A la incertidumbre creada por el Instituto Federal Electoral y su presidente Luis Carlos Ugalde, al manipular el proceso electoral del pasado 2 de julio a favor del candidato panista Felipe Calderón Hinojosa, se suma ahora la intervención de la Procuraduría General de la República y de las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores para presionar judicial y fiscalmente a los principales operadores del candidato perredista Andrés Manuel López Obrador. 
El objetivo del gobierno foxista es presionar hasta el límite a los perredistas Manuel Camacho Solís, Jesús Ortega y Ricardo Monreal, entre otros, para distraer su atención y con ello reducir las críticas que los tres hacen en contra de la operación del IFE que busca consumar el “fraude electoral” que dé la victoria al candidato de ultraderecha Felipe Calderón. 
Un ejemplo de esta sucia maniobra del gobierno de Vicente Fox es el expediente abierto en la Procuraduría General de la República en contra de Ricardo Monreal Avila, ex gobernador de Zacatecas y uno de los hombres más cercanos al perredista López Obrador, a quien investigan por supuestas transferencias de 90 millones de dólares hacia bancos extranjeros.  
Miembros del PAN y fuentes del gobierno federal confirmaron que las indagaciones que llevan a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda –de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada– en coordinación e intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con autoridades estadounidenses, incluyen a otros dirigentes perredistas como el mismo López Obrador y sus hermanos e hijos; a miembros del equipo de campaña de la Coalición Por el Bien de Todos como Manuel Camacho Solís, Jesús Ortega, Ricardo Monreal y Claudia Sheimbaum. 
Pero estas presiones no sólo se quedan el primer equipo de López Obrador, sino que también incluyen a varias personas presas por delitos de fraude y que tuvieron algún contacto con el candidato perredista, por lo que fueron sometidos a intensos interrogatorios para obligarlos a que acusaran a Andrés Manuel de diversos delitos, como son Gustavo Ponce y Jaime Ross. 
El caso Monreal 
Autoridades financieras de España y de Estados Unidos, responsables de combatir el delito de “lavado” de dinero, consideran a la isla de Aruba (que forma parte de los países y territorios de ultramar de la Unión Europea y que se ubica en las Pequeñas Antillas, al sur del Mar Caribe) como un paraíso fiscal utilizado por defraudadores y evasores de impuestos que, para ocultar sus fortunas ilícitas, transfieren por ahí recursos para terminar en bancos europeos, principalmente Suiza. 
Por esa misma ruta (México-Estados Unidos-Aruba-España-Suiza) la PGR investiga a Ricardo Monreal Avila, ex gobernador de Zacatecas, por una acusación en su contra por transferir supuestamente 90 millones de dólares para ocultarlos en bancos de Suiza. 
De acuerdo con un acta circunstanciada elaborada en la PGR y confirmada con fuentes de alto nivel de esa misma entidad de justicia, el gobierno mexicano ha solicitado oficialmente información a las autoridades judiciales y financieras de Estados Unidos y de España sobre probables transferencias de millones de dólares que hubieran hecho Monreal y su ex secretario particular hacia instituciones financieras de Europa vía paraísos fiscales del Caribe. 
En las pesquisas intervienen también especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales de la Secretaría de Hacienda y autoridades de la agregaduría de la PGR con sede en España, pues en este país supuestamente habría una cuenta concentradora en un banco español y de allí, para borrar el origen, el dinero se habría desviado hacia otras instituciones financieras como casas de bolsa y casas de cambio, según los informantes responsables de las pesquisas. 

La PGR está a la espera de la información solicitada a las autoridades estadounidenses que, a través de su sistema de intervención financiera en todo el mundo y la búsqueda de dinero sucio, pudiera servir para acusar penalmente a Monreal Avila por el delito de “lavado” de dinero. 
Según Juan Hernández Vigueras, miembro de ATTAC Madrid, “muchas investigaciones sobre evasión y fraudes en España se pierden en la isla de Aruba, una encrucijada de la Unión Europea y los Estados Unidos”. 
El investigadora explica en un artículo escrito a finales del año pasado que en el seminario de ATTAC realizado en Barcelona sobre los paraísos fiscales, el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo y varios inspectores españoles de Hacienda aludieron a Aruba que con frecuencia aparece en investigaciones sobre evasión y fraude fiscal en España que se terminan perdiendo en esa isla. 
De acuerdo con un testigo y ex colaborador de Ricardo Monreal, cuya identidad mantiene en secreto la PGR, el ex mandatario zacatecano habría obtenido el dinero producto de actividades ilícitas, por lo cual la PGR lo investiga para deslindar cualquier posible vínculo con bandas del narcotráfico y por presumibles fraudes a través de obras públicas cuando se desempeñó como gobernador de Zacatecas, en donde aseguran beneficio a la empresa constructora Plata, propiedad de un amigo muy cercano a Monreal y quien se hizo cargo prácticamente de toda la obra pública en Zacatecas, lo que le permitió acumular una cuantiosa fortuna durante el gobierno de Monreal. 
Monreal se defiende 
Impugnador principal del llamado “fraude electoral” en contra de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal rechaza haber transferido dinero hacia cuentas extranjeras de Europa o de cualquier otra región y (como la entrevista se realizó antes del proceso electoral del 2 de julio) asegura que las investigaciones en su contra son sólo una cortina de humo tendida por el gobierno de Vicente Fox para distraer la atención de las elecciones y golpear una vez más a López Obrador. 
El ex mandatario zacatecano dice que la información que indaga la PGR es tan falsa que no podrían mostrar pruebas del delito que le imputan, “por lo que si tratan de acusarme de lavado de dinero, inmediatamente procederé legalmente en contra de ellos por difamación, pues ni yo ni nadie de mi familia tiene fortuna alguna”. 

P. La investigación apunta a que usted hizo transferencias por 90 millones de dólares, ¿qué opina?

R. Es falso, no es cierto, no pueden probar nada porque no tienen forma de hacerlo. 
P. ¿Usted tiene cuentas bancarias en el extranjero?

R. No, nunca y muchos menos con tanto dinero, imagínate si tuviera eso, házmela buena. 
P. ¿Por qué cree que se lleve a cabo tal investigación?

R. No lo se, pero es como una cortina de humo. Tratan con esto de golpear a López Obrador, porque vamos a ganar.  
P. ¿Sabía de esta investigación en su contra?

R. No, aunque ya en otra ocasión se me quiso involucrar con lavado de dinero, cuando la Procuraduría le pidió al que fuera embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que declarara que era investigado por la DEA y por el Departamento del Tesoro. Parte de esto narra Davidow en su libro El oso y el puerco espín y después yo me lo encontré y me contó que querían inculparme, sin pruebas, de vínculos con el narcotráfico. 
P. ¿Ha sido citado por la PGR para declarar?

R. No, ni lo harán, porque no tienen evidencias. 
P. ¿Se trata sólo de una maniobra político-judicial?

R. Sí, pero no les va a resultar, y si intentan hacer algo voy a acudir a las instancias legales para demandarlos por difamación, ellos saben que soy una persona que toma acciones y en una acusación tan grave no me voy a quedar callado. 
P. ¿Podría tratarse de algunas operaciones financieras que hizo en el extranjero cuando era gobernador (de Zacatecas)…? 

R. No, tampoco. No hay nada. Esto debe quedar claro, no tengo nada que me puedan imputar. 
En entrevista vía telefónica, el embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, dijo que la sede diplomática no lleva a cabo pesquisa alguna sobre Ricardo Monreal, simplemente porque no le corresponde, y si hubiera algo sería la agregaduría de la PGR en España y no la embajada. 
Sin embargo, las fuentes han informado que es precisamente el embajador de México en España quien lleva personalmente la petición de información financiera y judicial en contra de Monreal, pero hasta ahora las autoridades españolas al parecer han negado cualquier información financiera sobre el ciudadano mexicano porque, de acuerdo con su legislación, el secreto financiero sí se respeta en ese país europeo y no, como ocurre en México, se utiliza políticamente. 
Dispendio del gasto público 
A escasos cuatro meses de que concluya el sexenio, miembros del gabinete de Vicente Fox buscan por todos los medios llenarse las bolsas con fondos públicos y borrar cualquier huella que los relacione con hechos de corrupción. Un análisis del consultor financiero Mario Di Costanzo informa que de acuerdo con datos contenidos en la Cuenta Pública de 2005, se observa que persiste el derroche de recursos públicos destinados a sufragar los gastos asociados a las percepciones de los “altos mandos” de las diversas secretarias de Estado. 
De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, para 2005 los sueldos y salarios que pagó el gobierno a la burocracia adscrita únicamente a las secretarias de Estado ascendió a 156 mil 337 millones de pesos, a estos gastos habría que añadirles 7 mil 739.9 millones que correspondieron a los servicios generales y 18 mil 488 millones que representaron las erogaciones destinadas a cubrir los servicios generales de las dependencias de la administración pública federal. 
De esta manera, explica Di Costanzo, si añadimos a los gastos las erogaciones destinadas a cubrir las pensiones en cada secretaria de Estado, que ascendieron a 108 mil 488 millones de pesos y los subsidios y transferencias que cada secretaria le transfiere a las entidades de su sector y que ascendieron a casi 200 mil millones de pesos, resulta que el gasto corriente de la administración pública centralizada fue de 539 mil 67.2 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente la tercera parte del gasto público total. 
Agrega que es importante mencionar que si se revisan los componentes del gasto en servicios personales, se observa claramente que buena parte de ellos están conformados  por tres conceptos que representan las prebendas que los funcionarios públicos de alto nivel mantienen y que incrementan en forma sustancial sus ingresos mensuales. 
Así, por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República se observa que el pago de sueldos y salarios a 862 millones de pesos, de los cuales las partidas denominadas como “Otras prestaciones sociales y económicas”, las “Remuneraciones Adicionales y Especiales” y las “Cuotas de Seguridad Social y Seguros” ascendieron a 729 millones de pesos. 
Mas aún en el caso de la SHCP se observó que mientras el gasto directo en sueldos a sus empleados fue de 2 mil 73 millones de pesos, los gastos por “otras prestaciones sociales y económicas” ascendieron a mil 124.8 millones de pesos, las remuneraciones “adicionales y especiales” se ubicaron en 216.2 millones de pesos y los gastos por concepto de “seguridad social y seguros” ascendieron a 254.3 millones de pesos. Este comportamiento se observa prácticamente en la totalidad de las Secretarias de Estado.