Hace unos días informamos de la extraña asignación directa que hizo la Presidencia de la República al otorgar hace tres meses un contrato a la empresa privada de Monterrey Security Network Systems para, con un supuesto propósito de vigilancia y seguridad nacional, instalar 100 cámaras de video con igual número de potentes micrófonos que graban todo lo que se hace y se dice en Los Pinos. El problema fue que una de las víctimas de ese “big brother” presidencial era el mismo Felipe Calderón, así como su familia, los secretarios de Estado y todo aquel que se le ocurre visitar la residencia oficial del Ejecutivo.

Esa información clasificada como confidencial se ha mantenido con el mayor de los sigilos en la Presidencia de la República, en donde nadie quiere oficialmente hablar del tema. Sin embargo, después de que los órganos de seguridad nacional alertaron a Calderón de que algunas de esas cámaras (30 para ser precisos) habían sido colocadas en áreas privadas de la residencia oficial, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, ordenó retirarlas de inmediato y se inició una investigación para determinar si se trata de una conspiración en contra de Felipe Calderón y determinar quiénes son los responsables, pues se cree que pretendían espiar todo lo que hace el jefe del Poder Ejecutivo.

Por tratarse de la seguridad del presidente de la República, corresponde al Estado Mayor Presidencial supervisar todos los contratos que se asignan en materia de vigilancia en Los Pinos, por eso nadie se explica en la casa presidencial cómo se vulneró la seguridad al contratar primero a dicha empresa privada y después la instalación de cámaras y micrófonos en zonas ocultas y restringidas, pues es un derecho que el jefe del Ejecutivo tenga también privacidad. Una línea de investigación que preocupa es si algún miembro de ese órgano de seguridad de las fuerzas armadas está involucrado en tal conspiración.

Por lo pronto una de las reacciones inmediatas en Los Pinos fue remover al responsable del área de telecomunicaciones, Alejandro Cota, quien también es investigado si tuvo alguna participación en la contratación del sistema de espionaje en la cada presidencial, por lo que fue transferido a una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un dato sobre este funcionario que salió de la Presidencia es el estrecho vínculo que mantiene con la empresa privada Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawachi y en donde laboró hasta hace poco tiempo. Como recordamos Cosmocolor tuvo problemas penales cuando el gobierno capitalino de Oscar Espinosa Villareal le asignó un contrato millonario para la impresión de licencias de conducir.

La empresa SNS

La empresa privada contratada, Security Network Systems S.A. (SNS), con sede en Monterrey y cuyo director general es el ingeniero Jesús Martín Garza Elizondo, empleó equipo de origen koreano para grabar en audio y video todo lo que sucede en la residencia oficial presidencial. El costo estimado del contrato ascendería a unos 25 millones de dólares; sin embargo esa cifra no se pudo corroborar porque en Los Pinos su vocero Maximiliano Cortazar no responde el teléfono, en la página de Internet de la Presidencia no aparece dicho servicio ni el contrato respectivo y en la dirección general de SNS han rechazado las solicitudes de entrevista para explicar cuáles fueron las condiciones para otorgarles el contrato.

Después de buscar al director Garza Elizondo, la página en Internet de esa empresa privada fue cancelada durante varias semanas, pero hace unos días fue reactivada. Ahí se informa que SNS “inicia actividades al observar el día a día las deficiencias en seguridad, trazándonos el compromiso de analizar y dar respuestas a los distintos escenarios que se presentan con nuestros clientes, y así ofrecer soluciones reales a estos acontecimientos.

“Somos una empresa comprometida con los productos y servicios que ofrece, tenemos por objetivo principal el eficientar la seguridad de las unidades de negocios de nuestros clientes, aspirando siempre al mejoramiento en su calidad de vida, salvaguardando todos sus activos siempre bajo la premisa de ofrecer el máximo rendimiento al menor costo, teniendo ésta como nuestra misión.

“La visión de Security Network Systems es ser una empresa líder de renombre nacional en el área de equipos y servicios de seguridad. SNS es una de las primeras empresas en México en contar con auditores externos o certificados por la Organización Mundial BASC (OMB). Comprometidos con nuestros clientes a ofrecer un amplia gama de servicios en estándares internacionales de seguridad.”

Entre los servicios que ofrece la empresa privada es la realización de auditorías, “que es la revisión de actividades y resultados relacionados con la gestión en control y seguridad para observar el cumplimiento de las disposiciones preestablecidas y que éstas sean cumplidas en forma efectiva.”

En el servicio de consultoría, SNS dice que “estudia la necesidad de cada cliente para ofrecerle el más adecuado diagnóstico, de acuerdo con sus necesidades, mediante un estudio previo de vulnerabilidad, obteniendo así información para brindarle la cobertura exacta de su casa o negocio”, es decir el de gobernar este país en el caso de la instalación de cámaras y micrófonos en la Presidencia de la República.

En capacitación, SNS asegura contar con personal certificado y entrenado para preparar a los usuarios finales de los equipos, permitiendo así un uso óptimo de este. Como trabajo adicional la empresa ofrece el servicio de escolta para seguridad y vigilancia, y cuentan también con flotillas de instalación perfectamente capacitadas en el manejo de los nuevos equipos.

Sin duda SNS es toda una empresa de seguridad y vigilancia para el mejor postor, y como en Los Pinos la inseguridad y el temor se pasean por oficinas  y pasillos qué mejor que una empresa privada para resguardar los intereses presidenciales. A ver si en los próximos días alguien en el gobierno explica estos absurdos y complots.

Los rostros del intervencionismo

Ante la amenaza de perder influencia sobre las fuerzas armadas y policiales de América Latina y Asia, el gobierno de Estados Unidos ha autorizado un ambicioso programa para la entrega de helicópteros que sobrevuelen la región. La excusa es el “apoyo” para la erradicación de cultivos de cocaína y opio, pero en realidad se trata de la decisión de vigilar y evitar el ingreso de fuerzas terroristas y migrantes al país vecino.

El Congreso de Estados Unidos exigió al gobierno de George Bush que ordene la administración de las aeronaves que entrega a terceros países para combatir el narcotráfico y el terrorismo, entre los cuales México ocupa uno de los primeros lugares tan solo después de Colombia. Se deplora, sin embargo, el excesivo gasto destinado a comprar y mantener aviones, así como a firmar contratos con empresas que operan personal con actividades dedicadas a introducirse en las fuerzas militares de la región.

A través de la General Accountability Office (GAO por sus siglas en inglés), el órgano de vigilancia equivalente a la Auditoria Superior de la Federación, busca una mayor rendición de cuentas sobre la administración de las aeronaves que entrega a países como Colombia y México, entre otros.

El Departamento de Estado de la Unión Americana, de acuerdo con el reporte, controla las operaciones de al menos 357 helicópteros y aeronaves cuyo valor está estimado en 340 millones de dólares. Sólo en el caso de Colombia, el gobierno estadounidense ha destinado presupuestos para el mantenimiento de estas aeronaves.

Ahora, el Departamento de Estado de ese país deberá justificar cada peso que invierte en esta campaña contra el narcotráfico y el terrorismo si es que pretende obtener mayores recursos en el presupuesto para 2008 y 2009.

Hasta ahora, asegura la GAO, la información que ha proporcionado el Departamento de Estado para justificar la presencia en el mundo a través de la operación de sus aeronaves resulta insuficiente. No se ha proporcionado, por ejemplo, la documentación que confirme los ciclos costo–beneficio, así como presupuestos comparativos.

A pesar de que se registran avances desde 2004, el Departamento de Estado aún no aplica procesos sistemáticos para la administración de esta flota aérea, lo que obstaculiza los programas para el mantenimiento y la seguridad de dichas aeronaves.

El documento presentado al Congreso de Estados Unidos por la GAO el pasado 2 de febrero recuerda que el Poder Legislativo de ese país ha autorizado más de 5 mil millones de dólares para financiar los programas contra el narcotráfico y el terrorismo.

Países como Afganistán, Bolivia, Colombia (en donde se ocupan para transporte del ejército principalmente), Ecuador, Pakistán, México y Perú son las naciones que han recibido aviones y helicópteros para ser operados por las autoridades locales.

Entre 2002 y 2006, el gobierno estadounidense ha destinado más de 2 mil 200 millones de dólares para actividades aéreas; las unidades de vuelo son propiedad del gobierno estadounidense por lo que el mantenimiento es responsabilidad de ese país.

La GAO también ha descubierto problemas en la operación de la entidad conocida como Air Wing, cuya base central de operaciones se localiza en Miami, Florida y que ha incurrido en subvaluaciones del equipo hasta por 162 millones de dólares.

En 2005 el Senado de Estados Unidos se pronunció por las lagunas que presenta la administración de este programa, lo que ha incrementado los costos de administración.

Las investigaciones de la GAO se concentraron en Colombia, en mayor medida, pues es en este país en donde se opera la tercera parte de los aviones adscritos a centro y Sudamérica. La revisión se realizó entre febrero de 2006 y enero de 2007. Sin embargo, México no escapa a las conclusiones.

La evaluación tomó en cuenta los compromisos adquiridos en 2004 por Air Wing, para iniciar un plan estratégico para modificar los errores en la operación de las aeronaves entregas a países que se consideran estratégicos para la seguridad nacional de Estados Unidos. El plan de Air Wing no contempla, sin embargo, medidas para mejorar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, se limita al plano administrativo.

En general, la inversión en aviones entregados a países que, según el gobierno de Estados Unidos, enfrentan problemas de narcotráfico, no se encuentra plenamente justificada. Aún más, carece de análisis económicos que permitan al gobierno de ese país medir la efectividad de los planes y aplicación de activos.

La GAO observa la necesidad de mejorar los términos de contratos pactados con empresas como DynCorp International, que ofrecen servicios para la administración de estos aviones, pero sobretodo para la asesoría en materia de erradicación de cultivos de cocaína y opio.

El costo anual de los contratos con esta compañía suma al menos 174 millones de dólares y se extienden por un periodo de 10 años. El mayor contrato que se ha otorgado a DynCorp International corresponde al Plan Colombia, aunque también cuenta con actividades en Bolivia y Perú, así como en la frontera de Pakistán.

Ahora, el Departamento de Estado de EU ha solicitado a DynCorp desarrollar una serie de indicadores para medir su desempeño. Esta misma empresa es la que ofrece servicios al gobierno estadounidense para prevenir la migración desde países como Ecuador, en donde sus prácticas han sido críticas debido al nivel de intervencionismo.

De hecho, la empresa fue demandada por 10 mil ciudadanos ecuatorianos que buscan compensaciones por 100 millones de dólares para resarcir daños a la propiedad privada e indemnizaciones por homicidios a causa de procesos de fumigación en la frontera de ese país.

Los contratos de esta empresa suman más de 93.7 millones de dólares mientras que la prensa estadounidense investiga sus actividades. En el caso de México, el reporte de la GAO no precisa si DynCorp está proporcionado servicios de mantenimiento y operación de aviones. Sin embargo, sí da cuenta de cómo se entregaron helicópteros a la Procuraduría General de la República sin contar con las medidas de control necesarias. Un abuso más de las autoridades de Estados Unidos en su relación con México.