Adelantados a la decisión final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual analiza las pruebas del supuesto fraude cometido por el gobierno federal en complicidad con el IFE y el PAN para darle el triunfo de las pasadas elecciones presidenciales a Felipe Calderón Hinojosa, el equipo compacto del candidato panista elaboró una lista previa de los posibles candidatos a ocupar los cargos más importantes en lo que ya se conoce como el “segundo gabinetazo”.
Hace dos semanas presentamos aquí la primera parte de la lista que salió de las oficinas del equipo de campaña de Calderón Hinojosa, en donde aparecen nombres vinculados con responsabilidades en presuntos delitos electorales, peculado, tráfico de influencias, corrupción, complicidad, violación a los derechos humanos y hasta con relaciones bandas del narcotráfico.
Ahora, con base en una exhaustiva investigación realizada por las reporteras Nancy Flores y Erika Ramírez (revista Contralínea números 59 y 60), publicamos la segunda parte del nuevo “gabinetazo” que involucra las áreas sociales, educativa y agrícola.
En materia de política social, Calderón Hinojosa propone como secretarias de Desarrollo Social a la ex funcionaria del gobierno perredista del Distrito Federal, Clara Jusidman, quien ocupó esa misma cartera cuando Cuauhtémoc Cárdenas gobernó la capital. Otra aspirante a ese mismo cargo es la panista Beatriz Zavala Peniche, a quien se señala como beneficiaria indirecta del Fobaproa y del IPAB: su esposo, Javier de Jesús Romero Osorio, mantiene deudas con dicho fondo por más de 65 millones de pesos provenientes de préstamos irregulares obtenidos de los bancos Oriente y Unión, según el reporte de auditoría de Michael Mackey. Además, es prima de Carlos Cabal Peniche, ex banquero acusado por delitos de fraude y lavado de dinero.
Para la Secretaría de Agricultura, el panista decidirá si recicla al ex priísta y actual panista Florencio Salazar o le da otra oportunidad al fracasado Javier Usabiaga, quien perdió en su intento por gobernar su estado natal Guanajuato, debido seguramente a que era el candidato oficial de Vicente Fox. Ambos funcionarios con una gris actuación durante el gobierno foxista, que se ha caracterizado por su rechazo y abandono del campo mexicano. Más aún en el caso de Usabiaga, apodado el “rey del ajo”, dejó asuntos pendientes en la Contraloría por presuntos hechos de corrupción, en donde intervino directamente Vicente Fox para impedir que fuera sancionado.
De acuerdo con el expediente DAGV/DV/073/2003, integrado por la Secretaría de la Función Pública, da cuenta de un presumible desvío de recursos y peculado por 11.3 millones de pesos en contra del erario federal, cometido durante la gestión de Usabiaga. Los recursos habrían sido destinados al pago de un contrato adjudicado directamente a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, que hasta octubre de 2000 era presidida por el subsecretario de la Sagarpa, Antonio Ruiz García, lo que además implica conflicto de intereses.
En cuanto a Educación Pública y según sus propias propuestas, Felipe Calderón dejará esta Secretaría en manos del líder nacional panista y destacado miembro del Yunque, Manuel Espino; otro fuerte candidato es el elbista y supuesto “adversario” por el Partido Alianza en la contienda electoral, Roberto Campa, pero también aspira al cargo otro miembro del equipo político de la maestra, Benjamín González Roaro, ex titular del ISSSTE en el gobierno foxista.
En el primer caso, el actual presidente del Partido Acción Nacional se mostró siempre opositor a la candidatura de Felipe Calderón, pero al final tuvo que doblegarse y aceptar su candidatura. El segundo caso no es más afortunado, pues el ex priísta Roberto Campa hizo el trabajo sucio a Calderón en los debates electorales, siempre con línea de su jefa Gordillo. Ambos políticos también conforman la dupla por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual indica que están firmes para ocupar un asiento en el gabinetazo.
Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Calderón ha pensado en Luis Téllez Kuenzler, quien estuvo involucrado como secretario de Energía en el desvío millonario de recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, aquello que se llamó el Pemexgate. A este ex priista le gustaría más ocupar la cartera de la Secretaría de Hacienda, pero Felipillo aún no decide.
En aquel tiempo Téllez se desempeñaba como secretario de Energía, por lo cual se presume que en función de su cargo no sólo habría tenido conocimiento de la operación que permitió triangular, por lo menos mil 580 millones de pesos al sindicato de Pemex y luego al equipo de campaña de Labastida, sino que además autorizó directamente los convenios, pues era el titular del Consejo de Administración de la paraestatal.
Gabinete ampliado
Además de Estrada Cajigal, quien es considerado por Calderón para ocupar un cargo en el llamado gabinete ampliado, en esta lista destaca el nombre de la panista Mariana Gómez del Campo Gurza, sobrina de la pareja Calderón-Zavala, la cual desde el 6 de junio pasado protagonizó el que es el primer escándalo familiar relacionado con el manejo de recursos públicos.
En el cierre de campaña López Obrador dio a conocer los negocios del hermano de Margarita Zavala, Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, con el gobierno federal. Ahora se descubre el nombre de la sobrina política de Felipe quien, de llegar a un cargo público en el gabinete, se convertiría en beneficiaria directa de la siguiente administración.
Al lado de ella se encuentran los ex presidenciables del PAN. Así, alguna entidad o paraestatal podría ser conducida por Santiago Creel Miranda, quien antes de terminar su gris gestión al frente de la Secretaría de Gobernación autorizó indiscriminadamente la apertura de casas de apuestas a favor de Televisa, solapó el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres, presuntamente destinados a su frustrada campaña por la Presidencia, y participó en el llamado fraude transexenal de los fideicomisos aduaneros junto con Francisco Gil Díaz.
También figuran los ex gobernadores panistas Alberto Cárdenas, Carlos Medina y Francisco Barrio Terrazas, este último operó como cómplice en la Contraloría en donde congeló importantes investigaciones, como la auditoría 1015/01 referente a la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos. El expediente involucra a Vicente Fox en daños al erario por casi 70 millones de pesos, sin que hasta la fecha se haya fincado responsabilidad alguna.
En este mismo gabinete ampliado, el presidente electo le reserva un lugar a la ex directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, señalada por un supuesto desvío de recursos públicos durante su administración en esa dependencia. Los recursos se destinaron al pago de la reunión internacional de la APEC celebrada en Acapulco, Guerrero, en 2002, organizada sin licitación por la empresa Santa Fe, en la que participa su hija Patricia Parrodi.
En esa misma lista se encuentran Juan Carlos Romero Hicks, el futbolista americanista Carlos Hermosillo, Cecilia Romero, Gabriela Ruiz del Rincón, María Elena Álvarez Bernal, María del Rosario Castro Lozano, Gerardo Priego, Carlos Torres, Cuauhtémoc Cardona, Cecilia Laviada, Rafael Pérez Cuellar, Demetrio Sodi, José Luis Luege Tamargo, Antonio Díaz Lara, Jorge Lara Rivera y Francisco de Silva.
Para cerrar su gabinete, Felipe Calderón busca que la operadora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, acepte la Secretaría de Medio Ambiente, como una forma de congraciarse con los perredistas; para Relaciones Exteriores deberá elegir entre los diplomáticos Arturo Sarukán y Ricardo Pascoe; en Función Pública podrían ser impuestos Germán Martínez Cázares o Salvador Vega Casillas; en Turismo, Patricia Mercado o Rodolfo Elizondo, y en Salud, el secretario capitalino, Ricardo Barreiro Perera.
Ante la posibilidad de formar parte de los cuadros del gobierno de continuidad que, de confirmarlo el Trife, encabezaría Felipe Calderón, tres de sus más allegados colaboradores y amigos se dicen dispuestos a contribuir en las decisiones de gabinete.

De acuerdo con entrevistas que les hizo la reportera Erika Ramírez, la ex senadora Cecilia Romero; Jorge Lara, ex asambleísta, y Francisco de Silva, vicepresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esperan impacientes el ascenso al poder del candidato de las “manos limpias”. 
Cecilia Romero ha sido señalada como promotora del patrocinio a la disidencia cubana mientras se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores. La también ex aspirante a jefa delegacional en Coyoacán descalifica el proceso de impugnación que ha presentado el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que espera ser llamada por su “amigo” Felipe Calderón para ser una más de quienes integrarían el gabinete ampliado de la administración panista.
Defensora de la victoria virtual que anticipó el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, luego de que se conocieran los resultados del conteo de los 300 distritos, la ex senadora advierte que “estamos preparándonos para defenderlo por las vías legales y por el camino que nos hemos trazado los mexicanos”.
Con una mención en la lista de candidatos a formar parte del gabinete calderonista, Cecilia Romero se dice a la espera de una llamada de su “amigo” para iniciar con los preparativos y llegar al poder.
Jorge Lara, asambleísta por el Distrito Federal y fuerte promotor del desafuero de López Obrador, señala que “la prioridad en este momento es tener el resultado de la elección y corroborar el triunfo de Felipe Calderón”.
Autodenominado como un demócrata, como lo hiciera Felipe Calderón a lo largo de su campaña para contender por la Presidencia de la República, Francisco de Silva, vicepresidente de Condusef, también espera el ascenso del panista al poder. 
Sin embargo, el todavía funcionario público de la administración foxista señala que habrá que esperar hasta que se den los últimos resultados que tendrá que dar el Trife para considerar ocupar un cargo en caso de ser llamado a formar parte de cualquiera de las administraciones que quede en el poder.