Cuando Vicente Fox habla de transparencia, honestidad y combate a la corrupción en su gobierno, pareciera que ignora cómo se administran las finanzas públicas por las múltiples irregularidades que allí se cometen; sin embargo, el presidente de la República no puede ser ajeno a lo que hace su gabinete con el manejo del erario público, sobre todo cuando el órgano de vigilancia y fiscalización del Congreso, que es la Auditoría Superior de Federación, lo ha alertado con las auditorías de la enorme corrupción y el desvío de los fondos públicos.
Un de los peores saqueos de recursos se da a través de los fideicomisos, esas figuras financieras que por el secreto fiduciario y bancario se impedía a los órganos de vigilancia y control revisar su operación y el destino del dinero, lo que permitió durante muchos sexenios, incluido el foxista, que importantes partidas presupuestales fueran desviadas para el uso discrecional de secretarios de Estado y de directores de paraestatales.
Por ello cuando se solicita información pública al gobierno de Vicente Fox a través de los mecanismos legales aprobados por el Congreso, como es el Instituto Federal de Acceso a la Información, el actual gobierno siga empecinado en bloquear y encubrir cualquier información relacionada con el manejo irregular de fondos públicos a través de los fideicomisos.
Una prueba de ello es la cínica respuesta que acaba de entregar después de tres meses de echa la solicitud, la Unidad de Enlace del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al que se le pidió informara de los contratos y del manejo y operación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, constituidos por instrucciones de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, así como de la empresa ISOSA, creada para triangular los recursos federales.
La respuesta del SAT a esa petición de información fue que “con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no existe en los archivos de esta dependencia o entidad.
“Nos permitimos comunicarle que de 1993 y hasta la fecha el SAT no tiene contratos firmados con las empresas: Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), Integradora de Activos, SA, Controladora de Servicios Integrales SA. y de los fideicomisos Aduanas I y II. No omitimos mencionarle que la inexistencia de la información, fue ratificada por el Comité de Información del SAT en su reunión del día 8 de junio de 2005. En el SAT nuestra misión es servirle.”
Para esta respuesta de negativa el SAT empleó todo el tiempo que le otorga la citada ley, a fin de no proporcionar los datos públicos solicitados. Pero cuando algún servidor público trata de ocultar información que es pública, como es el caso de los fideicomisos Aduanas I y II, los cuales se ha documentado que se constituyeron bajo las órdenes de Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda, cuando el primero era subsecretario de Ingresos en 1993 y el segundo era socio de un prestigiado despacho de abogados.
Además, de acuerdo con uno de los muchos documentos oficiales en poder de Oficio de papel, se confirma que esos fideicomisos se manejan actualmente desde las oficinas del secretario de Hacienda, e inclusive la firma del propio Gil Díaz aparece en muchos documentos.
Un ejemplo es un oficio signado por Gil Díaz y enviado a Lorenzo Hernández, a quien el entonces subsecretario lo nombró director general del Fideicomiso SHCP-Aduanas I.
El oficio dice textualmente: “Por medio de la presente comunico a usted que su percepción neta mensual como director general del Fideicomiso SHCP-Aduanas I, después del pago del impuesto sobre la renta y cuotas al Seguro Social, a partir del 1 de agosto de 1993 es de N$35,000.00 (treinta y cinco mil nuevos pesos 00/100 MN).” Es decir, Gil Díaz nombra a los directores del fideicomiso y les asigna personalmente su salario.
Otra prueba de que el SAT miente al afirmar que no cuenta con archivos sobre los contratos de los fideicomisos y de la empresa privada ISOSA, situación que tendrá que investigar y resolver el IFAI, es que dicha empresa privada opera en las mismas oficinas del SAT y su director general es nombrado por el secretario de Hacienda.
Ya en otros momentos hemos dado a conocer un documento del Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, institución en donde fueron constituidos los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, este último identificado también como “Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II”, en donde después de una acuciosa investigación se descubrió el desvío de recursos públicos a través de esos fideicomisos para comprar vehículos de lujo y entregarlos a funcionarios del SAT, sin autorización alguna por parte de los Congreso.
Estas irregularidades son las que impiden al SAT entregar esa información, bajo el argumento de que no cuenta con los archivos respectivos, para evitar que se descubra la corrupción que brota de ese cáncer gubernamental. Habrá que esperar el recurso de revisión a través del IFAI para intentar abrir esa maquinaria de corrupción que durante 12 años ha sangrado las finanzas públicas del país.
Descubren 33 Fideicomisos Irregularidades
Y para continuar con el tema de corrupción en fideicomisos públicos, la Auditoría Superior de la Federación descubrió que en el sector agropecuario, en donde el titular de la Secretaría de Agricultura es el empresario Javier Usabiaga, operan 33 fideicomisos que no fueron registrados ante la Secretaría de Hacienda y que a pesar de recibir recursos federales, fueron constituidos como privados en instituciones bancarias.
Por ese motivo, la ASF promovió un recurso ante la Secretaría de Hacienda para que ésta explique cómo ha permitido la operación de esos fideicomisos sin tenerlos registrados en su sistema, por lo que esa dependencia tiene 45 días hábiles para aclarar este caso.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública al ejercicio del presupuesto público de 2003, la ASF tiene previstas dos auditorías más al sector agropecuario, para determinar cuantos millones de pesos se manejaron del erario federal a través de los 33 fideicomisos, en donde supuestamente uno de ellos estaría presidido por el mismo secretario Javier Usabiaga, según reveló el diputado Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.
Otra investigación que lleva a cabo la misma ASF es con relación al proceso de extinción de la empresa estatal Productora Nacional de Semillas (Pronase) y sus órganos encargados de administración, custodia e informe.
El único problema que hay con los informes de la ASF, es que corresponden a 2003, de tal manera que para conocer las irregularidades cometidas por el gobierno foxista en 2004 y 2005, será prácticamente hasta el siguiente sexenio, mientras que la Secretaría de la Función Pública que está facultada para operar e investigar en tiempo real todas las corruptelas que se cometen en el gobierno federal, prácticamente es omisa cuando se trata de funcionarios del gabinete de Vicente Fox.
Autoritarismo en el ITAM
En estos momentos de incertidumbre económica, política y social, lo que nos faltaba es la intolerancia universitaria y un nutrido grupo de reporteros fue víctima de profesores y autoridades del ITAM. Esta es la carta enviada por tres periodistas:
A quien corresponda
México DF a 15 de junio de 2005.
A inicios de febrero de 2005, los reporteros de la fuente financiera de diversos medios de comunicación, recibimos la invitación para participar en el “Diplomado de Temas Económicos y de Negocios para Periodistas”, impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y patrocinado por empresas como IBM, General Electric, Coca Cola, Altos Hornos de México, Procter&Gamble y Aeroméxico.
Convencidos de que la profesionalización en la labor informativa es fundamental para garantizar la vida democrática de nuestro país, 33 periodistas aceptamos con responsabilidad el reto de regresar a las aulas. Es importante destacar que, pese a las arduas jornadas de un reportero –quien empieza su día laboral muy de mañana y nunca sabe a qué hora termina–, los más de 30 alumnos nos mantuvimos férreos a la academia.
Como nunca, patrocinadores, medios informativos (Televisa, Canal 11, Reforma, El Financiero, El Economista, El Universal, Diario Monitor y las revistas Expansión, Contralínea y Alto Nivel, así como la agencia gubernamental Notimex,), reporteros y trabajadores de las empresas de IBM y Contacto en Medios, sumamos esfuerzos para aprovechar esta oportunidad de capacitación, cuyo costo económico real ascendió a 50 mil pesos por alumno, que multiplicado por 33 da más de millón y medio.
Por ese esfuerzo realizado, lamentamos que en esta cadena de colaboraciones el único que haya fallado y lucrado con el diplomado sea precisamente el ITAM. Universidad que, lejos de contribuir a nuestra formación académica, nos ha demostrado que el prestigio se pierde en la defensa a ultranza de la intolerancia y el racismo, actitudes que obviamente disienten de la pedagogía.
Y es que en el ITAM no sólo nos han coartado nuestra libertad de expresión, sino que nos han sancionado por manifestar nuestras ideas, hasta el punto de amenazar a varios compañeros con iniciar demandas en nuestra contra por, supuestamente, “sentirse agredidos”, pese a que la Constitución Mexicana nos garantiza el derecho y la libertad de expresión.
Pues para esa institución de gran prestigio académico, los periodistas que asistimos al diplomado estábamos “obligados” a permanecer sentados, atender a los profesores y jamás, bajo ninguna circunstancia, poder manifestar nuestras opiniones y generar debate.
Tras las severas amenazas, el pasado 14 de junio un grupo de compañeros del diplomado se reunieron con la directora de Extensión Universitaria del ITAM, Mónica Sacristán, con la convicción de llegar a un acuerdo. Pero, contrario a esto, la funcionaria se dedicó a desmentir a los reporteros pues, según ella, “todos los periodistas acostumbran mentir”.
Mónica Sacristán fue más allá al afirmar que, de acuerdo con la política académica del ITAM, los estudiantes sólo asisten a la escuela para atender al profesor y no para debatir, y mucho menos disentir de los planteamientos neoliberales de los catedráticos, por lo que los reporteros allí reunidos habían incumplido con esa exigida pasividad monacal y, merecidamente, se habían hecho acreedores de la sanción.
Resulta incomprensible que una institución universitaria mantenga como política académica el autoritarismo y niegue a sus estudiantes la posibilidad de debatir y enriquecer el aprendizaje académico con el diálogo y el debate.
Al margen de estos problemas, debemos agradecer a los profesores Edgar Hernández, Tom Toralek, Benito Revah e Ignacio Ania, quienes demostraron su amplio criterio y su capacidad pedagógica, contrario a lo ocurrido con los profesores Félix Varela y Héctor Garmendia, ampliamente denunciados ante las sordas, arbitrarias e intolerantes autoridades del ITAM representadas por quien se dice directora de Extensión Universitaria.
Atentamente
Zósimo Camacho
Nancy Flores
Ana Lilia Pérez
Reporteros de la revista Contralínea
