Ante una comisión especial de diputados complacientes, por decir lo menos, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, les dijo lo que quiso para evitar rendir cuentas sobre los malos manejos que ha hecho ese órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda con miles de millones de pesos desviados a través de los fideicomisos Aduanas I y II y la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.).
Después de varias cancelaciones, finalmente Zubiría Maqueo se presentó el pasado miércoles 19 de septiembre en la Cámara de Diputados para responder las dudas de un grupo de legisladores sobre las operaciones irregularidades hechas por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y su equipo con el dinero cobrado a importadores y exportadores por el Derecho de Trámite Aduanero. Sin embargo, durante la audiencia los diputados se dieron por vencidos y reconocieron su incapacidad para entender el mecanismo financiero creado por esos magos de las finanzas para desviar dinero público de las arcas federales.
Pero al finalizar su comparecencia, tuvieron que ser los reporteros quienes, conocedores del tema, arrinconaran a Zubiría Maqueo y lo obligaran con sus preguntas a admitir que el SAT echó mano de millonarios recursos al margen del presupuesto para modernizar con “tecnología de punta” el sistema de recaudación. Ese guardadito de Zubiría asciende a más de 9 mil millones de pesos.
El funcionario exintegrante del equipo de trabajo de Gil Díaz y ahora pieza clave de Agustín Carstens, secretario de Hacienda del gobierno calderonista, reconoció que el SAT sí gasta el dinero “privado” del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). Declaración fuerte si sabemos que Hacienda ha justificado el desvío de recursos bajo el argumento de que ese dinero corresponde a fondos privados, entonces la pregunta es ¿por qué ese dinero que no es público lo utiliza el SAT para modernizar sus aduanas y pagar contratos y prestaciones de servicios y salarios en beneficio de Hacienda?
Aunque los recursos se invierten en el sector público, Zubiría Maqueo se defiende y sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la controversia 84/2004, que se trata de la contraprestación privada, pagada por importadores y exportadores, y no de un derecho que deba entrar a las arcas de la Tesorería de la Federación (Tesofe).

La entrevista a Zubiría Maqueo
–Ingeniero, ¿por qué siguen echando mano de los recursos del FACLA si son privados? –preguntó la reportera Nancy Flores.
–La explicación es que cuando usted hace un recurso y lo mete en un fideicomiso público, el fideicomiso está sujeto a toda la revisión.
–¿Pero siguen utilizando (esos recursos privados) en gasto público, en los asuntos de la sistematización del SAT?
-La respuesta cantinflesca de Zubiría elude la pregunta: -Nosotros les explicamos (a los diputados) que, con las modificaciones que hicimos, esos recursos están completamente fiscalizables. Son recursos que provienen de la contraprestación. Es un recurso que se ha hecho. Lo que hicimos es extender, a través del planteamiento que les hicimos, para que no hayan dudas de cómo estamos utilizando esos recursos.
No obstante su dicho, las contradicciones en este manejo de recursos privados en actos públicos continúa: durante la comparecencia y ante la inquietud de los diputados panistas, Zubiría Maqueo explicó que una vez concluida la función del FACLA, el remanente, cuyo carácter según la Suprema Corte de Justicia de la nación es privado, será reintegrado a la Tesofe.
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al segundo trimestre de 2007 el FACLA tiene una disponibilidad de 9 mil 524 millones 647 pesos, disponibles para los gastos que el SAT instruya.
El documento revela que en ese periodo el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda destinó132 millones 84 mil pesos al segundo reconocimiento aduanero; 672 millones 106 mil pesos a la operación informática; 74 millones 163 mil pesos al soporte a la recaudación, y 59 mil pesos por concepto de cinco al millar, mismos que se encuentran aprovisionados en el balance.
Agrega que con estas operaciones se da cumplimiento de la misión en los proyectos de servicio de soporte operativo y la conclusión del modelo de madurez; en el servicio de captura y digitalización (Secadi), se concluyó el servicio de captura de las declaraciones anuales 2006; en servicios de campo se firmó el contrato con proveedor; se realizó la migración de puesto de servicio administrativo a puesto de servicio externalizado en 394 inmuebles del SAT; se instalaron 780 impresoras portátiles.
Según Zubiría Maqueo, “con la información que les hemos estado proporcionando (a los diputados) se reducen muchas de las dudas que ellos tienen. Queda claro que con las acciones que se han estado tomando hay un compromiso fuerte para transparentar y para rendir cuentas de los recursos que estamos utilizando en la administración tributaria para modernizarla. Existe la apertura para poder dar información adicional y responder a las preguntas”.
El funcionario indica que para ello se hizo “una presentación sobre toda la historia de esta operación, desde 1992 hasta este año, les dimos acceso a la información que pueden analizar sobre las diferentes adquisiciones y compras que se hicieron en los últimos seis años, las fuentes o los mecanismos de supervisión vigentes, tienen acceso a los estados financieros, estados de situación fiscal, les vamos a entregar la información de las auditorías que se realizaron, y toda la información que juzguen conveniente”.
Sobre la responsabilidad de los servidores públicos y exfuncionarios que han manejado estos recursos al margen del presupuesto, entre éstos él mismo, el titular del SAT indica que “si existieran elementos concretos para hacer alguna denuncia, algún elemento, nosotros procederíamos en consecuencia. La amplitud de las investigaciones va más allá de la administración Tributaria: están auditando todas estas operaciones la SFP, la ASF. En el ámbito que tenemos en estos momentos no hay un procedimiento, pero si hubiera en cualquier momento algún elemento tangible, actuaremos en consecuencia”.
Para justificar lo que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón ha calificado de resarcimientos del fideicomiso Aduanas I a la Hacienda Pública, por más de 3 mil 300 millones de pesos, Zubiría Maqueo indica que se trata de pagos en exceso hechos con recursos del Derecho de Trámite Aduanero.
“Cuando se hace la transferencia de flujos y la distribución de los fondos, se hacen en función de unas cuentas anticipadas, porque no se tienen los datos reales de las operaciones que realiza la aduana, sino hasta tiempo posterior, entonces en esos anticipos hubo un exceso. No hay ninguna irregularidad, lo que hubo es que cuando uno hace un anticipo y después hace un ajuste pues paga el complemento si debe o recibe la parte del exceso.”
–Cuántos (pagos en exceso) habría anteriormente y por cuánto dinero, porque esto ya es de los últimos años, lo que ya se empezó a transparentar.
Lo que hicimos fue una validación de toda la operación.
–¿De 1993 a la fecha?