El titular de Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, ha insistido una y otra vez que él no es político sino un técnico, responsable de la recaudación de impuestos en todo el país, y como tal responderá el próximo jueves ante la comisión de diputados que investiga el cuantioso gasto de recursos públicos que hizo la Secretaría de Hacienda a través de la empresa privada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y de los fideicomisos también privados Aduanas I y Aduanas II.

La cita que tenía Zubiría el miércoles de la semana pasada en la Cámara de Diputados con esa comisión que preside el perredista Pablo Trejo, se suspendió y se cambió para este jueves, por eso es extraña la presencia en el Congreso del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien el jueves anterior se le vio caminando en los pasillos, y más cuando es sabido que es el autor confeso de las operaciones irregulares para desviar miles de millones de pesos correspondientes al cobro del Derecho de Trámite Aduanal que realizaron en los últimos años miles de importadores y exportadores de productos en la República Mexicana.

Con la anuencia de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, a quien por cierto no le salen las cuentas del próximo presupuesto y una vez más planea ajustarlo en los sectores de los más necesitados, Zubiría Maqueo está dispuesto a cubrirle la espalda a su exjefe Gil Díaz, pues a ninguno de los tres (Carstens, Zubiría y Gil) le interesa que se destape la olla de corrupción que ha significado enormes fortunas para muchos servidores públicos de primer nivel, incluidos presidentes de la República.

Así que el jueves próximo cuando los diputados de la comisión investigadora cuestionen a Zubiría Maqueo sobre el origen y destino de miles de millones que se guardaban en el Fideicomiso Aduanas I y en la empresa ISOSA, el titular del SAT se limitará a decir que ese fideicomiso ya no existe y que ISOSA ya se liquidó, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación, órgano de vigilancia dependiente del Congreso, sostiene que funcionarios de Hacienda cometieron allí un fraude por 10 mil millones.

Entrevistado por la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, Zubiría Maqueo dijo categórico “el Fideicomiso Aduanas I ya no existe. Ya se liquidó”. Evasivo y molesto, el funcionario remitió a la reportera a la página electrónica del SAT, en donde según él está reportado el destino de los miles de millones de pesos resguardados en dicha figura fiduciaria privada.

Pero de acuerdo con la información oficial que Zubiría mandó a revisar, el proceso de extinción del Aduanas I concluyó en diciembre pasado. De 2005 a 2006 el SAT esfumó cuando menos los 8 mil 691 millones 141 mil pesos que reconoce como depositados en el contrato 954–8, correspondiente al Fideicomiso Aduanas I. Entonces el balance general del primer trimestre de 2005, del cual se posee copia, revela que su patrimonio ascendía a 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

En varias investigaciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que los daños al erario público se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

Esa Auditoría acusa que en los ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), mismos que se depositaron irregularmente en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004, cuando por órdenes del presidente Vicente Fox se creó otro Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).

La ruta del dinero

El Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2006 revela que en ese año electoral el SAT ejerció los últimos 8 mil millones de pesos resguardados en lo que se consideró “la caja chica de la Secretaría de Hacienda”.

Lo que negará una y otra vez Zubiría Maqueo a los legisladores, es que por órdenes de él se transfirieron 3 mil 674 millones 412 mil pesos a la empresa ISOSA. De esta cantidad, mil 980 millones 92 mil se erogaron en 2005 y mil 694 millones 320 mil en 2006, descubre el capítulo referente al Aduanas I, que sólo incluye una breve explicación del objetivo del fideicomiso y el cuadro no detallado de su situación financiera.

Sin embargo, el proceso de extinción no fue simple: inició en diciembre de 2003, cuando el entonces presidente Vicente Fox ordenó a su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, devolver al erario los miles de millones de pesos que manejaba en el Aduanas I la empresa ISOSA y un tercer fideicomiso conocido como Aduanas II, de nombre Consorcios de Comercio Exterior II.

Para “transparentar” los recursos, en junio de 2004 se creó el fideicomiso público FACLA, encargado de recibir y administrar los recursos de la contraprestación aduanera. En diciembre de 2005, por su complejidad, la discusión sobre el destino del fideicomiso 954–8 pasó a manos del procurador fiscal Luis Felipe Mancera Arrigunaga.

Según fuentes del SAT, el análisis versaba sobre la pertinencia de transformar esta figura jurídica en pública o de proceder a su extinción. En ese entonces, el procurador fiscal buscaba la manera de restituir los recursos que durante 12 años se destinaron al fideicomiso privado, en donde el SAT era fideicomitente y fideicomisario, y Nacional Financiera la fiduciaria.

Una de las dificultades para extinguir este esquema fue la participación de la Secretaría de Hacienda, que por más de una década se asumió como “gestor de negocios privados” de importadores y exportadores y no como entidad pública, según descubrió el Instituto Federal de Acceso a la Información durante la revisión de los recursos 906/05 y 685/05 interpuestos por la reportera Nancy Flores en contra del SAT.

Otra dificultad corresponde a la participación directa del exsecretario de Hacienda: los fideicomisos Aduanas I y II, así como ISOSA, fueron creados en 1993 por Gil Díaz, quien en aquella época era subsecretario de Ingresos. Al margen del presupuesto y de la ley, el exfuncionario manejó los miles de millones de pesos del DTA hasta 1994 y, posteriormente, cuando asumió la titularidad de 2001 a 2006.

Desde 2003, Gil Díaz y Zubriría Maqueo asumieron la reestructuración del esquema fiduciario y el supuesto proceso de legalización y transparencia. Ambos decidieron, junto con el procurador fiscal, que devolverían sólo el 38.3 por ciento de los recursos reconocidos a las arcas públicas.

En los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el SAT resarció 3 mil 332 millones 962 mil pesos al erario, registrados en los informes de la situación financiera del Fideicomiso Aduanas I como “transferencias a la Tesorería de la Federación”. En 2005, dicho concepto sumó 2 mil 522 millones 573 pesos, mientras que en 2006 ascendió a 810 millones 389 mil pesos.

Fuentes de primer nivel del SAT, consultadas a lo largo del proceso de extinción, indicaban que uno de los obstáculos para transparentar este esquema era la explicación que habría de dar el gobierno mexicano al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional sobre la restitución de miles de millones de pesos. Hasta ahora, no hay información al respecto.

Según el balance general del Fideicomiso Aduanas I, la tercera erogación corresponde al costo de la liquidación por mil 684 millones 767 mil pesos. Dicha cantidad, que no se desglosa, se desembolsó entre julio y noviembre del año pasado.

Oracle, gastos no admitidos

Funcionarios del SAT, que solicitan su anonimato por temor a represalias, aseguran que el dinero del Aduanas I, transferido a ISOSA, se utilizó en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

El contrato con Peoplesoft, ahora Oracle, ha tenido retrasos por más de un año y sobrecostos que superan los 450 millones de dólares, según señalan las fuentes. Entrevistado el pasado 16 de agosto, al finalizar su participación en el Foro sobre la Reforma Fiscal convocado por la Universidad Iberoamericana, Zubiría Maqueo niega que los recursos para financiar este proyecto hayan salido del Aduanas I o de ISOSA.

De acuerdo con los informantes, los gastos más onerosos se concentran en la compra de equipo de cómputo, componentes no previstos, asesorías externas, además de los salarios de las 150 personas que el SAT destina a Solución Integral, mientras que los balances generales del Aduanas I revelan que los gastos a favor de ISOSA tuvieron como fin la compra de equipos de cómputo, digitalización e impresión; procesamiento y almacenamiento de datos; adquisición de software, y mantenimiento.

Pese a los retrasos y sobrecostos, Zubiría Maqueo asegura que no se investigará ni a los funcionarios ni a la empresa Oracle, hasta que se compruebe la funcionalidad de la plataforma informática.

“Estamos en las últimas pruebas para poder liberar el 27 de agosto el nuevo portal del SAT, y dentro de éste la funcionalidad que hoy tienen todos nuestros locales asociados a la inscripción, altas, bajas, cambios de los contribuyentes. Con esa liberación vamos a darle vuelta a la hoja en este tipo de situaciones”, indica el titular del SAT.

Acusan de corrupción al general Rivas García

De manera anónima hicieron llegar a la redacción de esta columna tres denuncias presentadas a los titulares de la Función Pública, Presidencia de la República y  Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa, en donde supuestamente personal civil y militar que labora en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) acusa a su titular, general Fermín Rivas García, de delitos como dispendio y desvió de recursos, tráfico de influencias, prepotencia, corrupción y acoso sexual sobre personal femenino.

Los denunciantes acusan a Rivas García de haber ordenado una adjudicación directa a Edificaciones Practicas para la remodelación de 50 viviendas en una unidad habitacional militar (UHM) ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El problema mayor es que, según los quejosos, dicha empresa pertenece al suegro del general, por lo cual para podérsela adjudicar ordenó declarar desierta la licitación, aún cuando dos constructoras estaban interesadas en el concurso.

En la denuncia se explica que fue a través de América Sánchez, jefa de departamento en la Dirección de Construcciones y supuesta amante de Rivas García, como recibieron las órdenes de alterar documentación oficial para entregar la obra a Edificaciones Practicas y empezar la remodelación de viviendas el primero de marzo de este año, sin que antes se hubiera firmado el contrato correspondiente.

También es acusado el secretario particular del general Rivas, el mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, por malos manejos de los recursos de la partida de alimentación; así como de los dineros que entran por concepto de eventos que se realizan en el salón del ISSFAM, ubicado en el octavo piso del edificio central y el salón de la “bola”.

Pero de éstas y otras acusaciones el general Fermín Rivas García las ha negado, y asegura que los que hoy lo acusan son quienes también están  en contra de que el ISSFAM funcione de forma transparente y regular, pero de esos señalamientos en su contra y las respuestas que dio el general a la reportera Yenise Tinoco hablaremos ampliamente la próxima semana, a ver si mientras algún órgano de vigilancia y control del gasto público, aunque sea la Secretaría de la Función Pública, intervienen para investigar dicho desvíos.