En el caso ISOSA (Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima) y el Fideicomiso Aduanas I todo hace suponer que ganó la impunidad y que el autor intelectual y material del multimillonario fraude, Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, cometió el crimen perfecto, pues además de los 10 mil millones en efectivo que dejó como saldo en el fideicomiso creado en Nacional Financiera, sólo en los seis años del gobierno foxista dispuso el gasto sin control de 150 mil millones de pesos producto del cobro del derecho de Trámite Aduanero, bajo el argumento de que se trataba de fondos privados.
El interés de la Secretaría de Hacienda por desvirtuar la información acerca de las anomalías relacionadas con ISOSA no es casual: documentos oficiales revelan que Gil Díaz armó el andamiaje previo al establecimiento del esquema recaudatorio del DTA, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha causado daños al erario por más de 10 mil millones de pesos.
Y aunque Hacienda pretenda frenar la información periodística que documenta el fraude aduanero, en el que están involucrados la empresa ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior II, oficios de esa dependencia entregados a esta columna descubren la participación directa de Gil Díaz.
Luego del asesinato del director operativo de ISOSA, Francisco Villarreal Antelo, salen a la luz pública más evidencias documentales sobre la intervención del secretario de Hacienda, quien a principios de la década de los 90 no escatimó la firma de convenios para instrumentar el esquema de recaudación del DTA.
De acuerdo con la ASF, al operar dicho mecanismo Hacienda ha omitido pagar el DTA a la Tesorería de la Federación, por lo que se calculan daños al patrimonio de la nación de al menos 10 mil 182 millones de pesos, observados sólo en los ejercicios fiscales de 2001 a 2004, y faltaría hacer el recuento desde 1993 hasta el 2000.
Con la creación del Fideicomiso Aduanas I la recaudación de este derecho ha quedado en manos de supuestos particulares; pero, aunque el secretario de Hacienda y la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo han hecho creer, esta figura fiduciaria está en manos de funcionarios y dependencias públicas.
Y es que el Servicio de Administración Tributaria es fideicomitente, es decir que este órgano desconcentrado de Hacienda aporta los recursos; Nacional Financiera (Nafin) es la fiduciaria o institución que resguarda el patrimonio, y Hacienda es fideicomisaria o beneficiaria final de ese patrimonio fideicomitido.
El pasado 4 de septiembre la Secretaría de Hacienda señaló por medio de un comunicado – pues no dan entrevistas periodísticas sobre el caso ISOSA, según advierte la Coordinación de Comunicación Social – que “dada la completa transparencia en la operación de los fideicomisos aduaneros y en la operación de las empresas relacionadas, como ISOSA, resulta lamentable que se hayan difundido suspicacias descabelladas en torno a un nuevo y alarmante episodio de inseguridad pública en la Ciudad de México”.
Pero la transparencia a la que alude la dependencia omite dar a conocer los documentos que detallan cómo, a inicios de la década de los 90, el entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda se agenció el rentable negocio aduanero y manejó los recursos sin rendir cuentas.
Documentos oficiales signados en 1993 por puño y letra de Gil Díaz, atestiguan la operación emprendida por este funcionario público para rescindir el contrato a la única empresa que concursó y ganó la licitación pública para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero.
Tras esta cancelación contractual, Hacienda autorizó al Fideicomiso Aduanas I y a la empresa ISOSA para brindar dichos servicios en las 48 aduanas del país, esto en contravención de la normatividad aplicable, pues omitió licitar nuevamente el contrato.
El oficio de rescisión revela que el mismo día en que el subsecretario de Ingresos creó, de manera unilateral y a nombre de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Aduanas I, el 28 de mayo de 1993 se notificó la cancelación del convenio a la empresa Integradora de Servicios S.A. de C. V. (ISSA), propiedad de Ángel Rolando Gervassi Santiago.
Según consta en documentos oficiales, el 31 de julio de 1992 Gil Díaz, en representación de la SHCP, y Ángel Rolando Gervassi Santiago, en su calidad de propietario de la empresa privada ISSA, firmaron el contrato para realizar la operación y procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados.
Este convenio tuvo por objetivo extender la red de servicio computarizado de la Subsecretaría de Ingresos a 3 mil terminales en 350 centros de cómputo, así como asistir y asesorar al personal técnicamente calificado para operar el despacho aduanero con las más altas especificaciones de calidades y en términos del mercado.
Pero el mismo 28 de mayo de 1993, el ingeniero Gervassi Santiago giró al subsecretario de Ingresos un acta de conformidad con respecto a la rescisión del contrato. En ésta manifiesta que ni la empresa ISSA ni sus filiales se reservan acción o derecho alguno que ejercitar en contra de la Secretaría de Hacienda. Además, señala el documento, “renunciamos expresamente a cualquier contraprestación a que se tuviere derecho”.
Fuentes cercanas al caso dicen que el acta de conformidad se firmó un año después de la revocación, cuando Gil Díaz ya ocupaba el cargo de vicegobernador del Banco de México. Para ese entonces, indican las fuentes, Ángel Gervassi se encontraba bajo la amenaza de ir a la cárcel por supuestos delitos fiscales.

Pierde juicio Olga Wornat
Los diputados federales de la LIX Legislatura saliente, Sofía Castro Ríos y Jesús González Schmal, enviaron un boletín en donde expresan que una vez más Enrique Ostos Garza, apoderado legal de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, trata de confundir a la opinión pública al declarar en conferencia de prensa realizada el 21 de septiembre que la sentencia pronunciada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que confirmó el fallo en contra de la periodista Olga Wornat en el juicio por daño moral, es una prueba más de la inocencia de sus representados.
Ostos Garza también señaló que no hay ilícito alguno resultado de las investigaciones que realizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, y enfatizó que no hay ninguna relación de negocios de sus representados con la empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.; sin embargo, dicen González Schmal y Castro Ríos que los diputados demostraron con pruebas documentales los negocios que realizaron con cargo al erario federal, pruebas que fueron exhibidas en la denuncia y ampliaciones que se presentaron ante la Procuraduría General de la República.
Cabe señalar que Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagun recientemente presentaron ampliación de demanda en el juicio de amparo 105/2006 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa. Señalaron como acto reclamado el “Informe de los

Resultados de las Investigaciones” que la Comisión de la Cámara de Diputados presentó con fecha 22 de Agosto de 2006 a la Junta de Coordinación Política para que fuera enviado al Ejecutivo, tal como lo ordena el artículo 93 Constitucional.
En el citado juicio de amparo que promovieron Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagun en contra de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, solicitaron la suspensión para que dejara de actuar la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y los Órganos Internos de Control de Pemex y Pemex Refinación. El 20 de septiembre se notificó la resolución de fecha 19 de septiembre de 2006 por la que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa les negó la suspensión definitiva. El fallo de la autoridad judicial federal es claro al señalar que los diputados integrantes de la Comisión de Investigación actúan como representantes del pueblo y que la suspensión no se concede porque se seguiría perjuicio al interés social, contraviniendo disposiciones de orden público.

Aumenta pobreza agrícola
En el registro de los daños causados por este gobierno federal que, afortunadamente, ya sólo le faltan dos meses para concluir seis años de torpezas, omisiones, corruptelas, abandono y una pésima administración, el sector más afectado es sin duda el de los trabajadores agrícolas, en donde la pobreza, la emigración, el desempleo, la marginación y la falta de desarrollo tecnológico se vieron incrementados considerablemente.
Pero acostumbrados a las mentiras foxistas generadas por el exceso en el consumo del Prozac, Fox sueña haber logrado un “crecimiento con calidad” a lo largo de su administración pues, según dijo en su último informe de gobierno, hubo logros y fortalecimiento a los apoyos gubernamentales del sector agroalimentario y pesquero, con un presupuesto para el 2005 de 48 mil 396 millones de pesos y en 2006 de 51 mil 14 millones de pesos, asignados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Sin embargo, los “beneficios” de los que habla el presidente saliente son un “cuento chino presidencial”, porque los únicos favorecidos por el esquema panista fueron los medianos y grandes empresarios, nunca los campesinos, jornaleros o pequeños productores.
En el campo existen más de 23 millones de personas que subsisten en situación de miseria, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo acostumbrado a maquillar las cifras, lo que hace suponer que son más las personas en extrema pobreza que viven en el campo. Pero a esa cifra hay que agregar los 2.4 millones de emigrantes que han abandonado sus tierras en busca de nuevas formas de empleo durante el mismo periodo, reportados en el segundo Conteo de Población y Vivienda.