Napoleón Gómez Urrutia no es un minero. Es más, se trata de un tecnócrata, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en donde estudió economía, que buscó seguir la huella de la generación de políticos mexicanos con estudios en universidades extranjeras, lo que en teoría debería garantizar su integración a las camarillas corruptas del PRI.
Así, mientras su padre Napoleón Gómez Sada seguía al frente de los trabajadores mineros, el junior se dedicaba a despilfarrar la fortuna al mismo tiempo de emplear varios años de su vida en estudiar economía en la Universidad de Oxford y regresar a Nuevo León para buscar una carrera política alejada de la labor de los mineros que tanto despreciaba.
Fue así como buscó la candidatura del PRI al gobierno de Nuevo León. Su plan, sin embargo, no tuvo éxito y el líder en tela de juicio de más de 60 mil mineros tuvo que conformarse con la dirección de la Casa de Moneda, un puesto en el que la influencia de su padre también fue determinante.
Durante la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari, Napito como gusta que le llamen sus más cercanos seguidores y cómplices, logró mediante recomendaciones de su padre un cargo en la tecnocracia: la Dirección General de la Compañía Minera Autlán. Allí, en la época de las privatizaciones del secretario de Hacienda, Pedro Aspe, recibió la encomienda de vender los activos de la firma administrada hasta entonces por Nacional Financiera. Sin embargo, bajo la dirección de Gómez Urrutia, Autlán, la productora líder de ferroaleaciones en América Latina, se vendió en las condiciones menos convenientes para la administración pública y los contribuyentes.
En su momento, Gómez Urrutia fue señalado por maquillar los números de Autlán, ocultar pasivos y elevar de manera artificial las expectativas de recursos que podrían haberse obtenido por su desincorporación. Así de un monto de 300 millones de dólares que Napito fijó como el monto en el que podría venderse la empresa, el gobierno federal sólo obtuvo 25 millones de dólares, lo que causó fundadas sospechas de que el frustrado heredero líder minero transó la venta.
La pifia provocó que Gómez Urrutia fuera relegado por el gobierno salinista y que se refugiara durante varios años en su tierra natal Nuevo León y se conformara con la representación de ese estado en la ciudad de México, siempre como militante priista. Fue así como Gómez Urrutia rectificó el camino y decidió refugiarse en el seno familiar y esperar pacientemente la muerte de su padre para heredar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos.
La llegada del heredero de Gómez Sada enardeció a varios grupos del sindicato que se oponían a la cesión de la organización sindical. En su momento, la toma de nota de Gómez Urrutia ante la Secretaría del Trabajo se tornó en un proceso complicado que el entonces presidente Ernesto Zedillo no quiso avalar.
Por ello, fue durante la administración panista de Vicente Fox que Napito fue avalado como líder legitimo de los mineros por el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, a quien no bastó esa pifia cometida pues ahora, en su caro actual de secretario de Gobernación negoció con Gómez Urrutia su renuncia a la dirigencia sindical a cambio de frenar todas las acusaciones e investigaciones penales en su contra.
Con más habilidad y maña política que el secretario de Gobernación, Napito aceptó y le dijo que sí aceptaba el acuerdo a Carlos Abascal, pero sólo para ganar más tiempo en la unificación del sindicalismo independiente que protesta por la intromisión gubernamental foxista en asuntos internos de los sindicatos. Pero cuando sintió que el apoyo sindical estaba de su lado, Napito no sólo rechazó el acuerdo con Abascal, sino que lo acusó públicamente se hacerle “propuestas indecorosas”, por lo que el vocero presidencial Rubén Aguilar tuvo que entrar en la escena para corregir las torpezas de Abascal y tratar de desmentir que el gobierno federal panista negocia la ley a cambio de impunidad.
Los apoyos electoreros de Napito
Otro dato preocupante es la versión que recorre la convulsionada región de Michoacán, allá por la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, en donde se habla de la supuesta traición de la administración foxita a la gestión de Gómez Urrutia después de que el sindicato minero, como sucedió con el negro episodio del Pemexgate, apoyó financieramente la campaña de Vicente Fox. De otra manera no se explica el apoyo irrestricto que recibió el tecnócrata que se volvió minero cuando puso en jaque y en serio peligro la estrategia del Grupo México de Germán Larrea de constituir al corporativo minero más importante de América Latina al integrar sus operaciones en Perú y en Estados Unidos con la empresa Asarco.
Gómez Urrutia aprovechó el plan de Larrea de integrar a Southern Cooper Peru Company y los activos de Asarco y, lo más difícil, los activos de Minera Cananera. ¿El problema? El belicoso sindicato de trabajadores mineros encabezado por Gómez Urrutia recuperó de manera más que oportuna el viejo pleito por la propiedad del 5 por ciento de Cananea que Salinas de Gortari le garantizó a los mineros a cambio de permitir la privatización de la emblemática y legendaria productora de Cobre.
Así, en medio de los trámites ante el Departamento de Justicia, las negociaciones con acreedores y la presentación del plan ante inversionistas del mercado de valores, Gómez Urrutia amenazó a Larrea con hacer explotar la bomba e impedir el plan de convertirse en una multinacional del cobre. Las manifestaciones y marchas frente al edificio corporativo de Grupo México no se hicieron esperar. Gómez Urrutia hizo traer a varias decenas de mineros del Grupo Asarco para protestar en las calles de la ciudad de México en contra del proyecto de Larrea.
Fue así como Larrea firmó con Gómez Urrutia y el sindicato el plan para pagarle a los mineros la vieja deuda: 50 millones de dólares que ahora se han convertido en la única piedra en el zapato del líder sindical.
El enfrentamiento con el Grupo Villacero tiene los mismos tintes, pues en varias ocasiones se declaró la huelga en contra del corporativo que dirige Sergio Villarreal, quien se opuso a la dirigencia de Napoleón Gómez Urrutia. Al frente de la presidencia de la Canacero y en medio del conflicto de Sicarsa, Julio Villarreal prefirió dejar ese cargo y pasar la estafeta a Alonso Ancira, quien recuperado de su persecución fiscal asegura tener una mejor relación con el sindicato familiar de Gómez Urrutia.
¿En dónde están los 55 millones de dólares? 
En el expediente abierto en la Procuraduría General de la República en contra del líder minero Napoleón Gómez Urrutia y sus cómplices, así como de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso F/9645-2, destaca la acusación que también se hace en contra del banco extranjero Scotiabank Inverlat, el cual según la denuncia hecha por el también dirigente minero Elías Morales Hernández, transfirió en su carácter de fiduciario 55 millones de dólares a las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros en lugar de repartir directamente dichos recursos entre los miembros del sindicato en su calidad de fideicomisarios.
Ante ello y de acuerdo con el expediente integrado por la PGR, dicha institución financiera es corresponsable del delito de fraude por violar las disposiciones del contrato firmado el 14 de octubre de 1988, cuando se constituyó el fideicomiso F/9645-2, y permitir el “robo” de 35 millones de dólares por parte del líder minero Napoleón Gómez Urrutia y sus cómplices.
En la denuncia presentada por Elías Morales ante la PGR, se indica que los trabajadores y exempleados de las empresas Mexicana de Acido Sulfúrico, Zinc de México y Carbonífera de Nueva Rosita que tienen derecho a recibir su parte proporcional del 5 por ciento del capital accionario según el contrato del 14 de noviembre de 1988, fueron excluidos indebidamente y sin explicación alguna.
Agrega que el sindicato afectó en fideicomiso irrevocable el derecho de adquirir las propias acciones de Mexicana de Cananea, Mexicana de Cobre e Industrial Minera México, que fueron transmitidas en propiedad al fideicomiso para destinarse a su venta en 55 millones de dólares, recibir los recursos, invertir los dólares de acuerdo con instrucciones del comité técnico y para que procediera el fiduciario a distribuirlos entre los miembros agremiados del sindicato fideicomitente, conforme a requisitos definidos por éste.
Entonces el fiduciario, es decir Scotiabank Inverlat, debió distribuir directamente entre los miembros del sindicato el dinero y pagar los honorarios del fiduciario y las erogaciones hechas por el fideicomitente.
El 27 de octubre de 2004 el fideicomiso vendió las acciones a Industrial Minera México y American Sales Company en el precio de 55 millones de dólares, los cuales fueron pagados el 24 de enero de 2005 con garantía de un pagaré.
Asé, el 22 de febrero de 2005 el comité técnico instruyó al fiduciario para que cancelara el fideicomiso irrevocable y entregue al sindicato todos los recursos del patrimonio, asumiendo la obligación de que entregaría a los trabajadores la parte que les corresponde como fideicomisarios.
El 4 de marzo de 2005 se celebró el convenio de extinción del fideicomiso con la comparecencia de Napoleón Gómez Urrutia, quien se ostentó con la doble representación del sindicato y de los trabajadores fideicomisarios. Allí también compareció el nuevo comité técnico y la institución fiduciaria, según informó Scotiabank Inverlat a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuraos de los Servicios Financieros por escrito del 20 de junio de 2005, con motivo del expediente No. 2005/190/4954.
Allí, el líder Napito instruyó al fiduciario para que el producto de la venta de las acciones se depositara en cuentas bancarias a nombre del sindicato y, de esta manera, repartió arbitrariamente y en forma indebida recursos entre trabajadores y exmpleados sin derecho a recibir cantidad alguna y se apoderó, junto con otras personas del sindicato minero, cómplices y familiares, de 35 millones de dólares mediante depósitos a su nombre de terceras personas, prestanombres en el extranjero y demás maniobras financieras que le permitieran ocultar dichos fondos y defraudar a los trabajadores mineros.
La pregunta es entonces si el gobierno de Vicente Fox está dispuesto a actuar en contra del banco extranjero Scotiabank Inverlat una vez que es corresponsable, según la denuncia y la investigación de la PGR, del fraude y desfalco por 35 millones de dólares en perjuicio de los trabajadores mineros, en su intensa persecución en contra del corrupto Napito. Ya veremos si una vez más los foxistas no doblan las manos.