En febrero de 2007, cuando finalmente Vicente Fox haya abandonado la residencia oficial de Los Pinos y, seguramente, su familia política (léase los Bribiesca y los Sahagún) esté sometida a procesos e investigaciones penales sin la protección que da el poder presidencial, hasta aguas mexicanas llegará un barco de los llamados FPSO (Floting Production Storage Ofloading), utilizados en todo el mundo para la producción temprana de petróleo crudo y que sirve para recoger, almacenar y limpiar esa materia prima de los mares.
Se trata de la contratación de un buque por parte de Petróleos Mexicanos a través de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), en un concurso internacional que por lo menos debería de ser investigado por la Secretaría de la Función Pública, pues según denuncias de trabajadores de la paraestatal que han pedido el anonimato se presume que hubo tráfico de influencias, abuso de poder, fraude, soborno y un cuantioso daño patrimonial en perjuicio del erario público.
La historia se remonta a 2005, cuando el director de Administración de la empresa paraestatal, Rafael Bracho, organizó la contratación de dicho barco con un presupuesto de 300 millones de dólares, pero resulta que en las bases de licitación se incluyeron tantas restricciones que fue más que imposible para muchas empresas extranjeras y nacionales participar, por lo que sólo el grupo japonés Model, filial del poderoso consorcio Mitsui y que cuenta con buques de tales características, se apuntaron en dicho concurso. Otra empresa participante, aunque con menos experiencia, fue la noruega Berensen.
Lo extraño de esta licitación es que de los 300 millones de dólares que se habían presupuestado en Pemex para solventar dicho contrato de arrendamiento, la paraestatal petrolera mexicana elevó el costo hasta mil 200 millones de dólares, es decir 300 por ciento más y, lo más curioso, es que la ganadora fue la empresa noruega con menos experiencia pero que mantiene relaciones muy cercanas con algunos funcionarios de Pemex, como Luis Juan Reynoso Flores, especialista en operaciones financieras de la paraestatal, y Juan Antonio Marcos, quien ha trabajado con los últimos tres directores generales de la paraestatal: Rogelio Montemayor Seguy, procesado por el delito de peculado; Raúl Muñoz Leos, despedido cuando se opuso a otorgarle contratos a los hijos de Marta Sahagún, y Luis Ramírez corzo, actual titular de Pemex.
De acuerdo con información de funcionarios de la paraestatal, la Secretaría de la Función Pública tiene muchos elementos para abrir una investigación por la corrupción que hay en la contratación de barcos y que podría llegar hasta los altos mandos de esa empresa petrolera del Estado.
La fecha del arribo del barco contrato por mil 200 millones de dólares será en febrero de 2007, es decir dentro de 6 meses, pues a la entrega de la embarcación Pemex deberá pagar el 50 por ciento (600 millones de dólares) del contrato y el resto en el próximo año, pero el inconveniente para el gobierno foxista es que su tiempo se agota y será el nuevo gobierno el responsable de concluir el cuantioso fraude en perjuicio del erario público.
El otro problema es para el actual director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, quien no es bien visto por el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa desde que éste fungió como secretario de Energía, por lo que de asumir la Presidencia de la República como pretenden el IFE y ahora el Trife, lo primero que hará de llegar a Los Pinos será abrir investigaciones por la enorme corrupción que hay en la asignación de contratos en Petróleos Mexicanos.
Otro que será responsable por ser omiso en sus funciones es el actual secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien ha sido permisivo de la corrupción en el gobierno federal y en especial en Pemex, además de someterse al poder presidencial para evitar sancionar y acusar penalmente a servidores públicos que han delinquido.

Protege el gobierno a Oceanografía
Y para seguir con las denuncias de corrupción en los contratos que asigna Petróleos Mexicanos, hay que registrar a la empresa naviera Oceanografía, la cual ha logrado penetrar la estructura de corrupción que hay en la paraestatal para obtener jugosos contratos petroleros en colusión con funcionarios de la paraestatal. Pero lo novedoso de esto es que los principales protectores y promotores de la naviera son un hijo y un hermano de Marta Sahagún: Guillermo Sahagún y Jorge Birbiesca, hermano e hijo de la primera dama, según confesó a esta columna el propio Manuel Bribiesca, hermano de Jorge y sobrino de Guillermo.
Pues todo apunta a que el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, será uno de los empresarios perseguidos en el próximo sexenio, pues al amparo de la protección de la familia política del presidente Vicente Fox y de altos directivos de Pemex y de la Contraloría, ha obtenido impunidad en cuantiosos contratos petroleros que le han otorgado de manera irregular.
Sólo como un pequeño perfil del poder corruptor de este empresario petrolero, baste decir que ante los créditos fiscales que enfrenta en la secretaría de Hacienda hasta por 20 millones de dólares, hasta ahora esa dependencia que dirige Francisco Gil Díaz no ha podido hacer algo al respecto, y lo mismo sucede con la procuraduría General de la República, cuyo titular Daniel Cabeza de Vaca también lo han obligado desde Los Pinos a frenar cualquier investigación por corrupción y fraude en perjuicio de Pemex.
En el caso de Hacienda su titular Gil Díaz ha sido omiso y cómplice de ese empresario petrolero, pues aunque tienen expedientes integrados sobre la evasión fiscal de Amado Yáñez, no han podido o querido proceder en su contra
Otras evidencias de la corrupción de ese joven empresario es el fraude que cometió en contra del banco Interacciones, propiedad de la familia Hank Rhon, al cual mediante falsificación de facturas de Pemex obtuvo un crédito por 20 millones de dólares y cuando fue descubierto logró negociar con uno de los dueños del banco, Carlos Hank Honzález, nieto de Carlos Hank Rhon y Roberto González Barrera, para impedir que se procediera penalmente en su contra, por lo que devolvió el dinero y el banco aceptó el acuerdo y otorgó el perdón.
Por si lo anterior fuera poco, el año pasado Amado Yánez cometió otro fraude con facturas apócrifas de Pemex en contra del banco de primer piso Bancomext, del cual obtuvo un crédito por 23 millones de dólares, pero al ser descubierto volvió a negociar y pagó la deuda, por lo que el área jurídica de la institución financiera le otorgó el perdón apenas en octubre del año pasado.
Entre los protectores de Amado Yáñez también se debe contar al polémico despacho de políticos-abogados que encabeza el senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, quienes litigan y amenazan con el fuero de uno y el poder político de ambos. En el caso de Amado Yáñez éste tuvo que pagar, por adelantado, un millón de dólares para que ambos personajes lo recibieran y escucharan sus corruptelas para, de ser necesario, defenderlo ante tribunales, pero esto no ocurrirá en este gobierno, por lo que seguramente tendrán mucho trabajo en el próximo sexenio.
Pero adelantado a los tiempos políticos-electorales, Amado Yáñez ya tiene una puerta abierta en el gobierno federal para el próximo sexenio si quien ocupa la silla presidencial es el panista Felipe Calderón, pues uno de los hombres más cercanos del candidato presidencial, Juan Camilo Mouriño, es amigo muy cercano Yánez, con quien ha compartido algunos negocios y podrían, juntos, trabajar en el próximo sexenio.