Con la muerte de Francisco Villareal Antelo, director de Operaciones de ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), se reabre en la prensa un viejo expediente que durante 14 años Francisco Gil Díaz, actual secretario de Hacienda, ha logrado ocultar y manipular para no ser sometido a tribunales federales por delitos como desvío de fondos públicos, corrupción, chantaje, amenazas, tráfico de influencias y abuso de poder.
Como si se tratara del padrino de la mafia gubernamental, Gil Díaz ideó en 1992 un doloso esquema para recaudar los impuestos relacionados con el servicio aduanero mexicano, que tan sólo en los primeros cuatro años de la administración foxista generó un daño patrimonial a las finanzas públicas superior a los 10 mil millones de pesos, según documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A esa cifra hay que agregar la recaudación hecha durante otros 10 años y el monto se eleva a unos 30 mil millones de pesos que el gobierno federal manejo como fondos privados a través de la Secretaría de Hacienda y sin control alguno.
El eje rector del costoso fraude cometido por Gil Díaz en contra del erario público es el fideicomiso privado identificado con el número de folio 954-8 y conocido popularmente como Aduanas I, signado en mayo de 1993 por puño y letra del mismo Gil Díaz, según se revela en el contrato de la constitución de dicho fideicomiso en poder de esta columna.
Pero mientras la prensa abre de nueva cuenta este expediente del caso ISOSA, el cual ya cobró su segunda víctima –la primera son todos los mexicanos al ser desviados de la Tesorería de la Federación más de 30 mil millones de pesos–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apodada “La Tremenda Corte”, ha exonerado a Francisco Gil Díaz de cualquier responsabilidad en el caso ISOSA al determinar que los recursos que se manejaron son “privados” y ha prohibido a la Auditoría Superior la fiscalización del manejo de ese dinero.
Da la Corte aval de impunidad
Al resolver la controversia constitucional 84/2004, ocho de los once ministros de la Corte cerraron la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda reintegre 7 mil 682 millones de pesos, de los 10 mil 182 millones que defraudó a las finanzas públicas por medio del Fideicomiso Aduanas I.
El pasado 14 de agosto la Corte convalidó la operación de miles de millones de pesos obtenidos por el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento aduanero, hecho por los importadores y exportadores. Hasta julio de 2004 dichos recursos fueron depositados en el Aduanas I, creado en 1993 por Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda.
El fallo de la SCJN en torno a la controversia interpuesta por la SHCP en septiembre de 2004 en contra de la Auditoría Superior de la Federación, conviene que la contraprestación no es un derecho ni un impuesto, sino un pago de origen y destino privado, por lo que aprueba los depósitos directos a una figura fiduciaria privada en lugar de transferirse a la Tesorería de la Federación (Tesofe), como lo marca la ley en el caso de las recaudaciones fiscales.
Con esto, la ASF no sólo queda impedida para auditar los ingresos por este concepto, sino que deja sin efecto los pliegos de observación emitidos por el máximo órgano fiscalizador en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los daños patrimoniales descubiertos en los primeros cuatro años de la administración foxista.
Para la Auditoría, al no enterar los ingresos de la contraprestación a la Tesofe, el SAT es responsable de los siguientes quebrantos a la hacienda pública: en el ejercicio 2001 por 4 mil 561 millones de pesos; en 2002 por 2 mil 200 millones; en 2003 por 2 mil 585 millones, y en 2004 por 836 millones 346 mil pesos.
En un hecho sin precedente, Hacienda aceptó recientemente estos fraudes. De acuerdo con el informe financiero del Fideicomiso Aduanas I, publicado en junio pasado por el SAT, en el ejercicio fiscal 2005 el órgano desconcentrado de Hacienda restituyó 2 mil 522 millones de pesos a la Tesofe, que corresponden al daño patrimonial descubierto por la ASF en el ejercicio fiscal 2003.
Gil Díaz ignoró a Fox
Durante varios años hemos dado cuenta en esta columna de los resultados de la investigación periodística sobre el expediente de ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y II, así también de cómo desde finales de 2003 el presidente Vicente Fox conminó al secretario de Hacienda para que extinguiera de inmediato la irregular figura fiduciaria, pero será hasta que finalice el sexenio, después de haber saqueado miles de millones de recursos de la nación, cuando Gil Díaz cumpla las instrucciones presidenciales, mismas que nunca acató durante la gestión foxista.
Para Paco Gil, como le dicen sus amigos, este asunto de la empresa privada ISOSA y la ejecución de uno de sus principales directivos, no es más que la muerte de un “colaborador de Hacienda”, como lo declaró la semana pasada; sin embargo, el Fideicomiso Aduanas I mantiene un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos. Recursos que por más de una década se han depositado “indebidamente” – según califica la propia ASF – en esta figura fiduciaria y que corresponden al cobro del llamado Derecho de Trámite Aduanero: impuesto aplicado a todos los importadores y exportadores de la República Mexicana que falsamente es considerado por Hacienda como “contraprestación” pagada entre particulares.
A pesar de que los fondos manejados por el Aduanas I y posteriormente triangulados a la empresa privada ISOSA y al Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior I, son de origen público y que las máximas autoridades de fiscalización en México han comprobado las irregularidades en que ha incurrido Gil Díaz al constituir y operar este millonario fraude -primero como subsecretario de Ingresos y ahora como titular de la Secretaría de Hacienda, ese funcionario permanece en la impunidad.
Y es que durante tres sexenios –Salinas, Zedillo y Fox- Gil Díaz ha recibido protección al más alto nivel. En la actual administración el cobijo del gobierno es directamente por el propio presidente Fox, quien a pesar de haber sido alertado por los secretarios de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, y de la Función Pública, Eduardo Romero, de las irregularidades y corrupción de Gil Díaz, no hizo nada al respecto y, por el contrario, antes de que termine el sexenio pretende “limpiar” el caso en forma discrecional y sin rendir cuentas a nadie.
Una historia de corrupción aduanera
En estos últimos días el supersecretario de Hacienda ha declarado insistentemente que él nada tiene que ver con la constitución de ISOSA ni con la operación irregular de fondos federales, a pesar de que hay pruebas documentales de cómo es el autor intelectual y material del gran fraude a la nación, además hay testimonios de funcionarios y ex trabajadores de Hacienda que están dispuestos a declarar ante tribunales para contar la maquinación del saqueo de las arcas públicas. Aquí va esta pequeña historia contada por algunos de los actores involucrados en este desfalco multimillonario:
Cuando Francisco Gil Díaz renuncia a su cargo como subsecretario de Ingresos en los primeros meses de 1994, su jefe y amigo Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, asume en automático su protección. Inquieto por “limpiar el cochinero” – como él mismo califica al asunto aduanero – antes de concluir el sexenio salinista, Aspe coloca a su otro amigo y hombre de confianza, Ismael Gómez Gordillo, al frente de la Subsecretaría de Ingresos y le ordena regularizar los fideicomisos y las empresas constituidos por Francisco Gil al margen de la Ley.
Para el abogado especialista en fideicomisos y sustituto de Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos, el proceso de “legalización” no es tan simple como la encomienda de Pedro Aspe, pues resulta casi imposible reintegrar los cuantiosos recursos a la Tesorería de la Federación y ocultar al mismo tiempo la violación de todas las leyes, situación atribuible a Gil Díaz.
En las primeras semanas de su administración, Gómez Gordillo descubre que él preside el Comité Técnico del Fideicomiso Aduanas I, responsabilidad que lo involucra en el cuantioso fraude aduanero.
En los primeros meses de 1994, se cita en la secretaría de Hacienda a la sesión del Comité Técnico del fideicomiso para autorizar el presupuesto y el gasto anual de la empresa privada ISOSA y sus filiales, que para esas fechas ya está en ejercicio, lo que genera un diálogo entre Gómez Gordillo y Rubén Aguirre, ambos subsecretarios de Hacienda, uno de Ingresos y otro de Egresos:
–¿Y por qué tengo que estar en esa junta, si me han dicho que se trata de un esquema privado, un fideicomiso privado y una empresa privada, y yo soy un funcionario público? -pregunta molesto Gómez Gordillo.
–Porque el subsecretario de Ingresos es quien preside el Comité Técnico del Fidecomiso Aduanas I -responde Rubén Aguirre.
–¿Y quiénes son los demás miembros del Comité Técnico? -insiste el subsecretario.
–Los directores generales y administradores de la Subsecretaría de Ingresos -contesta sin reparo Aguirre, también integrante del Comité.
–Ahora resulta que éste es un fideicomiso privado en donde el Comité Técnico está integrado por puros burócratas, el dinero viene de una contribución federal y se gasta para dar un servicio a la Subsecretaría de Ingresos. Aún así, ¿ustedes sostienen que es un esquema privado?, pregunta Gómez Gordillo.
–En silencio Rubén Aguirre sólo observa la ira de Gómez Gordillo.
–Haz una relatoría con los documentos que prueben la participación de Gil Díaz en la constitución de los fideicomisos. -Pide Gómez Gordillo a Rubén Aguirre.
Santiago Creel, autor intelectual
En días posteriores, Gómez Gordillo platica con el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, entonces abogado del despacho Noriega y Escobedo. La charla se centra en su participación en la constitución de los fideicomisos aduaneros, de los cuales Creel fue un actor central.
Para esta época Creel Miranda y Gómez Gordillo ya eran viejos conocidos. Cuando este último era secretario particular del director general de Bancos, Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda, Creel realizaba trámites de registro de bancos extranjeros, y allí estrecharon una relación amistosa.
Al tratar de justificar ante el subsecretario Gómez Gordillo su asesoría legal, Santiago Creel argumenta que su participación en el proceso de la constitución de los fideicomisos aduaneros se trató sólo de “una gestión de negocios”. Sorprendido con la respuesta, Gómez Gordillo lo increpa: “Santiago, los dos somos abogados, tú crees eso que me estás diciendo. Tú lo puedes sostener jurídicamente, porque el trabajo que hiciste es el de un gestor oficioso y eso no está permitido”.
El Código Fiscal de la Federación prohíbe la gestión de negocios u oficiosa, al impedir que una persona que no demuestre que es representante de otra vaya a tratar sus asuntos, para lo cual se requiere de un poder notarial. Más aún, dicho Código establece que las autoridades fiscales no aceptarán la figura del gestor de negocios oficioso. Conocedor de la norma, Santiago acepta su error y se justifica: “quién le dice que no al doctor Gil Díaz”.
