Sin medir consecuencias, el presidente de la República ha elevado los problemas del narcotráfico y el crimen organizado a una confrontación con el Estado mexicano cuando la semana pasada declaró a la prensa que él, su familia y sus principales colaboradores en el gabinete, han recibido amenazas de muerte por bandas delincuenciales.
Esa declaración irresponsable hunde a México dentro del marco internacional en un rango de inseguridad y peligrosidad como hace años lo fue Colombia, cuando las principales bandas del narcotráfico se apoderaron de ese país y empezó para los colombianos una verdadera pesadilla de persecución, odio y reproche mundial y de la cual aún no puede salir ni tampoco olvidar.
Pero Felipe Calderón, quien busca la identidad que lo legitime en la Presidencia de la República, se dice ahora víctima del crimen organizado y con ello pretende sumar a su causa la solidaridad social tan arraigada en México, aunque en este caso el efecto es contrario, pues lo único que lora al victimizarse es que la comunidad internacional volteé hacia México y confirme lo que ya se advertía desde el gobierno panista de Vicente Fox, que las bandas del narcotráfico cada día acumulan mayor poder y el incremento de una violencia generalizada en todo el país, en donde policías, militares y funcionarios son acribillados a cualquier hora del día ante la presencia atónita de la población.
Un ingrediente más a esta explosiva declaración presidencial es la decisión, también de Calderón, de extraditar fast track a Estados Unidos a los narcotraficantes considerados como peligrosos por las autoridades mexicanas, pues como lo diría el mismo presidente de la República su gobierno federal es incapaz de mantener un sistema carcelario seguro, libre de corrupción y, sobre todo, que dé seguridad a la población en general. Pero entonces porqué se destinan cuantiosos recursos públicos, correspondientes al pago de impuestos de los mexicanos, a los sistemas de seguridad nacional y procuración de justicia, si como dice Calderón no sirven para nada.
¿Qué sigue después de la declaración presidencial?
Internamente una mayor violencia, como sucedió en Colombia hace tres décadas: secuestro de servidores públicos, políticos, legisladores, empresarios y líderes sociales; explosiones en edificios públicos, bancos y medios de comunicación; la guerra entre bandas delincuenciales; ejecuciones de personas en vías públicas; vínculos de narcotraficantes con grupos armados disidentes de la guerrilla y paramilitares.
Externamente la imagen de México sufrirá una satanización para ubicarse como el principal centro de la droga en el mundo, aunque para todos es sabido que ese primerísimo lugar lo ocupa Estados Unidos, principal zona de consumo de marihuana, cocaína y drogas químicas, amén de ser también el principal centro de “lavado” de dinero mundial; los mexicanos que viajen al extranjero serán discriminados y vejados por los cuerpos policiales, igual como sucedió con los colombianos cuando salían de su país; una drástica caída en las exportaciones mexicanas, y la nada agradable clasificación de “país peligroso” para el turismo internacional. Todo lo anterior con una importante afectación en la economía nacional.
Eso, señor presidente Calderón, para que siga usted gritando ante la prensa internacional que está muy asustado porque en México el crimen organizado lo tiene amenazado de muerte, pues es tanto su poder que ni siquiera el Ejército, al cual usted ya sacó a la calle, puede detenerlo.
Complicidad empresarial afecta a Pemex
Sin voluntad para combatir la corrupción, el gobierno de Felipe Calderón es negligente y omiso ante el despilfarro y el saqueo de fondos públicos en Petróleos Mexicanos. Ni el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, ni el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, están interesados en hacer bien su trabajo y frenar el desvío de recursos que mantiene a la paraestatal petrolera al borde de la quiebra.
Un ejemplo de lo anterior es una investigación periodística de la reportera Nancy Flores y dada a conocer en la revista Fortuna, en donde relata los pormenores de un juicio mercantil instruido por Oceanografía (empresa vetada por la Secretaría de la Función Pública y acusada de sobornar a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún para conseguir contratos petroleros) en contra de la compañía Subtec, en donde de acuerdo con el expediente se revelan irregularidades cometidas en perjuicio de las finanzas públicas de Pemex por unos 85 millones de dólares, las cuales se relacionan con la contratación de obra para la sonda de Campeche.
El extenso expediente judicial explica que el 26 de agosto de 2004 Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez Osuna que le han adjudicado contratos transexenales en Pemex Exploración y Producción (PEP), se instruyó el juicio mercantil 709/2004 en contra de su socia Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.
A decir de Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de agenciarse el dinero.
Más allá de la pugna empresarial, el juicio revela las irregularidades solapadas por las autoridades petroleras, pues motivó el retraso por cinco meses de la entrega de oleogasoductos, cuya construcción estaban obligadas a terminar en diciembre de 2004.
Por esta obra, Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó un total de 87 millones 772 mil 92 dólares y, a pesar de los incumplimientos, expidió el acta de finiquito donde se dice satisfecha por los trabajos contratados. Salvo las penas económicas, ningún expediente de responsabilidad – en contra de las empresas o los funcionarios involucrados – fue abierto.
El juicio
El 20 de febrero del año pasado, Emilio Dipp Jones – representante legal de Oceanografía, empresa propiedad de Amado Yáñez – y Alfredo Reynoso Durand – dueño de Subtec – anexaron el último oficio al juicio ordinario mercantil 709/2004.
El breve documento, dirigido al juez 59 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promueve extrañamente el desistimiento de la acción judicial, por la cual Oceanografía pretendía que Subtec le pagara 7 millones 653 mil 563 dólares.
Las dos hojas relacionadas con el desistimiento – firmadas de común acuerdo y tras pactar fuera de juzgado una indemnización, según cuentan fuentes petroleras de primer nivel – pusieron fin a 542 días de enfrentamiento legal y reestablecieron formalmente la relación entre esos “exitosos” contratistas de Pemex.
Los empresarios, también identificados como gestores de negocios a favor de sí y de terceros, no se reservan acción o derecho derivado del negocio. En el caso de Subtec incluso se indica: “por medio del presente ocurso se desiste a su entero perjuicio de todas y cada una de las excepciones y defensas hechas valer, así como de la acción ejercitada en la reconvención”.
Y es que durante el largo proceso ambas compañías se responsabilizaron de los retrasos en las obras contratadas por PEP el 28 de abril de 2003, y que consistieron en “levantamientos geofísicos y geotécnicos, campaña 2003, ubicados en la Sonda de Campeche y el Golfo de México”.
Mientras Dipp Jones exigía a nombre de su representada el pago de más de 7 millones de dólares, monto que según lo señalado se habría apropiado ilegalmente Subtec, esta última reconvenía a Oceanografía a pagar los perjuicios causados no sólo a dicha empresa sino al propio proyecto de la paraestatal más importante de México.
Según los argumentos esgrimidos por Reynoso Durand, “la necesidad de ampliar (cinco meses) el plazo para la administración del contrato, así como la necesidad de contratar o fletar una segunda o tercera embarcación en un plazo adicional de la propuesta, resulta en una modificación a las obligaciones, cuyo costo y cargo es imputable a Oceanografía y a Foundex Explorations, por lo que estas empresas deberán ser condenadas a los pagos de los gastos, daños y perjuicios causados a mi representada y a la utilidad del proyecto”.
La obra, que consistió en levantamientos geofísicos y geotécnicos, fue adjudicada el 9 de abril de 2003 a la sociedad integrada por Oceanografía, Foundex Explorations – también propiedad de Yáñez Osuna – y Subtec.
Una vez ganada la licitación internacional 18575035 – 002 – 03, las tres empresas se repartieron las labores: las dos primeras instalaron los oleogasoductos y Subtec representó a la sociedad ante PEP y administró el ciento por ciento del convenio.
Por la complejidad de los trabajos, su ejecución requirió del auxilio de embarcaciones. Según el juicio, es precisamente este capítulo el que causó los retrasos en las obras: el segundo de los cuatro tomos del expediente descubre que para garantizar el costo del contrato, sólo se propuso la utilización del Barco Seabulk Colorado para los trabajos geotécnicos, pero fue necesaria una segunda embarcación.
El mismo inconveniente se presentó en los trabajos geotécnicos, para los cuales fueron propuestos los buques el Ingeniero y Midnight Arroz, pero se tuvo que contratar un tercero. Además de retrasar la obra, estas contingencias generaron sobrecostos estimados en al menos 20 millones de dólares.

Ex trabajador acusa a Oceanografía
Una carta de Carlos García publicada en la página Web de “Sendero del Peje”, da más evidencias de la corrupción entre la empresa privada Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, con funcionarios e Pemex. Esta es la carta íntegra: