Era el sexenio donde se buscaba desde Los Pinos comprar lealtades en medios de comunicación, mientras que los dueños de la prensa y algunos periodistas se dejaban apapachar.
Eran tiempos de bonanza para unos cuantos, los de siempre, los mismos que en gobiernos priístas y panistas acumularon fortunas en nombre de la “libertad de prensa”, sin importarles jamás buscar y decir la verdad, sólo halagar al que estaba en turno en la silla presidencial.
El expresidente Enrique Peña y su vocero Eduardo Sánchez dispusieron en el sexenio pasado de 52 mil millones de pesos del presupuesto público (más del doble del gasto autorizado por el Congreso) para gastarlo en publicidad, y otros 8 mil millones para comprar “otros servicios” que algunos periodistas venden (60 mil millones en total).
Era la continuidad de esa relación perversa entre dueños de medios y periodistas con el poder político, la misma que se había mantenido y consolidado desde hace casi 1 siglo y que se sintetiza en una sola frase: “No pago para que me pegues”, como diría el expresidente José López Portillo para fijar así cuál era la política de gobierno que marcaría los siguientes 36 años de gobiernos priístas y panistas.
Con el cambio de régimen y la aplicación de una nueva política gubernamental (la cuarta transformación), paralelamente se han publicado listas de los medios de comunicación y periodistas beneficiados en el sexenio pasado con esos contratos de publicidad ordenados por la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.
También hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su vocero Jesús Ramírez acusar –sin mostrar hasta ahora prueba documental alguna, como serían contratos o convenios– a un grupo de “15 columnistas” –cuya lista oficial después se elevó a 36– de “recibir la cuarta parte de esos 60 mil millones de publicidad”, es decir 15 mil millones para 15 columnistas, según la Presidencia de la República.
Hasta ahora todas las baterías de esas acusaciones que salen de Palacio Nacional se han centrado principalmente en “periodistas chayoteros” y apuntan específicamente a columnistas; para nada mencionan a dueños o concesionarios de los medios de comunicación, quienes en realidad son los más beneficiados de ese gasto presupuestal multimillonario. La crítica desde Presidencia se reduce a los periodistas bajo el argumento de que éstos recibieron publicidad en sus portales y, en otros casos, también establecieron convenios para prestación de “otros servicios”.
En la “investigación exhaustiva” que el vocero Jesús Ramírez y su equipo de Comunicación Social han hecho en los sótanos de Gobernación y la Función Pública, en donde encontraron “decenas de cajas con miles de contratos” que prueban esa relación perversa de complicidad entre prensa y poder político, no ha sido mostrada a la opinión pública, como tampoco se habla en Palacio Nacional de las jugosas comisiones que en algunas áreas de comunicación social se pedía a los medios a cambio de abultar las partidas presupuestales que les asignaban.
Esas comisiones, que fuentes involucradas aseguran oscilaban entre el 10 y el 50 por ciento del pago de la publicidad entregada y que iba a parar directamente a los bolsillos de varios jefes de prensa (por supuesto no todos), también debería de ser investigado por la Secretaría de la Función Pública y advertido como algo que sucedía en gobiernos anteriores.
Me dicen, por ejemplo, que un concesionario de radio (de quien omito el nombre) llegó a Los Pinos con un portafolios de piel con 2 millones de pesos adentro para entregarlo como pago de comisión por un contrato adicional de publicidad que recibió su empresa. Y de esas comisiones, unas más que otras, se entregaron muchas.
Así es que la corrupción con dinero público no sólo era para comprar espacios y plumas en la prensa, sino que alcanzaba a funcionarios de comunicación social de varias dependencias de gobierno, incluida la propia Presidencia de la República.
Puntos suspensivos… El gobierno federal investiga la participación del exsecretario Luis Videgaray en las operaciones de compra venta que hizo Petróleos Mexicanos con sobreprecio de las plantas chatarra Agrob Nitrogenados, de Alonso Ancira, y Fertinal, de Fabio Covarrubias, lo que mantiene bajo órdenes de aprehensión al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austin (quien logró una suspensión en tribunales). Era precisamente el extitular de Hacienda quien revisaba directamente esas compras, pues el dinero para dichas operaciones no salía de la empresa petrolera del Estado, sino que era transferido del presupuesto público que manejaba la Secretaría Hacienda, además de que el mismo Videgaray tenía un lugar en el Consejo de Administración de Pemex… La renuncia de Lozoya a Pemex en 2015 ocurrió precisamente por diferencias y celos profesionales que tenía con el responsable de la Hacienda Pública, quien no toleraba su cercanía con el presidente. Algo que impactaba a Peña Nieto y que presumía de Lozoya, era su capacidad para hablar varios idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, portugués, y que tuvo una destacada participación en la reunión de Davós, Suiza, en donde funcionarios de varios países lo felicitaron. Caído ahora en desgracia, Lozoya, por conducto de su abogado Javier Coello Trejo, ha advertido de que no sólo él es responsable de las pésimas decisiones sobre compras en Pemex, y uno de los que podrían aparecer en sus declaraciones ministeriales, además del propio expresidente Peña Nieto, es precisamente Luis Videgaray, a quien según Lozoya es el más responsable de todas las anomalías y corruptelas por las decisiones en Pemex en el gobierno anterior. El equipo de Lozoya Austin tiene claro que el 80 por ciento de los empresarios que pedían cita para hablar con el entonces director general de Pemex eran enviados de Los Pinos. Entre esos recomendados, aparecen en la lista los hijos de dos expresidentes, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyos vástagos solicitaban reuniones con Lozoya para pedirle la asignación de contratos de obras, bienes y servicios, aunque el responsable de atenderlos directamente era Froylán Gracia Galicia, exjefe de la oficina del director general, en donde hacían peticiones para la asignación de contratos de obras, bienes y servicios… Nos cuentan que la familia Lozoya está devastada, y no sólo porque tiene al exdirector de Pemex con un pie en la cárcel, sino porque en el proceso se ha involucrado a la esposa y a la hermana del exfuncionario, quienes habrían recibido transferencias de dinero “mal habido” en cuentas bancarias del extranjero… Pues parece que podría venírsele un alud de acusaciones al ex secretario de Hacienda, no solamente de parte de Lozoya, sino también de la exprimera dama, Angélica Rivera, quien culpa a Luis Videgaray de toda su desgracia por las acusaciones de corrupción en la adquisición de la conocida Casa Blanca.
Miguel Badillo
[OFICIO DE PAPEL]
