• Corrupción en el Consejo Mexicano del Café
• Encubre Sagarpa desvíos públicos en el CMC
• En riesgo 500 mil familias por crisis del café

Una noticia perdida entre las páginas de un diario de circulación nacional, firmada por la periodista Lourdes Rudiño, advierte sobre la crisis que vive el sector de la cafeticultura y que afecta a más de 450 mil familias campesinas en 12 estados de la República. La excelente investigación de la reportera revela cómo el Consejo Mexicano del Café (CMC), órgano privado que recibe subsidios gubernamentales y que es responsable de regular dicha actividad en el país, fue intervenido hace unos días por Lorena Septiem, funcionaria de la Secretaría de Agricultura, quien pidió cuentas al presidente de dicho Consejo, Roberto Giesemann, por supuestos desvíos de recursos públicos en los programas de apoyo para los productores cafetaleros, además de anunciarle la próxima desaparición del CMC para encubrir las múltiples irregularidades cometidas allí en los últimos tres años.

Desde Nueva Cork, el ex presidente del Consejo Mexicano del Café, Javier Mora, explicó vía telefónica cómo fue despedido en 2001 por el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, por denunciar actos de corrupción del subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García–, y que fue sustituido por Giesemann, de quien dijo ha cometido graves actos de corrupción y, según las auditorías practicadas a su administración en el CMC, “hay importantes desvíos en el manejo de 4 mil 500 millones de pesos correspondientes al presupuesto de los últimos tres años”.

El CMC es una asociación civil que trabaja con la Secretaría de Agricultura y Ganadería bajo un contrato directo, y su objetivo es instrumentar las políticas sobre el sector cafetalero de México, por lo cual los presupuestos que asigna el Congreso para este sector, son adjudicados al CMC por esa Secretaría mediante un contrato de aplicación para programas específicos, diseñados supuestamente en coordinación con productores y con los beneficiadores del café.

A partir de la salida de Javier Mora del Consejo, la Sagarpa aplicó un programa de préstamos a productores que ahora alcanzan los 4 mil 500 millones de pesos, cifra que corresponde a los presupuestos de los últimos tres años y que fueron adjudicados al Consejo bajo ciertos lineamientos.

Mora recuerda así ese episodio: “antes de salir del Consejo me opuse a que se otorgaran éstos créditos al campo, pues si eran subsidios se les debían entregar como tales y no diseñar una política crediticia absurda, elaborada por el subsecretario Ruiz García y que ya reventó, pues se hicieron préstamos minúsculos a cerca de 450 mil productores en razón sólo de que eran titulares de la tierra, sin alguna viabilidad financiera, de tal manera que ahora que el mercado ha dado la vuelta y ha repuntado, la Sagarpa quiere recuperar esos préstamos sin éxito alguno, lo que ya es un problema grave, pues obviamente va a ser imposible la recuperación de esos 4 mil 500 millones de pesos que los productores no pueden pagar por la crisis que atraviesa el sector”.

Para el ex presidente del CMC esto sólo se explica por los desvíos de recursos públicos en complicidad entre el presidente del Consejo y el subsecretario de Desarrollo Rural, y recuerda que “a mí me quitaron porque me había opuesto a este tipo de políticas de manejos de dinero muy a la ligera, entonces ahora se encuentran en un grave problema el presidente Roberto Guissaman –mexicano de origen alemán-, quien carece de experiencia administrativa y realizó gastos absurdos como comprar camionetas nuevas, computadoras, gastos de viajes y excedente de personal, entre otras irregularidades, mientras que la Sagarpa se hacía de la vista gorda”.

Así, después del tercer año de la administración de Guissaman, las auditorías han arrojado una serie de observaciones graves que no se han corregido, como por ejemplo, dice Javier Mora, préstamos al personal, excesos en gastos de viaje y tarjetas de crédito, adquisición de automóviles último modelo, y esto ha causado que el Consejo, que es una institución vital del sector, vaya a ser cancelado.

El CMC va directo al fracaso

“El Consejo va directo al fracaso, porque como está sujeto a una condición de mercado, éste ya cambió, subió, y ahora está por encima de un dólar la libra del café y la reglamentación señala que cuando el precio se eleve por arriba de los 85 centavos de dólar la libra, los productores deberán pagar al fisco y se deben reintegrar los préstamos que les habían dado, y obviamente los 450 mil productores de café tienen muy bajos ingresos y nunca van a poder regresar ese dinero, lo que significa el fracaso rotundo de las políticas instrumentadas por el secretario Javier Usabiaga, por el subsecretario Antonio Ruiz García y el presidente del Consejo, Roberto Guissaman”, según comenta Javier Mora.

La desaparición del CMC es muy preocupante porque este organismo privado que se sostiene con subsidio gubernamental, es un interlocutor con los mercados internacionales, con las cadenas productivas en México y con las cadenas de autoservicio en todo el país; además, es el vocero que maneja la política cafetalera en los 12 estados productores de café y cada consejo estatal es controlado por los gobiernos locales.

El órgano de gobierno del CMC son las organizaciones productoras y campesinas, en donde están también productores privados y exportadores, pero como estas organizaciones no tienen presupuesto, se forma un consejo del café que lo contrata la Secretaría de Agricultura para que ejecute y aplique la política oficial y el subsidio, dinero que provoca disputas y diferencias en su asignación, lo que termina en cuantiosos fraudes.

La posición de la Secretaría de Agricultura es ya no renovarle un contrato de aplicación de programas al Consejo y para ello creó, obviamente inventado por el subsecretario Ruiz García, un sistema nuevo que se llama Sistema Producto Café, que hasta ahora nadie sabe qué será, pero para evadir su responsabilidad, el subsecretario de Desarrollo Rural trasfirió el nuevo programa al subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, quien desconoce el manejo de este sector y que ignora lo que está ocurriendo.

Es tan precario el nuevo programa que aún no está organizado, no hay comités, no se sabe qué programas se van a manejar, se desconoce también cómo se va a aplicar; es decir, la Sagarpa se pretende sacar de la manga una nueva política para el sector sin planeación alguna y sin prever los resultados, lo único que buscan es terminar el sexenio sin responsabilidades penales por los desvíos de fondos públicos, la mala administración y la crisis en que han metido a 450 mil familias cafetaleras.

Investigan SFP y ASF

Sin embargo, en los archivos de los órganos de control y vigilancia, así como en la Auditoría Superior de la Federación, hay expedientes abiertos sobre el mal uso de los 4 mil 500 millones de pesos destinados al sector del café, que se desprenden de auditorías realizadas a la Secretaría de Agricultura y al CMC, en donde se demuestra que hay faltantes de dinero, desvíos, pagos dobles, pérdidas de cheques, abuso administrativo y gastos superfluos, lo que debería motivar sanciones administrativa por la Secretaría de la Función Pública y acusaciones penales ante la Procuraduría General de la República, pero a cambio de aplicar la ley y perseguir a los culpables, el secretario Usabiaga ya ordenó desparecer el Consejo Mexicano del Café y así borrar las huellas de la corrupción.

Para Javier Mora, quien toda su vida ha trabajo con los productores de café y conoce muy bien el sector y su problemática, es un grave error pretender cerrar el Consejo, pues éste tiene otras funciones, como la representatividad de México dentro de organismos internacionales, pues según el contrato que tiene el CMC con la Sagarpa, el Consejo tiene un asiento en la Organización Internacional del Café en Londres, lo cual es importante.

Lo más curioso de todo esto y lo más burdo, es que el secretario Usabiaga se presentó la semana pasada a hablar con el personal del Consejo y les fue a decir que los iba liquidar a todos, como si él fuera el patrón, cuando se trata de una asociación civil totalmente independiente, pues el hecho de otorgar subsidios no le da derecho para que correr al personal que suma más de 150 trabajadores que ahora tienen que pagar los platos rotos por las malas políticas gubernamentales.

La impunidad en la Sagarpa

La corrupción y la complicidad del gobierno foxista para proteger a la Sagarpa no es asunto nuevo. Desde el 2003, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública realizó investigaciones en contra de funcionarios de la Dirección General de Responsabilidades que, por negligencia, impidieron que se sancionara al también subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Antonio Ruiz García, por los delitos de peculado, al desviar 11.3 millones de pesos del erario federal, y conflicto de intereses, además de haber dispuesto de dichos fondos producto de un subejercicio cuando debió haberlos enterado a la Secretaría de Hacienda.

En aquel año la protección foxista a su amigo Javier Usabiaga era tan evidente, que la corrupción descubierta en la Sagarpa fue simplemente ocultada en la Secretaría de la Función Pública. La información fue publicada en Oficio de papel y según aquella historia un 13 de febrero del 2002 el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, actual (des)coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, envió el oficio SP/100/0204/2002 a la Dirección General de Responsabilidades, para que se hiciera cargo de la investigación en contra del subsecretario Ruiz García, cuyo expediente DAGV/DV/073/2003 era llevado hasta ese momento en el Órgano Interno de Control de la Sagarpa por el presunto desvío de 11 millones 298 mil 492 pesos, al adjudicar directamente un contrato de servicios a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, organismo privado en donde el subsecretario había sido director general hasta octubre del 2000, lo que representaba un claro conflicto de intereses y un delito de peculado, así como utilizar dinero de un subejercicio.

El caso era tan delicado para el gobierno foxista, porque implicaba a un secretario de Estado, Javier Usabiaga; al subsecretario Antonio Ruiz García, y al oficial mayor Xavier Ponce de León, que el mismo contralor Barrio advertía en un documento oficial: «Considerando el nivel jerárquico de los servidores públicos presuntos responsables y el monto de los recursos aplicados indebidamente, los hechos mencionados podrían constituir infracciones graves o responsabilidades mayores respecto de las cuales debe conocer directamente esta Secretaría».

La denuncia en aquellos años la había hecho el ex presidente del Consejo Mexicano del Café, Javier Mora Salas, quien presentó ante la Contraloría la denuncia respectiva en contra de dichos funcionarios públicos, pero un 25 de septiembre la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública le respondió así mediante el oficio DG/DGAV/DV/311/0187/2003: «Se determinó archivar el asunto como totalmente concluido, toda vez que las facultades sancionadoras de esta Secretaría prescribieron, ordenándose dar vista a la Contraloría Interna de esta Secretaría».

Es decir, que ni la propia Contraloría pudo en aquel entonces ocultar las evidencias de la corrupción cometida por el todavía subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, por lo que recurrió a dejar el expediente abierto para que transcurriera el tiempo que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades se establece para sancionar a algún funcionario corrupto y así evitar sancionar administrativa y penalmente a todos los involucrados por el desvío de recursos públicos.

Una maniobra ilegal de la Secretaría de la Función Pública que ha permitido una pésima administración de un secretario de Estado y un subsecretario que ahora han metido en problemas a otro sector del campo mexicano, el café, y a los más de 450 mil familias campesinas que de él dependen.