En el servicio de aduanas de la ciudad de México opera de manera regular un sistema de falsificación de pedimentos de importación sin que, hasta ahora, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Administración General de Aduanas tomen cartas en el asunto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), responsable de emitir los permisos sanitarios que exigen el gobierno federal para la introducción de mercancías vinculadas con el sector salud o alimenticio, ha sido violada y vulnerada.

Organizaciones delictivas prácticamente han inundado la aduana de la ciudad de México y se han especializado en la falsificación de certificados de origen, cuyos documentos se utilizan para el contrabando técnico, sobre todo en el caso de productos chinos a los cuales aún se les aplica compensaciones arancelarias con el propósito de evitar prácticas desleales de comercio.

Una de esas organizaciones delictivas es encabezada por Héctor Felipe Bracamontes, comisionista y tramitador de agentes aduanales en varios estados del país y quien presume su gran influencia ante las autoridades aduanales de la ciudad de México, en donde ha encontrado un incentivo perverso para que empresas legalmente establecidas acepten importar equipos médicos de todo tipo y suplementos alimenticios a través de permisos sanitarios falsos: para autorizar la internación al país de este tipo de mercancías, la Cofepris tarda más de 90 días. Por ello, muchas empresas han aceptado los servicios de Bracamontes, quien ofrece concluir el trámite de importación en un tiempo récord. Otras, sin embargo, han sabido que se trata de documentos apócrifos y aún así aceptan la relación con esta banda.

Las actividades delictivas de este comisionista se han intensificado entre 2005 y 2006, y ahora cuenta en el oriente de la ciudad de México con una imprenta dedicada exclusivamente a la producción de registros sanitarios de importación falsos, así como certificados de origen tanto de Estados Unidos como de China. Bracamontes hace creer a las empresas que aceptan pagar por documentos falsos que ejerce un supuesto tráfico de influencias desde la Secretaría de Salud, por lo que garantiza que no se verán descubiertos.

Los permisos de importación y certificados de origen falsos se venden entre 10 mil y 70 mil pesos cada uno, según el monto de las mercancías importadas. Se trata, sin embargo, de un gran negocio, como consta en documentos bancarios de estos supuestos agentes aduanales y en poder de Oficio de papel.

Lo más grave de este fraude federal es que durante los últimos dos años se han introducido al país una gran cantidad de equipos médicos sin que la Cofepris conozca qué tipo de productos llegan al país, qué calidad tienen y sin control alguno. Pero no sólo eso, el Instituto Mexicano del Seguro Social también ha sido afectado. En las licitaciones convocadas por el organismo tripartita han participado compañías que aparecen en la lista de “clientes” de Bracamontes. Así, los pacientes del IMSS han sido tratados con equipos cuyo uso en humanos no ha sido certificado por la Cofepris. Aún más grave, derechohabientes han recibido tratamientos equivocados luego de haber sido valorados con equipo médico importado de dudosa calidad y que llegó al país gracias a los pedimentos de importación falsificados por Bracamontes.

Aunque este asunto es como una papa caliente que le quema a la Cofepris, este organismo ha sido permisivo para evitar cualquier escándalo. Aún más, la Cofepris ha sido constantemente vinculada con el caso del supuesto narcotraficante chino Zhelin Ye Gon. Tal vez por esta razón es que sus autoridades y las de la Secretaría de Salud han sido omisas para atender y mucho menos resolver este caso de corrupción, a pesar de que tienen la información y los documentos que confirman la falsificación de los pedimentos de importación.

De hecho, hace apenas unas semanas en la aduana del Aeropuerto Benito Juárez se encontró un enorme cargamento de pseudoefedrina que estuvo a punto de ser sustraída por supuestos miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), pero al final se evitó que un grupo delictivo se apoderara de la droga.

A la Cofepris sólo le bastaría realizar una pequeña compulsa entre los pedimentos sanitarios de importación de las compañías involucradas para verificar que se trata de documentos falsos. La lista de nombres de las importadoras en poder de las autoridades es casi pública. Algunas de ellas son: Mexglobal, Planeación Integral de Unidades Médicas, Sistemas Biomédicos de México, ABC Líneas Médicas Profesionales, Tecnomed International, Equipos Médicos Bioscience Méxic, Ingenieros Biomédicos Asociados, y Canprev.

Entre las agencias aduanales involucradas se encuentran las de Guillermo Dueñas Ramírez, Sergio Gabriel Aguilar Mayor y Jorge Zendejas Rodríguez, con patentes 3817, 3367 y 3824. Bracamontes opera este “negocio” junto con Abraham Camargo Tejeda; Enrique Haro López y Adriana Juárez Cervantes, quien los representa en Tlaxcala y también se dedica a la falsificación de documentos.

Resulta preocupante cómo es que las empresas encargadas del segundo despacho aduanero en la ciudad de México y a las cuales durante la administración del pillo Francisco Gil Díaz se les entregó la vigilancia del sector aduanero, no han registrado este tipo de ilícitos. Sabemos que han sido sólo un par de casos de permisos irregulares los que se han detectado y que las autoridades no han ido al fondo del asunto. Quizás porque hay funcionarios que reciben mensualmente prebendas.

La impunidad de Oracle

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, admitió que en el caso del Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria –también conocido como Plataforma de Solución Integral– no se investiga a la empresa Oracle ni a los funcionarios responsables de los retrasos y sobre costos del convenio.

Entrevistado el pasado jueves en la Universidad Iberoamericana, donde participó en el Foro sobre la Reforma Fiscal, Zubiría Maqueo aseguró que ningún servidor público será sometido a alguna indagatoria, hasta comprobar la funcionalidad del sistema informático. La misma suerte correrá la empresa, a pesar de que, según fuentes del SAT, los incumplimientos de Oracle –empresa vinculada con el cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala– incrementaron el presupuesto original, que ascendió a 82 millones de dólares, a más de 450 millones.

De acuerdo con los informantes, los gastos más onerosos se concentran en la compra de equipo de cómputo, componentes no previstos inicialmente, asesorías externas, además de los salarios de las 150 personas que el SAT destina al proyecto. La contratación de Peoplesoft tuvo por objetivos lograr una mayor recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención y tener mayor control de los contribuyentes. Ninguno se ha cumplido, a pesar de que las cláusulas del convenio establecen como fecha límite de compromisos el 31 de diciembre de 2006.

Esta es la entrevista a Zubiría Maqueo:

–¿Qué ha pasado con la Plataforma de Solución Integral?

–Estamos en las últimas pruebas para, posiblemente creo que con todos los elementos, poder liberar el 27 de agosto el nuevo portal del SAT, y dentro de ese nuevo portal la funcionalidad que hoy tienen todos nuestro locales asociados a la inscripción, altas, bajas, cambios de los contribuyentes. Creo que con esa liberación vamos a darle vuelta a la hoja en este tipo de situaciones. Estamos hablando de una semana dos días.

–¿En el caso de la plataforma integral también se están investigando a los funcionarios que permitieron los retrasos? ¿A la empresa Oracle le fincarán alguna responsabilidad?

–Primero vamos a sacarla y ya después vemos eso, ¿no?

–¿Es correcta la cifra de los 450 millones de dólares que, según algunos de sus funcionarios, se han empleado en este proyecto?

–Espéreme. Después me dice en dónde.

–Ingeniero, ¿se han utilizado recursos de ISOSA y del fideicomiso Aduanas I para financiar el proyecto Plataforma de Solución Integral?

–Para la Plataforma nos hemos estado apoyando mucho de los recursos del Banco Mundial. Para la transformación del SAT, que es un proyecto mucho más amplio, hemos estado utilizando los recursos que tenemos disponibles. Aduanas I ya no existe, ya se liquidó.

–Y qué pasó con el dinero fideicomitido, por alrededor de 10 mil millones de pesos.

–Está reportado en la página del SAT. Entre a la línea de fideicomisos, ahí está la información y las acciones que estamos tomando.

La ausencia de investigaciones contrasta con el discurso de Zubiría Maqueo, quien en el caso del chino–mexicano Zhenli Ye Gon, advirtió que no encubriría a funcionarios de la institución descubiertos en actos delictivos: Luis Roberto Patrón Arregui, administrador general de Innovación y Calidad del SAT, acusado de proteger y ayudar al empresario en la importación seudoefedrina.

Inconformidades

Los funcionarios consultados señalan que la contratación de Peoplesoft, ahora Oracle, “no tuvo razón de ser”: en 2004, el SAT ya contaba con una plataforma tecnológica denominada Cemex Way, desarrollada por Neoris, filial de la cementera de Lorenzo Zambrano.

Con el proyecto Cemex Way, la SHCP decidió concentrar todas las áreas informáticas del SAT en la Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información (AGCTI); por lo que, según las fuentes, el proyecto Plataforma de Solución Integral debió asignarse a esa área y no crear una nueva, a cargo de Jorge Luis Ibarra.

Los informantes responsabilizan del dispendio al titular del SAT, José María Zubiría, a quien “se le recomendó optimizar recursos y no tener agendas paralelas”. En efecto, Jorge Luis Ibarra fue líder del proyecto y en la actualidad es titular de la AGCTI.

El 30 de septiembre de 2002, la Secretaría de Hacienda y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, firmaron el contrato de préstamo 7127–ME, por 52 millones de dólares.

Para financiar parcialmente el proyecto Plataforma –cuyo costo total ascendería a 82 millones de dólares, según los cálculos del propio SAT–, el gobierno federal debía aportar sólo 30 millones de dólares y no los más de 450 millones que, según las fuentes presumen, han sido gastados.

Durante su participación en el Foro de la Reforma Fiscal, realizado en la Universidad Iberoamericana, Zubiría Maqueo aseguró que ser funcionario público “no es lo que uno pensaba hace algunos años. Hoy un funcionario público, por una insinuación de una averiguación previa, pierde la reputación que durante 60 años estuvo construyendo como persona digna”. ¿Usted le cree?

Más corrupción en Seguro Popular

Las indagatorias en torno al fraude en el Seguro Popular por más de mil millones de pesos, presuntamente cometido por su extitular Juan Antonio Fernández Ortiz y su equipo cercano de colaboradores, abren nuevas averiguaciones en torno a funcionarios corruptos que operaron con el también excoordinador de los Amigos de Fox, desde que trabajaban en la Secretaría de Agricultura. Es ahora, Juan Antonio González Pérez, exdirector de Financiamiento en el programa estrella del foxismo, quien es investigado a fondo por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Fuentes cercanas a la pesquisa indican que González Pérez fue protegido por Fernández Ortiz para que no procediera en su contra una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público y le fuera aplicada una multa por casi cuatro millones de pesos, luego de que el 18 de septiembre el Órgano Interno de Control de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Acerca), entidad descentralizada de la Secretaría de Agricultura, resolvió que había ocasionado un daño al erario por varios millones de pesos.

El manto de impunidad con el que Fernández Ortiz protegía a sus colaboradores evitó que se sancionara administrativa y económicamente a González Pérez, por el contrario, éste continuó en el servicio público hasta el 18 diciembre de 2006, según se confirmó en el área de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

Pieza estratégica en las negociaciones para echar andar el fraudulento sistema de credencialización del Seguro Popular, a González Pérez, también exdirector general de Medios de Pago de Apoyos de Aserca, se le atribuyó la “omisión en la revisión y compulsa de las cartas de adhesión, lineamientos y mecanismos de la operación de programas de desarrollos de mercado de la cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño–invierno 2000/2001, en Baja California y Sonora… aplicables para la autorización de pagos realizados a la empresa Agroindustrias Mayo, S.A. de C.V”, señala la resolución del Órgano Interno de Control (OIC) de Acerca. Pero de esta tema hablaremos ampliamente la próxima semana.