Como una maniobra salvadora de fin de sexenio, la Secretaría de Hacienda ha creado un nuevo fideicomiso público para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), el cual sustituye al polémico fideicomiso privado Aduanas I, que sirvió durante 14 años al gobierno federal para desviar miles de millones de pesos de la Tesorería de la Federación.
Con la constitución del FACLA el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, trata de evitar cualquier investigación en su contra en el próximo gobierno por el manejo irregular y corrupto que ha hecho en el sexenio de Vicente Fox, con el dinero recaudado por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) entre importadores y exportadores en México.
En sigilo, Gil Díaz trata de borrar las huellas de corrupción dejadas por la constitución y operación del Fideicomiso Aduanas I y de su empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos), instrumentos que utilizó desde 1993 cuando en su calidad de subsecretario de Ingresos planeó recaudar fondos fuera del presupuesto federal mediante el cobro de impuestos a todas las personas que importaran y exportaran mercancías al país, cuyo dinero era manejado sin control alguno y del cual aún se guardan 8 mil millones de pesos en Nacional Financiera.
Sin embargo, el FACLA ha quedado al descubierto debido a una investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades por más de 330 millones de pesos relacionadas con la primera licitación pública financiada por ese fideicomiso.
Telmex acusa al SAT
Un trabajo periodístico de la reportera Nancy Flores de la revista Contralínea, explica que de acuerdo con información de la empresa Teléfonos de México (Telmex), la primera licitación pública que involucra recursos hasta por 338 millones 739 mil pesos y que es financiada por el FACLA, viola la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la reglamentación de telecomunicaciones.
Las irregularidades se descubrieron en el proceso de licitación identificado con el número 06101072-018/2005, cuando la empresa Telmex de Carlos Slim presentó en noviembre una inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, por lo que ésta dependencia investiga las posibles anomalías cometidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que preside José María Zubiría Maqueo, quien es subordinado de Francisco Gil Díaz.
En una carta fechada el 21 de noviembre de 2005 y dirigida a Luz Angélica Ramírez Medina, administradora de adquisiciones del SAT, el apoderado general para pleitos y cobranzas de Telmex, Rafael Torres Castro, advierte que la compañía telefónica ya acudió a la SFP para denunciar la pretensión del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda de violar diversas disposiciones legales.
El documento obtenido por Nancy Flores a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revela que Telmex también notificó las supuestas irregularidades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que se pronunciara al respecto, pero dicha dependencia se declaró incompetente para analizar la legalidad de los servicios. Sin embargo, para la empresa privada esta resolución es ilegal, por lo que la impugnó en tribunales de justicia.
Según las bases de la licitación, el 27 de septiembre de 2005 el SAT convocó a las personas morales de nacionalidad mexicana con títulos de autorización para la prestación de Multiservicios Administrados de Comunicaciones (MAC), emitidos por la Cofetel, a participar en el proceso para “la contratación de la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados” que se instrumentarán en las 48 aduanas del país.
El presupuesto y el procedimiento de licitación para la contratación de dichos servicios, fue autorizado por el Comité Técnico del FACLA, también encabezado por Zubiría Maqueo, el 1 de octubre de 2004, según establece el acuerdo 5-01/10/04.
Transparencia negada
Para el SAT, la licitación impugnada por Telmex es de suma importancia: forma parte de las acciones emprendidas por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para transparentar y devolver los miles de millones de pesos que maneja discrecionalmente a través del fideicomiso “privado” Aduanas I y de la empresa ISOSA, ambos constituidos hace 14 años por el propio Gil Díaz.
Dichas disposiciones, que incluyen la licitación coloquialmente llamada MAC, se realizan desde finales de 2003, luego de que en una reunión privada el presidente Vicente Fox ordenara al secretario de Hacienda cancelar de inmediato el rentable negocio aduanero.
Según la Auditoría Superior de la Federación, el SAT es responsable de haber causado daños al patrimonio nacional por más de 9 mil millones de pesos, al omitir enterar a la Tesorería de la Federación los recursos del DTA y depositarlos indebidamente en el fideicomiso privado Aduanas I.
Por más de una década los ingresos obtenidos por el cobro del DTA financiaron a la empresa ISOSA, contratada desde su creación –1993– por el Aduanas I para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados en las 48 aduanas mexicanas, y que desde noviembre pasado fueron adjudicados por el SAT a Telmex, a pesar de que esta empresa condicionó su participación en el proceso licitatorio por considerarlo ilegal.
De acuerdo con la carta a través de la cual Telmex condiciona su participación en el proceso de licitación 06101072-018/2005, el fideicomitente del FACLA violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al informar que “cualquier implicación provocaría una modificación a la presentación de los servicios”.
En dicho oficio el apoderado general para pleitos y cobranzas, Rafael Torres Castro, dice: “en nombre de Telmex me permito informar que mi representada participará dentro del procedimiento de licitación, aunque consideramos que se están violando diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
El análisis jurídico de la empresa de telefonía expone que “el uso de Gateway (servicio contemplado en las bases de la licitación) va en contra de la regulación en materia de telecomunicaciones y que se contravienen las disposiciones de interconexión y al Plan Fundamental de Numeración”. Además, advierte que los planteamientos del SAT propician la evasión de pagos de interconexión.
La carta de Telmex indica que la licitación viola lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues en el Anexo I de las bases se establece que “los servicios serán provistos tanto para los diferentes empleados del SAT como para los terceros contratados por la dependencia pública”. Según Telmex, “aún y cuando el SAT no comercializara de manera directa los servicios, los terceros contratados por el SAT evitarían el pago por los servicios de telecomunicaciones”.
Otras irregularidades denunciadas por la empresa de telefonía se refieren a la evasión de pagos de uso de infraestructura e interconexión, pues el tráfico público conmutado será enrutado a través de la red del SAT, y a la prestación de servicios de telefonía a través de la red de Internet, pues esta modalidad no está regulada en México con lo que se eluden los pagos correspondientes por la entrega y terminación de llamadas a las redes públicas.
Al finalizar la exposición de las supuestas irregularidades, Teléfonos de México solicita a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria cancelar el proceso de adjudicación, pues de lo contrario se causarían daños y perjuicios en contra de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Rechaza el SAT acusación de Telmex
Once días después de recibir la carta de Telmex, la administradora de adquisiciones del SAT, Luz Angélica Ramírez Medina, contestó que dicha “solicitud no es procedente, por extemporánea, toda vez que ya venció el plazo para solicitar aclaraciones”, además señala que al haber vencido el plazo para presentar inconformidad, “se trata de un acto consentido por Teléfonos de México”.
En el oficio con número de folio 327-SAT-III-B1, fechado el 2 de diciembre de 2005, la funcionaria indica que como la Cofetel no se ha pronunciado en ningún sentido con respecto a las supuestas irregularidades, la petición resulta improcedente por inoperante.
El diputado Miguel Ángel Toscano considera que el caso de la licitación que involucra recursos del FACLA revela un problema de ley en donde Telmex, seguramente en el estricto sentido del derecho, pudiera tener razón.
Como dice en la carta, va a participar dejando claro que no está de acuerdo en permitir que alguien más ocupe sus servicios de interconexión sin que les paguen. Evidentemente Telmex es un monopolio muy agresivo y lo único que no quiere es tener más competencia, entonces viniendo de quien viene, que es de Telmex, hay que tomarlo con las reservas debidas.
Consultada por Telmex sobre las posibles irregularidades detectadas, la Cofetel indica que el SAT es el único responsable de las políticas, bases y lineamientos de la licitación para la contratación de los servicios de procesamiento electrónico de datos, según consta en el oficio CFT/D01/P/259/05, firmado por el presidente de dicha Comisión, Jorge Arredondo Martínez.
El documento fechado el 16 de noviembre del año pasado y dirigido al apoderado legal de Teléfonos de México, Francisco Javier Islas Mancera, señala además que la “Cofetel no resulta ser la autoridad competente para entrar en el estudio de opinión de las bases de licitación de referencia, pues es el SAT quien bajo su responsabilidad emite las políticas, bases y lineamientos así como las respectivas aclaraciones y modificaciones que en su caso se manifiestan en las juntas de aclaraciones”.
A pesar de las controversias que se desahogan en la SFP y en tribunales de justicia, el 30 de noviembre de 2005 el SAT adjudicó la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos a Telmex. En una denuncia dirigida al administrador general de Tecnología de la Información del SAT, Javier Vega Flores, se revela que ese día dicho funcionario público mantuvo reuniones con personal de primer nivel de la compañía de telefonía de Carlos Slim, minutos antes de anunciar el fallo.