• Confrontan Narcotraficantes al Estado Mexicano
• Es el Primer Indicio Para una Colombianización
• Operan en México Organizaciones Colombianas
• Denuncia de la Ex Directora Jurídica de la SHCP
• Cita un Juez Civil a Declarar a Cinco Periodistas

México se parece cada día más al violento narcoestado colombiano de hace 20 años, cuando los jefes de los grandes cárteles de Cali y de Medellín, comandados por los hermanos Rodríguez Orihuela (actualmente presos) y el legendario Pablo Escobar Gaviria (muerto en un enfrentamiento con el ejército), ordenaban desde sus mansiones los asesinatos de policías, políticos y periodistas; financiaban las campañas electorales presidenciales; tenían infiltrado al Congreso con legisladores pagados con dinero sucio; secuestraban y mataban a empresarios y líderes sociales; tenían el control territorial de importantes zonas colombianas; mantenían negocios con la guerrilla; dominaban el narcotráfico mundial y, en general, lavaban sus ganancias en los circuitos financieros de Estados Unidos.

Por supuesto que ese modelo colombiano de la droga no se repite tal cual en este país, pero las similitudes cada vez son más parecidas y, lo que sí es una realidad, es que los grupos mexicanos de narcotraficantes ya han desafiado al Ejército y cada día son más violentos, pues han tomado las calles para acribillar a policías, periodistas, políticos y abogados, ante el asombro y el temor de la población. El narcotráfico también ha financiado, y eso desde hace muchos años, campañas presidenciales, estatales y municipales; han infiltrado y corrompido a los principales organismos de la lucha contra el narcotráfico, como la PGR y el Ejército; en el Congreso hay abogados que juegan un doble papel, de legisladores por las mañanas y defensores de narcotraficantes por las noches, y quien no lo crea que le pregunte al senador panista Diego Fernández de Cevallos; cometen además secuestros; hay municipios en el país en donde los cuerpos policiales y militares no pueden entrar porque son controlados por narcotraficantes; mientras que las leyes y los mecanismos para combatir el lavado de dinero son ineficientes y, lo peor de todo, que el discurso foxista sostiene que puede controlar a esta pesadilla que cada día arremete con más fuerza contra la estabilidad y la paz social.

Por si lo anterior fuera poco, el principal responsable de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador contra la Delincuencia Organizada, está más preocupado en demandar a civiles por supuesta “difamación” y en citar a periodistas ante el juez como testigos, que en atender el problema del crimen organizado y las mafias de la droga.

En ese sentido, hace varios meses publicamos en este espacio algunas reflexiones sobre la narcocolombianización del país, por lo que ahora, ante los últimos acontecimientos violentos ocurridos en todo el territorio nacional: homicidios de policías, custodios, abogados y servidores públicos, así como fugas de reos peligrosos de los penales de “máxima” seguridad, retomamos algunos conceptos y la entrevista que le hicimos a finales del año pasado al titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, Jorge Rosas García:

La Onerosa Industria del Narcotráfico

Como una gran industria que genera cuantiosos recursos para todos los que se dedican a ella, el narcotráfico, lejos de verse disminuido por la lucha que libran en su contra el Ejército Mexicano y los cuerpos policiales y de seguridad nacional, en lo que va del sexenio ha incrementado el consumo de drogas en el país, han mejorado los canales de distribución y con ello ha aumentado la violencia que genera la operación de las mafias de las drogas en el territorio mexicano, mientras que las ganancias que produce esa actividad ilícita ronda los 30 mil millones de dólares, según estimaciones de especialistas financieros quienes, por cierto, nunca saben decir en dónde se “lavan” esos cuantiosos recursos que por sus montos sólo pueden blanquearse en dos sectores: el empresarial y el bancario.

Así las cosas, nos preguntamos entonces de qué sirven tantas aprehensiones de jefes de la mafia que los generales Clemente Vega, secretario de la Defensa, y Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, reportan a la sociedad cada semana a través de todos los medios de comunicación que, ávidos de noticias, presentan las capturas como si con ello se diera un golpe de muerte a esa actividad criminal.

Por supuesto que más tardan los órganos de seguridad del Estado en capturar a uno de esos jefes de los cárteles que éstos en sustituirlo. Y no se trata más que simplemente de cubrir las necesidades de un mercado cada día más demandante y también más peligroso, en donde la oferta laboral es tan amplia que muchos “ejecutivos” están dispuestos a arriesgar la vida a cambio de asumir el mando de estas organizaciones criminales.

Pero para conocer más de esta peligrosa industria, un experto en la materia es el titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud, perteneciente a la PGR, Jorge Rosas García, quien identifica 6 grandes organizaciones de narcotraficantes que operan en todo el país: el cártel del Golfo, que comanda desde la prisión Osiel Cárdenas Guillén; los hermanos Arellano Félix, a quienes les han matado a un hermano y tienen presos a dos más, pero ni así son eliminados; la familia Valencia; los Carrillo Fuentes; Nacho Coronel, y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, quien opera junto con el Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul. También está la banda de la familia Díaz Parada, que tienen su sede en Oaxaca y es parte del grupo de Arellano Félix de Tijuana.

Sobre el cártel del Golfo, del que fue jefe el legendario Juan García Abrego, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos, Rosas García explica que durante muchos años la PGR ha combatido a este grupo que ahora comanda Osiel Cárdenas y sus hermanos, además de operadores con capacidad de liderazgo como Víctor Manuel Vázquez.

A ese grupo, reconoce el jefe policiaco, se le han dado fuertes golpes en su estructura, pero eso no ha impedido que siga operando, porque cuenta con áreas de trabajo muy específicas, en donde un grupo se dedica al cultivo, otro a la siembra, uno más a la distribución, otro a la internación de droga a estados Unidos, uno al lavado de dinero, otro para protección y así se crea una organización horizontal para protegerse de cualquier captura que no pueda incidir en otra áreas. Lo cual explica porqué el narcotráfico mientras sea una actividad ilícita nunca podrá ser controlado ni regulado.

Por ejemplo, hace unos meses se capturó en el estado de México a unos delincuentes pertenecientes al cártel del Golfo que transportaban 155 kilogramos de cocaína y más de 2 millones de dólares en efectivo, y esto, dice Rosas García, significa que el grupo sigue operando aunque sus líderes sean capturados.

“Haga de cuenta que es como un director de una empresa, que se gana la confianza de otros grupos e, inclusive, esa confianza les da a ambos la posibilidad de vender droga y por el liderazgo que tiene la posibilidad de cumplir compromisos con cualquier otra organización extranjera dedicada también al tráfico de estupefacientes, de tal manera que cuando se captura a un líder de alguna organización, la PGR rompe la cadena de contactos con bandas de otros países que son las que surten las drogas”, Rosas García explica así que ni con la captura de importantes jefes de la mafia se frena la distribución de drogas.

De las ejecuciones que en los últimos días han ocurrido en varios estados de la República como es el caso de Tamaulipas, el responsable de la PGR para combatir al narcotráfico dice que se trata de enfrentamientos entre bandas por el control de la plaza, porque en el caso de Tamaulipas resulta muy atractiva por ser la más cercana entre las poblaciones de México y Estados Unidos.

Operan en México Cárteles Colombianos

Hablar del narcotráfico colombiano es hablar ya de literatura, pues muchos libros se han escrito sobre el tema por ser ese país sudamericano el principal productor y procesador de cocaína en el mundo. Ese primer lugar que tantos dolores de cabeza le ha dado a la sociedad colombiana hasta convertirla en perseguida y asediada por todo el mundo, al grado de que cuando alguna persona intenta cruzar la aduana de cualquier país lo primero que hacen las autoridades es tratarla discriminatoriamente, como si se tratara de un narcotraficante confeso, lo que resulta no sólo molesto sino denigrante y violatorio de los derechos humanos.

Pues de acuerdo con esta Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, hay una importante presencia de dos grupos colombianos en territorio nacional y, a diferencia de otros tiempos cuando organizaciones de narcotraficantes de Colombia sólo venían a México a entregar la droga a bandas mexicanas y se regresaban a su país, ahora se ha descubierto la presencia de por lo menos dos grupos distintos de narcotraficantes colombianos que se han asentado en territorio nacional y con ello se genera mayor violencia.

Rosas García sostiene que ya están investigando a esas organizaciones de colombianos que surten la droga a bandas mexicanas, pero advierte lo peligrosas que son, pues es conocida su forma violenta de operar, y esto es lo que estamos viviendo.

Carta al Presidente Vicente Fox

Golpeada en cuatro ocasiones por denunciar hechos de corrupción en la Secretaría de Hacienda, la ex directora Jurídica de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García, ha sido amenazada de muerte, despedida de su trabajo y amedrentada para evitar que siga denunciando cómo se viola la Constitución y la normatividad vigente en el manejo del presupuesto público por parte del secretario Francisco Gil Díaz y su incondicional Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, directora general de Programación y Presupuesto “A”.

Este grave caso, que es analizado en el senado y que ya un grupo de legisladores estudian las irregularidades legales y la corrupción cometida por funcionarios de la Secretaría de Hacienda, se expone en una amplia carta que Lilia Cortés envió al presidente Vicente Fox cuando aún era servidora pública y ante lo cual la Presidencia de la República no hizo nada al respecto. Esta es la historia contada por esta valiente mujer:

“Soy empleada federal con plaza de director de área MC53, en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, con 21 años de servicio en la administración pública federal y con estudios de doctorado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Denuncio con valentía porque tengo el arrojo de enfrentar a alguien muy poderoso en un esquema notoriamente desfavorable, desventajoso e inequitativo al que no tengo miedo enfrentar pese a que sé que pueden materializar las múltiples amenazas, intimidación y represión a la que me han sometido, y entenderá esto cuando termine de leer estas líneas.

“El 31 de julio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; en este documento y concretamente en los artículos transitorios, omitieron los funcionarios públicos que elaboraron el documento y que después lo sometieron a su firma de manera maliciosa, negligente, dolosa y con mala fe, hacer alusión al destino del personal de las unidades administrativas que desaparecieron en la Subsecretaría de Egresos, según el artículo 65 de este dispositivo legal (a saber Dirección General de Programación y Presupuesto de Salud, Agropecuario, Energía y servicios).

“En estas cuatro direcciones generales había alrededor de 520 empleados, los cuales a partir de la citada reforma del Reglamento, están desorganizados, desarticulados, las áreas y las funciones están desordenadas, por lo que el resultado del trabajo en estas condiciones necesariamente tiene deficiencias. Momentáneamente han acomodado en las dos nuevas direcciones de Programación y Presupuesto “A” y “B” a un número desconocido de servidores públicos y es desconocido porque a nadie se le notificó oficialmente qué derechos u obligaciones tendríamos a raíz de la reforma del Reglamento.

“Hay una gran incertidumbre porque saber a qué unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda se va a reasignar a cada uno de los servidores públicos, porque el parámetro de asignación que se ha utilizado, ha sido la decisión de una o dos personas sin mediar el perfil o evaluar las capacidades, experiencia o cualquier otro aspecto normativo que se hubiere tomado en cuenta para tal fin. Además, esperamos que la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP autorice la plantilla Definitiva y registre el Manual Específico de Funciones de las citadas direcciones (esto es grave porque debió hacerse antes de publicar el Decreto que reforma el Reglamento interior de la SHCP, contraviniendo la legislación presupuestal y administrativa). Actualmente los servidores públicos están en un laberinto de confusión que evita que se desarrollen normalmente las actividades y que incluso se ha complicado internamente la operación, y esto ya fue detectado por la Contraloría Interna, la cual ha pedido se resuelva a la brevedad esta situación.

“La desorganización es manifiesta, ya que hay actividades que anteriormente las realizaban dos pesonas y ahora hay 10 sin supervisión, hay una desarticulación de las actividades que se convierte en ineficiencia porque más gente hace lo mismos en mayor tiempo, y por si fuera poco se está pagando con las partidas presupuestales de las direcciones que se extinguieron, circunstancia que el Órgano Interno de Control está indagando.

“En virtud de que en la publicación del referido Reglamento no se determinó que los derechos de los trabajadores tenían que respetarse como lo establece la legislación vigente aplicable en la materia, esto como una estrategia para dejar al personal a la deriva en un mar de indefensión, están obligando a renunciar sin ninguna justificación legal, razón o motivo. Por lo que igualmente esta irregularidad es objeto de seguimiento por parte de la Contraloría.

“Asimismo, hay una laguna legal que ha propiciado toda clase de violencia, sometiendo a los servidores públicos a un trato de reos de penal de alta seguridad, al menos me consta que ha sido así con los funcionarios que estaban adscritos a la Dirección de Programación y Presupuesto de Servicios, al grado de que al momento de entregar la renuncia tras el sufrimiento psicológico, moral y físico que esto representa, se consideren afortunados de salir de este infierno.

“Es importante explicar la causa que origina esta agresión, ya que no es gratuita y es muy fácil de entender, porque estas plazas están consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siendo altamente codiciadas, porque ya tienen recursos en teoría preasignados, no interesando quién las ocupe, e incluso como el tabulador de percepciones y prestaciones tiene un ámbito de aplicación macro, es decir para la administración pública federal se pueden transferir las plazas a cualquier ente que ejerza recursos públicos y están ocupadas por el vecino, el esposo o la amiga.

“A raíz de esto tuve el valor civil de denunciar las mil y una groserías, bajezas y agresiones que he recibido, quejándome por escrito dirigido al titular del Órgano Interno de Control en la SHCP.

“Sr. Presidente, me han orillado estos seudoservidores públicos a correr el riesgo de que me cumplan las múltiples amenazas que me han hecho y no me importa, porque no puedo exigirle un mejor país a usted si no hago nada para ayudarle, si dejamos que continúen este tipo de abusos, no le apoyaría en nada y me convertiría en cómplice de estas arbitrariedades, además me puedo quedar sin trabajo o, incluso, tener que irme del país por la represión de la cual he sido objeto, pero nunca señor presidente quedarme sin dignidad…”

Jueces Contra Periodistas

El juez José Guadalupe Mejía Galán, titular del juzgado 32 civil del Distrito Federal, metió en un brete a cinco periodistas que deben comparecer ante él en el juicio que promovió José Luis Santiago Vasconcelos, el subprocurador General de la República encargado de combatir a la delincuencia organizada, en contra de los señores Bernardo Santiago Pando y Maritza Pérez Aguilar. Al hacerlo, el togado, a su vez, se metió en camisa de once varas.

Hace algunos meses, en el interior de la Secretaría de Gobernación, y específicamente en las oficinas migratorias, se descubrió una red que, al parecer, se había integrado para favorecer el manejo ilegal de migrantes. En esta redada cayó presa y está sometida a juicio la suegra de Bernardo Santiago Pando, quien se pronunció ante distintos medios de comunicación sobre las circunstancias como habían involucrado a su familiar en estos hechos.

Evidentemente, la importancia del caso dio lugar a que los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos se ocuparan del suceso. Santiago Pando hizo alusiones directas a Santiago Vasconcelos, quien optó por demandar en la vía civil el daño moral que le ocasionaban las manifestaciones públicas de su adversario. El juicio fue presentado a la consideración de Mejía Galán. El demandante ofreció como prueba la comparecencia de los periodistas, entre los que se cuentan, según lo publicado, Miguel Angel Granados Chapa, del Reforma; Ricardo Rocha, del programa Detrás de la Noticia; Carlos Marín, de Milenio, y Ciro Gómez Leyva de Canal 40.

Según reportan los periodistas, en el juzgado se tuvo un sainete a los que nos tienen acostumbrados las oficinas judiciales, porque se consideró que la conducta del juez Mejía Galán no solamente es contraria a la libertad de expresión, sino que constituye un ataque franco del Poder Judicial del Distrito Federal a los periodistas, porque son llamados a comparecer en relación con su trabajo cuando no tiene razón ni sentido la prueba judicial que se pretende obtener de ellos, quienes simplemente dieron a conocer hechos que si acontecieron en la realidad y que fueron objeto de una información verificada diligentemente.

Los periodistas, como corresponde a casos como éste, empiezan a recibir muestras de solidaridad nacional e internacional por los actos que perturban su trabajo cotidiano. De otra suerte, se pone en tela de discusión el autoritarismo del que vienen siendo víctima no solamente los informadores sino la sociedad desde el ámbito propio de los órganos de procuración y administración de justicia a la sombra del régimen actual en el gobierno de la ciudad de México.

La Saga de Krauze

El historiador Enrique Krauze ha sido requerido para declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El escritor tendrá que explicar su intervención en el planteamiento del juicio mercantil que tramitaron Televisa y Editorial Clío y que ha presentado algunos misterios sin resolver.

El procedimiento judicial está siendo investigado de acuerdo con la disposiciones del nuevo Código Penal que impone límites y castigos muy rigurosos para los particulares y abogados que abusan de los trámites legales en los juzgados.

El destacado intelectual mexicano y aspirante a ingresar al Colegio Nacional ha dado dos versiones a los medios de comunicación en relación con el adeudo que supuestamente dio lugar al juicio. En primer lugar mencionó que eran diferencias que le adeudaba Clio a Televisa por sus relaciones comerciales y que arrojaban un saldo a favor de la televisora por la cantidad de 12 millones de pesos. Después aclaró y dio una versión diferente. Se trata, dijo Krauze, de un dinero con el que se cubre la capitalización de la empresa para tener una posición más consolidada. Pero siempre ha reconocido el adeudo.

En el juicio se estableció que efectivamente el crédito existía y se reconoció judicialmente el adeudo. Después, los abogados de Clío señalaron que cuando firmó los documentos en los que se registró la deuda Krauze no tenía facultades legales para ello.

Como el juez absolvió a Clío, porque precisamente los documentos los había firmado quien no tenía las facultades para hacerlo legalmente, ahora resulta que Clío no le debe a Televisa lo que dice Clío que le debía y Televisa, de lo que Krauze había reconocido ser el deudor de tan temible acreedor. Es sobre esta forma de liberarse de un adeudo a través de los tribunales sobre lo cual el historiador tendrá que declarar inevitablemente al procurador Bernardo Bátiz.