Organizaciones delictivas dedicadas a la falsificación de permisos sanitarios para la importación de mercancías y, sobre todo, de productos químicos usados para la producción de drogas sintéticas, han reactivado su operación ante la complacencia e incapacidad de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), institución que se ha visto rebasada para enfrentar este problema que afecta a millones de consumidores, mientras que las autoridades de Salud, de Hacienda y de la Procuraduría General de la República sólo observan el peligro que esto significa.

En la Cofepris ya confirmaron la gravedad del problema por la falsificación de miles de permisos sanitarios, y sólo busca deslindar responsabilidades; sin embargo, como es costumbre en la Secretaría de Hacienda, ésta guarda silencio ante la corrupción y complicidad de las autoridades aduanales y se niega a revisar la actuación de los comisionistas, tramitadores y agentes aduanales.

La semana pasada señalamos que uno de los centros neurálgicos de la falsificación de permisos sanitarios es el servicio de aduanas de la ciudad de México, y que la Cofepris como responsable de emitir dichos permisos para la introducción de mercancías vinculadas con los sectores salud y alimenticio, se ha visto rebasada. También identificamos, con pruebas, que una de esas organizaciones delictivas es encabezada por Héctor Felipe Bracamontes, comisionista y tramitador de agentes aduanales que operan en varios estados de la República y quien presume su influencia ante la Administración General de Aduanas, desde tiempos en que José Guzmán Montalvo era el mandamás, cundo Vicente Fox ocupó inútilmente la Presidencia de la República.

La ilegalidad consiste en que empresas legalmente establecidas han aceptado los servicios de Bracamontes para importar equipos médicos de todo tipo y suplementos alimenticios a través de permisos sanitarios falsos, lo que las convierte en víctimas y cómplices voluntarias para ahorrar tiempo en las importaciones, pues mientras la Cofepris tarda más de 90 días para otorgar un permiso, Bracamontes lo hace apenas en semanas.

Decíamos la semana pasada que Bracamontes falsifica los permisos en una imprenta que tiene al oriente del Distrito Federal y que dedicada exclusivamente a la producción de registros sanitarios de importación falsos, así como certificados de origen tanto de Estados Unidos como de China.

Pero sobre este caso hay quienes se dicen víctimas y no cómplices de las actividades ilícitas de Héctor Felipe Bracamontes, comisionista y tramitador de varias agencias aduanales en el país. Este es el caso de la agencia con la patente 3824, a cargo del agente aduanal Jorge Zendejas Rodríguez, quien en información entregada a esta columna asegura que, en ningún momento, participó o colaboró con los fraudes de Bracamontes, quien ha creado toda una infraestructura para falsificar desde permisos sanitarios para la importación de productos, equipos médicos y suplementos alimenticios, hasta certificados de origen que afectan a sectores como el textil.

Jorge Zendejas Rodríguez revisó ya documentos aduaneros que formaron parte de la relación de trabajo que, en algún momento, sostuvo con Bracamontes, y asegura que hasta el momento no ubica entre sus clientes y operaciones huellas de la falsificación de documentos. Zendejas nos asegura que jamás ha estado involucrado en este tipo de actividades ilícitas, aunque no descarta la corrupción que existe en el sector y que algunos de sus compañeros de oficio practican, por lo que exige una investigación a fondo por parte de las autoridades hacendarias y aduanales del país.

Como otros agentes aduanales, dice que a través de las asociaciones que los agrupan y representan ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas, está dispuesto a colaborar para terminar con este tipo de corruptelas que afectan al país.

La falsificación de permisos sanitarios en varias aduanas del país y, sobre todo, en la del aeropuerto de la ciudad de México, se presenta en un momento crucial para las relaciones aduanales entre México y Estados Unidos. El gobierno de George Bush busca blindar a toda costa las fronteras y aplica presupuestos millonarios para concretar lo que se conoce como el Ambiente Comercial Automatizado (ACE), que pretende rastrear y registrar cada operación, cargamento y camión mexicano que ingrese a Estados Unidos.

Por ello se han incrementado las sanciones y multas para aquellos que no cumplan con la lista de requisitos que exigen las autoridades estadounidenses. Ello se contrapone con las solicitudes de agentes aduanales, empresas courier y transportistas mexicanos de contar con una aduana facilitadora y en donde los esquemas de revisión apoyen el comercio.

En la frontera norte del país la aplicación del ACE comienza a causar estragos en las operaciones aduaneras y comerciales. Sin embargo, los estadounidenses siempre tendrán justificación para endurecer las medidas de vigilancia en sus fronteras mientras se registren casos de corrupción como el que encabeza Bracamontes.

Sabemos que las autoridades no sólo integran ya el expediente que contenga las pruebas que demuestren la culpabilidad de esta organización dedicada a la falsificación de documentos, sino que suspendieron del padrón de importadores a la compañía Tecnomed International. En su página de Internet, esta compañía se ostenta como líder en la distribución y mantenimiento de equipos médicos y de laboratorios, pero Tecnomed tiene 10 años de operación en el mercado y este podría ser un gran revés para su historia de negocios.

Investigan corrupción en Aserca y Seguro Popular

La semana pasada comentamos brevemente las indagatorias en torno al fraude en el Seguro Popular por más de mil millones de pesos, presuntamente cometido por su extitular Juan Antonio Fernández Ortiz, quien ha sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por un periodo de 10 años y hay una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de la República.

Entre otos funcionarios involucrados en el cuantioso fraude y que son investigados por la SFP, está Juan Antonio González Pérez, exdirector de Financiamiento, a quien se acusa de haber causado un daño patrimonial por varios millones de pesos por la “omisión en la revisión y compulsa de las cartas de adhesión, lineamientos y mecanismos de la operación de programas de desarrollos de mercado de la cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño–invierno 2000/2001, en Baja California y Sonora… aplicables para la autorización de pagos realizados a la empresa Agroindustrias Mayo, S.A. de C.V”, según se señala en la resolución del Órgano Interno de Control (OIC) de Aserca .

El expediente R/04/04, emitido por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de Acerca, indica que la autorización de González Pérez para que se hicieran los pagos de las cartas de adhesión 1TBC–DEMPEC–009, 1T01–DEMPEC–004 y 1T01–DEMPEC–005 a Agroindustrias Mayo, ocasionaron un daño patrimonial al erario por 3 millones 931 mil 795 pesos. La resolución administrativa afirma que el exservidor público incurrió en irresponsabilidades, pues dio su autorización fuera del tiempo establecido por las reglas de operación de Aserca.

Ante esta situación, Salvador Reyes Falcón, titular del Área de Responsabilidades del OIC de Acerca, resolvió que el exfuncionario pagaría su sanción por la misma cantidad del daño y no ocuparía ningún empleo, cargo o comisión en el gobierno por una década. Orden que no fue acatada.

Investigadores de la Procuraduría General de la República, que averiguan al excomisionado del Seguro Popular y copartícipes por supuestos delitos de cuello blanco, señalan que José Antonio González Pérez fue uno de los negociadores de un contrato, ahora impugnado por la SFP, que asciende a 742 millones de pesos. Este convenio fue celebrado por el titular del Seguro Popular con Image Tecnology, Cosmocolor, Engenico y Gemplus, para que se llevaran a cabo diversas operaciones de avance tecnológico dentro del programa.

Inbursa niega pago de tarjetas

En respuesta a las investigaciones que lleva a cabo el OIC de la Secretaría de Salud, según consta en la auditoría 15/06, donde se revelan pactos con filial financiera del Grupo Carso para realizar más de 161 mil tarjetas, con cargo al erario superior a los 14 millones de pesos, Javier Fonserrada, director general en Inbursa, afirma que esta empresa no recibió pago alguno por la emisión de credenciales para la operación del Seguro Popular.

El directivo de Grupo Inbursa acepta que la empresa realizó “gratuitamente”, sólo como “prueba”, aproximadamente 3 mil tarjetas sin recibir pago alguno, porque estaban interesados en obtener el proyecto de credencialización y que el encargado de hacer los trámites en su representación fue Armando Magaña, subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente.

“Efectivamente trabajamos a petición de Juan Antonio Fernández –exdirector de Seguro Popular–, pero nunca cobramos nada. Estábamos interesados en el proyecto porque evidentemente era muy bueno para poder controlar toda la operación del Seguro Popular, en la entrega de medicinas”.

Fonserrada indica que se hicieron pruebas para demostrar que el sistema que ellos operaban era el mejor, para ser aplicado en el programa de salud. En una primera fase se realizaron unas 3 mil credenciales, pero una vez que les fue solicitada la ampliación de prueba a más de 161 mil, sin mediar contrato, decidieron no continuar con su participación.

“Nunca cobramos un peso por toda la propuesta. Nunca nos contrataron, nos pidieron unas tarjetas a lo que nos negamos sin haber contrato. Era imposible realizar ese volumen. Sabemos que el contrato finalmente se realizó con la empresa Imagen Technology, con la que no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros trabajamos con el interés de participar en el proyecto, que significaban millones de tarjetas y de transacciones. Ya no sé si las tarjetas se hicieron. Si se compraron y están operando, yo no veo en donde estén”, dice el directivo de Inbursa.

Y es que de acuerdo con el “resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización”, el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa, “quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales”.

Como ya se había informado, en la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005 el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, giró el oficio CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente de Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la “preimpresión” de tarjeta inteligente y así “alcanzar las metas del programa de credencialización del Seguro Popular”.

Un mes más tarde (20 de abril del 2005) Martínez Olguín envió al mismo directivo de Inbursa 17 discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.

Luego, el 7 de julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector técnico operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales, que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.

Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.

Toda esta operación, dice la auditoría del OIC, significó para el erario público un cargo por 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.

Ante los fraudes cometidos en torno a la credencialización del Seguro Popular, programa dedicado a las personas de menores recursos en todo el país, el gobierno panista de Felipe Calderón empieza a darse cuenta de parte de la corrupción en que estuvo sumida la administración de Vicente Fox. Ahora hay que ver si se fincan responsabilidades penales y se encarcela a los culpables.