En el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) el fideicomiso que custodia la operación del Seguro Popular, programa impulsado desde 2003 por la administración foxista y particularmente por su secretario de Salud, Julio Frenk, se considera información reservada hasta por un periodo de 12 años, lo que hace pensar que algo anda mal con dicho seguro, sobre todo si se toma en cuenta que es el programa más ambicioso que ha impulsado el presidente Fox para supuestamente combatir la pobreza y el cual tiene un expediente abierto en Función Pública por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en la elaboración de credenciales para 5 millones de familias en pobreza extrema.
Una vez más, se enarbola el secreto fiduciario para proteger un instrumento creado por el gobierno para administrar en privado recursos del erario federal. Aún más grave, en esta ocasión se trata de recursos que forman parte de las partidas presupuestales que corresponden a los gobiernos estatales y municipales para cubrir gastos e inversiones en servicios de salud para la población abierta, que con o sin cobertura del Seguro Popular, necesita servicios de salud.
El contrato que avala este fideicomiso fue dado a conocer por la Secretaría de Salud gracias a una resolución del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), pues hay un rechazo sistemático a rendir cuentas sobre su operación y gasto, a pesar de utilizar recursos públicos.
De acuerdo con el documento, fue el 16 de noviembre de 2004 cuando en la Dirección Jurídica de Banobras, que dirige el ultraderechista Luis Pazos, se firmó con la Secretaría de Hacienda el contrato de fideicomiso de inversión y administración que gestiona los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.
Por parte de la Secretaría de Hacienda el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado López, signó como fideicomitente de este instrumento jurídico, mientras que el titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk, sólo compareció en la firma del contrato.
Como sucedió en el caso del fideicomiso abierto en el Banco de México que avaló hace una década la operación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la Secretaría de Hacienda buscó blindar de futuras irregularidades a este fideicomiso, por lo que asegura en el documento que mediante oficio 315-A-06372 de fecha 18 de agosto de 2004, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando su titular era la polémica Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, actualmente sujeta a diversos procesos penales y administrativos en la Secretaría de la Función Pública y en la Procuraduría General de la República, en donde de esta última es actualmente oficial mayor, emitió su autorización presupuestaria, previa opinión de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la misma dependencia para aplicar las partidas necesarias del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, a través del oficio número 529-11-DLCF-149, con fecha del 15 de noviembre de 2004, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, emitió la autorización jurídica para firmar el contrato que respalda el fideicomiso que desde hace dos años ejecuta los recursos del Seguro Popular y que sin lugar a dudas deberán ser revisados por el próximo gobierno ante posibles anomalías en su administración.
Alianza del SAT con la banca
Para las empresas mexicanas y multinacionales que demandaron la nulidad del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), la banca privada, hasta ahora, aparece como un aliado de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En casi todos los amparos presentados el año pasado ante la Suprema Corte de Justicia, las compañías importadoras hacen referencia al pago de derechos realizado a través de los bancos, pues se trata del único comprobante con el que cuentan para acreditar la erogación de tales recursos, tal y como se los ordena la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas, cuyo titular es José Guzmán Montalvo, quien por cierto busca protección en el Congreso federal para asumir alguna curul en la Cámara de Diputados y así lograr el fuero que sin duda le hará tanta falta en el próximo gobierno, cuando se investiguen todas las corruptelas y anomalías cometidas en el sistema de las aduanas del país.
La omisión no es casual; en un análisis sobre este caso de la firma de contadores y abogados fiscales Mancera Ernst & Young, se revela que los importadores inconformes con el DTA también enfrentan problemas para acreditar el IVA correspondiente a estas operaciones. Hasta ahora y a pesar de la ola de juicios de amparo en contra de la Secretaría de Hacienda, las autoridades tributarias y responsables de las aduanas del país no tienen previsto cambio alguno en la relación unilateral que aplican en materia de DTA.
Sin embargo, para mejorar la relación que mantienen con la banca y que se norma a través del Código Aduanero y del Instructivo de Operaciones para Recepción de Pagos al Comercio Exterior a través de Módulos Bancarios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostiene reuniones con las instituciones de crédito con el propósito de acelerar las estrategias de automatización para el cobro del DTA y no, precisamente, para beneficiar a los contribuyentes.
De acuerdo con un documento de la Asociación de Bancos de México, durante 2005 las autoridades hacendarias iniciaron el Proyecto de Centralización de Aduanas, para lo cual sostuvieron con los representantes de la banca juntas de seguimiento mensuales con Aduanas y funcionarios de Sistemas del SAT, con el propósito de optimizar el cobro de derechos vinculados con la operación al comercio exterior.
Los temas que se analizaron en estas reuniones fueron la unificación de reportes centralizados, el cierre de módulos aduanales, el envío de información vía un solo enlace al SAT y la reducción de costos operativos.
Los bancos que participan en este servicio desarrollan con Aduanas y el SAT el proyecto de modernización que deberá concluir en 2006 y que se considera de gran impacto para la administración de los recursos en las aduanas.
Por ello, entre la Tesorería de la Federación, la Administración General de Aduanas y la banca, está pendiente la autorización de la última versión del Manual de Operación con Instituciones Bancarias; el protocolo de comunicación entre aduanas, prevalidadores y la banca.
Entre las demandas de los banqueros frente a las autoridades aduaneras del país se encuentra la eliminación de las actas circunstanciadas en caso de que el personal de las instituciones de crédito incurra en errores en la certificación de pedimentos.
La banca también busca reducir costos a toda costa y bajo el argumento de agilizar los trámites para los usuarios de servicios de comercio exterior, busca la modificación de las reglas aduaneras para que al entrar en vigor la Centralización de Aduanas se eliminen los cheques certificados. En general, la banca busca que al concluir la centralización del servicio de aduanas del país, todos los pagos sean electrónicos y con el menor costo para este sector.
La empresaria Angélica Fuentes Téllez, exrepresentante en la ciudad de México del gobierno de Chihuahua, decidió renunciar a la oficina de Vinculación Empresarial en la campaña de Roberto Madrazo y con ello siguen las deserciones.
La directora del Grupo Imperial Corporativo y accionista de una de las empresas gaseras más importantes del país, Angélica Fuentes Téllez aseguró que el candidato del PRI a la presidencia tenía ya “más de un buen interlocutor” con los hombres de negocios del país. Se trata, sin duda, de una declaración política, pues hasta ahora ha quedado demostrado que ni Madrazo ni el PRI han reconstruido del todo los vínculos que tenían con el sector privado. No es casualidad la ausencia de nombres vinculados al sector empresarial en las 362 fórmulas de candidatos priistas de mayoría relativa al Senado y a la Cámara de Diputados, nominados por la Alianza por México.
Si la fractura con Elba Esther Gordillo profundizó la crisis en la que se encuentra sumido el PRI y el negro episodio del ajuste de cuentas con Arturo Montiel sirvió como amenaza, la impugnación – alentada desde el gobierno sonorense de Eduardo Bours – ante el Instituto Federal Electoral para que el PRI “democratizara” el proceso de selección de legisladores de mayoría relativa, culminó en el enfrentamiento de la militancia priista, de sus sectores más añejos pero, sobre todo, hizo evidente la dinámica de las fuerzas y grupos que aún dominan a ese partido.
Al interior del PRI se reprocha a la dirigencia que alentaran la inscripción de los militantes del partido que, cumplieran o no con los requisitos estatutarios, tendrían oportunidad -se les dijo- de contender por un curul. Además, si bien el silencio de muchos inconformes está justificado por el temor a futuras represalias partidistas, exdiputados y senadores del PRI que se conforman ahora con suplencias, dudan de la veracidad de las 90 mil encuestas realizadas para determinar las 362 fórmulas.
Esta es una fractura en ese partido político que en los próximos días se verá reflejada en la caída aún más de las encuestas en donde Roberto Madrazo sentirá el rechazo de sus propios militantes y a quien sus asesores le advierten del riesgo de convertirse en la tercera fuerza del país, muy lejos de las candidaturas del segundo lugar que es el panista Felipe Calderón y mucho más del número uno en que se ha convertido el perredista Andrés Manuel López Obrador.
