Hace poco más de un año, 24 de marzo de 2004, el delegado fiduciario de la empresa en liquidación Ferrocarriles Nacionales de México, Enrique Rivas Sivy, recibió en su escritorio una escueta nota informativa enviada por el entonces director de la Consultoría Jurídica Laboral de Ferronales, Eduardo Pérez Vázquez, en donde trata de justificar la enorme corrupción que todavía hay en esa paraestatal mediante los “dobles pagos” que se hacen a algunos trabajadores y que han sido motivo de investigación por el Órgano Interno de Control.

Ante ello, el delegado fiduciario de Ferronales ordenó investigar diversas denuncias por corrupción relacionadas con los 16 mil juicios laborales que enfrenta la paraestatal y cuyas demandas ascienden a 28 mil millones de pesos. Por esos mismos días, Rivas Sivy se había enterado de que funcionarios de primer nivel de la Dirección Jurídica –área responsable de resolver el complejo problema de los procesos legales– autorizaban dobles indemnizaciones, en otros casos pagaban sólo el 60 por ciento de lo que ordenaba el laudo y, en casos más extremos, cancelaban totalmente las liquidaciones, por lo que solicitó a la Dirección Jurídica que informara de manera puntual sobre dichos ilícitos.

La nota informativa de 19 líneas señala: “Estos pagos se realizan mediante convenio, en donde se paga 60 por ciento al trabajador por la condena impuesta por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y una vez realizado este pago se procede a liquidar el 40 por ciento restante a través de convenio celebrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.

Y agrega: “Se ha detectado que el sistema los reporta como doble pago, ya que son los mismos actores, los mismos periodos y los mismos conceptos, toda vez que no se puede manejar de otra manera. Cabe destacar que no se puede capturar en el sistema como pago parcial y final”.

Meses más tarde, el abogado Eduardo Pérez Vázquez era destituido por el Órgano Interno de Control al descubrir que era responsable de “usar indebidamente el cargo”. Es decir, por corrupción.

Una profunda investigación de la reportera Nancy Flores relata cómo en pleno proceso de liquidación, esta empresa ferrocarrilera, símbolo de la Revolución Mexicana, aún sirve como botín de unos cuantos funcionarios y líderes charros que se aprovechan de la necesidad de los trabajadores para extorsionarlos con las liquidaciones que por ley les corresponde.

Personal de la Dirección Jurídica de Ferronales confirmaron que dicho mecanismo de pago permite negociaciones arbitrarias en perjuicio del patrimonio de los trabajadores ferrocarrileros, pues se les obliga a recibir sólo el 60 por ciento del monto total fijado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, mientras que el 40 por ciento restante se queda en los bolsillos de los corruptos negociadores.

En el expediente identificado con el número QU000014/2003, varios extrabajadores de la paraestatal denunciaron que mediante convenios laborales celebrados con Ferronales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 23, se determinó aplicar un descuento del adeudo; sin embargo, señalan que Juan Palma Hernández, exgerente de Asuntos Jurídicos Laborales de la paraestatal –destituido en marzo de 2003 por abuso de autoridad–, modificó en beneficio propio los montos del descuento.

No obstante, en las últimas cuatro líneas la nota informativa en poder del delegado fiduciario señala que “la única forma de comprobar el pago de dichos actores es mediante los convenios celebrados con ambas autoridades del Trabajo, mismos que deberán ir anexos a los relevos correspondientes a las cantidades pagadas, lo anterior con la finalidad de evitar alguna observación por parte del Órgano Interno de Control de este organismo”.

Y aunque en esa ocasión el director de la Consultoría Jurídica Laboral evadió los cuestionamientos, un par de meses más tarde tuvo que dejar el puesto, pues el OIC lo responsabilizó de usar indebidamente el cargo, pero extrañamente no procedió penalmente en su contra como correspondía de acuerdo con los delitos cometidos.

Identificado con el folio interno DE-000023/2004, el expediente da cuenta de “la cancelación de 79 títulos de crédito que solicitó Eduardo Pérez Vázquez, director de Consultoría Jurídica Laboral, bajo el oficio DJL-EPV-0386/2004, en virtud de que los beneficiarios fallecieron”.

La Lista de la Corrupción Ferrocarrilera

En el amplio reportaje de Nancy Flores, publicado en el último número de la revista Contralínea, se informa de la enorme lista de casos de corrupción relacionados con juicios laborales, pensiones y saqueo de bienes en Ferronales.

Así, de acuerdo con información estadística del OIC, de 2001 a 2004 se atendieron 71 denuncias, 49 quejas y 39 procedimientos de responsabilidad administrativa, que significaron una sangría al erario público.

El amplio archivo de la Contraloría ilustra la delicada situación que enfrenta el organismo. Muestra de ello es el expediente con folio interno DE-000029/2004, en el que se detalla que “se detectaron 218 cheques por concepto de pago de demandas laborales, que comprometen un monto total de 13 millones 400 mil pesos, a favor de ex trabajadores de Ferronales y que a la fecha no han sido localizados”.

Los documentos, especifica la síntesis entregada por la Secretaría de la Función Pública a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, tienen una antigüedad mayor a 11 meses desde su emisión.

Una práctica, al parecer cotidiana en la paraestatal, es el pago indebido de indemnizaciones, como el caso de Guillermo Villalobos Madero, quien sin ser abogado o mantener algún laudo con Ferronales, recibió 3 millones 500 mil pesos por un supuesto juicio entablado en el estado de Chihuahua, según consta en la denuncia DE-000015/2003. El dictamen del OIC determinó que el hecho quedó comprobado y responsabilizó a un funcionario –no identificado– de incurrir en ejercicio indebido de funciones, pero nunca se procede penalmente en contra de los defraudadores.

Otra modalidad de pago indebido consiste en la erogación de un monto superior a lo estipulado en el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de algunos extrabajadores. En el 2003, el OIC determinó en 10 ocasiones que las denuncias presentadas por esta irregularidad estuvieron fundadas –QU000004/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003, 09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003 y 13/2003–.

Juicios Millonarios Sin Resolver

En cuanto al saqueo de bienes, destaca el expediente con número de control interno DE-000027/2004, que denuncia el pago que realizaron al personal de seguridad, por mil 200 pesos a cada vigilante, Fidel Gallardo León, exfuncionario de la Gerencia de Ventas de Ferronales, y Alejandro Aguirre, exservidor público del Banobras –ambos encargados de realizar el inventario de los talleres ubicados en el estado de Campeche–.

Estos pagos se hicieron para cubrir los honorarios generados por la carga de varios camiones con chatarra (zinc, cobre y fierro) extraída de los propios talleres. Mercancía que fue vendida a un chatarrero sin enterar los recursos ecoómicos a la paraestatal. Para el OIC, los funcionarios incurrieron en ejercicio indebido de funciones.

Pero en las oficinas de Enrique Rivas Sivy, ni los problemas ni las preocupaciones se terminan con los casos de corrupción. Al cierre del primer trimestre de 2005, Ferronales registró un máximo histórico en su pasivo contingente relacionado con los juicios laborales, al ubicarse en 27 mil 781 millones de pesos.

La tortuosa desaparición de la paraestatal se pactó a inicios del sexenio de Vicente Fox, justamente el 4 de junio de 2001, con la publicación –en el Diario Oficial de la Federación– del Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado.

Actualmente, Ferronales enfrenta el más severo endeudamiento desde que inició el proceso de liquidación. De acuerdo con los estados financieros del organismo, al finalizar el ejercicio fiscal 2004 el activo se contabilizó en 5 mil 2 millones 812 mil pesos, y el pasivo total ascendió a 32 mil 116 millones 833 mil pesos.

De esta última cifra, 14 mil 448 millones de pesos corresponden a capitales constitutivos, 14 mil 362 millones a juicios, mil 534 a acreedores, mil 234 millones a reservas administrativas, 431 millones de pesos a remediación de suelo, entre otros rubros.

Más Juicios Laborales

En materia de pasivos, uno de los capítulos pendientes en el organismo es el de los juicios laborales. En entrevista telefónica, Rivas Sivy afirma que “se trata de 15 mil juicios laborales, con 60 mil actores, y un pasivo cercano a los 28 mil millones de pesos”.

La cantidad contrasta con la declarada en los estados financieros del año pasado, en los que se reconoce un endeudamiento de casi un 50 por ciento menor, al ubicarlo en 14 mil 362 millones 200 mil pesos, distribuidos de la siguiente forma: 11 mil 167 millones de pesos de juicios laborales, y 3 mil 195 millones 200 mil pesos de juicios contenciosos.

Efrén del Pozo, subdirector Jurídico del organismo, explicó que “cuando empezó la liquidación había 16 mil 969 juicios. Del 2001 al 2005 se han concluido 8 mil 849 juicios. Sin embargo, como es una situación dinámica, han entrado en proceso otros 6 mil 440, de tal manera que al mes de marzo tenemos 14 mil 560 juicios”.

El servidor público dice que al iniciar el proceso de liquidación, el pasivo por este concepto ascendía a 16 mil 752 millones de pesos, e implicaba a 119 mil 156 actores. Lo cual significa que en cuatro años, los compromisos referentes a los litigios laborales aumentaron en 11 mil 29 millones de pesos.

Ante el creciente aumento del pasivo, Del Pozo aclara que no significa una “mala” gestión, pues la cifra inicial se redujo en 13 mil 971 millones de pesos, al resolverse la situación de 79 mil ex trabajadores; y que el pasivo se incrementó por los 6 mil juicios nuevos, mismo que reclaman 25 mil millones de pesos.

Sin embargo, en la respuesta a la solicitud de información 0919500001705, hecha a través del IFAI, la paraestatal advierte que “en el periodo de 1996 a 2003 no se tiene información de cuántos juicios se han pagado en ese lapso, ya que anteriormente el organismo no contaba con base de datos, por lo que se desconoce el origen de los recursos que se destinaron para su pago. En lo que respecta a 2004 y 2005, se considera información reservada, ya que al revelarla podría causar un serio perjuicio a las estrategias procesales”.

Por los montos involucrados, Rivas Sivy reconoce que en este sexenio será imposible terminar con el proceso de liquidación porque, simplemente, es en las juntas de conciliación en donde se resolverán los juicios.