Para aumentar la “sospecha” de los equívocos foxistas, aquí van algunos datos de las cifras reales de la pobreza en México que ignora el presidente de la República, pues nadie del gabinetazo le ha avisado que los programas gubernamentales para combatir este flagelo no han funcionado y, por el contrario, dejan al margen la situación de precariedad que se vive en todo el país.

En las cifras oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social el 53.7 por ciento de la población mexicana vive en situación de pobreza; sin embargo, investigaciones del Colegio de México precisan que en realidad es aproximadamente el 75 por ciento de la población la que sobrevive en esta situación de marginación.

Entrevistada por la reportera Erika Ramírez, la investigadora del Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colmex, Araceli Damián González, advierte que entre los factores que el gobierno federal no ha tomado en cuenta para la medición de la pobreza en el país son la garantía, respeto y cumplimiento a los derechos humanos que otorguen una vida digna a los mexicanos.

“La pobreza en México viola los derechos humanos fundamentales. En el caso de la pobreza urbana, hemos luchado por el reconocimiento que debe tener en el país, pero desde el sexenio pasado, por cálculos mal hechos, se dijo que el problema fundamental estaba en el campo. Es cierto que en las zonas rurales las condiciones de vida o posibilidades de actividad económica son menores que en la ciudad, pero el mayor porcentaje de pobres viven en las ciudades. El problema es que algunos pobres urbanos no se ven, porque están en zonas que no son de fácil acceso a la vista”.

Por ejemplo uno de los principales factores que hicieron mella entre los habitantes de la ciudad de México fue el cierre de las tiendas Conasupo, donde se podían adquirir productos a precios bajos, además de la eliminación del subsidio a la tortilla, que significó un despojo para los pobres. Por ello, dice la investigadora del Colmex, es fundamental la atención de la pobreza urbana, ya que es en las principales ciudades del país en donde hay mayor generación de riqueza y actividades económicas. Entre los problemas sociales que ocasionan la pobreza urbana están el desempleo, con graves repercusiones en la organización social y la estructura de familiar.

En el libro titulado Pobreza Urbana, perspectivas globales, nacionales y locales, Araceli Damián argumenta que “la pobreza generalmente se asocia con la carencia de bienes y servicios, con la insatisfacción de necesidades humanas básicas. La pobreza es un testimonio de derechos humanos incumplidos, de falta de respeto a la dignidad humana”.

Critica además que si la forma en que viven los mexicanos reflejara la idea que el gobierno federal tiene sobre las necesidades humanas básicas, los no pobres oficiales no podrían ampliar sus viviendas ni repararlas; estarían vestidos con ropa cada vez más sucia… vivirían en casas obscuras por falta de focos… no podrían cocinar por falta de enseres y comerían alimentos crudos sentados en el suelo…

Las cifras oficiales

Los informes oficiales sobre la evolución de la pobreza en zonas urbanas y rurales que recibe Vicente Fox, sostienen que la proporción de la población en situación de pobreza alimentaria en zonas urbanas se redujo de 12.6 a 11.4 por ciento, mientras que en las zonas rurales cayó de 42.4 a 34.8 por ciento. Esto explica el “sospechosismo” foxista.

Además, la proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de capacidades en zonas urbanas se redujo de 20.2 a 16 por ciento, mientras que en zonas rurales la proporción cayó de 50.0 a 43.8 por ciento. Por si los datos oficiales anteriores no fueran suficientes para elevar el ánimo presidencial, la proporción de la población por debajo del umbral de desarrollo de patrimonio en zonas urbanas se redujo de 43.8 a 42 por ciento, mientras que en zonas rurales la proporción cayó de 69 a 67.5 por ciento.

Las cifras oficiales revelan que más del 50 por ciento de los mexicanos se encuentra en situación de pobreza; sin embargo, la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, sostiene que el país ya cambió y que de cada peso que recibe la Secretaría, 80 centavos se van a estados y municipios. Sin embargo, reconoce que esto es insuficiente, pues existen 24 millones de mexicanos en pobreza extrema, quienes carecen de alimentación, salud y educación, y otros 27 millones de pobres que aunque solucionan su problema de alimentación no cuentan con los servicios básicos.

Según la funcionaria “quienes creen que los pobres son resistentes al cambio, que no quieren innovación, que quieren seguir viviendo sin luz eléctrica, que no les interesan los caminos, que les gusta ser pobres, que no quieren derecho de propiedad, no han ido a caminar por el país lo suficiente, ni le han preguntado a los más pobres”.

Y explica lo que hace la Sedesol: cuenta con 19 mil proyectos productivos para resarcir los embates de la pobreza y el desempleo; sin embargo, en México las principales garantías individuales como el derecho a alimentación, salud, vivienda, educación y empleo, establecidos en la Constitución, sufren un constante incumplimiento.

Calificado como un problema histórico, la funcionaria afirma que la pobreza se origina en las crisis económicas recurrentes, que han abatido a la nación. “Cada vez que este país ha perdido estabilidad económica, lo primero que aumenta es el número de pobres; creo que por eso no valoramos mucho lo que significa la estabilidad, y aún reconociendo que es insuficiente, es una condición obligada”.

Para Vázquez Mota un avance importante en el combate a la pobreza es la clasificación de la misma. “Por vez primera tenemos en México la medición. Para eso se establecieron tres líneas: la pobreza alimentaria, que son las familias que ni siquiera tienen un ingreso para cubrir su alimentación, aquí tenemos 24 millones de mexicanos”, lo que equivale a la cuarta parte de la población que carece de lo básico.

“La población total suma poco más de 51 millones de mexicanos en pobreza; la mayoritaria es evidentemente la alimentaria. El segundo segmento es la de capacidades y luego tenemos la otra que es la menor, le llamamos pobreza patrimonial, esto significa que aunque tienen para alimentación y salud y educación, no tienen derechos de propiedad, ni vivienda, ni terrenos; ningún activo patrimonial”, explica.

Lejos de discursos y políticas gubernamentales para enfrentar este flagelo, la oferta de un cambio en el país es una quimera que se envuelve en los programas de desarrollo humano.

Los excluidos

Un estudioso en el tema de la pobreza es Julio Boltvinik Kalinka, secretario de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, quien sostiene que en México los excluidos no tienen donde quejarse, pues una de las grandes limitaciones de la Ley General de Desarrollo Social es que no se pudo encontrar el mecanismo para hacer exigibles los derechos sociales, por lo que siguen siendo tan sólo una buena idea plasmada en la Constitución.

Aunque el artículo segundo transitorio de dicha Ley señala que “el Titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta Ley en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor”, el gobierno de Vicente Fox no ha hecho su trabajo, por lo que es uno más de los pendientes pues el presidente prometió que iba a mandar el reglamento antes de publicarlo y no se ha hecho.

Desde abril de 2004 la Sedesol dijo a los legisladores tener listo el 90 por ciento del reglamento, “que ya nada más faltaban dos capítulos, que estaban en consultas”, sin embargo, después de un año de promesas la ley sigue sin operar.

“Una persona que no tiene acceso a la educación no puede ir con un juez y exigirle que el gobierno cumpla, y si no obedece, que lo ponga en desacato y lo metan a la cárcel. No hay esa mecánica que le exija proveer los bienes y servicios necesarios”, explica Boltvinik.