Para el gobierno foxista el campo mexicano no tiene remedio y hace hasta lo imposible para dejarlo bien morir, pues además de la pobreza extrema, el abandono y la migración que han motivado las políticas oficiales, miles de familias campesinas aparecen en una “lista negra” del buró de crédito del Banco Nacional de Crédito Rural con un pasivo en la Banca de Desarrollo Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 9 mil 830 millones de pesos.

Por ese motivo 52 mil familias campesinas han quedado fuera de los programas de capitalización agrícola, porque su nombre está en la lista de deudores del Banrural, institución que a pesar de estar en liquidación aún conserva su “lista negra” que empezó a engrosar en 1994 y que a la fecha los considera como no sujetos de crédito.

Contrario a lo que sucede con los grandes deudores del Fobaproa y el IPAB, en donde el gobierno federal protegió a los banqueros y obligó a los 110 millones de mexicanos a asumir una deuda que ellos no contrajeron, para los campesinos no hay amnistía ni rescate ni salvamento gubernamental y, por el contrario, han dejado ser apoyados por los créditos oficiales bajo el argumento de que son “malos pagadores”.

Una buena investigación de la reportera Erika Ramírez, quien tuvo acceso a documentos confidenciales del Banrural, da cuenta de que miles de afectados por este problema crediticio pertenecen a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), que agremia a más de 320 mil campesinos y que desde 1996 tiene una deuda aproximada de 30 millones de pesos.

Según cálculos de la propia organización, 20 comunidades indígenas-campesinas que habitan en los estados de Guerrero, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Sonora han perdido más de 100 millones de pesos en la producción agropecuaria, debido principalmente a la falta de inversión durante casi una década.

Mientras que el gobierno federal destinó 153 mil 300 millones de pesos para el pago de intereses del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, durante el periodo de diciembre de 2000 a febrero de 2005, según reportes de la Secretaría de Hacienda, la alerta en el campo mexicano sigue encendida porque los número rojos van en aumento.

Según analistas de los sectores financiero y agrícola en diciembre de 2001 la cartera vencida de Banrural alcanzó 6 mil millones de pesos, monto que para 2005 rebasa los 10 mil millones. Datos de la banca de desarrollo indican que los cinco estados más comprometidos con el gobierno federal para el pago de cartera son Sonora y Sinaloa con el 15 por ciento de la deuda, Baja California Sur con el 10 por ciento, Chihuahua el 6.5 por ciento y Chiapas con el 6 por ciento, mientras que en el último sitio se encuentra Querétaro con un adeudo crediticio del 0.5 por ciento.

Entrevistado por Erika Ramírez, Rafael Galindo Jaime, presidente de la Comisión Especial Para el Campo en la Cámara de Diputados por el PRI, advierte que aunque en el Acuerdo Nacional para el Campo se establecen las condiciones para solucionar la crisis crediticia por la que atraviesa el agro mexicano, el gobierno foxista no ha cumplido con este objetivo, pues hay 3.5 millones de campesinos que son propietarios de 104 millones de hectáreas productivas, pero como tienen problemas de cartera no reciben crédito alguno y sus tierras se vuelven improductivas en un círculo financiero vicioso.

Para Miriam Arabián Couttolenc, integrante de la comisión especial para el campo por el PAN, asegura que uno de los factores que ha provocado este conflicto crediticio es el “otorgamiento indiscriminado” de recursos bancarios que se hizo en el régimen anterior, pues según la diputada panista la comisión de la cual forma parte ha solicitado que se capacite al campesino, se le brinde apoyo en la elaboración de los proyectos y se le den más recursos del gobierno federal mediante un sistema de financiamiento realmente integrado al sector rural, de esta forma los campesinos evitarán que se pierda la parcela, la tierra o la finca.

La inoperancia de la Financiera Rural

Por lo anterior la debacle económica que provocó el cierre del llamado “banco de apoyo al campo mexicano” se agrava nuevamente con la recién creada Financiera Rural, en donde hay una falta de operatividad de la institución crediticia.

A un año de haber iniciado operaciones, Financiera Rural ha trabajado bajo un esquema de garantías que no permite que el sector social reciba apoyos, lo que aunado a la exigencias de garantías hipotecarias o prendarias, hace imposible a los ejidatarios y campesinos tener acceso a los créditos. Por si lo anterior fuera poco, la Financiera tuvo un subejercicio de 3 mil 500 millones de pesos de los 16 mil millones que tiene asignados, lo que haría creer que el campo no necesita apoyos, cuando es todo lo contrario, pues lo que ha fallado es el sistema de financiamiento.

El director general adjunto de Programas y Operación de la Financiera Rural, Jaime González Aguadé, acepta que la operación de esta entidad crediticia ha sido difícil y tortuosa para los productores, pero cree que se empieza a estabilizar la operación. “Con una tasa promedio de cobro de intereses del 12 por ciento anual, la Financiera tiene colocados más de 100 mil créditos en todo el país, lo que representa un monto de 6 mil millones de pesos distribuidos en el sector rural”, pero a pesar de lo anterior la cartera vencida de esta institución comienza a crecer, pues para el 2005 enfrenta números rojos de alrededor de los 200 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Financiera, los créditos que cayeron en cartera vencida se distribuye por sectores de la siguiente forma: agrícola, 91.7 por ciento; agrícola no básico, 0.2 por ciento; comercial, 0.8 por ciento; ganadería, 4.5 por ciento; industrial, 0.1 por ciento; otros, 2.3 por ciento, y servicios, 0.4 por ciento.

Pero a González Aguadé le salé el banquero voraz que lleva adentro y precisa que aunque hay muchas necesidades de capitalización en el medio rural, la Financiera Rural debe preservar su patrimonio y apegarse a prácticas bancarias y evaluar los créditos, de tal manera que no van a prestar dinero a proyectos que creen ellos que no son rentables, pues afirma que para las personas de escasos recursos hay otros programas asistenciales del gobierno que son de ayuda y apoyo directo, a quienes un crédito no les va servir para atender sus necesidades.

Los obstáculos de los créditos

En la Financiera Rural hay condiciones y garantías para el otorgamiento de créditos, tales como el crédito de avío, en donde el demandante deberá invertir el importe del financiamiento en la adquisición de materias primas y materiales, en el pago de jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de la empresa. Entre las garantías necesariamente necesitan una prenda sobre los bienes adquiridos y/o producidos con el importe del crédito y sobre los frutos, productos o bienes pendientes o futuros pudiéndose pactar adicionalmente garantías personales o garantías hipotecarias o prendarias.

El crédito refaccionario es el financiamiento específico a mediano o largo plazo para la adquisición de maquinaria, equipo, unidades de transporte, ganado, construcción o adaptación de inmuebles y obras de infraestructura, entre otros, y la garantía prendaria es sobre los bienes adquiridos y/o producidos con el importe del crédito y sobre los frutos, productos o bienes pendientes o futuros.

El crédito simple es para poyar operaciones de acreditados dedicados a la producción de bienes, prestación de servicios y comercialización de bienes en el medio rural. Su garantía puede ser personal con deudores solidarios o avales, y real como hipotecas.

El crédito prendario se otorga con base en los Certificados de Depósito y bono de prenda emitidos por almacenes de concesión federal que se otorgan en garantía.

Subasta de Fonacot en el mercado

La semana pasada el Fonacot subastó certificados bursátiles quirografarios por 500 millones de pesos y con plazo de un año, mediante el sistema electrónico Scotia Trade, por medio del cual se recibieron propuestas de compra por mil 40 millones de pesos, lo que arroja una demanda de papel de 2.08 veces la oferta inicial.
De acuerdo con la explicación de su director general Arsenio Díaz Escalante, la tasa ponderada de interés para la primera emisión del 2005 es de 10.17 por ciento, lo que equivale a casi 60 puntos base de la tasa de Cetes como referencia en el plazo similar, mientras que la aceptación en el mercado bursátil obedeció a las altas calificaciones otorgadas a Fonacot por Standard & Poor’s (mxA1+) y de Fitch Ratings F1+ (mex).
Ambas calificadoras internacionales consideraron el alto desempeño de la administración de Fonacot, que ha logrado el establecimiento de procesos y controles operativos, una situación financiera sólida, una estructura organizacional más eficiente, cobertura nacional, así como el desarrollo de nuevos productos y programas para penetrar al total de su mercado