Hasta la Cámara de Diputados llegó la bomba de tiempo que ha generado el retraso indefinido que enfrenta la “Solución Integral” ordenada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la empresa Oracle para modernizar su plataforma tecnológica y que representó un dudoso contrato, por decir lo menos, de más de 52 millones de dólares. 

Los legisladores buscan una explicación congruente del jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, quien ha dicho que los problemas con este contrato no son atribuibles a hechos de corrupción o negligencia en el organismo que preside. Aún más, asegura que Oracle o Peoplesoft –la empresa que originalmente obtuvo el contrato– tampoco tienen toda la culpa. Se trata, afirma Zubiría, de una arquitectura tecnológica muy compleja.

Precisamente por esta razón, Oracle obtuvo uno de los contratos más cuantiosos de la administración pública. Se trata de una licitación internacional que se realizó bajo la supervisión del Banco Mundial y con la  que se buscaba sentar un precedente positivo sobre el uso de la tecnología para incrementar la recaudación tributaria (¿sí?), mejorar la distribución de la riqueza (¿cómo no?) y combatir la corrupción (¿ajá?).

Asegura Zubiría que una consultora analiza ya las fallas en las que ha incurrido Oracle, y que si bien se le sancionará a través de un proceso de arbitraje que seguirá las reglas del Banco Mundial, es un hecho que no se cancelará el contrato. Sería más costoso para el SAT, asegura el funcionario, a quien como ya informamos no se le permitió dejar su puesto en el organismo tributario en tanto no resuelva el conflicto tecnológico que tiene olores fétidos de corrupción.

Al interior del SAT, el llamado “periodo de estabilización” de la “Solución Integral” vive un periodo de agudización de fallas e irregularidades. Aún más grave, se corre el riesgo de que los contribuyentes enfrenten problemas con los trámites realizados y que el periodo de declaraciones anuales enfrente problemas nunca antes vividos. Para muestra, una perla de los profundos problemas que se enfrentan en el SAT: con el nuevo sistema desarrollado por Oracle se pretendía eliminar el uso de papel. Es cierto que en noviembre pasado ya no era necesario presentar fotocopias de los documentos solicitados para trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, sin embargo, la guía de trámites del SAT publicada a través de Internet volvió a incluir la obligación para el contribuyente de presentas originales y  fotocopias. ¿La razón? El sistema de escaneo de documentos que incluye la plataforma tecnológica de Oracle dejó de funcionar, nada más.

El contratista del SAT, me informan fuentes al interior del organismo fiscalizador, subcontrato el sistema de escaneo de documentos conocido como Documentum. Para los trabajadores del SAT el uso de este sistema ha convertido los procesos de integración de documentos en una verdadera y riesgosa pesadilla. El peligro de perder información valiosa del contribuyente está presente a cada momento.

José María Zubiría recibió en su momento la advertencia de que el sistema de escaneo no estaba funcionando. Sin embargo, aseguró que se trataba del paquete para la plataforma que había vendido y recomendado Oracle y que correspondía a las más avanzadas prácticas internacionales.

Más allá del caos operativo que reina en el SAT, lo que más preocupa al interior del organismo son las decisiones que tomará Zubiría para tratar de cubrir el enorme boquete. Se dice al interior del SAT que Zubiría busca convencer al titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, de que si la aplicación no se construyó a partir de las necesidades de la organización ahora será más fácil reconvertir al SAT para que se adapte al sistema.

El problema, reconoce el propio Zubiría, es que no se construyó para el SAT. El contrato y el manual de operaciones presentado al Banco Mundial, establecía que se trataba de un sistema especialmente diseñado para el SAT. ¿No se pagó bastante por ello? Entonces no se ha regalado nada al gobierno mexicano y dicho programa puede convertirse en una verdadera crisis en la recaudación, por lo que habría que preguntar si se le fincarán responsabilidades a Zubiría Maqueo o el señor Carstens empezará su gestión con turbiedades y omisiones en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades a los Servidores Públicos.

Por ello se publicará un nuevo reglamento interno para el SAT, con el cual se buscará solucionar el problema. Pero los pronósticos hasta ahora son reservados pero el temor que prevalece.

El SAT podría enfrentar un mayor desorden con incalculables pérdidas económicas para el erario, de tal manera que el plan de Zubiría es colocar en puestos clave de la organización al personal que hasta ahora ha participado en la licitación, desarrollo y operación del fallido sistema.

La reestructura busca justificarse con la necesidad de que ahora la plataforma cuente con las “mejores prácticas de servicio” al contribuyente, un ejemplo que se tomó del sistema tributario chileno en donde la participación de la recaudación respecto del PIB sí aumentó gracias a la tecnología. Se trata, sin embargo, de una base de contribuyentes mucho menor y sin las complejidades de la mexicana.

La noticia que se debería esperar, sin embargo, es la ola de sanciones para Oracle–Peoplesoft después de que incumplió una y otra vez los términos del contrato. Preocupa, además, el acceso irrestricto que tuvo esta empresa estadounidense a las bases de datos que controlan la información de más de 20 millones de contribuyentes.

Lo único que sabemos hasta el omento es que hay demasiada complacencia y esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo a punto de estallar. En resumen se trata de una herencia de Francisco Gil Díaz, quien a cambio de impunidad y compromisos que asumió con él Felipe Calderón, dejó al frente de Hacienda a un empleado del FMI que no está acostumbrado a tomar decisiones y espera órdenes desde los Estados Unidos para poder actuar.

Carta aclaratoria de funcionario de Los Pinos

La semana pasada escribimos cómo el sistema de seguridad en la Presidencia de la República había sido violado por una empresa privada que instaló cámaras de video y micrófonos en áreas restringidas y privadas de la residencia oficial de Los Pinos en donde vive el presidente Felipe Calderón y su familia.

La información generó de inmediato la reacción del jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el español Juan Camilo Mouriño, quien ordenó limpiar el lugar y retirar cámaras y micrófonos, además de iniciar una investigación para determinar si se trata de una conspiración en contra del jefe del Poder Ejecutivo y determinar quiénes son los responsables.

Todo inició hace poco más de tres meses cuando la Presidencia de la República otorgó un contrato directo por unos 25 millones de dólares a una empresa privada de Monterrey llamada Security Network Systems para, con un supuesto propósito de vigilar y resguardar todo lo que sucede dentro de Los Pinos, instalar 100 cámaras de video con igual número de potentes micrófonos que graban todo lo que se hace y se dice en Los Pinos.

Aunque se ha buscado insistentemente una respuesta oficial sobre este delicado asunto, hasta ahora dicha información sigue clasificada como confidencial y en la Presidencia de la República se niegan a explicar lo que ha sucedido; de tal manera que se ha recurrido a fuentes extraoficiales, las cuales informaron que uno de los implicados en el espionaje a Calderón y familia era Alejandro Cota Alcázar, director general de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, quien ha dejado el cargo y hasta ahora se desconoce el motivo de ello, por lo que se cree está relacionado.

Sin embargo, Cota Alcázar nos envió una carta para aclarar que él nada tiene que ver con el espionaje, aunque sí confirma que ha sido cesado de su cargo en la Presidencia de la República.

Esta es su carta íntegra:

Carta Aclaratoria

Viernes, 02 de marzo de 2007.

Periodista Miguel Badillo

Oficio de Papel, Columna semanal.

El pasado día 26 de febrero del presente en su columna “Oficio de Papel” señala que mi persona esta siendo investigada “es investigado si tuvo alguna participación en la contratación del sistema de espionaje en la casa presidencial” a lo cual, con todo respeto, le informo que en ninguno de los hechos mencionados he te nido que ver, ni participe, ni tenia conocimiento hasta que usted escribe al respecto. Ya que durante los 62 días que fungí como Director General de Tecnologías de la Información, adscrito a la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República, no como “responsable del área de telecomunicaciones”, nunca intervine en nada relacionado a lo relatado en su columna. Además, a la fecha, no ostento ningún cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores como también es señalado por usted. Por lo que solicito, respetuosamente a usted, realice una nota aclaratoria o sírvase publicar esta carta aclaratoria en igualdad de circunstancias que su columna, dado que esta dañando a mi persona y atañen el profesionalismo con el que yo siempre me he desempeñado como funcionario público y en el ámbito profesional y académico.

Conocedor de la veracidad de la información de su columna estoy seguro que esta petición será resuelta favorablemente, por lo que le envió un fuerte saludo.

Sin más por el momento agradezco a usted la atención que se sirva brindarle a la presente.

Atentamente,

Alejandro Cota Alcázar

Nota: Al no poder encontrar dirección alguna en donde enviarle esta carta, se la hago llegar a través de sus dos direcciones de correo electrónico que publica en su columna. Por lo anterior, solicito a usted atentamente, me acuse de recibido esta carta aclaratoria.

Hasta aquí la “carta aclaratoria” y, como me pide Cota Alcázar, en mi acuse de recibo de la misiva también le pregunto el motivo de su renuncia a la Dirección General de Tecnologías de la Información, pues parece una reacción al espionaje presidencial, pero hasta ahora no hay respuesta.

La lucha por el poder: Slim y Gil Díaz

El cinismo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, va en aumento. Primero fue el desastre que dejó en las finanzas públicas y la enorme corrupción y desvío de recursos del erario federal. Ahora se contrata con empresas extranjeras para entregar la información privilegiada que manejó en su responsabilidad como servidor público, a cambio de jugosas inversiones, acciones y ganancias.

Pero eso no es todo, en una conferencia de prensa amañada en donde se atribuyeron el derecho de acceso a los medios de comunicación afines con el ex secretario, para evitar así molestas preguntas de quienes tienen pruebas de la corrupción de Gil Díaz, el ex funcionario declaró que no viene a México a pelear con Carlos Slim, otro magnate de las telecomunicaciones.

Sin embargo, las pruebas que hay dicen lo contrario, pues las diferencias entre ambos personajes revelan el encono y odio de Gil Díaz en contra de Slim. Por ejemplo, antes de que Gil Díaz abandonara la Subsecretaría de Ingresos allá por el año de 1994, inició una persecución fiscal en contra de Slim y del Grupo Carso que disfrazó como una campaña en contra de la evasión.

El Grupo Carso (conglomerado de unas 150 empresas integradas fiscalmente), propiedad de Carlos Slim y de sus hijos Marco Antonio y Carlos Slim Domit, estuvo sometido durante 10 años a una intensa investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, al asegurar ésta que habían cometido un cuantioso fraude fiscal por cerca de 300 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y en poder de Oficio de Papel, las auditorías aplicadas a Grupo Carso duraron 4 años y 8 meses, tiempo en el que se revisaron los ejercicios correspondientes a 1995 y el periodo del 1 de enero al 1 de agosto de 1996.

De las casi 150 empresas del Grupo Carso, la Secretaría de Hacienda concluyó con base en papeles de trabajo oficiales, que hubo cruces de información, por lo que a 2 empresas les hicieron observaciones, pero el caso fue cerrado en la PGR por órdenes presidenciales. Por falta de espacio la próxima semana hablaremos de los perdones fiscales a los amigos y cómplices de Gil Díaz y de las persecuciones a los que consideraba enemigos y competidores.