Es pública la debilidad con la que Agustín Carstens arriba a la Secretaría de Hacienda, bajo la sombra de su antecesor Francisco Gil Díaz, y eso le impide colocar a funcionarios de su confianza en los puestos de primer nivel. De hecho, gran parte de las negociaciones para que el ex subdirector gerente del FMI aceptara la titularidad de la dependencia tuvo que ver con los nombramientos en las subsecretarías, pero al final perdió.

Por ejemplo la presencia de Ernesto Cordero en la Subsecretaría de Egresos es una de las cartas que Cartens tuvo que ceder por tratarse de uno de los hombres de confianza de Felipe Calderón.

En otros casos como el de José María Zubiría Maqueo, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), su ratificación en el cargo nada tuvo que ver con un reconocimiento a su gestión al frente del organismo recaudador, la cual además de ineficaz se dice está marcada por actos de corrupción e irregularidades que algunas personas cercanas al presidente de la República están dispuestas a investigar.

Así esta decisión de Carstens de mantener al polémico Zubiría Maqueo en el cargo se debe a los severos problemas operativos en ese organismo –que podrían derivar en investigaciones por corrupción– relacionados con la aplicación de la llamada Solución Integral que el SAT y la Secretaría de Hacienda preparan desde hace más de dos años para incrementar, entre otros objetivos, el combate en contra de la evasión.

Ahora, a su fracaso para realizar el censo tributario, Zubiría Maqueo tendrá que rendir cuentas sobre el proyecto de modernización tecnológica del SAT. El funcionario, sin embargo, no está solo en el terreno de las responsabilidades. Rubén Aguirre, ex subsecretario de Ingresos y ex titular del SAT, también comparte algunos de los problemas con esta licitación. Por supuesto otro de los principales responsables de este problema que empieza a tomar dimensiones de preocupación dentro del gabinete calderonista es el propio Gil Díaz, quien durante seis años marcó las líneas a seguir en Hacienda y por consiguiente no puede ser ajeno a lo que sucede ahora.

Desde agosto pasado, los colegios de contadores observan con asombro la lluvia de declaraciones de la dependencia sobre los retrasos en los que se ha incurrido para liberar la plataforma tecnológica con la que se pretendía liberar a los procesos fiscales del papel, pero sobretodo de la intervención humana y del posible riesgo de corrupción.

La empresa estadounidense Oracle, que adquirió hace dos años la compañía Peoplesoft, ganadora original del contrato licitado por el SAT y el Banco Mundial, es hasta ahora la responsable visible de los problemas con la aplicación de la plataforma y, en consecuencia, debe pagar los platos rotos y recibir las sanciones que ello ocasione. En el SAT se asegura que la compañía responsable de los servicios de outsourcing será sancionada; no obstante, cancelar el contrato debería de ser una opción para la dependencia después de los problemas en los que ha incurrido Oracle y que colocan al proyecto estratégico de la dependencia con al menos un año de retraso. ¿Cuánto cuesta al erario este retraso?

Esta es la razón por la que José María Zubiría Maqueo permanece al frente del SAT. Agustín Carstens ha dado la instrucción de que mientras no se solucione la crisis generada por los retrasos de Oracle–Peoplesoft, el funcionario no podrá abandonar su puesto, en espera de que sea sancionado.

Conocedor de esta situación, Zubiría Maqueo habla sobre el conflicto como si fuera un tema ajeno a su gestión y asegura que se trata de situaciones ajenas, incluso, a la empresa contratista que firmó un contrato por casi 53 millones de dólares.

Estos recursos forman parte de un paquete de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo y por el propio Banco Mundial para impulsar la reforma fiscal. Los cambios legislativos, sin embargo, no se han presentado y los organismos multilaterales decidieron apoyar la modernización tecnológica y la reconversión del SAT como un camino alterno frente a la crisis recaudatoria que enfrenta el país.

Aún más, impuestos como el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que constituyeron la caja chica de la Secretaría de Hacienda durante más de una década prácticamente se desplomaron al pasar de 2 mil 200 millones de pesos en promedio por año, entre 2001 y 2004, a menos de 349.2 millones. El SAT argumenta, no obstante, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el derecho se vio compensada por el incremento del comercio exterior. Los números, sin embargo, reflejan otro escenario.

Ahora, sin embargo, el país carece de una transformación legislativa y de la prometida plataforma tecnológica.

La propia Secretaría de Hacienda ha reconocido que el inicio de operaciones del Sistema Integral, con el que se impulsaría el periodo de declaraciones correspondiente a este año está retrasado y que no existe una fecha clara para que entre en operación, en línea con las expectativas marcadas por el Banco Mundial y la propia dependencia.

Con el nuevo sistema se pretendía reducir el costo de cumplir con las obligaciones tributarias, así como la inversión comprometida por el Estado. Con más de 32 mil 733 empleados, el SAT también busca reducir el costo de su personal. Fue en 2004 cuando este organismo despidió al menos mil trabajadores como parte de su proceso de reingeniería de procesos, lo que generó gran inconformidad por parte de los trabajadores sindicalizados al asegurar que el SAT sólo incrementó el costo de su nómina al reemplazar plazas con personal con ingresos mayores y escaso conocimiento sobre labores tributarias.

Una de las líneas de investigación sobre las fallas en el proyecto encomendado a Oracle son las estrategias de la firma estadounidense para maximizar sus ganancias y que tendrían que ver con la subcontratación de firmas que operan en países como Argentina, lo que habría pulverizado el control sobre la efectividad y resultados de la plataforma. Pero este problema apenas empieza a salir a la luz pública y habrá que estar atento a la forma como lo resuelve este nuevo gobierno que le urge legitimidad.

Vacían fideicomisos aduaneros

Un amplio informe de la Secretaría de Hacienda revela que a fines del año pasado los fideicomisos privados Aduanas I y II –involucrados por la ASF en daños al patrimonio público que superan los 10 mil millones de pesos y oficialmente están en proceso de extinción– transfirieron más de 800 millones de pesos al SAT. Los recursos, entregados bajo la etiqueta de donativos, se usarían para cubrir operaciones del órgano desconcentrado.

Un mes después de recibir la venia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que el 14 de agosto de 2006 convalidó la operación discrecional de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, al declarar por mayoría de votos que los miles de millones de pesos obtenidos por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) son de naturaleza privada–, el SAT recibió la primera de tres excepcionales donaciones.

Los traspasos de recursos “privados” al erario público, hechos entre octubre y diciembre del año pasado por un monto total de 806 millones 933 mil 50 pesos, revelan que –tras el fallo de la Corte y en absoluta reserva– el SAT inició los movimientos financieros que afectan el patrimonio de ambos contratos.

El sigilo en las transferencias contrasta con la promesa oficial hecha por el SAT el 20 de junio de 2006, cuando –a través de un comunicado– aseguraba que a partir de entonces daría a conocer de manera periódica la información sobre los fideicomisos que administra, entre los que destacan el 954–8 Aduanas I y el Consorcio de Comercio Exterior II, conocido como Aduanas II.

Según la versión difundida por el SAT en aquella época, la institución aún encabezada por José María Zubiría Maqueo buscaba “proporcionar información objetiva y clara sobre la administración de los fideicomisos que han aportado recursos para sustentar la modernización de las actividades tributarias en México, tanto en materia de tecnología informática y telecomunicaciones como en la infraestructura de sus instalaciones y de las aduanas”.

Las donaciones

Las donaciones no son un asunto menor. Creados en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), los fideicomisos aduaneros recaudaron el cobro del DTA desde entonces y hasta 2004.

Ambos fondos, al igual que la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), son responsabilizados por la Auditoría Superior de la Federación de cometer daños al patrimonio público por 10 mil 182 millones de pesos.

El máximo órgano de fiscalización en México acusa que los quebrantos patrimoniales se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración foxista, y fueron por 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

En esos ejercicios fiscales, detalla la ASF en sus informes, el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que se depositaron “irregularmente” en el fideicomiso Aduanas I. La ruta del dinero apunta que esos ingresos se destinaban posteriormente al Aduanas II y a ISOSA.

Después de conocida la resolución de la Corte, en octubre pasado el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda ordenó –en su calidad de fideicomitente– a Nacional Financiera (Nafin), la fiduciaria, que le entregara 10 millones 113 mil 637 pesos del Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II.

Según consta en el Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, este monto fue reintegrado a las arcas del SAT. En sus anexos, el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda detalla que la “donación” tuvo como fin la “compra de bienes donados en especie para uso en diversas aduanas del SAT”.

Un mes después, en noviembre, el organismo tributario mandó a Nafin ejecutar el traspaso de 500 millones de pesos, pero ahora sustraídos del Aduanas I. Además, en diciembre se desembolsaron otros 296 millones 819 mil 413 pesos de este mismo fideicomiso, que también fueron entregados en forma de donativo al órgano desconcentrado.

Para estas erogaciones, el fin específico detallado por Nafin y el SAT fue: “apoyar los programas editorial; de actualización del RFC en Durango, Zacatecas, Coahuila; de capacitación en el marco de la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica para el SAT; la amortización del Programa de Separación Voluntaria del ejercicio 2003; la cobranza de adeudos de servicios, y el Programa Paisano”.

Ahora que Francisco Gil Díaz asesora a transnacionales y se contrata con empresas extranjeras de telecomunicaciones debe ser llamado a cuentas por las autoridades mexicanas para que explique todas estas irregularidades cometidas durante el gobierno del cambio.

Chatarra de EU llega a México

Un amplio documento de la Oficina General de Control del Congreso de Estados Unidos, GA0 por sus siglas en inglés, asegura que el gobierno de ese país ha entregado a las autoridades mexicanas 36 helicópteros destinados a realizar actividades de inspección y combate al narcotráfico. A Colombia, los estadounidenses han enviado más de 173 unidades de vuelo, mientras que en Bolivia mantienen en operación 15. Pero en México los helicópteros estadounidenses que sobrevuelan el territorio mexicano no sólo están destinados a las actividades contra el narcotráfico sino también a garantizar la seguridad fronteriza. Por ello, las autoridades del abusivo país vecino aseguran que han destinado presupuestos especiales para apoyar a los gobiernos de América Latina en el mantenimiento de sus helicópteros. Menos mal, pues el documento de la GAO también reconoce que no sólo se trata de helicópteros nuevos sino de unidades antiguas cuyo mantenimiento resulta altamente costoso. La GAO, no obstante, reprocha al Departamento de Estado y en especial a sus entidades Bureau International of Narcotics y al Law Enforcement Affairs por no haber informado sobre la adquisición de 12 helicópteros nuevos (Schweizer SAC 333) que representaron una inversión de 15 millones de dólares y que fueron entregados a la Procuraduría General de la República. El problema fue que no se realizaron los análisis de costo–beneficio, así que el mantenimiento y la capacitación para  estas unidades de vuelo podrían estar en serio peligro y con ello la seguridad de nuestros pilotos, pues como hemos visto se han presentado graves accidentes.