En medio de la crisis política generada por el vacío de poder en el gobierno federal, en donde el inquilino de Los Pinos lo único que espera es que ya se acabe esta pesadilla llamada Presidencia de la República para poder regresar, tal vez solo, a sus ranchos de Guanajuato, en otro de los poderes de la Unión, el Judicial, algunas áreas también se preparan para la conclusión del fin del sexenio perdido que encabezó Vicente Fox, pero antes de hacer maletas algunos jueces, magistrados y hasta ministros se disponen a mejorar sus ingresos.
Este es el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde sin autorización del Congreso transfirió 21 millones de pesos a su fondo de retiro, con lo que el pago por este concepto se eleva en 140 por ciento, al pasar de 3 millones a 7.2 millones para cada magistrado, de acuerdo con documentos oficiales de dicho Tribunal.
Ese Tribunal es el mismo que ahora tiene la responsabilidad del recuento parcial de votos concernientes a la contienda presidencial y que por decisión unánime de los magistrados, acorde con los intereses panistas, rechazó la petición de la Coalición por el bien de todos para que se realizara un nuevo conteo de todos los votos.
Este es un trabajo periodístico de la reportera Nancy Flores, el cual revela el abuso del poder y los enormes beneficios económicos que reciben los magistrados del Trife como para ni siquiera imaginar que se opondrán a la marcha del sistema y a la corrupción que lo envuelve.
Esto señala la investigación periodística: un semestre antes de que renunciara Eloy Fuentes Cerda a la presidencia del Trife por supuestos hechos de corrupción aún no aclarados, los siete magistrados de ese órgano colegiado autorizaron una transferencia a su fondo de retiro por 21 millones de pesos.
Al margen del Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2005 – pues los legisladores no etiquetaron ningún pago por este concepto -, en abril del año pasado la Sala Superior del Trife ordenó realizar el traspaso de dicho monto al Fideicomiso Número 158984, destinado justamente al pago por retiro de los magistrados.
De acuerdo con el informe oficial del Trife sobre el aprovechamiento de los recursos del ejercicio 2005, los 21 millones de pesos fueron extraídos de la partida 7000, correspondiente al ambiguo concepto de “otras erogaciones”. Esta partida ni siquiera está desglosada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año.
Al primer trimestre de 2006, el fondo de inversión y administración – cuyo beneficio se restringe sólo a los siete árbitros electorales: Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, José Alejandro Luna Ramos, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Fernando Ojesto Martínez Porcado, Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes en el contrato figuran como únicos fideicomisarios – acumula 51 millones 71 mil pesos, lo que equivale a pensiones individuales de 7 millones 295 mil pesos.
Creado el 30 de agosto de 2000 por la Comisión de Administración del Trife, el también denominado Fideicomiso para el retiro de los magistrados de la Sala Superior ha sido calificado como “discrecional” y “no transparente” por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues se constituyó con remanentes presupuestarios de los ejercicios fiscales de 2000 a 2003.
Según el máximo órgano de fiscalización del país, los traslados de recursos remanentes contravinieron la legislación vigente, pues el dinero debió reintegrarse a la Tesorería de la Federación y no emplearse en un fideicomiso como finalmente se hizo.
En el Informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2003, la ASF puntualiza: “el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de 2000, textualmente señala: ‘las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse. Los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 15 de febrero, las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, y deberán concentrar estos recursos en la Tesorería de la Federación a más tardar el 28 de febrero’”.
Aun así, el 30 de agosto de ese año el Trife realizó una primera aportación por 14 millones de pesos, y el 6 de diciembre de 2000 una segunda aportación de remanentes presupuestarios por 35 millones de pesos, según el acuerdo 070/S45 ratificado en el diverso 017/S47, de fecha 24 de enero de 2001.
En aquella época el fondo incluía como beneficiarios a los secretarios de acuerdos y a los mandos superiores del Tribunal, pero el 13 de junio de 2001, y por medio del acuerdo 046/S50, el fondo se fraccionó en tres fideicomisos específicos: uno para los magistrados de la Sala Superior (158984), otro para los secretarios de acuerdos y administrativo y el tercero para los servidores públicos de mandos superiores de los niveles 33 al 36.
De estas tres figuras fiduciarias, la única que fue beneficiada el año pasado, con 21 millones de pesos, fue la correspondiente al retiro de los siete magistrados de la Sala Superior.
Fideicomisos irregulares
El amplio informe elaborado por la ASF revela que el primer fondo de retiro fue constituido sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, pues fue hasta el 29 de enero de 2001, mediante oficio TEPJF-SA/0066/2001, cuando el Tribunal Electoral solicitó a dicha Secretaría su anuencia para formalizar el fondo, pero ahora en tres fideicomisos.
En dicho documento el Trife advierte a las autoridades hacendarias que “aplica su presupuesto de manera autónoma, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Tras recibir la solicitud del Tribunal, atendida por la Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios, Hacienda emitió la siguiente consideración: “Los fideicomisos en cuestión no se encuentran sujetos al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, por lo que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001”.
El análisis de la ASF indica que ni el Trife ni la Secretaría de Hacienda hicieron referencia al Presupuesto de Egresos de 2000, “ya que los recursos que se aportarían a los fideicomisos constituían remanentes presupuestarios de ese ejercicio, cuyo artículo 38 expresamente señala que esos recursos deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.
Ante los señalamientos de la Auditoría Superior sobre las irregularidades detectadas, el Tribunal Electoral emitió el oficio TEPJF-SA-1903/2004, con fecha del 14 de diciembre de ese año, en el que manifestó que las facultades de la ASF están regidas por el principio de anualidad, por lo que las observaciones eran de carácter extemporáneo.
Aun así el máximo órgano de vigilancia dependiente de la Cámara de Diputados recomendó al Trife que evaluara “la pertinencia de informar a la Contraloría de la entidad fiscalizada, a efecto de que se adopten las medidas necesarias para dar transparencia en el manejo y administración de los fideicomisos en los que participe, conforme a las normas contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate”.
Bono millonario
El 25 de julio de 2001 se constituyeron los tres fideicomisos del Trife en el Banco Internacional (ahora HSBC) y, ya con la anuencia de la Secretaría de Hacienda, el Tribunal repartió los 49 millones – fideicomitidos en forma irregular en una primer figura fiduciaria – de la siguiente manera: el fideicomiso para el retiro de magistrados identificado con el número 158984 recibió 21 millones de pesos; el fideicomiso número 158976 para el retiro de los dos secretarios contó con una aportación de 5 millones 600 mil pesos, y el número 158968, para el retiro de los funcionarios superiores, recibió una aportación de 22 millones 400 mil pesos.
El informe de la ASF advierte que, al retirarse, los beneficiarios de los tres fideicomisos recibirán jugosas compensaciones: en el caso de los siete magistrados de la Sala Superior dice que “como este fideicomiso se constituyó con 21 millones de pesos y los beneficiarios directos instituidos como fideicomisarios son siete, a cada uno le corresponden 3 millones de pesos más los intereses que se acumulen por la inversión del fondo fiduciario, calculados hasta el momento de su retiro”. Es decir que ahora, ya con la transferencia de 21 millones de pesos registrada en abril del año pasado, cada magistrado recibirá más de 7 millones de pesos al retirarse del cargo.
El documento del órgano fiscalizador detalla que, de acuerdo con el contrato del fideicomiso 158984, la fiduciaria deberá entregar la séptima parte del patrimonio del fideicomiso a cada fideicomisario en cualquiera de los siguientes casos: “Al término constitucional de su encargo; si su encargo, terminara por modificación a la Ley o a la Constitución; por cualquier otra circunstancia siempre que hayan transcurrido 5 años; por muerte; por incapacidad total y por cualquier otra causa no imputable al fideicomisario.
Cada uno de los siete fideicomisarios titulares designó a sus fideicomisarios substitutos y decidió sobre el porcentaje que le corresponde a cada uno”.
Otros que recibirán una retribución importante son los secretarios de acuerdos y administrativo, y es que el fideicomiso 158976, el cual establece que al término constitucional de su encargo, siempre que hayan transcurrido cuando menos cinco años a partir de su nombramiento; por muerte; por incapacidad total y por cualquier otra causa no imputable al fideicomisario, obtendrán el 50 por ciento del patrimonio del fideicomiso.
La ASF indica que como este fideicomiso se constituyó con 5 millones 600 mil pesos, y fueron designados dos fideicomisarios: el secretario general de acuerdos y el secretario administrativo, cada uno de ellos podría obtener 2 millones 800 mil pesos, de los cuales ya se saldó un bono de retiro. De acuerdo con los datos del Tribunal, al primer trimestre de 2006 esta figura fiduciaria resguarda 3 millones 655 mil pesos.
El Trife también remunerará generosamente a 173 servidores públicos de mandos superiores, quienes figuran como fideicomisarios del contrato 158968. Actualmente, dicho fideicomiso resguarda 30 millones 685 mil pesos, por lo que los bonos por retiro ascenderían a 177 mil pesos por funcionario.
