Una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma sus debilidades y miserias al fallar en contra de los derechos reproductivos de las mujeres en Veracruz y permitir que en el Código Penal de ese estado se siga criminalizando a todas las mujeres que se atrevan a decidir sobre su cuerpo.
De los cuatro votos en contra del proyecto presentado hace unos días en la Primera Sala de la Corte por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá –que de haber sido aprobado permitiría la despenalización del aborto–, dos fueron de las ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Peña Hernández. Los otros que votaron en contra fueron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Mario Pardo Rebolledo.
Antes de ser nombrada ministra de la Corte –a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador–, Ríos Farjat ocupó en 2019 la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y fue precisamente en ese periodo fiscal cuando se dejaron de cobrar 380 mil millones de pesos a grandes contribuyentes, debido a que ese órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló esos créditos de consorcios empresariales al “borrarlos” de documentos oficiales.
Como Oficio de Papel lo ha informado, la enorme cancelación de créditos fiscales ocurrida en el primer año de gobierno de López Obrador, cuyo monto total alcanzó los 380 mil millones de pesos, está siendo auditada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en febrero pasado solicitó formalmente al SAT toda la información sobre la recaudación del ejercicio fiscal 2019, a fin de auditar todas las operaciones y determinar cuáles corresponden a actos ilícitos y de corrupción por parte de servidores públicos en colusión con empresarios, abogados y empresas.
Fue el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Omar González Vera, quien entró en contacto con la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, para informarle la decisión de la secretaria Irma Eréndira Sandoval de intervenir en la supervisión y control de la recaudación fiscal, pues hay la presunción de que una enorme red de corrupción viene operando en el SAT desde los gobiernos priístas y panistas, con el objetivo de cancelar créditos fiscales a grandes contribuyentes a cambio de cuantiosos sobornos a funcionarios de niveles jerárquico e intermedio de ese órgano de recaudación.
Información contable correspondiente al registro de operaciones que resultan atípicas por la alteración de la naturaleza que debe de observar el registro según la Ley de Ingresos, permitió que el SAT descubriera que en la relación de contribuyentes a los cuales se les hizo reducciones de multas por importes mayores a 900 mil pesos (clave 950246, reducción de multas por contribuyente), la cifra total ascendió 4 mil 850 millones 495 mil 129 pesos.
En el listado de contribuyentes que tuvieron reducciones millonarias en créditos fiscales en la Ciudad de México, aparecen sólo dos deudores con condonaciones por 5 mil 731 millones 316 mil 298 pesos.
Otra observación grave es la condonación de multas, que no de impuestos, por un monto de 2 mil 115 millones 412 mil 440 pesos.
Como hemos señalado en esta columna, la corrupción por cancelación de créditos fiscales y perdón de multas se da en todo el país, como por ejemplo el estado de Quintana Roo, en donde el 28 de febrero de 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, a un solo contribuyente le cancelaron 72 operaciones de créditos fiscales por 3 millones 957 mil 532 pesos.
Otro registro que llama la atención ocurrió en Coahuila, en donde se utilizó la cuenta 950084 para condonar multas y recargos en el ejercicio 2018 por 19 millones 914 mil 25 pesos.
En el registro de “control de cuentas de orden” se presentaron montos muy importantes que se dieron de baja sin razón alguna, bajo el rubro de “cancelación de créditos fiscales por insolvencia (860015) (960020)”, es decir que el fisco nunca cobró en 2018 por un monto total de 730 mil millones de pesos. De ese total 213 mil correspondieron a la Ciudad de México; 89.4 mil millones a Jalisco; 61.8 mil millones a Nuevo León; 20.8 mil millones a Tabasco, la tierra del presidente de la República, y 10.3 mil millones a Veracruz.
Puntos suspensivos… Aunque muchas cosas han cambiado para bien dentro de la actual administración de la 4T, aún hay decisiones que se toman a la vieja usanza: amiguismo, compadrazgo y complicidad, como la pésima decisión de nombrar a Isabel Arvide cónsul de México en Estambul, a quien su pasado y trayectoria la delatan, por lo menos identificada perfectamente por el gremio periodístico y el sector público, sobre todo políticos y militares. La misma Arvide describe lo que hacía con el periodismo en una amplia entrevista que no tiene desperdicio y que le hizo el periodista Joaquín Bustamante y publicada hace varios años en la revista quincenal Bajo Palabra, dirigida por el reconocido reportero policiaco Héctor A. González (QPD), quien titula así el texto de portada: “Confesiones de alcoba de Isabel Arvide”.
