Fiel representante del panismo y de la ultraderecha, al gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, le da urticaria un diario como La Jornada San Luis, por eso lo hostiga, lo censura y también quisiera desaparecerlo. Pero mientras el mandatario local recurre a viejas e corruptas estrategias en contra de la prensa crítica, como la cancelación del flujo de información oficial y de la publicidad, y en ocasiones hasta la compra masiva de ejemplares para según él evitar que la población no se entere de lo que publican, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le exige cuentas claras de su administración.

Pues resulta que en el ejercicio fiscal 2003, año en que de los Santos Fraga asumió el cargo, el máximo órgano de fiscalización del Congreso de la Unión detectó una serie de quebrantos patrimoniales que en total ascienden a la nada despreciable cantidad de 156 millones de pesos, entre otras irregularidades.

Por lo pronto, el equipo cercano al mandatario debió solventar las 11 observaciones que implican daño patrimonial y que revelan una constante implicación entre ese gobierno, las secretarías locales de Finanzas y de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), según se desprende del informe sobre la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003.

Entre las irregularidades más graves destaca la omisión del registro por 272 millones 732 mil pesos que cometió la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de San Luis Potosí. Estos recursos correspondieron a la ampliación virtual para el pago de Impuesto Sobre la Renta, y que según la ASF “se regularizó en el transcurso de la revisión”.

Hasta ahora, la administración de Marcelo de los Santos no ha solventado todas las anomalías. El análisis del máximo órgano de vigilancia del Congreso de la Unión señala que los presuntos desvíos de recursos que constituyeron daños patrimoniales por más de 150 millones de pesos aún no se resuelven.

En estos casos destacan tres quebrantos por más de 40 millones de pesos cada uno, todos relacionados con la operación y el manejo de los recursos públicos destinados a la Secretaría de Educación Pública estatal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Escandalosos Quebrantos Patrimoniales

El primer gran quebranto patrimonial ocurrió en el proceso de transferencia de los recursos federales destinados a la educación, que en el ejercicio de 2003 ascendió a 4 mil 786 millones 601 mil pesos. De acuerdo con el informe, la cifra desembolsada desde la Secretaría de Hacienda se transfirió a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí, pero a la hora de entregar esos recursos a la Secretaría de Educación del gobierno estatal, la dependencia local extravió poco más de 46 millones de pesos.

El análisis de la ASF revela que la Secretaría de Finanzas sólo transfirió 4 mil 280 millones 383 mil pesos, y que el saldo no transferido por 506 millones 218 mil pesos se ejercieron 459 millones 425 mil pesos, por lo que se contabilizó una diferencia de 46 millones 792 mil pesos que, cuyo destino no ha sido aclarado hasta la fecha, en contravención de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Tras largas negociaciones de conciliación entre el equipo de auditores encabezado por Arturo González de Aragón y la administración estatal, la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí intentó solventar las serias acusaciones hechas por la ASF, pero con transferencias realizadas en los dos primeros meses del año pasado.

El documento que es analizado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados advierte que fue hasta el 15 de diciembre de 2004 cuando dicha institución remitió el oficio número SF/DGI/343/2004, en el que se incluye la copia de dos transferencias electrónicas, fechadas el 13 de enero y el 11 de febrero de 2004, por 39 millones 825 mil pesos.

Sin embargo, para el órgano de fiscalización la documentación proporcionada no es comprobatoria ni acredita la aplicación de esa cantidad, además de que aún faltarían 6 millones 967 mil pesos que tampoco fueron transferidos a la Secretaría de Educación.

Ante estas anomalías, la ASF determinó que “como resultado de la revisión practicada, se presume un daño y/o perjuicio a la hacienda pública federal por 46 millones 792 mil pesos, más intereses generados por concepto de falta de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos, por 39 millones 825 mil pesos y por la falta de documentación de la transferencia electrónica a la Secretaría de Educación por 6 millones 966 mil pesos”.

Irregularidades en Programas Educativos

El segundo quebranto en importancia se relaciona con el pago del Programa de carrera magisterial 2003. En este caso, la Secretaría de Finanzas tampoco ha podido comprobar el destino final de 46 millones 423 mil pesos, monto que debió haberse entregado a la Secretaría de Educación local.

Pero esta no es la única irregularidad, pues además del presumible daño a la hacienda pública federal por más de 46 millones de pesos, tampoco se entregó la documentación comprobatoria del pago del Programa de carrera magisterial por 32 millones 49 mil pesos, ni de 62 pagos improcedentes realizados en el Programa primaria para todos los niños, que no formaron parte de la transferencia realizada por medio del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por 14 millones 373 mil pesos.

Según la ASF, las tres situaciones que implican recursos públicos por casi 93 millones de pesos contravienen la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, por lo que se formuló el pliego de observaciones correspondiente con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes.

El tercer quebranto más escandaloso de la administración compartida entre el actual gobernador Marcelo de los Santos y el priísta Fernando Silva Nieto, involucra directamente a la Secretaría de Educación local y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El informe de la ASF señala que al revisar la información sobre 283 empleados comisionados a las secciones sindicales 26 y 52 del SNTE del ejercicio 2003, así como los oficios de autorización de comisión, las nóminas ordinarias y de rescate, se detectaron pagos irregulares de salarios.

“Se destinaron 14 mil 918 pagos con un importe bruto por 43 millones 153 mil pesos para 283 empleados comisionados, con goce de sueldo, a las Secciones Sindicales 26 y 52 del SNTE, en contravención de los Lineamientos Generales que Regulan la Administración de Personal, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública”.

Por este motivo, el órgano de vigilancia realizó un pliego de observaciones donde se establece que las anomalías generaron un presunto daño a las finanzas de la hacienda pública por 43 millones 153 mil 600 pesos, destinados al pago de salarios de más de 200 trabajadores magisteriales.

Otros Daños al Patrimonio

Además de estos millonarios extravíos de recursos y pagos al margen de la ley, la ASF detectó otros nueve presuntos quebrantos cometidos por el gobierno de San Luis Potosí en contra de la hacienda pública federal, relacionados con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y con la Secretaría de Educación.

Entre éstos destaca un daño patrimonial por más de 7 millones de pesos referido a dobles pagos a favor del personal magisterial. La investigación de la ASF detalla que “con la comparación de la información de las nóminas ordinarias y el catálogo de categorías y puestos del ejercicio 2003, se detectaron 104 empleados que en el mismo periodo ostentaron plaza administrativa y plaza docente u horas-docentes.

“Los importes ejercidos en las plazas administrativas fue de 5 millones 431 mil pesos y para las plazas docentes fue de un millón 642 mil pesos, sin que se presentara por parte de la Secretaría de Educación la documentación de la compatibilidad de plazas que justifique los pagos, en contravención de los Lineamientos Generales que Regulan la Administración del Personal”. En este caso, la Auditoría Superior presume que hubo un daño al patrimonio federal que ascendió a 7 millones 73 mil pesos.

Pero éstas no son las únicas irregularidades relacionadas con el pago nominal de la Secretaría de Educación local, pues la entidad fiscalizadora también detectó que se destinaron 2 mil 14 pagos fuera de la normatividad por 5 millones 453 mil pesos, a favor de 48 empleados comisionados, con goce de sueldo, a las diferentes dependencias estatales, en contravención del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la propia Secretaría.

El Fideicomiso Educativo

Al operar recursos públicos a través de la nada transparente figura del fideicomiso, el gobierno de San Luis Potosí no resistió la tentación de la “caja chica”. Según la ASF la administración potosina no comprobó el destino de los rendimientos financieros por 3 millones 780 mil pesos que se generaron en la cuenta receptora número 064-22034-9 de Banorte, por 187 mil pesos, así como por las inversiones colocadas en mesa de dinero a través de la cuenta número 096-29603-7 también de Banorte por 3 millones 592 mil pesos, en contravención de la Ley de Coordinación Fiscal.

Ante estas irregularidades la ASF emitió un pliego observaciones pues se presume un daño a la hacienda pública federal por 3 millones 780 mil pesos, pues la entidad federativa no acreditó la aplicación de los rendimientos financieros del fideicomiso.

Para la ASF, otro perjuicio a la hacienda pública cometido en el ejercicio 2003 correspondió a los recargos generados por la presentación extemporánea de las cuotas destinadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y que ascendieron a 3 millones 176 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación también documentó otros cuatro quebrantos patrimoniales que totalizan un monto de 692 mil pesos, y que también involucran recursos del FAEB y de la Secretaría de Educación Pública estatal.

Así las cosas en San Luis Potosí, donde el gobernador emplea todo el poder del aparato gubernamental en la desaparición de la prensa crítica en vez de poner en práctica los vitoreados discursos oficiales que hablan de transparencia y rendición de cuentas. Pero si se atiende la propia filosofía panista del “cambio”, esto encuentra una explicación lógica. Baste recordar las palabras del presidente Vicente Fox sobre la denuncia civil que interpuso Marta Sahagún en contra de la revista Proceso y de la “seudoperiodista” Olga Wornat.

Y es que el viernes pasado durante una gira por la entidad de Colima, Fox Quesada aseguró que el litigio (supuestamente entre particulares) “es parte del cambio. Nunca antes una Presidencia de la República, una primera dama se animó a enfrentar a la prensa, a la prensa en particular que calumnia o que engaña”. Con estas aseveraciones que reflejan la animadversión gubernamental en contra de la prensa crítica, ¿qué podemos esperar de los gobiernos locales con mandatarios trogloditas?