Al momento de escribir esta columna millones de mexicanos se han dispuesto a cambiar este país a través de las urnas y, masivamente, acuden a depositar su voto para elegir a quien será el próximo presidente de la República.
Después de un largo proceso de campaña que llegó hasta el hartazgo y dejó onerosos gastos a los mexicanos, lo cual debe ser corregido, a partir de este lunes estrenaremos presidente electo y sabremos si la democracia mexicana avanza.
Pero mientras esto sucede a los ojos del mundo que observan atentos el desarrollo de un proceso electoral del país que hace frontera con la primer potencia mundial y que, de seguir las tendencias, daría un viraje hacia la izquierda, tal y como lo han hecho otros países latinoamericanos, en un oscuro cuarto de Los Pinos se sume en su angustia la “pareja presidencial” que, temerosa, vivirá los últimos cinco meses de un gobierno absurdo, fatuo, necio, inútil, grotesco, corrupto, negligente, tonto y perezoso, en espera del juicio de la historia y de las investigaciones judiciales que ya se ven en contra de familiares de la “pareja presidencial” que fueron beneficiados con las influencias del poder político.
Seguro de que ninguna acusación por corrupción lo alcanzará, a pesar de que haya pruebas documentales y fehacientes de ello, porque así lo protege la Constitución, el todavía presidente Vicente Fox observará cómo se derrumba lo que creé haber construido con un gabinete inútil que sólo saqueó al país pero que nada hizo para combatir la desigualdad social, la pobreza extrema y las injusticias.
Por el contrario, sólo una prueba de la corrupción presidencial que quedará impune es la investigación que hizo el mismo gobierno foxista a la administración de la Presidencia de la República en los primeros seis meses de su mandato (1 de diciembre de 2000-31 de mayo de 2001), en donde según el informe de la auditoría en poder de esta columna, fue el mismo presidente Fox quien dio instrucciones para beneficiar mediante irregularidades administrativas a su amigo el arquitecto Humberto Artigas, al asignarle directamente obras de remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y la compra de enceres domésticos por un monto total de 66.5 millones de pesos, de los cuales sólo se gastaron unos 22 millones y el resto, más de 40 millones, pudieron haber servido para construir aquel rancho oculto llamado La Estancia y propiedad del presidente, que por una excelente investigación periodística de las reporteras Areli Quintero y Anabel Hernández supimos que fue el mismo arquitecto Artigas quien lo construyó.

Presidente impune
En otro trabajo periodístico de Nancy Flores supimos que fueron el presidente Vicente Fox y el empresario Humberto Artigas los únicos actores que negociaron la adjudicación directa de contratos de remodelación en la residencia oficial de Los Pinos – que causaron daños al patrimonio público y violaciones a la seguridad nacional -, según le informó a la reportera la representante legal de la empresa MYO, la arquitecta Ralía Morales Arámbula, quien señala al Estado Mayor Presidencial como responsable de las obras.
“Si eso es tráfico de influencias, pues entonces sí, cometí tráfico de influencias”, acepta con descaro la arquitecta, quien es la representante legal y accionista de la empresa MYO, S.A. de C.V., tras la pregunta sobre la invitación directa que le hizo personalmente el presidente Fox para que participara en la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y de las cabañas 1 y 2, sin que mediara licitación alguna como lo marca la Ley.
La breve respuesta de Morales Arámbula corrobora que Fox Quesada es el alto funcionario de Los Pinos que ordenó la adjudicación directa de las obras a favor de su amigo Humberto, quien a su vez subcontrató los trabajos de la compañía MYO y de otras 10 empresas, tal como lo asentó la misma arquitecta en la compulsa relacionada con la auditoría 2015/01.
Ya el 21 de junio de 2001 Morales Arámbula había revelado a las autoridades de la Dirección General de Auditoría Gubernamental la responsabilidad del presidente de México en la contratación indebida de las empresas, que derivó en daños patrimoniales y en violación a la seguridad nacional, asunto que fue velado por la dependencia bajo el supuesto de confidencialidad.
En aquella ocasión los auditores de la Secretaría de la Contraloría (ahora Secretaría de la Función Pública) requirieron a la accionista de MYO, quien comparte domicilio fiscal con la empresa Humberto Artigas y Asociados, S.C. en calzada Desierto de los Leones 5934, colonia Olivar de los Padres, que describiera “cómo se hizo proveedora del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha”, a lo que respondió: “fue una invitación directa del presidente, el licenciado Vicente Fox, desde diciembre de 2000”.
Los funcionarios públicos insistieron: “describa quién la invitó a participar como proveedor y el trámite realizado al respecto”, y ella reiteró que “la invitación la hizo directamente el licenciado Vicente Fox”.
Hasta ahora, la dependencia encargada de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos ha omitido fincar responsabilidades por estas anomalías, quizá porque el primer implicado es el presidente de la República. La negligencia se da a pesar de que el amplio expediente de investigación confirma que la Presidencia violó las leyes de Adquisiciones, de Obra Pública y de Responsabilidades al adjudicar directamente los contratos por 66.5 millones de pesos.
El asunto no es menor. De acuerdo con la auditoría 2015/01 las irregularidades en las que supuestamente está involucrado Vicente Fox, jefe directo del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y en su momento Francisco Barrio Terrazas, no se reducen a la contratación indebida de la empresa Humberto Artigas y Asociados, que ocasionó daños patrimoniales, sino que al subcontratar varias empresas, entre ellas MYO, se puso en riesgo la vida del propio mandatario – pues se conocía a detalle su residencia – y, por tanto, se quebrantó la seguridad nacional.
Para la diputada perredista Martha Lucía Micher, el gobierno de Vicente Fox “no sólo ha sido corrupto sino que ha sido un modelo de corrupción: se les ha enseñado a otras personas de las familias en el poder cómo hacer las cosas muy poco transparentes, con muy poca ética y sobre todo el patrimonio del pueblo”.
Entrevistada vía telefónica, la empresaria Rosalía Morales Arámbula revela que la negociación para adjudicar las obras se dio entre dos actores: el presidente Fox Quesada y el empresario Humberto Artigas del Olmo. “A mí me subcontrataron. El arquitecto Artigas me subcontrató para que lo hiciera (proveer de mobiliario y enseres a la Presidencia). Yo directamente no tuve nada que ver. Es más, al presidente lo vi una sola vez”.
Mientras busca deslindarse de las supuestas irregularidades que implican a la empresa MYO en daños al patrimonio público por al menos 2 millones 100 mil pesos y de incurrir en la presunta violación de la seguridad nacional, ambos ilícitos documentados por la Contraloría, Morales Arámbula explica que el Estado Mayor Presidencial tuvo conocimiento del proceso de contratación y de los avances y cumplimientos del mismo.
Entrevista con Morales Arámbula
P. Cuál es su postura sobre la auditoría 2015/01, referente a los dos contratos otorgados por la Presidencia a la empresa MYO, que señala un posible daño al patrimonio público por 2.1 millones de pesos e incumplimiento de contratos.