Clasificado como un asunto de seguridad nacional, en la residencia oficial de Los Pinos se ha instalado una serie de cámaras y micrófonos ocultos para grabar en audio y video a todos sus visitantes, a fin de dejar un registro de lo que allí se hace y se dice. Pero este “Big Brother” (gran hermano) de Los Pinos, cuya responsabilidad ha recaído en el Estado Mayor Presidencial, órgano dependiente de la Secretaría de la defensa Nacional y cuya principal misión es cuidar la integridad del presidente de la República, también alcanza y vigila todos los movimientos y las palabras de Felipe Calderón Hinojosa y de su familia, así como de todos los huéspedes de esa casa presidencial.
En ese contexto, sabrá Felipe Calderón de cuántas cámaras y micrófonos fueron instalados en la residencia presidencial o se ha convertido en presa de alguna vigilancia ordenada por algún interés distinto al de su seguridad personal y al de la seguridad del país.
Por lo pronto nadie quiere hablar del tema. Ni en la residencia oficial de Los Pinos ni en el Estado Mayor Presidencial ni en la empresa privada contratada para la instalación del equipo de vigilancia que registra cada movimiento y cada palabra del primer mandatario y de su familia, así como de otros servidores públicos (entre ellos secretarios de Estado) que se mueven en Los Pinos.
Lo anterior viene a cuento porque hay que recordar que hace seis años, cuando arrancaba el “gobierno del cambio”, el entonces presidente Vicente Fox ordenó n su muy estilo ranchero otorgarle sin licitar millonarios contratos a su amigo y cómplice el arquitecto Humberto Artigas para que remodelara la casa presidencial, así como hacerle arreglos a las dos cabañas, comprar muebles y algunas decoraciones. Pero todo se salió de control y el gasto irregular rebasó los 70 millones de pesos, de los cuales sólo se gastaron en las obras y bienes unos 20 millones, así que el desfalco y el desvío de recursos a las arcas públicas fue de casi 50 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales de la auditoría que hizo la entonces Secretaría de la Contraloría a dichas obras y que hasta ahora permanece oculta y bajo reserva hasta por 12 años en la Secretaría de la Función Pública, la cual nunca sancionó a las empresas privadas ni a los funcionarios responsables.
Sin justificación alguna, en aquellas obras de Los Pinos ordenadas irregularmente por Fox se informó que no se habían licitado porque se trataba de un asunto de seguridad nacional, pero la Contraloría desechó esa versión porque el amigo del presidente, el arquitecto Artigas, subcontrató a diversas empresas privadas todas las obras y la compra de bienes y servicios para la residencia de Los Pinos, lo que dejaba indefenso al jefe del ejecutivo y a su familia al permitirse libremente la entrada y salida de trabajadores de dichas empresas. Pero afortunadamente no ocurrió nada ante la vulnerabilidad de la seguridad en Los Pinos y la pasividad del Estado Mayor Presidencial, quizás porque a nadie interesaba Fox y compañía.
Por eso ahora cobra relevancia este nuevo contrato que acaban de otorgar en Los Pinos para la instalación de poderosas cámaras y micrófonos para registrar todo lo que se hace y se dice allí.
Pero ante el silencio cómplice de todos los involucrados, daremos algunos datos relevantes que fuentes de la Presidencia de la República aseguran ocurre de manera irregular, con la fe de que alguna autoridad de “inteligencia” en este país, llámese Cisen, Inteligencia Militar, PGR, SSP, Función Pública o Estado Mayor Presidencial, revise a profundidad la seguridad en Los Pinos y la de sus inquilinos, pues se afirma que son vigilados más allá de lo permisible.
La empresa privada contratada se llama Security Network Systems S.A., y aunque tiene nombre en inglés es mexicana y tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, en donde su director es el ingeniero Jesús Martín Garza Elizondo, quien hasta ahora se ha negado desde hace tres semanas a dar respuesta para explicar cómo es que le fue otorgado dicho contrato sin licitación y que las fuentes de la Presidencia aseguran ascendió a 25 millones de dólares, es decir algo así como 275 millones de pesos. Este dato por supuesto está sujeto a confirmación hasta que alguna autoridad explique si dicho monto corresponde con la realidad.
Dicha empresa, SNS por sus siglas en inglés, hasta antes de ser investigada por este reportero tenía una página en Internet en donde aseguraba ser experta en la venta e instalación de equipos de seguridad y vigilancia, y como prueba de ello relataba allí haber equipado las patrullas policiales pertenecientes al municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Pero misteriosamente su página ha salido de Internet y aunque está la referencia de SNS no hay acceso, es decir fue cancelada. ¿Por qué?
Pero demos más información por si acaso Germán Martínez, secretario de la Función Pública, se pone a trabajar e investiga la legalidad de otorgar dicho contrato a la empresa privada SNS, cuando se trata de un asunto de seguridad nacional. Hasta ahora sabemos que uno de los responsables en Los Pinos del área de las telecomunicaciones es Alejandro Cota, quien habría tenido alguna participación en la contratación del sistema de observación y vigilancia y que como antecedente tiene haber trabajado en Cosmocolor, una empresa propiedad de Jorge Kawachi y que tuvo problemas penales cuando el gobierno capitalino de Oscar Espinosa Villareal le asignó un contrato para la impresión de licencias de conducir.
Pero los datos duros de la contratación de la empresa SNS y que deben ser investigados, o al menos que Felipe Calderón sepa quiénes, cómo y desde dónde es vigilado en Los Pinos, refieren que un general del Estado Mayor Presidencia fue el responsable de dicha contratación a esa empresa privada y que se trata de 100 cámaras de video con micrófonos integrados (el equipo es de origen koreano), pero lo más grave es que sólo 70 de esas cámaras son visibles, mientras que otras 30 estarían ocultas en los lugares más sensibles y privados de la residencia oficial de Los Pinos.
Esas 100 cámaras se sumarían a las 50 que ya había desde la administración foxista, de tal manera que serían 150 aparatos de audio y video que registran cada movimiento y cada palabra que se haga y diga en la casa oficial del presidente de la República. Así que si usted secretario de Estado, ministro, embajador, artista o presidente de otra nación visita la casa presidencial, ponga su mejor cara y cuide lo que dice, pues como decía Orson Wells, el “gran hermano” te vigila.

El Proyecto ERP
Un amable lector envía información referente a más negocios sucios a los que nos tiene acostumbrados Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, y por razones de seguridad omitimos su nombre:
Es motivador saber que existen personas preocupadas por hechos irregulares que suceden en la gestión de algunos servidores públicos de todos los niveles. Les felicito por dar a conocer a la opinión pública situaciones no bien vistas relacionadas con Francisco Gil Díaz, en este sentido, quiero compartirles lo siguiente.
En 2003 el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, inició con su equipo de trabajo a través de ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) el proyecto ERP (Enterprise Resource Planning), rebautizado como GRP, que consistió en la instalación de un sistema integral de administración de recursos de la compaña Peoplesoft, que involucra a la SHCP e incluye al SAT y al SAE. Para adjudicar los trabajos a las compañías Neoris, Cemex y Peoplesoft, nadie conoce los contratos y no hubo licitación, pero ya se pagó mucho dinero.
Todo el proyecto tiene un costo de casi 100 millones de dólares, más los costos operativos de SHCP, SAT y SAE (recursos humanos, materiales, cómputo y oficinas) por casi tres años.
Como ejemplo, 2 puntos:
1. El estudio del proyecto SHCP, SAT y SAE y la administración del proyecto tan solo costo 15 millones 500 mil dólares ¿Sólo para un estudio de proyecto?
2. El documento en Word de casi 100 hojas donde se refleja el resultado de la evaluación del proyecto por ISOSA costo 5 millones de dólares.
El sistema medio opera en el SAT con muchos problemas y en la SHCP no se usa, esto último es como tirar a aproximadamente 10 millones de dólares. Otro negocio más de Gil Díaz con ISOSA que le representó una ganancia millonaria no solo a él sino también a sus seguramente socios, quienes son los responsables de las consultorías y del sistema.
La pregunta es ¿cómo se contrataron tanto el sistema como las compañías consultoras? ¿Quién decidió qué comprar y a quién? ¿Cuál es el costo real? ¿Por qué no se utiliza en la SHCP si la gente ha trabajado en el proyecto más de tres años?

El cuñado incómodo de Gil Díaz
Desde hace tiempo se publicó aquí en Oficio de papel cómo la familia de Francisco Gil Díaz se ha beneficiado desde las aduanas del país, en donde varios de los parientes del ex secretario de Hacienda encontraron acomodo en puestos clave para hacer negocios, aprovechando el control que Gil Díaz ha mantenido sobre la Administración General de Aduanas.
En ese sentido un lector que pide el anonimato nos informa sobre los negocios del cuñado de Gil Díaz, Leoncio Fernández, casado con Alicia y quien se desempeña como agente aduanal en Nuevo Laredo:
Leoncio Fernández es líder de la familia en los negocios aduaneros, en donde ha sido asesor de Gil Díaz en materia aduanal, pues era el poder real tras la Asociación de Agencias Aduanales (Caarem).
Pues este cuñado de Gil Díaz prestó su patente para que la empresa Burmex importara insumos textiles y en una revisión de auditoría a la empresa (la cual fue aleatoria) se descubrió que no coincidían los materiales importados con los pedimentos de importación correspondientes, lo que constituye un delito de contrabando, por lo que de comprobarse sería responsable penalmente.
Pero para eximirlo de responsabilidad alguna, Gil Díaz en su calidad de secretario de Hacienda instruyó al presidente del SAT, José María Zubiría (quien se mantiene en el cargo en el gobierno de Felipe Calderón), para que por conducto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, administrador general del área Jurídica de Ingresos, emitiera una resolución miscelánea, la cual se publicó en septiembre de 2004 (en contravención a la ley), para permitir la autocorrección de la empresa importadora Burmex, como si el delito se hubiera cometido en el punto de entrada por la aduana, cuando en realidad todo se descubrió mediante una auditoría aleatoria.
Así, el cuñado de Gil Díaz evitó la responsabilidad penal y se omitió el pago de las contribuciones correspondientes, ya que la mercancía no reportada debió tratarse como de origen chino y pagar las cuotas compensatorias.
Ambos funcionarios, Zubiría y Gutiérrez Ortiz Mena, continúan en el SAT, encubiertos y protegidos por el actual secretario Agustín Carstens.