Primer año de gobierno de Felipe Calderón y las cuentas que entrega a los mexicanos son de un país sumido en la miseria extrema, el campo destruido y sin producir, incremento de la migración hacia Estados Unidos, desempleo creciente, mayor violencia, corrupción gubernamental, gasto público desmedido, fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, inseguridad, injusticia y desigualdad. Y en medio de estos problemas, la guerrilla se hace presente con explosiones en instalaciones petroleras y amenaza con aumentar la presión por la captura y desaparición de dos de sus miembros integrantes de la dirigencia del EPR, lo que además de causar cuantiosas pérdidas económicas pone en alerta máxima a las fuerzas armadas.
Sin duda que uno de los responsables de la vulnerabilidad de la seguridad nacional del Estado mexicano es Eduardo Medina Mora, quien en los últimos años del gobierno inútil de Vicente Fox fungió como director general del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y ahora con Felipe Calderón se desempeña como procurador general de la República. Ante las explosiones en ductos de Pemex, cínicamente Medina Mora hace declaraciones la semana pasada para minimizar las acciones de esos grupos armados que han despertado de un largo sueño y que amenazan con incrementar la violencia en contra del gobierno del PAN y de sus funcionarios de primer nivel. Habrá que observar cómo los secretarios de Estado y Calderón y su familia han incrementado su seguridad personal con miembros del Estado Mayor Presidencial que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos.
Mientras en la última década los resultados para salvaguardar la seguridad del Estado son negativos, contrariamente el presupuesto del “servicio federal de inteligencia civil de México” se ha visto incrementado en casi 500 por ciento en el mismo periodo, según revela un “comparativo” elaborado por el mismo Cisen, organismo responsable de la inteligencia de la Secretaría de Gobernación.
En una investigación del reportero Zósimo Camacho y publicado en la revista Contralínea, se da cuenta de que la mayoría de los recursos presupuestales destinados a la seguridad nacional se gastan en “servicios personales” de los empleados del Cisen, el cual mantiene el acoso y la persecución de policía política en contra de disidentes del gobierno federal.
Durante 1996 el presupuesto ejercido por el Cisen fue de 239 millones 113 mil 900 pesos, y en el primer año de Felipe Calderón la misma oficina erogará, al menos, mil 114 millones 398 mil 723 pesos, es decir, 466 por ciento más.
Sin embargo, fue el último año de gobierno de Vicente Fox –marcado por la disputa por la Presidencia de la República y la efervescencia de movimientos sociales como la APPO y el EZLN– el que más gastó en “el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México”. En 2006 el gasto del Cisen ascendió a mil 427 millones 615 mil 527 pesos, es decir, 497 por ciento más de lo que se erogaba en 1996.
El documento “Comparativo del presupuesto asignado”, elaborado por el Cisen y entregado al reportero Camacho a través de la Ley Federal de Acceso a la Información, desglosa, de 1996 a 2006, el gasto por los capítulos 1000, “servicios personales”; 4320, “creación de plazas”; 4302, “adquisición de materiales y suministros”; 4303, “contratación de servicios”; 4304, “adquisición de bienes muebles”; 4305, “adquisición de bienes inmuebles”; 4306, “apoyo de obras públicas”, y 4310, “gastos de seguridad pública y nacional”.
Sin abundar en el gasto de cada capítulo, el comparativo da cuenta de una partida en 2006 por 80 millones 800 mil pesos para la creación de plazas. En ningún otro año se habían destinado recursos para nuevos empleos en ese centro. Además, también erogó 160 millones 840 mil 387 pesos en la contratación de servicios.
En el mismo año, el Cisen adquirió materiales y suministros por 19 millones 595 mil 280 pesos. Y, como en todos los ejercicios, el gasto mayor fue por el pago de servicios personales. En este caso fue de mil 153 millones 113 mil 635 pesos, el 80.77 por ciento del total del presupuesto asignado.
Apenas un año antes, en 2005, el total de los recursos erogados por el Cisen había sido de 879 millones 766 mil 865 pesos, es decir, 547 millones 848 mil 662 pesos menos que en 2006. Tan sólo en un año, la partida presupuestal para el Cisen se incrementó en 62.27 por ciento.
Advertencia del EPR
El comandante “Nico”, del EPR, advierte que frente a la cerrazón y autoritarismo del gobierno de Felipe Calderón, la guerrilla realizará acciones “de mayores dimensiones”, hasta que sean liberados sus compañeros desaparecidos.
En una entrevista con el grupo armado concertada por el periodista José Reyez, el dirigente guerrillero afirma que “somos un grupo armado que tiene como objetivo la justicia social y sólo al cumplirlo depondremos las armas sin ningún condicionante”.
El representante del grupo guerrillero, que según el Cisen sólo tiene presencia en 10 estados de la República, advierte que pasaron de la propaganda a las acciones armadas. “Llegamos a una coordinación de respuesta activa, ante la negativa del gobierno de Felipe Calderón de entregar a nuestros desaparecidos, vivos o muertos”.
“Nico” señala que el EPR tomó la decisión de “realizar acciones de mayores dimensiones y atacar sectores estratégicos, lo cual no se debe tomar como terrorismo, sino como una lucha legítima por nuestros hermanos desaparecidos. Si el gobierno de Calderón se niega reiteradamente a negociar y liberar a nuestros presos políticos, que se atenga a las consecuencias, es el mensaje.
De acuerdo con el insurgente, en términos técnicos y de infraestructura, el EPR cuenta con suficientes elementos adscritos a su movimiento que tienen una extensa preparación. Los operativos de este grupo guerrillero conciernen al estado de privación de los derechos humanos en el país, atiende a una expresión de repudio ante los presos políticos y es el resultado del cero diálogo existente con el gobierno.
“Sabemos que capturar a presos políticos no es nuevo en el país, y que el gobierno de Felipe Calderón sigue la política de un régimen autoritario que impide otra opción”. El representante guerrillero expresa que las acciones llevadas a cabo no son un atentado contra la nación, sino un llamado de atención al gobierno federal que hace oídos sordos a sus demandas.
“¿A quién tenemos que recurrir para que nos entreguen a nuestros desaparecidos? O será que ya ni siquiera están en esa calidad, puesto que pueden estar muertos. Éste sería el peor error cometido por esta administración, ya que nuestras raíces se encuentran en todos y cada uno de los compañeros de lucha.”
Sin bajas
El EPR no había realizado acciones militares desde 1996, cuando atacaron de forma coordinada en Michoacán, Guerrero, estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes.
Ahora, la captura de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo –éste último identificado como fundador y líder del Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres, grupo fundador del PDPR-EPR– pone en riesgo la estructura de ésta organización y en particular sus comités y células distribuidas en la zona sur y centro del país.
Sobre las suposiciones de que, con la captura de sus compañeros, se ha desmembrado al grupo, el comandante “Nico” asevera que “esto es una afirmación totalmente falsa. Nos hemos reagrupado y reorganizado, y a cuenta de nuestra efectividad es que no hay más compañeros secuestrados-desaparecidos”.
Describe que para el EPR es refutable la posibilidad de riesgo como estructura partidaria, y que ambas cuestiones, tanto la política como la armada, conviven armoniosamente y no existe una crisis interna.
Acusan de corrupción al general Rivas García
La semana pasada comentamos brevemente las tres denuncias anónimas enviadas a la Función Pública, Presidencia de la República y Secretaría de la Defensa en donde supuestamente personal civil y militar que labora en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) acusan a su titular, general Fermín Rivas García, de los delitos de dispendio y desvió de recursos, tráfico de influencias, prepotencia, corrupción y acoso sexual.
También dijimos que de éstas y otras acusaciones el general Rivas García niega todo, y que en entrevista le dijo a la reportera Yenise Tinoco que sus acusadores son quienes están en contra de que el ISSFAM funcione de forma transparente y regular.
Las tres misivas señalan que en el tiempo en que Álvarez Cárdenas administro los recursos del departamento, se desviaron recursos y se pagaron facturas a las empresas Dinámica de Nutrición, Sinergia de Alimentos y Comercializadora de Alimentos del Mar, por mercancía que no entró a los almacenes del instituto.
Y es que los denunciantes afirman que Rivas García realizó dos fiestas, una en Veracruz y otra en Hidalgo, las cuales financió supuestamente con recursos del ISSFAM. Para la fiesta del cumpleaños del general, dicen los quejosos, se gasto 150 mil pesos de recursos públicos, además de que utilizo mobiliario oficial y llevó personal del instituto, como cocineros y meseros, para que atendieran a sus invitados, sin que se les pagaran horas extras.
Agregan que también pretende otorgar la concesión para que un restaurante de un amigo se instale dentro del ISSFAM, pagando una cantidad “ridícula” por el permiso, y afirman que el área jurídica dijo al general que no procedía dicha autorización.
Aseguran que con recursos del instituto se compró una camioneta, con un valor de 500 mil pesos, se remodelaron las oficinas de la dirección general, se cambio el estrado del salón de fiestas del instituto con una inversión superior a los 150 mil pesos. También se ordenó el acondicionamiento de un departamento en las instalaciones del centro recreativo Héroes de la Revolución “La Bola”, en donde vive su hermano, a quien le asignó un vehículo con chofer y un ayudante.
Pero el general Rivas García niega todas las acusaciones y comenta que a su llegada a la dirección del instituto se dio cuenta de que las cosas ahí no eran muy transparentes, que había personal del área de construcciones que estaban coludidos con las constructoras para asignarles las obras a cambio de compensaciones económicas. Dichas personas fueron despedidas y ahora tratan de dañar la imagen del ISSFAM y acusarlo a él de corrupción.
“Me culpan por cosas que yo no provoque, que ya venían desde antes; pero no voy a hablar mal de nadie, aún cuando las cosas aquí no iban bien. Sólo estoy componiendo lo que estaba mal, y a ellos no les parece”, dice el general.
En este escándalo del Ejército, sería bueno que por primera vez la Secretaría de la Función Pública haga su trabajo e investigue quienes son los responsables del gasto desmedido y la corrupción.
