Después de 10 años en prisión, el 14 de junio de 2005 Raúl Salinas de Gortari fue liberado y exonerado del homicidio de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, crimen ocurrido el 18 de septiembre de 1994. Apenas dos meses después de esa liberación, la Procuraduría General de la República y la justicia federal iniciaron acciones legales en contra de empleados y operadores de Raúl Salinas: el primero en caer fue su excuñado Juan Manuel Pasalagua Branch, hombre fundamental de la corrupción en la empresa Conasupo durante el sexenio salinista y quien el 10 de agosto del año pasado fue extraditado de Estados Unidos bajo acusaciones de evasión fiscal; el segundo fue Juan Manuel Gómez Gutiérrez, excontador y prestanombre de Raúl en varias cuentas bancarias en el extranjero, quien fue detenido a principios de septiembre de 2005.
La detención de Gómez Gutiérrez sorprendió al clan Salinas, pues en el expediente judicial se relaciona directamente a Raúl con su hermano el expresidente Carlos Salinas en el uso indiscriminado e ilegal que ambos hicieron de la llamada “Partida Secreta”, que era una partida presupuestal manejada directamente desde Los Pinos. Las acusaciones en contra de los dos hermanos revelan el desvío de miles de millones de pesos del presupuesto público entre 1989 y 1994, en el sexenio salinista.
Pero para la PGR, Gómez Gutiérrez es presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado; es decir, desvío de fondos públicos de la “Partida Secreta”. Así, bajo la causa penal número 54/2002 se señala que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Pero los problemas para el “hermano incómodo”, como lo bien bautizó la revista Proceso, van en aumento, pues en el juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito su amigo y testigo clave de la riqueza de Raúl Salinas, el magnate Roberto González Barrera, dueño del Grupo Maseca (Gruma) y de la institución financiera Banorte, entre otras empresas, se ha negado a ratificar sus declaraciones hechas en 1998 y que obran en el expediente SE/028/96-06.
Esta negativa del empresario de la tortilla complica el proceso para Raúl Salinas, pues de la sola declaración de González Barrera dependen varias pruebas de descargo a favor del hermano del expresidente, como la justificación de la tenencia de por lo menos 17 millones 263 mil 946 dólares, de los 100 millones que se le investigan en cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos y Alemania.
Pero aquí viene lo importante, porque detrás de esta negativa a declarar en el proceso se descubren peligrosos enredos financieros y complicidades que pueden poner en aprietos a ambos personajes. Resulta que Roberto González Barrera adeuda a Raúl varios millones de dólares que el empresario se niega a pagarle y, por ese motivo, se niega a ratificar sus declaraciones, pues cuando estaba preso el “hermano incómodo” no había presión alguna para González Barrera, pero ahora que está libre le exige que le pague una cuantiosa deuda que hasta ahora nadie conoce su origen.
Sin embargo, la rebeldía del dueño de Gruma va más allá. El prominente empresario se ha desistido de un juicio de amparo sobre la propiedad de un terreno ubicado en avenida de los Constituyentes, que erróneamente forma parte de los bienes que le fueron asegurados por la PGR a Raúl Salinas y que al demostrar que no es de su propiedad constituye una importante prueba en descargo.

Los enredos financieros

La negativa de Roberto González Barrera a ratificar su dicho ante un juzgado federal ocurrió en la comparecencia para el desahogo de pruebas del 29 de noviembre de 2005, relacionada con el juicio por enriquecimiento ilícito que se le sigue al llamado “hermano incómodo” y que, de acuerdo con las autoridades judiciales federales, se cometió durante el mandato del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Citado en el Juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales Federales ubicado en el Reclusorio Sur, González Barrera argumenta estar impedido a declarar por ser íntimo amigo del acusado y de su familia. Ante ello, Raúl Salinas aseguró en entrevista telefónica que “me sorprendió su actitud. Espero que rectifique y se presente ya normalmente al juzgado”. Desmintió que sea su amigo y una prueba de ello es desde hace 10 años el dueño de Gruma no se acerca a su familia y jamás lo visitó en la cárcel.
¿Ha intentado hablar con él?
–No, para nada. Solamente he mandado abogados. No quiere tener ningún contacto personal conmigo, más que a través de los abogados: ¡órale, está bien!
Aún así, la defensa busca obtener las pruebas en descargo que Roberto González puede aportar a la causa de Raúl. Por ello argumentan ante la juez que la amistad, como un bien subjetivo, se demuestra en cualquier circunstancia y que si el propietario de Gruma fuera el “gran amigo” que dice ser, hubiera visitado a Raúl Salinas en los centros penitenciarios, situación que jamás ocurrió.
El “hermano incómodo” dice desconocer las razones del rompimiento de la relación amistosa. “No lo entiendo, por eso quiero que se presente (a testificar) para que aclare”.
¿Nunca lo visitó González Barrera en prisión?
–No. Eso ha sido una sorpresa. No conozco sus razones pero a lo mejor tiene algunas válidas, vamos a escucharlas.
Si González Barrera se niega a declarar “cae en una responsabilidad judicial: es un delito, él está obligado”, afirma categórico Raúl Salinas, quien agrega que la negativa “es un ocultamiento de evidencia, lo cual me parece un error. Creo que está muy mal asesorado jurídicamente”.
De no conseguir las pruebas exculpatorias en poder del dueño de Gruma, y aún cuando Raúl Salinas sea condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, el exservidor público tiene asegurada su libertad.
De acuerdo con declaraciones hechas por el abogado José Luis Nassar Daw, Salinas no volverá a prisión: la pena máxima ya fue cumplida por el tiempo en que estuvo encarcelado, así como los días acreditados de trabajo dentro de los penales de La Palma y Santiaguito.
El Código Penal Federal vigente en diciembre de 1995 señala que si el monto comprobado asciende a menos de 5 mil veces el salario mínimo, la pena por este delito puede ser de tres meses a dos años de prisión, y si supera este margen puede alcanzar los 14 años.
Así, en el proceso penal abierto en la PGR en contra del “hermano incómodo” lo que menos ha demostrado el dueño de Gruma es su relación afectiva, pues aunque sabe que su declaración es toral para el descargo de delitos contra Salinas, se niega a ratificarla: de ésta depende la justificación de la tenencia de por lo menos 17 millones 263 mil 946 dólares, de los 100 millones que se le investigan en cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos y Alemania.
La cifra es aportada por el propio González Barrera en un oficio dirigido al ministerio público a cargo del expediente SE/028/96-06. El documento, fechado el 6 de noviembre de 1998, indica que entre los años de 1988 y 1994 el dueño de Banorte realizó varios préstamos a la palabra de Raúl Salinas de Gortari.
De acuerdo con la exposición escrita, entre 1988 y 1991 el empresario envío un monto de 2 millones de dólares a Estados Unidos y uno por 6 millones de dólares a Alemania; mientras que en 1994, último año de la gestión de Carlos Salinas en la Presidencia, González Barrera realizó tres depósitos al City Bank de Nueva York: el 6 de mayo por 7 millones 300 mil dólares, el 12 de mayo por un millón 500 mil dólares y el 15 de junio por 463 mil 946 dólares.
En un oficio fechado el 12 de noviembre y también signado por el empresario, Roberto González Barrera señala que “en cuanto a los diversos préstamos hechos al señor ingeniero Raúl Salinas de Gortari entre los años 1988 y 1991 (y en 1994), el suscrito no conserva documentación comprobatoria de los mismos, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 88 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su fracción II obliga a los contribuyentes que tengan ingreso a llevar una contabilidad de conformidad con el Código Fiscal, este Código en su disposición número 28 señala las reglas que deben observar las personas que estén obligadas a llevar contabilidad, y en su artículo 30 de la ley vigente en la fecha de las operaciones se establece la obligación de conservar la documentación relativa durante un término de cinco años, término durante el cual caducan las facultades de las autoridades fiscales para determinar en su caso las contribuciones omitidas y sus accesorios”.
Sin embargo, fuentes cercanas al empresario afirman que es Roberto González Barrera quien adeuda una suma similar a Raúl Salinas de Gortari y que sólo por razones de defensa se planteó al contrario, como un “favor” en el juicio por enriquecimiento ilícito: así se logra un importante descargo de más de 17 millones de dólares.
Los informantes detallan que las diferencias entre el dueño de Maseca y el hermano del ex presidente Carlos Salinas se dan por el cobro de la millonaria deuda: supuestamente cuando Raúl intenta recuperar su dinero, Roberto González se aprovecha de la endeble situación jurídica de Raúl y desconoce los créditos.
En la entrevista el propio Salinas de Gortari reconoce que el dueño de Gruma le debe mucho dinero. “Sí, hay algo de eso, pero quiero que se aclare en el juzgado, no nada más en los medios. Lo importante es que se aclare en el juzgado y por eso estoy esperando que se vuelva a presentar”.
Raúl Salinas prefiere reservarse el monto de la deuda que González Barrera mantiene con él, pues dice que esa información debe ser aclarada en el juicio: “No quiero hacer ningún ruido y que la juez se sienta molesta porque yo ando ventilando las cosas antes de que salgan en el juzgado. Tengo que respetar mucho a la juez y a los procesos judiciales. Ya aprendí a ser muy paciente, y sigo siendo paciente, si no para qué me sirvió el aprendizaje”.
¿Pero es tanto el dinero que le debe González Barrera?
–Yo no sé cuánto sea para él, pero para mí sí. Aquí el asunto de fondo es qué pasó con la amistad y con la confianza.