El ex secretario de Hacienda está dispuesto a desafiar las leyes de la tolerancia política y social, pues la jurídica es la que menos le preocupa. Francisco Gil Díaz piensa que los ciudadanos somos tan estúpidos que le van a creer cuando dice que su inclusión como consejero en HSBC sólo responde a intereses profesionales y no a intereses creados con prebendas y beneficios otorgados desde su responsabilidad como titular de las finanzas públicas del país.  
Otra brutal declaración de Gil Díaz la hizo apenas la semana pasada, al afirmar que él nunca tuvo acciones de la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), desde donde desvió miles de millones de pesos, como si no supiéramos que esa empresa se creó por instrucciones de él y de su secretario particular Lorenzo Hernández, primero director general del Fideicomiso Aduanas I, de donde se desviaron los recursos públicos a ISOSA y de esto, contrario a lo que dice Gil Díaz, hay pruebas documentales. 
Pero hay más declaraciones sorprendentes de Francisco Gil Díaz. A finales del año pasado dijo que al terminar su gestión en Hacienda se contrataría con la Universidad de Stanford para dedicarse a la vida académica, un engaño más. También aseguró que el siguiente gobierno, es decir el de Felipe Calderón, debía rogarle a su equipo de trabajo para que aceptara permanecer en la Secretaria de Hacienda y evitar así cualquier problema en la transición. En aquellos meses era claro que Gil Díaz reconocía que no podía ni debía, bajo ninguna circunstancia, participar en alguna institución financiera, nacional o internacional, pues la ley se lo prohibía y la ética y la moral se lo exigían.  
Ahora, sin embargo, el escándalo en torno a su integración como consejero del HSBC en Londres pone bajo el reflector las acciones del ex funcionario como titular de Hacienda y como responsable de regular y vigilar el desarrollo del sector financiero mexicano, en donde la banca comercial y el sistema de pagos opera en más de un  90 por ciento bajo el control de instituciones extranjeras.  
Por ello, la decisión de Gil Díaz no sólo desafía las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Artículo 9), sino que pone en una situación sumamente complicada al gobierno de Felipe Calderón. Ahora la Secretaría de la Función Pública, con un expediente administrativo en contra de Gil Díaz, tendrá que recibir las pruebas que presente el PRD para demostrar que el ex titular de la SHCP incurre en un abierto y claro conflicto de interés.  
Si bien es cierto que como presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Gil Díaz representó sólo uno de los votos del organismo que analizó y definió las decisiones del intercambio de deuda del Fobaproa por bonos con respaldo del gobierno federal, es público – de acuerdo con los ex vocales independientes – que en ese órgano de gobierno se presentó una verdadera guerra sucia para favorecer a la banca que controla el sistema de pagos del país.  
Citibank de EU; BBVA de España; Scotiabank de Londres; el HSBC de Londres, y sólo Banorte de México fueron los bancos que resultaron beneficiados por una serie de cambios y omisiones en la aplicación de los criterios que dictaba la propia ley del IPAB para el intercambio de pagarés. Sin embargo, el ex secretario de Hacienda se opuso una y otra vez a que el Congreso modificara la Ley del IPAB para fortalecerlo frente a las demandas de la banca extranjera. 
Pero al final de su gestión Gil Díaz confirmó que es un hombre con secretos. En el comunicado difundido desde Londres por el HSBC se dio a conocer que el ex secretario de Hacienda también participa como consejero de la empresa estadounidense JE Roberts, que aquí en México controla las operaciones de la compañía administradora de activos Fénix. Esta compañía cerró negocios con el IPAB por al menos 50 millones de dólares al recibir la encomienda de vender edificios y carteras con problemas de cobranza. Un negocio redondo para esta empresa. Y las preguntas entonces son: ¿Cómo llegó tan rápido Gil Díaz a los consejos de administración del JE Roberts y HSBC? ¿Le bastó a Gil Díaz menos de un mes para cerrar su integración a estas empresas? Por supuesto que no, todo lo arregló desde que era secretario de Hacienda y aquí es donde el Congreso y el gobierno de Felipe Calderón deberían de actuar y, por primera vez, ganarse un voto de confianza entre la población y fincarle responsabilidades administrativas y penales a uno de los hombres más corruptos del sexenio pasado. 
Pero el ex secretario de Hacienda guarda un as entre la manga, se atribuye la “fortaleza financiera” con que Felipe Calderón recibe el país y por ello parece sentirse a salvo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Aún más, en el pasado Gil Díaz y otros funcionarios se han tomado a la ligera dicha legislación, ¿por qué entonces tendría que aplicársele ahora si antes ya pudo evadirla? Y más aún cuando el titular de la Función Pública es el panista Germán Martínez, a quien ningún servidor público respeta. 
Rechaza Gil Díaz conocer ISOSA 
Ahora que abrió la boca Francisco Gil Díaz e hizo declaraciones sobre ISOSA, empresa privada creada por instrucciones del Fideicomiso Aduanas I, el cual era manejado por Gil Díaz y su secretario particular Lorenzo Hernández, entendemos porqué durante su gestión como secretario de Hacienda siempre se negó a hablar del tema, para no comprometerse, a pesar de los señalamientos directos de corrupción que le hizo la prensa una y otra vez.  
Revisemos las perlas que declaró Gil Díaz el viernes pasado a la reportera Diana Zavala y publicadas en primera plana de El Universal, en donde afirmó entre otras cosas que no tiene acciones en ISOSA (se le acusa de ratero no de estúpido): “No tengo acciones de ninguna empresa y nunca he tenido acciones de ninguna empresa. No existen tales acciones, todas las calumnias se han dado a partir de que se inventó ese supuesto hilo conductor”. 
También agrega que no le molesta en lo “más mínimo” que se investiguen sus actuaciones, porque de dichas investigaciones se podrá comprobar la falsedad de las versiones que han circulado, lo cual según dice es “una infamia” y un linchamiento de medios que manchan su “prestigio personal”.  
Pero antes de que cualquier autoridad le tome la palabra y se meta a investigar a fondo todas las corruptelas cometidas por el ex secretario de Hacienda, Gil Díaz se adelanta y advierte a todo aquel que pretenda indagarlo que “ISOSA no puede ser nunca auditada ya que, desde sus inicios, los fondos tuvieron origen privado, no público, y los fondos privados no son auditables por autoridades públicas, sino por el derecho privado”. En qué quedamos entonces, acepta una investigación a fondo o cree, como cuando trabaja con Vicente Fox, que también puede manipular a su antojo a Felipe Calderón y su equipo de inútiles. 
El contundente rechazo de Gil Díaz para que se audite a ISOSA se debe sólo a la preocupación de que se descubra el enorme desvío de recursos públicos que hizo él y su pandilla a través de esa empresa privada, la cual era financiada con dinero que ingresaba a las cuentas del Fideicomiso Aduanas I, cuyo origen era el pago de derechos por trámites aduanales en las exportaciones e importaciones que se hicieron durante los últimos 13 años en el país. ¿Quién puede afirmar que el pago de un Derecho de Trámite Aduanal no es público? En lugar de que esos recursos fueran a parar a la Tesorería de la Federación se desviaban al fideicomiso privado Aduanas I, creado por Gil Díaz y del cual era el responsable, según documentos oficiales en poder de Oficio de papel y de quien los solicite. 
Ex procurador fiscal acusa a Gil Díaz 
Un ex funcionario que conoció muy de cerca las corruptelas de Francisco Gil Díaz es Gabriel Reyes Orona, quien en una etapa del sexenio pasado fungió como procurador fiscal de la federación por instrucciones directas del ex secretario de Hacienda y quien fue despedido sin más cuando dejó de servir a los intereses ilícitos de su jefe. Entre el trabajo sucio que hizo Reyes Orona fue perseguir fiscal y administrativamente al ex subsecretario de Ingresos, Ismael Gómez Gordillo, el único hombre al que tal vez Gil Díaz le teme porque conoce de primera mano (él sustituyó a Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos en marzo de 1994) toda la corrupción del ex secretario. 
Por eso son tan importantes las declaraciones que a finales del año pasado (27 de diciembre) hizo Reyes Orona a los reporteros de La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, a quienes les dijo: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) colocó una ‘venda’ a la sociedad mexicana al impedir una auditoría a la empresa Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA), donde se acreditaría que funcionarios como el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, crearon vehículos aparentemente privados para desempeñar funciones públicas. 
“Al abordar sólo un ángulo del cúmulo de irregularidades tejidas en torno al sistema bancario y financiero de México, advierte que el caso de ISOSA debe ser llevado a tribunales, por considerarlo de seguridad nacional, ya que esa empresa controla discrecionalmente el paso de cualquier clase de mercancía por las fronteras del país.  
«ISOSA es otra gran deuda social; el país ha estado dándole vuelta a la página sin leerla, y creo que eso nos ha dejado un estado de ignorancia inadmisible. ISOSA es un tema que tenemos que leer con mucho detalle y con mucho cuidado antes de darle la vuelta. 
“Lo que está en juego no es saber si realmente las autoridades tienen la capacidad legal de crear vehículos aparentemente privados para cumplir funciones públicas; tenemos que saber si se vale crear vehículos que le den la oportunidad a los servidores públicos de no ajustarse a la norma de licitaciones; hay que saber por qué la Corte opina que no es auditable la acción de particulares frente a la autoridad, en donde se establece un vehículo o mecanismo que simplemente da como resultado la opacidad.”  
Acusan a los Bribiesca ante Función Pública 
La semana pasada el secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cazares, recibió de manos del presidente del Observatorio Por la Transparencia AC, Juan Ignacio Suárez Huape, un documento en donde le solicita, amparado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en las leyes y reglamentos que dan fundamento y soporte a la Secretaria de la Función Publica, conozca e inicie los procedimientos legales correspondientes con relación a casos graves de corrupción e impunidad que involucran a la pandilla de los hermanos Bribiesca Sahagún, incluida su madre Marta: 
“Uno de ellos tiene que ver con la  velada denuncia publica, hecha en la revista Proceso el 5 de febrero del año 2006, en donde el mismo Germán Martínez escribió (cuando aún no sabía que sería el siguiente secretario de la Función Pública): ‘Nadie está dispuesto en el PAN a meter las manos al fuego como testimonio de su inocencia (de los Bribiesca)… No sería justo que unos aprendices de tunantes hicieran naufragar el logro más claro del gobierno de Fox (la transparencia)… Titubear y pretender anticipar una defensa política para los ‘hijos políticos’ del Presidente es una torpeza, una necedad que podría pagar Felipe Calderón en las urnas’. 
“Efectivamente esos ‘aprendices de tunantes’ fueron buenos alumnos de Elba Esther y demás priístas de malas calañas que hoy le acompañan en el mismo barco calderonista. Ruego a usted se tome como punto de partida de una investigación oficial, la propia confesión de Manuel Bribiesca Sahagun al periodista Miguel Badillo, director de la revista Contralinea, que le adjunto a este texto. 
“En esta entrevista, el  aprendiz de tunante, con todo cinismo y desparpajo reconoce la intervención directa de sus familiares  ante PEMEX. 
“Manuel Bribiesca Sahagún. – Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía (empresa contratista de Pemex). Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.” 
“Señor Secretario, dudo mucho que usted actué en este caso, la revista Contralínea de Miguel Badillo nos da las razones por la cuales usted  seguramente participara en  el encubrimiento a Oceanográfica. 
“Señor Secretario, esta es una buena oportunidad de demostrar su apego a los principios que tanto pregona, a las leyes y reglamentos que usted juró cumplir y hacer cumplir y la herencia política de Carlos Castillo Peraza. 
“Cuernavaca, Morelos a 18 de Enero de 2007.”