bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos).

Este nuevo intento del secretario Francisco Gil Díaz para exprimir aún más a los pequeños contribuyentes, nos hace recordar cuando éste funcionario se desempeñaba como subsecretario de Ingresos en 1992 y por aquel año impulsó sin éxito la instalación de máquinas de comprobación fiscal, ahora con la constitución del llamado Fondo de Terminalización, vigente desde el pasado 12 de enero, es un intento más por acotar la evasión de impuestos en abierta alianza con los banqueros, a quienes paradójicamente les otorgan incentivos fiscales por 3 mil 100 millones de pesos.

Con este Fondo de Terminación, que dependerá de un fideicomiso privado que será abierto en la institución extranjera JP Morgan, la banca comercial además de acreditar beneficios tributarios, ahorrará 600 millones de pesos anuales, renovará por completo y a costa del fisco la plataforma tecnológica de 40.6 millones de plásticos para operaciones de crédito y débito y hasta financiará la campaña de difusión en medios con un costo de mil millones de pesos. Los operadores de tarjetas de crédito, Visa y Mastercard también recibirán los beneficios de este fondo.

Para cerrar el círculo de la “fiscalización”, la Secretaría de Hacienda exigió a la banca que en el Comité Técnico del fideicomiso que custodiará dichos recursos se cuente con la participación de funcionarios de esa dependencia y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Experto en la apertura de fideicomisos que se nutren con fondos públicos y que están a salvo de la vigilancia y el control de órganos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, el secretario Gil Díaz vuelve a las andadas y ahora instrumenta todo un tinglado para constituir este nuevo fideicomiso, perseguir a pequeños contribuyentes y beneficiar a la banca privada extranjera con fondos públicos.

Concesiones fiscales a la banca

Mediante decreto presidencial la banca controlada por el capital extranjero podrá obtener concesiones fiscales durante los próximos tres años para poner en operación el Programa de Fomento de Medios Electrónicos de Pago, con el cual se pretende reducir el costo por el uso de tarjetas de débito para los comercios y comunicar con terminales punto de venta a 300 mil establecimientos.

Sin embargo, aunque el decreto foxista no establece objetivos tributarios, el llamado Fondo de Terminalización financiará un brazo fiscalizador de la SHCP en tiendas de abarrotes, pequeños restaurantes, refaccionarias, gasolineras, establecimientos de comida rápida y hasta cines, entre otros establecimientos.

Un experto en materia fiscal, Mariano Latapí, presidente de la Academia Mexicana de Investigación Fiscal (AMIF), comparó este programa en su objetivo tributario con el esquema de máquinas de comprobación fiscal que en 1992 también buscó introducir Gil Díaz. En ese entonces el programa de máquinas tributarias no tuvo un gran éxito debido a que sí se exigió el pago de un derecho a cargo de los empresarios, lo que inhibía su instalación. Ahora, en cambio, los bancos obtuvieron este incentivo fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda para instalar hasta 300 mil terminales punto de venta, de los cuales 250 mil, según la promesa de los banqueros, se instalarían en microempresas.

Sin embargo la banca deberá buscar que el volumen de las operaciones justifique la rentabilidad de instalar esta infraestructura con cargo al fisco, lo que implica que el comercio acepte las comisiones por cada operación y la gran pregunta es ¿quién ostentará la propiedad de los equipos y terminales punto de venta para las operaciones con tarjetas de débito?, pues en teoría pertenecen al gobierno federal que otorgará beneficios fiscales para su instalación.

Decretos privados

El decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en beneficio de la banca privada es el segundo en su tipo que evade al Congreso y que beneficia a grupos económicos con concesiones directamente otorgadas por el Poder Ejecutivo.

De hecho la única mención que realizó el Poder Legislativo sobre este programa fue la consulta hecha por el senador Ernesto Gil Elorduy al Banco de México sobre el funcionamiento y repercusiones sobre la economía del programa de tarjetas de débito que, desde junio pasado, prometía beneficiar a los micronegocios. La respuesta del Banco Central fue diplomática, pues se limitó a establecer que le parecía positivo el programa pero que no contaba con mayor información.

Y ante eventuales incumplimientos por parte de los bancos que pongan en entredicho la decisión foxista de autorizar con un decreto presidencial estos estímulos, la Secretaría de Hacienda buscó salidas rápidas y estableció que, de no alcanzarse las metas previstas para integrar a la red de pago a los 300 mil establecimientos, el monto del apoyo disminuirá, por lo que la banca involucrada en el programa deberán presentar declaraciones complementarias, pagar impuestos y cumplir con los recargos correspondientes.

Al justificar la aplicación de este fondo, los banqueros aseguran que se trata de un sector con una facturación menor a un millón de pesos, pues se trata de compañías con menos de cinco empleados y su volumen de operación hace incosteable instalarles terminales.

“Hay aquí un nudo gordiano, un círculo vicioso que queremos cortar de tajo mediante el Fondo de Terminalización que permite a los bancos unirse para compartir costos y poder llevar los medios de pago electrónicos a los pequeños y microcomercios”, asegura la Asociación de Banqueros de México (ABM).

Pero el mercado potencial no supera las 250 mil terminales en pequeños y micro-comercios, y la inversión necesaria es de mil 200 millones de pesos para lograr la instalación y terminal sin costos para el comercio. Por ello tiendas de abarrotes, refaccionarias, gasolineras, cines y establecimientos de comida rápida son el perfil de negocios que los banqueros prometieron enlazar. Entonces el fondo, según los banqueros, será un factor para promover la competencia bancaria del país, pues todos los bancos, tanto los que aporten como los que no, tendrán acceso en las mismas condiciones y con los mismos precios a esa red común de terminales.

Por ello, sin mencionar la concesión tributaria del gobierno de Vicente Fox, los banqueros aseguran que para impulsar este proyecto fue necesario el “esfuerzo conjunto” de la banca que opera en México para compartir costos en fuerza de ventas, compra de equipo, instalación y servicio.

Para la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera este programa de “bancarización” es muy importante, aunque advierte que el tema de las comisiones podría inhibir la decisión de los pequeños y medianos empresarios de este sector para participar en el programa. Además, hay una intención fiscalizadora de las autoridades, pero la Cámara opina que el contribuyente y el comerciante deben tomar en cuenta que en esta ocasión se trata de un programa que ofrece incentivos y que podría convertirse en un círculo virtuoso, en el cual, sin embargo, las comisiones siguen imponiendo el principal obstáculo.

En la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño opinan que las terminales no podrán instalarse en cualquier negocio, pues representarían un riesgo para sus utilidades debido al bajo monto de sus ventas, por lo que hasta el momento los únicos beneficiados han sido los bancos.