Olvidado por el gobierno federal y dejado a su libre operación por mafias gubernamentales que a veces conectan hasta con la Presidencia de la República, el sector aduanal del país es una de las áreas más corruptas del sector público en donde concluyen burócratas, bandas del narcotráfico, el crimen organizado y empresarios y comerciantes corruptos. Los enormes flujos de mercancías que cruzan las fronteras mexicanas dejan jugosas ganancias a todos los que intervienen en la importación y exportación, así también sacan provecho económico los responsables de vigilar que este tráfico de productos no se interrumpa.Siempre se ha sabido de la corrupción que envuelve la operación de las aduanas en todo el país, pero ningún gobierno sin distingo de color se ha atrevido a intentar poner orden y limpiar la imagen de ese necesario sector, pues los dividendos en juego son muchos.

El último ejemplo de corrupción fueros sus anteriores inmediatos administradores, quienes en una especie de pacto de sangre emplearon a sus familiares y amigos en puestos clave para manejar el contrabando de mercancías, drogas y administrar las finanzas aduanales. Hablamos de José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas durante el gobierno foxista y su padrino el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quienes instrumentaron un Derecho de Trámite Aduanal para desviar cuantiosos recursos públicos hacia sus cuentas personales.

Sobre este último caso la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la constitución de una comisión especial para investigar a Francisco Gil Díaz por la creación del fideicomiso privado Aduanas I y la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), mediante los cuales el ex secretario de Hacienda desvió miles de millones de pesos recaudados por el cobro del DTA y que fueron a parar a cuentas privadas y en la adquisición de bienes e inmuebles.

Pero otra historia de esta grave corrupción en las aduanas la cuenta un trabajador de este sector que envía una carta a Oficio de papel y pide su publicación no sin antes solicitar mantener el anonimato su nombre porque su vida corre peligro, pues simplemente narra cómo grupos del narcotráfico controlan las aduanas ante la complacencia de las autoridades.

Este es el texto íntegro:

Se trata de los acontecimientos que hace unas semanas le costaron la vida al tercer inspector fiscal y aduanal Jorge Santillán Aguirre. Hace unos días se publicó en varios periódicos nacionales la noticia de que en una garita de salida de la aduana de Matamoros, personal del Ejército había hecho un cuantioso decomiso de armas de alto calibre y de municiones, incluidas las llamadas ‘mata policías’, esas que atraviesan los chalecos antibalas y que fueron encontradas en una camioneta blindada, la cual era escoltada junto con otros dos vehículos a bordo de una caja seca (de tráiler) y amparada con candado fiscal y un pedimento de importación que resultó ser falso.

Pues bien, la realidad de lo sucedido y que no se dio a conocer, fue que este cargamento ilegal sí pasó por la garita de salida y sí fue descubierto por mi compañero Jorge Santillán Aguirre, quien informó al comandante de la aduana. Pero no se si usted sepa que en todas las aduanas de Tamaulipas cualquier decomiso de armas, drogas o tráileres con mercancía de contrabando que sean detectados por nosotros, antes de informar a nuestros superiores en el área central, antes de informarle a cualquier autoridad, hay que informarle a un enlace del Cártel del Golfo para que ellos digan si es o no su mercancía. Si no es de ellos, entonces dan la autorización para que se haga el embargo, pero si les pertenece se debe deja pasar bajo amenaza de que quien se atreva a detenerla su vida corre peligro. Así nada más.

Cuando quieren pasar algún vehículo les basta con avisarle al comandante o al jefe de operación aduanera para que le den la clave 98, utilizada para dejar pasar la mercancía sin revisión,

Cuando Santillán descubrió las armas, se contactó al enlace del narcotráfico y la respuesta fue que la mercancía no era de ellos, así que se procedió a detenerla, dijeron que le dieran para adentro. Entonces se tomó la decisión de informarle al Ejército y permitir que fueran ellos quienes se adjudicaran el decomiso para evitar represalias en contra de los compañeros aduanales involucrados.

Al poco tiempo de haber llegado efectivos del Ejército, recibieron otra llamada de otyro grupo del narcotráfico, en donde les dijeron que esa mercancía les pertenecía y que iba para el jefe de la plaza de Oaxaca, por lo que pedían que se diera para atrás al embargo. Pero eso ya no era posible porque ya habían intervenido efectivos del Ejército.

De hecho el mismo día del asesinato, Santillán Aguirre hizo el embargo de otro vehículo con armas y divisas que, según parece, también pertenecían al Cártel del Golfo y eso fue lo que determinó que estos cobardes lo mataran al salir del servicio.

Hasta aquí el breve relato de lo que pasó antes de este asesinato, pero también es preocupante y lo que nos llena de indignación es el silencio e indiferencia de nuestros superiores, especialmente de nuestro administrador central, mismo que a pesar de su incapacidad y desconocimiento en tácticas policiales y operativas propias de nuestra función, fue ratificado en el puesto por la nueva administración.

El tercer inspector Jorge Santillán Aguirre pertenecía al grupo de binomios caninos y la principal preocupación de nuestros mandos centrales fue que el perro asignado a Santillán se enviara de inmediato, vía aérea, para su custodia y reasignación a nuestras oficinas centrales, lo que no ocurrió con los restos del cuerpo de Santillán Aguirre, pues fueron sus propios compañeros de la aduana de Matamoros quienes tuvieron que sufragar los gastos de traslado del cadáver por avión hasta su natal Nayarit.

Si esto no bastara, el seguro de vida contratado obligatoriamente con la aseguradora Metlife y que se nos descuenta de nuestras quincenas, no se ha hecho efectivo, alegando que no encuentran la póliza. Ni qué decir que no hubo algún reconocimiento póstumo por haber muerto en servicio.

Lo anterior obviamente no es del conocimiento del público y estoy cayendo en responsabilidad penal y administrativa por dar a conocer estos hechos, por ello pido omitir mi nombre, porque además me puede ocurrir lo mismo que a mi amigo Jorge Santillán Aguirre.

De nuestras condiciones laborales, un sueldo miserable de 2 mil 500 pesos quincenales, gana más un soldado raso que nosotros, aparte de carecer de prestaciones, pues somos contratados bajo el régimen de honorarios, sin capacitación y tenemos que pagar renta, gasolina y traslados a los centros tácticos de cada aduana, además de pagarle a una cocinera en las garitas para que prepare nuestros alimentos. Entre otros gastos adicionales está la reparación de las patrullas. Todo esto lo saben nuestros superiores, y también saben que bajo estas deplorables condiciones nos vemos obligados a caer en actos de corrupción para poder subsistir.

Cuando hay alguna queja en nuestra contra los funcionarios se lavan las manos y nos exhiben cuando dicien que sólo nosotros somos los corruptos, pero la verdad son los mandos medios y superiores los que contrabandean al por mayor.

Otro ejemplo de la impunidad es el famoso operativo México Seguro aplicado en Ciudad Miguel Alemán, en Tamaulipas, en donde a nadie detuvieron, cuando los narcotraficantes son advertidos con tiempo y sólo se burlan de las operaciones policiales.

Yo estaba de servicio en la garita de salida de Paras y en pleno día pasaron seis vehículos blindados con 30 sicarios fuertemente armados que custodiaban al jefe de la plaza, quien junto con su familia y después de ser advertido por las mismas autoridades se dirigía a uno de sus ranchos parea eludir la operación México Seguro.

¿Qué hice al ver cruzar los vehículos? Sólo puse mi cara de pendejo porque qué iba yo a hacer con mi pistola de 9mm y 10 cartuchos que quién sabe si funcionen. Como esta hay muchas otras irregularidades que nadie atiende.

Corrupción en Pemex

Otro de los sectores gubernamentales en donde la corrupción tampoco tiene límite es el del sector energético, principalmente en Petróleos Mexicanos, empresa que cada gobierno que asume el poder exprime al máximo en beneficio de unos cuantos. Situación que Felipe Calderón y su equipo también están aprovechando y ya se hacen los enlaces y amarres para operar los cuantiosos recursos que deja la producción petrolera pero, sobre todo, la corrupción que allí se opera.

Este es el caso que se narra en la disputa legal de un juicio mercantil entre empresas privadas e instruido por Oceanografía (empresa vetada por la Secretaría de la Función Pública y acusada de sobornar a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y a Luis Ramírez Corzo, ex director de Pemex) en contra de la compañía Subtec, en donde dan cuenta de las irregularidades solapadas por la paraestatal petrolera en perjuicio de las finanzas públicas. Las irregularidades allí descubiertas involucran más de 85 millones de dólares y se relacionan con la contratación de obra para la sonda de Campeche.

Esta amplia investigación periodística realizada por Nancy Flores, relata cómo el 26 de agosto de 2004 Oceanografía, la empresa de Amado Yañez Osuna (íntimo amigo de Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de la Presidencia de la República) que le han adjudicado contratos transexenales en Pemex Exploración y Producción (PEP) a partir de que los panistas llegaron al poder, instruyó el juicio mercantil 709/2004 en contra de su socia Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.

A decir de la misma Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de agenciarse el dinero.

Más allá de la pugna empresarial, el juicio revela las irregularidades solapadas por las autoridades petroleras. Y es que las tres empresas retrasaron cinco meses la entrega de los oleogasoductos, cuya construcción estaban obligadas a terminar en diciembre de 2004.

Por esta obra, Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó un total de 87 millones 772 mil 92 dólares y, a pesar de los incumplimientos, expidió el acta de finiquito donde se dice satisfecha por los trabajos contratados. Salvo las penas económicas, ningún expediente de responsabilidad –en contra de las empresas o los funcionarios involucrados– fue abierto.

Así las cosas, siempre es Pemex el que tiene que pagar las deficiencias y las confrontaciones empresariales con cargo al erario público. Pero de este tema hablaremos más la próxima semana.

Carta aclaratoria

Una segunda carta aclaratoria ha enviado Alejandro Cota Alcázar, ex director general de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, en donde trabajó poco más de dos meses y dice que renunció por “motivos personales”. Se reproduce íntegramente.

Lunes, 5 de marzo de 2007.

Periodista Miguel Badillo.

Oficio de Papel, Columna semanal.

Agradezco su buena voluntad para el caso. Le reitero las declaraciones que vertí en la carta que envié a usted el pasado viernes 2 del presente y deseo aclararle que su apreciación “aunque sí confirma que ha sido cesado de su cargo en la Presidencia de la República” es incorrecta, dado que en ningún momento menciono que fui cesado y, creo que para usted es claro también, dado que en la respuesta electrónica que envía me  pregunta “¿cuál fue el motivo de su renuncia al cargo que desempeñaba en la residencia?”.

Además, con su comentario “quien ha dejado el cargo y hasta ahora se desconoce el motivo de ello, por lo que se cree está relacionado” continua usted implicándome en un hecho del cual yo no tengo nada que ver. Si es una realidad que renuncie al cargo  por motivos personales y que, reitero, no tienen nada que ver con los hechos que narra en su columna.

Ahora, contestando a su pregunta: Honestamente me considero una persona trabajadora y conocedora de mi especialidad. Sin embargo, creo firmemente que el trabajo debe de ser una parte integral del desarrollo personal, si este no se integra, entonces es un trabajo. Por lo regular, trabajo desarrollándome como persona y creando, desarrollando e implantando soluciones en donde el espacio humano y la seguridad siempre son factores importantes. Constantemente evaluó mi desempeño y el desempeño del (os) ejercicio (s) que esté desarrollando, además de mi satisfacción y la de mi familia. Laborar en la presidencia es un ejercicio más que respetable del cual me encuentro totalmente orgulloso. Pero esto, tenia consecuencias familiares considerables, que al cabo de las acciones que implicaba, considere que era mejor retirarme y continuar mi camino con buenas amistades y sembrando nuevas oportunidades futuras.

Respetuosamente le pido que aclare que mi persona no tiene nada que ver con lo relatado en su columna y que no he sido cesado. Sabiendo que usted es una persona de bien, le envió un fuerte saludo.

Sin más por el momento agradezco a usted la atención que se sirva brindarle a la presente.

Atentamente,

MC Alejandro Cota Alcázar