Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la reunión de seguridad en el estado más violento y conflictivo del país, gobernado por un panista, Diego Sinhue Rodríguez, en donde cárteles del narcotráfico han convertido a Guanajuato en el centro de disputas por el control territorial, el trasiego de drogas y el lavado de dinero, lo que ha ocasionando cientos de homicidios y múltiples enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y cuerpos de seguridad locales y federales.
Presionado por la alarmante inseguridad que vive ese estado y las omisiones de autoridades locales, contra su voluntad el gobernador panista se levantó temprano (inicia a las 6 de la mañana) para estar presente en la reunión que preside el primer mandatario, aún con todo el disgusto que le provoca López Obrador.
Sin embargo, el dato más relevante previo a esa reunión no era la presencia de Diego Sinhue –quien como todos los panistas se opone a las medidas y disposiciones que se toman en Palacio Nacional–, sino la ausencia en ese conflictivo estado del principal responsable de combatir al crimen organizado y proteger a la población de todo el país, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien pidió permiso al presidente para viajar a Sonora en donde hace proselitismo porque quiere ser gobernador el próximo año.
En su propia cuenta de la red social de Twitter, el pasado 13 de julio –luego de que el presidente anunciara públicamente su gira– Durazo escribió: “Agradezco la autorización del presidente @lopezobrador_ para ausentarme esta semana de actividades oficiales. Me mantendré conectado y pendiente como siempre”.
En un segundo mensaje público, indicó: “de conformidad con la normatividad interna de la @SSPCMexico, será el subsecretario de Seguridad Pública, @RicardoMeb [Ricardo Mejía Berdeja], quien me suplirá en todos aquellos asuntos que requieran atención presencial. Mantendré la atención a distancia en todo momento con los asuntos de la dependencia”.
No obstante, ante las críticas que recibió, el secretario finalmente reculó en su pretensión de ausentarse y esta mañana se le vio en la conferencia presidencial celebrada en Guanajuato, minutos después de concluir la reunión de seguridad.
No obstante, en Palacio Nacional ya se barajan algunos nombres para sustituir a Durazo cuando tenga que renunciar para irse a la campaña y, entre otros, destaca el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Audomaro Martínez Zapata, experto en seguridad nacional.
La confrontación de cárteles en Guanajuato no es un problema nuevo, pues han sido los gobiernos panistas, tanto locales como federales –desde que el guanajuatense Vicente Fox fue gobernador y después asumió la Presidencia de la República–, que se ha permitido en ese estado el asentamiento de grupos delincuenciales, pero ahora son tantos grupos que las disputas por el territorio han generado la peor violencia de todo el país.
Más aún si consideramos que fue el gobierno de Felipe Calderón que –con su corrupto secretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos precisamente por proteger a bandas criminales y lavar dinero– permitió el fortalecimiento del crimen organizado en todo el país.
Se mantiene Salas Chávez en el CNI
En la columna pasada comentamos que dos funcionarios del CNI habían sido dados de baja por no acreditar el examen de control de confianza; sin embargo, nos informan que uno de ellos, Gustavo Salas Chávez –titular del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) y cuyo jefe inmediato es el secretario general del CNI, el sonorense Francisco Acuña Méndez– logró mantenerse en el cargo y prácticamente cuando ya estaba dado de baja y le habían retirado el gafete para entrar a las instalaciones allá por Contreras, fue reinstalado por instrucciones que llegaron desde Palacio Nacional.
Lo anterior causa extrañeza conociendo el pasado de Salas Chávez, quien –en administraciones priístas y panistas– ha estado en posiciones muy polémicas, por ejemplo estas dos: subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizado entre 2015 y 2016, cuando la corrupción era el sello distintivo de la Procuraduría General de la República, y su participación en la mal lograda “verdad histórica” por la investigación de la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.
Por cierto, ahora con el evidente fracaso de la “verdad histórica” –promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto– se abrió un proceso judicial en donde hay acusaciones penales y órdenes de aprehensión en contra de los exfiscales responsables, que inclusive podrían alcanzar hasta al exprocurador general de la República, el hidalguense Jesús Murillo Karam.
