Un mal arranque de campaña ha tenido el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, quien busca ser el candidato del PAN para contender por la Presidencia de la República en el 2006. El problema que enfrenta no es menor, pues en estros momentos de decisiones políticas, grupos de ecologistas le enviaron una carta y lo acusan de “ecocida”, porque en su gestión hay deterioro y retroceso en la protección del medio ambiente; además, dice la misiva, ha modificado la normatividad en beneficio del sector privado.

Por ello, agrupaciones de ambientalistas cancelaron su asistencia a una reunión convocada por el titular de la Semarnat, pues nunca los recibió cuando denunciaron 21 casos documentados de corrupción cometidos por funcionarios de esa dependencia, y sólo cuando busca postularse como candidato presidencial pretende utilizar a los defensores del medio ambiente y atraer los reflectores de los medios en una maniobra meramente política.

Pero eso no es todo, a esa acusación hay que sumarle algunas denuncias de corrupción que acumula esa secretaría y en donde su titular se ha visto complaciente para evitar que siga el saqueo de las arcas públicas y el tráfico de influencias. Uno de esos casos lo investigó a fondo la reportera Ana Lilia Pérez, quien descubrió cómo la Semarnat autoriza licencias para el tratamiento y el transporte de residuos peligrosos de hospitales a empresas que violan las normas ecológicas e incurren en prácticas fraudulentas al cobrar jugosos contratos por simular el tratamiento adecuado de los desechos, cuando éstos son enterrados sin protección alguna. Inclusive algunas empresas que habían sido sancionadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fueron beneficiadas por la Semarnat con licencias de operación, sin importar las graves irregularidades con las que laboran.

De acuerdo con la investigación periodística, el año pasado la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, a cargo de Daniel Chacón Anaya, refrendó las licencias a las empresas Sterimed y Super Lag, la primera para el tratamiento de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) por esterilización e incineración, y la segunda para el transporte de los mismos.

Así, en agosto de 2002 ambas compañías violaron las leyes ambientales al depositar, clandestinamente, casi 13 toneladas de RPBI sin tratar en el Bordo de Xochiaca, lo que derivó en una investigación de inspectores de la Profepa que descubrieron las deficientes condiciones en las que laboran ambas plantas.

En el caso de Sterimed ha defraudado a sus clientes porque no da tratamiento de esterilización ni de incineración a los residuos por los que puntualmente cobra por dicho servicio a hospitales públicos y privados. El año pasado esa empresa recibió directamente de la Semarnat las licencias permanentes para la incineración y esterilización de RPBI, pues la dependencia consideró que ya no debía someter a revisión sus procesos para conseguir la autorización.

El Clandestinaje del Bordo de Xochiaca

En la narración de su investigación, la reportera Ana Lilia Pérez cuenta cómo el 14 de agosto de 2002, una camioneta con placas de circulación 459CT3, de la empresa Super Lag, llegó hasta el Tiradero Bordo Poniente (donde se concentra la basura del Distrito Federal), cruzó las garitas y en la celda 36 tiró 12 mil 820 kilogramos de residuos peligrosos biológico infecciosos, sin tratamiento alguno de esterilización o incineración.

El material de desecho quedó extendido en un área de 50 metros cuadrados, en donde se aprecian las 13 toneladas de jeringas aún con la aguja integrada, vendas impregnadas con sangre, guantes de látex, pañales desechables, equipo de uroclisis, botellas de vidrio que contuvieron productos químicos, tubos de ensaye y jeringas con residuos de sangre y restos de tejido humano putrefacto.

La única “protección” de los residuos peligrosos eran bolsas de plástico color amarillo con el símbolo universal de ‘riesgo biológico’ y la leyenda incluida de “peligroso”, según consta en el expediente N0118620000 abierto por la Profepa, cuyo titular Carlos Luege ha tratado de meter al orden a funcionarios de la Semarnat, pero por lo visto eso ha sido imposible.

Ante ese crimen de la empresa Super Lag, los encargados del Bordo de Xochiaca presentaron una denuncia administrativa ante la Profepa, que derivó en la visita de dos inspectores a la planta de Super Lag, ubicada en la colonia Santa Catarina, delegación
Azcapotzalco, y según consta en las actas de verificación N. 09-002-0037/02-EX y
09-002-0037/02-EX/2002-JA/03-VR, los inspectores Israel González Bernal y
Julieta Rodríguez Tenorio reportaron que “en el propio inmueble se generan residuos peligrosos como aceite lubricado gastado, filtros de aceite usado, trapos impregnados con aceite, grasas y solventes”.

Dicha empresa, dirigida por Marco Antonio Lucero Quintero, no tenía su bitácora mensual de los residuos peligrosos que maneja, ni tampoco el reporte de traslado de los mismos y mucho menos el registro de almacenamiento temporal. Tampoco contaba con informes de los movimientos efectuados con los residuos peligrosos, ni con un programa de capacitación del personal responsable del manejo de RPBI y del equipo relacionado con éste.

Así, los 125 trabajadores de la empresa desconocen las medidas mínimas para el manejo de los RPBI y, ante el riesgo de infección, tampoco tienen “el cuidado que se debe procurar a los residuos peligrosos biológico infecciosos, propiciando que en caso de contingencias dicho personal se encuentre impedido de utilizar los mecanismos adecuados, los equipos o sistemas para el correcto manejo de estos residuos, potenciales agentes de desequilibrio del ambiente y la salud pública”.

Esa empresa privada protegida por la Semarnat tampoco contaba con la documentación que acredite al responsable técnico del manejo de RPBI, ni programa para atender contingencias, y mucho menos cuenta con pólizas de seguro que amparen daños al ambiente ni de los camiones utilizados para transportarlos.

Asimismo, la empresa tenía el antecedente de dos clausuras parciales temporales y una clausura total. La primera clausura fue el 4 de diciembre de 2001, y 14 días después, luego de que sus representantes legales realizaran “gestiones” ante la Semarnat, los sellos fueron retirados misteriosamente.

Ese mismo día fue clausurada nuevamente la empresa y reabierta el 11 de enero de 2002. El 27 de noviembre de 2002 fue clausurada temporalmente y reabierta dos días después. A pesar de estas graves irregularidades, la licencia para el transporte de RPBI la mantuvo la Semarnat.

Y en lugar de cancelarles la licencia, el 23 de abril de 2003, Guillermo Román Moguel, de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, autorizó la renovación de la licencia n. 9-2-PS-I-02-2003 por cinco años más a la empresa Super Lag, S.A de C.V para la recolección y transporte de RPBI.

Los Negocios de Super Lag en Salud

Actualmente Super Lag recolecta para la Secretaría de Salud residuos peligrosos de 15 instituciones médicas como son los hospitales Samuel Ramírez Moreno, Fray Bernardino Álvarez, el infantil Juan N. Navarro, De la Mujer, Nacional Homeopático, Juárez del Centro, Juárez de México, General Dr. Manuel Gea y General de
México; el Laboratorio Nacional de Salud Pública; el Centro Nacional de
Transfusión Sanguínea y los institutos de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológica (CECOSAM Iztapalapa), Nacional de Cancerología y Nacional de
Necrología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco.

Super Lag cobra 55 pesos más IVA por kilogramo de RPBI que transporta. Los residuos que en agosto de 2002 tiró clandestinamente en el Bordo de Xochiaca, provenían de la empresa Sterimed.

En 1995, Sterimed se instaló en Tlalnepantla, estado de México, para ofrecer sus servicios como tratadora de residuos por esterilización e incineración, recién había sido aprobada la Norma Ecológica Mexicana NOM-087.ECOL-1995. Rápido obtuvo una amplia cartera de clientes, tanto del sector público como del privado.

Propiedad de Jesica Paredes Ojeda, Sterimed expandió su mercado y abrió seis nuevas plantas, en Naucalpan, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Nuevo León. Entre sus clientes están algunas unidades médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, del IMSS e ISSSTE, así como los hospitales privados ABC, Español y el Infantil Privado de México, entre otros.

El costo de los servicios de la empresa varían de acuerdo al hospital. A la Sedena, por ejemplo, le cobra hasta 13.50 pesos por cada kilogramo de RPBI que incinera. Pese a los deficientes procesos para el tratamiento de los RPBI –registrados por la Profepa-, Sterimed se ha beneficiado de todas las licitaciones públicas para el tratamiento de los residuos hospitalarios del IMSS en las regiones Occidente, Norte y Centro del país.

Luego de que Sterimed enviara al Bordo de Xochiaca los residuos, los inspectores de Profepa visitaron la planta de Tlanepantla y observaron el deficiente proceso de tratamiento, cuya licencia indica que al momento de su disposición final deben quedar totalmente irreconocibles.

Según las actas de los inspectores Martín Ramón Medina Falcón y Alejandro López Minor, Sterimed no deja irreconocibles los residuos, sino solamente “desgarrados”. Además, “se observa que algunas jeringas quedan enteras, así como algunos recipientes de plástico y algunas bolsas impregnadas con sangre y escurrimiento de ella”.

Actualmente la empresa envía los RPBI del Distrito Federal y el Estado de México al tiradero municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. Según un reporte interno de Profepa, en su planta de Tlalnepantla, Sterimed tenía antecedentes de “irregularidades leves” confirmadas en las visitas de inspección de los días 5 de abril y 27 de septiembre de 2002.

Pues en medio de estas irregularidades graves que permite y hasta autoriza la Semarnat, su titular Alberto Cárdenas Jiménez pretende postularse a la Presidencia de la República, o al menos esa es su principal preocupación.