Ante la impunidad y la corrupción gubernamental que padece el país, el Congreso se ha convertido en un serio actor para combatir el desvío de recursos públicos. Y no es porque ese ente de poder esté exento de actos de corrupción y abuso, que de esto también allí hay mucho, sino simplemente porque cuenta con un órgano fiscalizador, como es la Auditoría Superior de la Federación, que no depende del Ejecutivo y esto lo convierte en la única posibilidad real de hacerle frente a la omisión, el engaño, la simulación y el encubrimiento que hay en el gobierno federal para sus funcionarios, quienes se aprovechan del cargo para enriquecerse ilícitamente y favorecer también a individuos y empresas que por años han vivido y abusado del presupuesto público.Esto viene a cuento porque en el Congreso se ha integrado una comisión de legisladores de diversos partidos políticos para investigar el conocido caso de ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), aquella empresa privada que durante tres sexenios (de priistas y panistas) servía a la Secretaría de Hacienda para triangular recursos públicos extraídos del cobro del derecho de trámite aduanal y que eran depositados ilícitamente en los fideicomisos también privados llamados Aduanas I y Aduanas II, los cuales fueron creados y administrados por el ex secretario Francisco Gil Díaz, ahora flamante asesor de empresas privadas ligadas a las telecomunicaciones y a la banca internacional y a quien le gusta que sus amigos y cómplices le llamen “Paco Gil”.

Por cierto que el nuevo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que “Paco” viene del quechua p’ago, rojizo, mamífero roedor; mientras que en Argentina significa “cantidad importante de dinero” y en Uruguay coloquialmente es un “engaño”, una “falta a la verdad”. En las posesiones españolas que había en África, “Paco” era un moro que, aislado y escondido, disparaba sobre los soldados. Pero también “Gil” tiene significado: individuo de cierto bando, a veces simple y hasta incauto.

Pues esta nueva comisión integrada en la Cámara de Diputados tiene como objetivo investigar el monto y el destino de los recursos públicos que fueron desviados de la Tesorería de la Federación, a donde nunca llegaron para ser usados por el ex secretario “Paco Gil” como si se tratara de fondos privados.

Además, el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, ya ha dado evidencias al Congreso del abuso de “Paco Gil” sobre esos miles de millones de pesos de que dispuso por lo menos en los seis años del gobierno panista de Vicente Fox, cuando ocupó el cargo de secretario de Hacienda.

Por eso lo que sigue para esta comisión camaral es conocer primero los montos de dinero que se acumularon en los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II por lo menos en el sexenio pasado y que siempre estuvieron protegidos y ocultos bajo la premisa del secreto fiduciario. Después, los diputados tendrán que investigar y explicar a los mexicanos del uso y destino que tuvieron dichos recursos, los cuales según fuentes vinculadas con Nacional Financiera, institución pública en donde se crearon dichos fideicomisos privados, sólo en los últimos seis años ascendieron a 150 mil millones de pesos. Por lo tanto la pregunta es a dónde se fue ese dinero, y es aquí en donde los legisladores se llevarán algunas sorpresas, pues de llegar al fondo descubrirán que las cuentas bancarias de algunos burócratas no se pueden explicar sólo con el salario que percibían. Sería sano que también se investigara al ex presidente Fox, porque hay quien asegura que fue beneficiario importante de esos recursos desviados.

Sin embargo, hace unos días el mismo auditor superior de la federación al entregar el Informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, adelantó que el fraude transexenal cometido por Hacienda a través de los fideicomisos privados aduaneros y la empresa ISOSA quedará en la impunidad, y este análisis tan simple se sustenta en el fallo que hace varios meses dio la Suprema Corte de Justicia, que de suprema no tiene nada y de justicia le falta mucho, al proteger e impedir fincar responsabilidades en contra de “Paco Gil” y los demás funcionarios involucrados en el desvío multimillonario.

En el llamado fraude transexenal aduanero, el autor y ejecutor directo Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual ejecutivo del banco británico HSBC y de la trasnacional española Telefónica Movistar, tiene garantizada su impunidad, reconoce el auditor superior de la Federación.

Entrevistado al final de la conferencia por la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, González de Aragón advirtió que tras el fallo de la Corte –la cual en 2005 determinó que los recursos depositados en el fideicomiso Aduanas I, provenientes de una contraprestación relacionada con el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), son de origen y destino privados–, no se podrán fincar responsabilidades ni sanciones administrativas o económicas a los servidores públicos involucrados.

El auditor admitió que es precisamente la resolución de la controversia constitucional 84/2004 la que impide actuar administrativa o penalmente contra cualquier funcionario o ex funcionario que haya participado en el manejo irregular de miles de millones de pesos, entre los que destacan Francisco Gil Díaz y José María Zubiría Maqueo, este último actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La historia de ISOSA

En mayo de 1993 y en su calidad de subsecretario de Ingresos, “Paco Gil” constituyó dos fideicomisos aduaneros que manejó al margen del presupuesto hasta 1994 y, posteriormente, cuando estuvo al frente de Hacienda, de 2001 a 2006.

Mientras que en los años recientes la pieza clave ha sido el aún presidente del SAT, quien desde esta posición ha manejado los miles de millones de pesos producto del DTA (Derecho de Trámite Aduanero), además de conducir el proceso de “legalización y transparencia” de los fideicomisos aduaneros, ordenado en diciembre de 2003 por el entonces presidente Vicente Fox.

De acuerdo con la ASF, en los primeros cuatro años de la administración foxista los fideicomisos 954–8 Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior II (conocido éste como Aduanas II), así como la empresa ISOSA, causaron quebrantos a la hacienda pública por 10 mil 183 millones de pesos. Esto sólo en lo que se pudo investigar, pues por instrucciones de “Paco Gil” Nacional Financiera se negó sistemáticamente a proporcionar la documentación sobre el manejo de los recursos públicos de los dos fideicomisos.

De la multimillonaria suma que defraudó el ex secretario de Hacienda, según lo documentado por la ASF, el SAT sólo reintegró mil 457 millones de pesos a las arcas federales. Ello, a pesar de que González de Aragón indica que gracias a que la Auditoría Superior estuvo señalando durante cuatro cuentas públicas “la presunta ilegalidad” de los depósitos en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, y su conexión con ISOSA, se consiguió que Hacienda devolviera 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Y es que mientras el auditor dice que “valió mucho la pena haber señalado todas estas situaciones irregulares que generaron la recuperación del 25 por ciento de todo lo que había sido señalado por la Auditoría”, los resultados del informe 2005 lo desmienten.

Del análisis hecho por la ASF a la fiduciaria Nacional Financiera (Nafin), se desprende que el SAT ordenó a la Tesofe la devolución de mil de los 2 mil 457 millones de pesos que había reintegrado a la hacienda pública.

La auditoría 05–2–06HIU–02–596 revela que mediante el oficio 327–SAT–0565 del 7 de noviembre de 2006, el administrador general de Innovación y Calidad del Servicio de Administración Tributaria solicitó a la Tesorería la devolución de mil millones de pesos a Nafin, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 954–8 Aduanas I, mediante depósito en la cuenta número 2647324927, abierta en el Banco de México.

Esta petición se basó en la regla 1.3.1.0. de la segunda resolución de modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2006, publicada por el Zubiría Maqueo el 6 de noviembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación, tan sólo un día antes de la solicitud de la devolución, destaca la ASF.

Ante esta irregularidad, el 28 de noviembre del año pasado la Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control en el SAT investigar el soporte y sustento de esta devolución de mil millones de pesos y, en su caso, iniciar el procedimiento para fincar responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

El informe revela que el SAT justificó esta transferencia como una permuta: en una reunión aclaratoria con los auditores, el órgano desconcentrado de Hacienda indica que a cambio de los mil millones de pesos, el 16 de noviembre de 2006 el Aduanas I aportó dos donativos por un total de 796 millones 819 mil 412 pesos (Contralínea 74).

Además de que la dependencia a cargo de Zubiría Maqueo no aportó documentación soporte sobre estas supuestas donaciones, la ASF acusa que aún cuando probara los movimientos financieros que alude, faltarían 204 millones 180 mil pesos en detrimento del erario.

Además, el máximo órgano de fiscalización en México señala que el donativo es una situación ajena a la sustracción irregular de los mil millones de pesos, cifra que representa un nuevo quebranto a las finanzas públicas. Por ello advierte que emitirá un pliego de observaciones en contra del SAT.

Otra anomalía encontrada en este caso se refiere a la solicitud de intervención del Órgano interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, mismo que resolvió fast track antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox que “no se encontraron elementos que permitan evidenciar responsabilidad administrativa con respecto del administrador general de Innovación y Calidad del SAT, por haber autorizado a la Tesofe la devolución del importe referido, de conformidad a la solicitud de Nafin”.

En el tema aduanero, el auditor González de Aragón dice que “lo que logramos en beneficio de la transparencia fue el inicio de la liquidación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y la constitución de dos fideicomisos públicos, el Fidemica y el FACLA. Esta fue una decisión por el camino correcto”.

Pero la transparencia del FACLA (Fideicomiso para Administrar la Contraprestación a que se refiere el Artículo 16 de la Ley Aduanera), creado a mediados de 2004 para sustituir al Aduanas I, se pone en entredicho en el propio informe de la ASF.

El amplio análisis revela la posición del SAT frente al manejo de los millonarios recursos obtenidos por el cobro del DTA: “el FACLA es un fideicomiso que, a pesar de ser público, recibe exclusivamente recursos provenientes de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, mismos que tienen el carácter de privados. Como resultado de ello, los servicios que son financiados con recursos provenientes de dicho fideicomiso, no se financian con recursos públicos.

“En ese sentido, la administración y aplicación de los recursos concentrados en el citado fideicomiso no afectan en ninguna forma la Cuenta Pública. Asimismo, las personas morales que reciben pagos del fideicomiso en cuestión, no reciben ni administran recursos públicos, por lo que los pagos efectuados no afectan en modo alguno la Cuenta Pública. Lo anterior quedó confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por sentencia del 14 de agosto de 2006, la controversia constitucional 84/2004, en la cual se determinó que las contraprestaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley Aduanera no tienen el carácter de recursos públicos”.