Ante el asombro de importadores y exportadores, quienes desde enero pasado impugnan ante tribunales y, finalmente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), el pasado martes primero de noviembre la Secretaría de Hacienda formalizó la entrega de los títulos de autorización a cinco empresas que realizarán las tareas de revisión de mercancías, clasificación arancelaría y verificación del valor de los productos importados al interior de los 48 recintos aduanales que operan en el país.

Las empresas que cuentan ya con esta autorización para instalarse en el Segundo Reconocimiento Aduanero son A/S Baltin Control LTD, Bivac Internacional, Cotecna Inspection e Intertek Internacional así como SGS Societé Generale de Surveillance.

Con los títulos de autorización otorgados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estas cinco compañías cerraron un negocio redondo. No sólo tienen garantizados los cobros por sus servicios de revisión sino que éstos se actualizan cada año en un verdadero mercado cautivo. Gracias al Fideicomiso Aduanas II, el cual fue constituido por Francisco Gil Díaz en 1993 y como único accionista la empresa ISOSA y las 12 empresas filiales que formaban parte de la ya desaparecida Operadora de Gestión Aduanal S.A. (OGASA), ahora las compañías encargadas del Segundo Despacho de Reconocimiento Aduanero tienen garantizados sus ingresos sin que reporten beneficio alguno al gobierno federal.

Además, los accionistas del Segundo Reconocimiento Aduanero son los propios agentes aduanales, lo que equivale a colocar a la “iglesia en manos de Lutero” por el serio conflicto de interés que involucra. La configuración accionaria de este “negocio” explica porque durante los últimos 12 meses ningún agente aduanal se sumó a la ola de amparos contra el DTA.

Resulta que a través del fideicomiso privado Aduanas II se garantiza el pago único a estas compañías ante el enojo de los empresarios que dependen del comercio exterior, quienes ya se preparan a solicitar a la Comisión Federal de Competencia que preside Eduardo Pérez Mota, su intervención para confirmar que la operación del Segundo Reconocimiento Aduanero se desarrolla con una estructura monopólica, en perjuicio de la competitividad del país. El ex embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio conoce a profundidad las llamadas barreras no comerciales que afectan el libre flujo de mercancías, por lo que podrá ofrecer una opinión autorizada sobre este tema.

Demandas de amparo por el DTA

Por otro lado, en las demandas de amparo de las empresas inconformes con el cobro del DTA se cuestiona el hecho de que, si bien este derecho ha venido disminuyendo gracias a la firma de tratados de libre comercio en los cuales los gobiernos exigen reciprocidad y solicitan que se les exima de este pago, pues lo consideran una barrera económica, no estiman legal que aún se cobre en muchas operaciones que se realizan, incluso, con países con los cuales se han firmado tratados de libre comercio.

También se hace mención de que este derecho sólo es importante para la Secretaría de Hacienda y no para el gobierno federal como un ingreso tributario, porque el DTA no se contabiliza como si fuera un producto fiscal, sino que está etiquetado y tiene un destino específico: Aduanas II..

La Suprema Corte de Justicia, no obstante, cayó en el juego de la Secretaría de Hacienda que disfrazó el DTA en dos modalidades para que sólo se amparara a los empresarios inconformes contra un 10 por ciento del DTA y dejar intacto el 90 por ciento restante para seguir alimentando a Aduanas II.

Al constituir este fideicomiso, Gil Díaz lo consideró de carácter privado y no sujeto a las leyes y normatividad pública, no obstante que el citado fideicomiso era controlado por el mismo Gil Díaz, pues en 1993 se autonombró presidente del Comité Técnico que lo administraba.

Fue en 1990, en la primera «miscelánea fiscal», que Gil Díaz elaboró como subsecretario de Ingresos y que fue rechazada, impugnada y modificada por la Cámara de Diputados no obstante su mayoría priísta, logró colar a fin de cuentas una reforma a la Ley Aduanera para adicionarle un artículo 8-b, que ambiguamente señalaba que la Secretaría de Hacienda «…podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero, así como para las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con los requisitos…» ahí establecidos, facultando a esa Secretaría para autorizar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías.

El mismo artículo señalaba que Hacienda determinaría las cantidades que como contraprestación pagarían las personas que realizaran operaciones aduaneras a quienes les prestaran esos servicios y que ese pago se acreditaría contra el monto de tales derechos sin poder rebasar su monto.

Literalmente el artículo señalaba que «los derechos y las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior se enterarán conjuntamente ante las oficinas autorizadas. La SHCP determinará mediante reglas de carácter general el por ciento que del total corresponde a los derechos, a los particulares y al impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación».

Con lo anterior, el propio Gil emitió la Regla 205-A en la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter general para el año de 1992, y emitió también una resolución por la cual el 50 por ciento del DTA que los importadores y exportadores mexicanos y extranjeros pagaban sería la «contraprestación» que se pagaría a las empresas privadas que la Subsecretaría de Ingresos determinara.

Así que con esta nueva decisión preliminar de la Suprema Corte de Justicia otra vez Gil Díaz habría salido ganando. Sin embargo, la Corte tendrá que pronunciarse en definitiva sobre este asunto durante las próximas semanas.

Hasta ahora, sin embargo, los ministros aún no analizan los resultados de las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, en donde seguramente encontrarán material de gran utilidad para ubicar en su justa dimensión a la privatización que desde hace 12 años se aplicó en la aduanas del país.

En este momento, los propios asesores de Gil Díaz, reconocen que el proceso se ha complicado y que desde hace meses el titular de la SHCP busca eliminar el procedimiento del DTA. Por ello publicó las bases para licitar el Segundo Reconocimiento, en donde se confirma la veracidad de los datos vinculados con el país de origen de las mercancías, observar si la empresa importadora o exportadora existe en el extranjero o si el precio del producto reportado es el verdadero o no. El problema es que son los propios agentes aduanales los que se autoinspeccionarán, con lo que difícilmente se interceptará mercancía que no cumpla con los requisitos que exige la Ley Aduanera.

Ahora, no obstante, los recursos millonarios que ha custodiado para intereses privados Gil Díaz a través de Aduanas II, los consejeros y fiscalistas de Hacienda aseguran que el secretario no ha logrado constituir un verdadero y eficiente Segundo Reconocimiento. Lo anterior sólo por si hiciera falta mayores elementos de corrupción por parte del secretario Gil Díaz.

Vuelven Los Xacur

Los hermanos Xacur, quienes hace más de una década provocaron uno de los quebrantos más grandes a la banca comercial, estarían a punto de alcanzar un convenio con las cinco principales instituciones del sistema crediticio. Aunque la deuda de los fundadores de Oleaginosas del Sureste, con operaciones en el estado de Yucatán, se ha calculado en más de 153 millones de dólares, las pláticas de los representantes legales de Jacobo, Nicolás y Felipe Xacur han resultado en una oferta de 250 millones de pesos.

Con este arreglo, de acuerdo con el síndico estadounidense que se ocupa de la bancarrota de los Xacur en Estados Unidos, los bancos, pero sobretodo el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no recuperarían ni siquiera 10 centavos de cada dólar que se otorgó en préstamo a las compañías de los Xacur, familia que luego de la privatización de Banamex fue invitada personalmente por Roberto Hernández para participar como consejera regional de esa institución.

Un enfrentamiento personal con Roberto Hernández desató la crisis bancaria de Jacobo Xacur, quien llevaba el mando de al menos media docena de compañías con participación en el mercado de semillas, aceites y forrajes.

De acuerdo con los términos del convenio, los hermanos Xacur han acordado con los bancos acreedores efectuar un pago por 250 millones de pesos para liquidar el pasivo por más de 281 millones de dólares de principal más intereses.

Con los 250 millones de pesos pretenden cubrir los gastos de administración de las quiebras y obtener la cancelación o pago de la multa por desacato de 5 mil dólares diarios que ascienden a más de 25 millones de dólares.

El síndico estadounidense sostiene que bajo este acuerdo, el IPAB resentirá un grave quebranto y que, a pesar de los procesos judiciales, la posición negociadora de los acreedores es dominante mientras resulta inminente la venta en subasta pública de los activos de la masa de la quiebra. Si bien los únicos acreedores son los bancos y tienen como garantía todos los bienes de la masa de las quiebras –sostiene el síndico en Estados Unidos-, se aceptó una negociación en franca violación a las medidas avaladas por los procesos judiciales para rematar los bienes de la familia Xacur.

Con este acuerdo, el monto que reciban los bancos y el IPAB no será suficiente para cubrir el quebranto causado a la Federación por lo que se refiere a los créditos de Fobaproa y los quebrantos y deducciones fiscales de los montos no pagados.

El síndico Steve Smith, que aquí en México está representando por el abogado Dario Oscos, ex director jurídico de Banamex y quien conoce perfectamente los detalles de los pasivos de los Xacur, recuerda que en 2003 se estimó que la deuda ascendía a 153 millones de dólares y que las acciones representativas del capital social de todas las empresas se declararon propiedad de la masa de la quiebra de los hermanos Xacur.

Por ello, Smith solicitó que se gire oficio a los acreedores de los hermanos Xacur: Banamex, Bancomer, Santander Serfin, Inverlat, Banorte y al IPAB ordenándoles que se abstengan de realizar cualquier negociación con los hermanos Xacur. Para evitar este acuerdo, ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, Oscos exhibe las resoluciones del juez federal de quiebras para el Distrito Sur de Texas, División de Houston en relación con el expediente 06-48538-H3-7.

Actualmente, las empresas Xacur están en plena operación. La planta de Celaya se ha modernizado en equipo y tecnología, mientras en las plantas de Mérida se construyeron silos por un valor de 20 millones de dólares. En esta columna dimos cuenta de los esquemas de administración a distancia que Jacobo Xacur puso en operación cuando tuvo que abandonar el país para evadir una orden de aprehensión en su contra. Su paso por varias ciudades de Europa le permitió iniciar y madurar su defensa en contra de su principal acreedor: Banamex.

Oscos aseguró en un oficio al secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, que actualmente la Procuraduría General de la República conduce diversas investigaciones criminales por posibles delitos de fraude y corrupción, incluyendo ocultamiento, transferencias de activos de la masa de las quiebras y negociaciones indebidas.

Así, el acuerdo entre Xacur y sus bancos acreedores no ha logrado concretarse debido a la intervención e impugnaciones del Síndico Smith.