Con su nuevo portal para internet en donde Oracle y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuvieron la cautela de advertir a los contribuyentes que –después de casi un año de retraso en la entrega– se trata tan sólo de un “demo”, la Secretaría de Hacienda y el propio José María Zubiría Maqueo buscan ganar tiempo para concluir el proyecto Solución Integral.

Se trata de un asunto que preocupa en especial al titular de la SHCP, Agustín Carstens, quien en el sexenio pasado como subsecretario del ramo se encargo de las negociaciones ante el Banco Mundial para obtener el crédito por 52 millones de dólares que servirían para financiar los 82 millones que exigió, al menos en un principio, el proyecto desarrollado por la estadounidense Oracle. Por ello, el presidente del SAT, Zubiría Maqueo, no pudo deslindarse del problema y simplemente dejar su cargo en el cambio de gobierno. De hecho, se le impidió renunciar hasta que no concluya el programa Solución Integral, en donde se presume hay desvío de recursos públicos.

En la Presidencia de la República dicen que Felipe Calderón está más molesto por los problemas y pocas soluciones que Solución Integral ha dado, y le ha exigido al secretario de Hacienda que termine a la brevedad posible el programa y, más le vale, que éste funcione correctamente.

Debido a la falta de información y transparencia con la que se ha manejado este contrato y las penalizaciones que supuestamente aplicó el SAT a la firma Oracle, hasta ahora no sabemos qué sucedió con la ejecución del contrato de outsourcing.

¿Quién tuvo la culpa en los retrasos? ¿A quién debe sancionarse? Participantes en este sector aseguran que en este tipo de licitaciones y contratos resulta imposible establecer fechas fatales y que los requerimientos pueden variar radicalmente. Sin embargo, el prospecto crediticio del Banco Mundial sí marcó metas y compromisos. Zubiría Maqueo, además, se encargó de alimentar a través de los medios de comunicación grandes expectativas sobre los resultados de Solución Integral.

Ahora, resulta que la compañía EDS, que sí es una especialista en contratos marco y de outsourcing, tendrá que hacerse cargo de la ejecución de Solución Integral a través de una “fábrica de software”. Recibirá lo que pueda entregarle Oracle después de que esta firma obtuvo al cierre del año pasado contratos por 30 millones de dólares para el manejo de licencias.

Aún más, Zubiría aceptó que se licitaría un contrato adicional para justificar y cubrir el tiempo adicional para la ejecución del contrato. Fuentes del sector hacendario han corrido la versión d que EDS será como un salvavidas al naufragio provocado por Zubiría y su equipo. ¿No fueron ellos quienes precisamente quemaron los barcos ante el fracaso?, según la propias palabras de Zubiría Maqueo.

EDS tiene razón en no hablar sobre los errores de Oracle ni reconocer que se hará cargo por completo del accidentado proyecto. Por su silencio, ha obtenido contratos que ellos califican como “incrementales”, sujetos a la necesidades y demandas del cliente”. Así, de 45 millones de dólares pueden llegar hasta 80 millones. Curiosamente, se trata de la misma cantidad invertida –al menos oficialmente– con Oracle.

¿Qué sucede entonces con el SAT y su plataforma informática que necesita tal cantidad de recursos? Sólo un dato para comparar: el gobierno de Estados Unidos invirtió 150 millones de dólares en la modernización de sus aduanas. Es decir, ¿necesitamos más que el país más poderoso del mundo para poner en orden el SAT? ¿Acaso la corrupción gubernamental es tal que es realmente imposible poner orden en algo tan básico y visible como las finanzas públicas? ¿Por qué Oracle subcontrató a compañías de Argentina que no fueron avaladas ni por el Banco Mundial ni por la SHCP?

El contrato con EDS va más allá de Solución Integral. Esta “fábrica de software”  también recuperará muchas de las funciones que desarrollaba ISOSA y que constituyeron una de las grandes justificaciones para trasladarle recursos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II.

El SAT tenía su propia fábrica de desarrollo que otorgaba soporte a casi todas las aplicaciones del SAT. Lo único que no atendía eran las áreas jurídicas que estaban a cargo de Hildebrando desde 1993. La Administración General de Innovación y Calidad del SAT, que ahora está a cargo de Luis Roberto Patrón Arregui, también atendía ciertas áreas de manera exclusiva. Fuera de ellas, la fábrica de software del SAT atendía prácticamente todo.

Pero Solución Integral de Oracle no es el primer intento del SAT para poner fin a los problemas que encontró el Banco Mundial en su operación informática: “tecnología básica y sin ademada jerarquización y coordinación; sus sistemas, además, resultaba redundante y sin coordinación, que no se comunicaban de manera eficiente”. En 1995, el SAT trató de poner en marcho el proyecto Dario, que también se consideró un “fracaso” y que tuvo que ser rescatado por la fábrica de software que operaba en ese momento el propio SAT.  Con  Dario se tendría que haber resuelto desde hace una década la plataforma para la recaudación; sin embargo, sólo se entregaron los módulos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Parece que ahora la historia se repite, que la corrupción es inamovible y que por ello, a finales del año pasado, cuando el desarrollo de Solución Integral se encontraba en plena crisis, Zubiría Maqueo aceleró la licitación para asignar los contratos para la fábrica de software que ahora operará EDS. No sólo eso, EDS ya se alista para licitar y, seguramente, para ganar la reingeniería de las Aduanas.

Tal vez este espinoso tema podría ser planteado a Zubiría Maqueo el próximo miércoles cuando el presidente del SAT trate de explicar lo inexplicable ante legisladores que le exigirán cuentas sobre la desaparición de miles de millones de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como la empresa privada ISOSA.

Más problemas

Pero los conflictos no se terminarán con la llegada de EDS al SAT. La operación de una fábrica de software involucró una revisión de los recursos humanos del SAT, de los profesionales en sistemas que durante los últimos años, tal vez décadas, han estado sometidos a este vendaval de cambios y de contratistas incumplidos. El verdadero lío es que los mejores han abandonado las filas del SAT. De esta forma, EDS o cualquier otro contratista no tendrá contrapartes de altura que le exijan los resultados que necesita el SAT. En otra palabras, serán sus propios jefes y las fallas difícilmente tendrán un reclamo de por medio.

En el caso de Solución Integral, el divorcio entre las diferentes áreas encargadas de las plataformas tecnológicas en el SAT provocó que  no se alcanzaran los objetivos marcados y que se cubrieran los errores de manera consistente. Para muestra basta un botón: ahora los encargados de las fábricas de desarrollo del SAT son exdirectivos de Avantel de la época en que el corrupto Francisco Gil Díaz y su empleado Zubiría Maqueo trabajaban en la telefónica y que al final del día se convirtió en una subsidiaria de Banamex ante sus “éxitos” en el mercado de las telecomunicaciones.

Varios de estos funcionarios no cuentan con el perfil para las responsabilidades que ahora deben afrontar y ello hace que se tema por el éxito de los proyectos de tecnología que impulsa el SAT, pero sobre todo por los recursos involucrados. En próximas entregas daremos detalles sobre la experiencia profesional de cada uno de los personajes del SAT que ahora tienen la responsabilidad de sacar adelante la modernización del sistema tributario del país. Sólo un adelanto: Jorge Luis Ibarra, a quien se le considera uno de los responsables de arrancar Solución Integral, se le despidió de Pemex al fracasar en la puesta en marcha de una plataforma (ERP) para el área de finanzas de la paraestatal.

Más de lo mismo

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tendría que estar al pendiente de este tipo de contratos. Si bien el sector hacendario, petrolero y aduanero no forman parte de las dependencias que tendrán que sujetarse a las restricciones en materia de inversión ordenadas por Calderón para proyectos de tecnología (aunque debieran), el tipo de contratos “marco” involucra nuevo retos para las autoridades encargadas de vigilar la adecuada rendición de cuentas.

El 14 de mayo de 2007, Hacienda dio a conocer nuevos lineamientos sobre la responsabilidad de la SFP. Se trata, sin embargo, de obligaciones muy generales que no toman en cuenta la libertad de gestión y responsabilidades con la que pueden ahora moverse los contratistas del gobierno federal. Aún más, en el caso de los grandes contratos de outsourcing como el que ganó Oracle hace tres años, quedó claro que hace falta una mayor vigilancia.  En el SAT no sólo Oracle e IBM han ganado contratos de este tipo. En la lista también se encuentran Microsoft, IBM, Hewlett Packard, por sólo mencionar a los más importantes.

El SAT, en otras palabras, ha sido juez y parte en la ejecución de estos contratos, mientras que las autoridades, desde la Contraloría Interna del SAT, la SHCP y la Auditoria Superior de la Federación, no han podido encontrar los problemas básicos a los que se han enfrentado para construir Solución Integral del SAT que, como vemos, no está muy lejos de haber absorbido los 450 millones de dólares que se comentan al interior del propio organismo. Tan sólo entre los contratos de Oracle y EDS ya suman casi 200 millones de dólares. La tragedia es que los resultados prácticamente no existen. Otra perla: Oracle se empecinó en conducir el desarrollo del frame work (plataforma) del SAT con sus propios recursos y tecnología cuando toda la base de lo que hasta entonces se había construido en el SAT respondía a la tecnología Informix.

Comparece Zubiría Maqueo

Como decíamos líneas arriba, José María Zubiría Maqueo comparecerá el próximo miércoles ante los diputados que integran la comisión legislativa que investiga las corruptelas de la empresa privada ISOSA, creada por órdenes del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para desviar recursos públicos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y que tan solo en el sexenio de Vicente Fox se gastaron 150 mil millones de pesos.

Este miércoles cuando Zubiría enfrente a la comisión de diputados creada para investigar las corruptelas de la Secretaría de Hacienda –en épocas cuando Gil Díaz era subsecretario– con la creación de los fideicomisos Aduanas I y II y la empresa privada ISOSA, la cual se nutría de fondos públicos provenientes del cobro de Derecho de Trámite Aduanal que se hacía a importadores y exportadores en todo el país, podrá responder como esfumó entre 2005 y 2006 cuando menos 8 mil 691 millones 141 mil pesos que reconoce oficialmente como depositados en el contrato 954–8. Recordemos que el balance general del primer trimestre de 2005, del cual tengo una copia, revela que el patrimonio de ese fideicomisos ascendía a 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

Para la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la empresa privada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y el SAT son responsables de quebrantar al patrimonio público 10 mil 183 millones de pesos.

En varias investigaciones, el máximo órgano de fiscalización señala que los daños se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

La Auditoría acusa que en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), mismos que se depositaron irregularmente en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004, cuando por órdenes del presidente Vicente Fox se creó el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).

El miércoles próximo Zubiría Maqueo repetiría una y otra vez que “el Fideicomiso Aduanas I ya no existe”, como si reiterándolo pueda borrar el enorme desvío de miles de millones de pesos que durante los últimos tres sexenios cometieron los gobiernos del PRI y del PAN, y que ahora Felipe Calderón se niega a investigar como un acuerdo tácito que le impide acusar a su principal responsable: Francisco Gil Díaz.

Por primera vez, ese grupo de legisladores tienen la oportunidad de acorralar a Zubiría Maqueo y obligarlo a rendir cuentas de uno de los mayores desfalcos a la nación: ISOSA.